De la matrícula cero a la gratuidad de la educación superior

La solicitud de matrícula cero no solo es la garantía para que los estudiantes continúen con sus estudios asegurando su permanencia en las instituciones de educación superior, sino que es la respuesta ante los ataques permanente del gobierno para asfixiar financieramente las instituciones públicas, con el fin de convertirlas en empresas sujetas a variaciones del mercado. El número bajo de matrículas de estudiantes nuevos viene acompañado por la deserción estudiantil, año tras año los niveles de permanencia apenas superan el 50 por ciento. Con el lema de “Matricula Cero” se demanda un reajuste de un billón de pesos adicionales al Ministerio de Educación Nacional para que las IES públicas puedan atender la emergencia, la dispensa de cuotas e intereses para los deudores del Icetex y el subsidio del 100% de las matrículas de los estudiantes.

Por Édgar Ortiz Mora
Miembro de la redacción de La Bagatela, profesor universitario

Los estudiantes y profesores han levantado su voz para exigir la matrícula cero para la educación superior. Esta exigencia es la respuesta al descontento nacional provocado por las políticas gubernamentales ante la crisis de la pandemia. Las peticiones igualmente están dadas para cubrir la crisis sanitaria, activar el empleo, el consumo, subsidiar a Pymes y Minipymes y otorgar una renta básica para nueve millones de hogares.

La solicitud de matrícula cero no solo es la garantía para que los estudiantes continúen con sus estudios asegurando su permanencia en las instituciones de educación superior, sino que es la respuesta ante los ataques permanente del gobierno para asfixiar financieramente las instituciones públicas, con el fin de convertirlas en empresas sujetas a variaciones del mercado.

A raíz de la Ley General de la Educación (Ley 30) que se implementó un año después de la Constituyente, se definieron las partidas presupuestales, en el Congreso y en el Ministerio de Hacienda, argumentando que con ella se aseguraba la financiación de la Instituciones de Educación Superior Públicas (IES), sin embargo, la norma dejo abierta la opción de que las universidades obtuvieran recursos propios. Se procedió entonces a establecer montos de matrículas, recortar gastos de funcionamiento, supresión de auxilios y becas y se centró en la implementación de la filosofía aperturista para desmontar subsidios, con el argumento de tener un Estado más eficiente.

En la actualidad el Estado solo transfiere un 47% del presupuesto a las universidades y el restante lo deben cubrir las instituciones con recursos propios. Las universidades públicas de carácter nacional cubren el 80% de sus gastos totales con recursos de la nación y el 20% restante con recursos propios, mientras las universidades territoriales cubren un 60% con recursos de la nación, 9% con aportes de los departamentos,12% con aporte de los municipios y otras fuentes y el 19% con recursos propios

Dado que las instituciones sostienen la investigación, parte de la nómina y los rubros de inversión, áreas como la infraestructura, la misma investigación, y la internacionalización, por nombrar solo algunos, son imposibles de financiar. Con recursos propios las universidades en forma inconstante sostienen 849 programas de maestría, 253 programas de doctorado que se soportan en 2.555 grupos de investigación que son reconocidos por el Ministerio de Ciencias. Cabe anotar que han generado más de 213 patentes, ha aumentado la cobertura, elevando el nivel de formación de los profesores, se fortaleció la misión de investigación, incrementando la infraestructura física, y técnica.

Sin una garantía de financiación estatal sostenible, el concepto de autonomía universitaria es una falacia legal. El Gobierno no está considerando con objetividad el fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica en las universidades al asignar el presupuesto de funcionamiento y con su presencia mayoritaria en los consejos superiores en elecciones indirectas tiene vía libre para designar rectores.

Además, crea condiciones para que su desarrollo se dé en fondos concursables, a los cuales pueden acceder tanto las instituciones públicas como las privadas. Los mecanismos financieros que hacen posible el acceso a la educación superior privilegian la demanda y no la oferta con nuevos recursos del presupuesto nacional, por lo general terminan financiando a las instituciones privados.

La universidad pública en Colombia pasó de tener 150 mil estudiantes matriculados en pregrado en el año 1993 a 650.000 en el 2018, es decir, aumento un 284%; lo que significó, incrementar la planta de profesores que hoy está en 43 mil profesores (70% por contrato).

Los drásticos recortes del presupuesto efectuados por el gobierno de Duque, suscitó el rechazo del movimiento estudiantil que, luego de concurridas y democráticas asambleas, acordaron el desarrollo de un paro de más de 66 días, con la participación de 700.000 estudiantes de más de 38 instituciones públicas del país y la participación de un sinnúmero de estudiantes de las universidades privadas, se realizaron tres encuentros nacionales masivos, se citaron manifestaciones que contaron con la aprobación, solidaridad y apoyo de la opinión pública, estas voluminosas manifestaciones estudiantiles no se habían realizado en las últimas décadas.

Como fruto de la movilización y luego de intensas discusiones se logró un acuerdo con el gobierno que se denominó “Mesa de Diálogo para la construcción de acuerdos y soluciones que permitan resolver la situación actual de la educación superior” que en la práctica se convirtió en una mesa de negociación que logró el incremento al presupuesto base de las universidades estatales en 3,5 % para el año 2019, 4,0 % para 2020, 4,5 % en 2021 y 4,65 % para el año 2022, una cifra cercana a $1,34 billones a lo largo de los cuatro años del actual gobierno, igualmente se consiguió el compromiso para gestionar una reforma estructural al Sistema General de Regalías por $1,5 billones para proyectos de inversión, fortalecimiento de infraestructura, investigación, ciencia, tecnología e innovación de las IES públicas y se acordó la entrega de los excedentes de las cooperativas, calculados en $300.000 millones, para las IES públicas.

Durante el transcurso de los dos últimos años los incrementos obtenidos en los presupuestos no han cubierto la formalización laboral docente; estudiantes y profesores han denunciado incumplimientos por parte del Gobierno de lo acordado para ciencia, tecnología e innovación, dichos rubros no fueron asignados en 2019, por otra parte, la reforma estructural del Icetex no ha logrado avances significativos y no se eliminan los impagables créditos existentes. La reforma al Sistema General de Regalías excluye la definición de fondos específicos. para la asignación de un porcentaje de estos de recursos destinados a la Educación Superior Pública, dando lugar a una amplia y decidida participación del movimiento estudiantil en el paro nacional de 2019.

En el presente año la universidad como todo el país se ve afectada por la aparición de la pandemia, esta contingencia pone en riesgo a la educación superior, se prevé una reducción de la matrícula universitaria, que no es un problema nuevo ni exclusivo de la pandemia, según datos registrados por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), se refleja una tendencia a la baja, mientras que en 2016 hubo 952.988 estudiantes nuevos, en 2017 fueron 912.468 y en 2018, 843.767, es decir, casi 100.000 menos jóvenes iniciaron su formación superior en dos años, para 2019 y en el presente año la tendencia continúa, si incluso no se hubiera presentado la emergencia por el covid-19, la cantidad de estudiantes nuevos se reduciría un 12% para el semestre 2020-2, dicha disminución se explica por el aumento significativo en el desempleo y la pérdida de ingresos de muchos hogares colombianos.

El número bajo de nuevas matrículas de estudiantes nuevos viene acompañado por la deserción estudiantil, año tras año los niveles de permanencia apenas superan el 50 por ciento, de hecho, en 2018 hubo 2’408.041 alumnos (contando nuevos y antiguos), lo que representa una caída del 1,5% con respecto a los 2’446.314 de 2017. Los números de 2019 todavía no están disponibles en el Snies, pero con mucha seguridad se prevé un comportamiento similar en el presente año y por efectos de la pandemia hay indicios de una deserción mayor al 30%.

La emergencia por el covid-19 ha planteado un escenario de riesgo para la educación superior, lo que suscitó por parte de las organizaciones estudiantiles, con la anuencia de varios rectores de las universidades, líderes de distintas organizaciones, partidos de oposición y la población en general, la solicitud de otorgar partidas adicionales para mitigar los efectos de la pandemia y con el lema de “Matricula Cero” se demanda un reajuste de un billón de pesos adicionales al Ministerio de Educación Nacional para que las IES públicas puedan atender la emergencia, la dispensa de cuotas e intereses para los deudores del Icetex y el subsidio del 100% de las matrículas de los estudiantes

Respondiendo a dicha exigencia el gobierno nacional creó el Fondo para la Educación mediante el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020, que dispondrá de 97.500 millones de pesos para apoyar el pago de matrículas en universidades públicas, recursos insuficientes para garantizar la permanencia de estudiantes en las universidades.

Con anuncio rimbombante Duque aseguro en su programa propagandístico diario que se contaba con $1 billón para financiar el total de la matricula a 405.000 estudiantes fundamentalmente de estratos 1 y 2 en las 63 instituciones de educación públicas, sin embargo el 70% del monto anunciado, $798.200 millones, provienen de los recursos ya establecidos desde antes de la pandemia para el programa “generación E” y lo cierto es que lo nuevo solo son los 97.000 millones del fondo solidario para la educación que tienen que ser repartidos entre las 85 IES públicas del país.

Luego de múltiples negociaciones y acuerdos, tan solo en 10 universidades, Antioquia, Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Cartagena, del Pacífico, Cundinamarca, Tolima y Llanos, aprobaron la matricula cero. En 68 universidades públicas regionales como la Distrital, los beneficios en matrículas y apoyos han sido posibles gracias a los recursos ya aportados por las mismas Instituciones, gobernaciones y alcaldías. En otras se han dado descuentos parciales, planes de auxilios, gratuidad tan solo para estudiantes de estratos 2 y 3 o para estudiantes antiguos, fraccionamiento de matrícula, reliquidaciones, ampliación de plazos de pago, préstamo de equipos, subsidio de alimentos, entrega de mercados, campañas de solidaridad, entre otras, con el objetivo de mitigar la crisis, sin embargo, sus esfuerzos se ven desbordados ante las necesidades apremiantes de los estudiantes.

En el caso de las otras 17 instituciones restantes el proceso ha sido más complicado, algunas porque dependen económicamente solo del Gobierno Nacional y no de entidades territoriales, lo cual ha dificultado la obtención de los dineros necesarios, como el caso de la Universidad Pedagógica y la Nacional donde tan solo se dispusieron $ 2.200 millones, con lo que el 63% de la población estudiantil de pregrado, unos 31.000 estudiantes de los más de 49.000 con los que cuenta la universidad, no tendrán que pagar por su matrícula correspondiente al periodo 2020-2.

Para la mayor parte de programas de especialización, maestría y doctorado no se han tomado medidas para la matricula cero. Así mismo en las universidades privadas se están pidiendo descuentos y aplazamientos en los créditos adquiridos para el pago de matrículas, en dichas instituciones muchos programas están en entredicho y ya se registran disminución en matriculados y deserción estudiantil sobre todo en los que inician o están en los primeros años de formación. Hasta el momento, el Icetex no ha modificado su política tanto para la adjudicación como para el pago de créditos otorgados.

Al igual que la inmensa mayoría de la población, los estudiantes cuestionan al Gobierno Nacional por haber priorizado los beneficios económicos para el sector bancario y financiero durante la crisis; adicionalmente, aluden a que los principales rubros de la nación (pago de deuda y defensa) podrían ser destinados para educación e investigación, con los $695.000 millones de pesos que Iván Duque quiere aumentarle al presupuesto de Defensa del próximo año, se podría pagar la Matrícula Cero de 623.000 estudiantes de universidades públicas del país que cuesta $700.000 millones. La viabilidad de la matrícula cero estaría pues al alcance de un rediseño presupuestal del Estado, pero no hay certeza sobre la intención de que el gobierno quiera invertir más en educación y menos en la guerra.

Así como a los sectores humildes de nuestro país, que en pandemia se han enfrentado al dilema de salir desafiando al contagio en su cotidiano “rebusque o morirse de hambre”, también a las familias y a los estudiantes universitarios, fundamentalmente los que pertenecen a los estratos 2 y 3, les toca enfrentarse a un dilema parecido: “estudiar o dejar de comer”. Esta es la razón de fondo para que el movimiento estudiantil levantara la exigencia de matrícula cero para, al menos, cubrir lo restante de ese 2020 y asegurar la continuidad de sus estudios en 2021. La respuesta del gobierno ha sido ignorar estos reclamos negándose a hablar con los estudiantes; en varias universidades, algunos de los estudiantes decidieron huelgas de hambre, para presionar soluciones a sus demandas.

La universidad pública responde y lo seguirá haciendo por medio de actividades de investigación y extensión a los retos y necesidades provocadas por la pandemia. No solo en el campo de la medicina y la salubridad, sino también en el diseño y desarrollo de equipos y suministros para atender las exigencias de la logística necesaria para atender los efectos del covid19, análisis ambientales y de efectos producidos por el cambio climático, sistemas de bioseguridad, programas de educación, sistemas de información, programas virtuales de capacitación para el trabajo, atención a la población incapacitada, herramientas de distribución y mercadeo de productos agrícolas e industriales y actividades artísticas y recreacionales. Dichas acciones solo se podrán dar con presupuesto adecuado y condiciones de seguridad para que la universidad exista, gratuidad en las matrículas, garantías contractuales para docentes y personal administrativo y coordinación y cooperación en prevención y atención de los estragos de la pandemia.

Para que se puedan satisfacer las demandas de gratuidad educativa, la situación fiscal de Colombia, la estructura del modelo de financiamiento de su educación superior pública y la crisis de la pandemia, el sistema de educación superior debe revisar sus modelos de asignación de recursos, superar las inequidades en su distribución, cambios en la forma de inversión y unificar claramente las fuentes de financiación.

En la situación de pandemia y para garantizar la existencia de las universidades públicas, la exigencia del momento debe ser la gratuidad total, tomando ejemplos como los modelos educativos exitosos de Finlandia, Eslovenia e Islandia, políticas estatales de Alemania, matriculas mínimas en programas de interés nacional en Francia, selección de instituciones en Suecia y experiencias recientes de Uruguay y Argentina, entre otros.