El panorama económico y político poselectoral en Colombia

Terminó el gobierno de Gustavo Petro y no se cumplieron los presagios catastróficos de sus opositores. Pese al derrumbe de los precios del petróleo en 2023, la economía entró en un ciclo de recuperación que se aceleró desde 2024 apoyada en el crecimiento del sector agrario, la diversificación de las exportaciones y el fortalecimiento del turismo y los servicios sociales. La inflación, que había superado el 13 % durante el gobierno de Duque, se redujo al 5,8% actual. El desempleo, superior al 10% durante todos los años de los gobiernos previos en este siglo, cayó a tasas históricas de alrededor de 8% debido a la creación de 2,3 millones de nuevos puestos de trabajo. La informalidad laboral también disminuyó más de 3 puntos porcentuales. El salario mínimo real subió 35% en términos de su poder adquisitivo, salieron de la pobreza cerca de 4 millones de colombianos y el coeficiente de Gini —que mide la desigualdad social en los ingresos— frenó el ascenso continuo que traía y bajó de 0,556 a 0,531.

Fallaron por completo los voceros de los gremios económicos, los políticos neoliberales y los economistas ortodoxos que predecían el fracaso de las políticas económicas y sociales del progresismo. No hubo la devaluación desbocada (con una supuesta alza del dólar a $5.000 y más) ni la desbandada de capitales, tampoco la quiebra masiva de las empresas o la temida expropiación con la que los enemigos del cambio asustaron a la gente desinformada. Y, al contrario de las advertencias de la propaganda alarmista agitando el fantasma de Venezuela, el gobierno progresista disminuyó la dependencia de la economía extractivista minero energética y la exposición a la volatilidad de sus precios (sin hablar de posibles sanciones unilaterales), alejando al país del fatídico rumbo económico de Venezuela. Es decir, nos apartamos de ese camino derivado del modelo primario exportador que la élite colombiana persiste en imitar y que las grandes potencias industriales fomentan interesadamente en nuestros países.

Además, sin recurrir a la denostada expropiación administrativa, se incorporaron alrededor de 806 mil hectáreas rurales al Fondo Nacional de Tierras, de las cuales ya se han entregado casi la mitad a familias campesinas y minorías étnicas en cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz de 2016: un contraste enorme con el reparto de tierras casi nulo de los gobiernos anteriores luego de firmado dicho acuerdo. Así mismo, se formalizaron en total 2.116.000 hectáreas.

El único pronóstico adverso que se cumplió fue la permanencia del alto déficit fiscal heredado del gobierno anterior. Pero se trata más bien de una profecía autocumplida. En efecto, el déficit en las finanzas públicas que durante el gobierno de Duque alcanzó el 7% del PIB, bajó a 4,3% durante el primer año del gobierno de Petro. Esa disminución fue resultado de su reforma tributaria progresiva de 2022, que mejoró los ingresos fiscales, así como de la gradual eliminación del injustificado subsidio a la gasolina, implantado y sostenido por el gobierno de Duque y su ministro de Hacienda, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Pero el déficit retornó luego a más de 6% debido a la severa mutilación posterior de los ingresos tributarios esperados de esa reforma tributaria. Como se sabe, después de aprobados por el Congreso, los gravámenes principales sobre el sector minero energético fueron demandados por la oposición uribista y dieron lugar a un fallo de la Corte Constitucional en contra del interés de la nación y a favor de las multinacionales.

Ese faltante en los ingresos resultó, además, agravado con el pago con cargo al presupuesto nacional del déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, FEPC, que entregó el gobierno de Duque con saldo negativo de $30 billones. Un saldo en rojo que no sólo omitió reconocer en la contabilidad de su empalme como parte del déficit fiscal, sino que para empeorarlo no tuvo inconveniente en endosarle a su sucesor el mecanismo para su incremento automático que dejó instalado como una bomba de tiempo. Por eso, el pago a Ecopetrol del monto acumulado hasta culminar en lo esencial el desmonte del citado subsidio, ascendió a la enorme suma de $70 billones. Eso, sin hablar del costo político que el gobierno de Petro se vio obligado a asumir al realizar gradualmente tal desmonte, con un lastre en la opinión de la clase media que figuraba sin duda en los cálculos electorales del gobierno saliente y sus partidarios para los siguientes comicios regionales.

Sin embargo, el puntillazo final para impedir la mejor regulación del déficit fiscal y la disminución de la deuda pública por parte del gobierno de Petro fue la obstrucción en el Senado por la oposición política de las leyes de financiamiento del presupuesto nacional. Estas se proponían equilibrar los ingresos con el gasto público con base en impuestos y ajustes tributarios destinados a gravar las rentas más altas y otras como las de los juegos de azar. El bloqueo del proyecto fiscal, sin someterlo a discusión, lo hicieron en 2024 y lo repitieron en 2025. Así, la coalición política de los partidos opuestos al cambio puso en práctica una estrategia de asfixia fiscal cuyo objetivo fue obstaculizar el gasto público y hacer fracasar la política social del gobierno. Y al tiempo que, como consecuencia, promovían el aumento del endeudamiento del Estado (que, de todos modos, solo fue de 44%, por debajo de los incrementos de 71% y 77% en los gobiernos de Santos y Duque, respectivamente), exageraban y propagaban en los medios sus lamentos fariseos por el desequilibrio fiscal que lo ocasionaba.  

Mientras tanto, esos mismos críticos también guardaban silencio cómplice, junto con los gremios empresariales, frente a la política monetaria del Banco de la República que ha venido encareciendo la deuda interna y frenando el crecimiento económico con sus desproporcionadas tasas de interés. Como es obvio, el menor crecimiento de la economía perjudica también el valor de los ingresos tributarios de las finanzas públicas, lo que contribuye al desequilibrio fiscal en mayor grado.

¿Qué pasará entonces con los avances significativos alcanzados en el cuatrienio? Al día de hoy es prematuro pronosticar con alguna certeza los cambios que tendrán los indicadores macroeconómicos y sociales durante el próximo gobierno. Sin embargo, se puede prever a grandes rasgos lo que le espera a Colombia. En materia económica, durante el resto de este año es posible que la mayoría de la nación siga disfrutando de los mejores ingresos actuales, pese a que la política monetaria recesiva del Banco de la República va a frenar más la actividad económica. También podrían mantenerse en el corto plazo las otras tendencias del progreso social (empleo, inflación moderada, demanda solvente) que las prioridades del gasto público progresivo han puesto en marcha y que las reformas sociales adelantadas, como la reforma laboral, la renta ciudadana y el salario vital, están consolidando.

Pero el nuevo gobierno, que defiende un neoliberalismo trasnochado que está fracasando en otros países, ha anunciado que emprenderá una contrarreforma para hacer retroceder los avances democráticos de las políticas públicas en educación, salud, empleo, salarios y asistencia social. Eso significa, entre otras cosas, volver a canalizar los recursos del Estado hacia la privatización que ha favorecido históricamente la mayor concentración del ingreso y la exclusión social. Por tanto, es previsible un retroceso en los años siguientes de los indicadores cuyo mejoramiento hemos descrito. La afectación depende de la severidad los estragos que ocasione el mayor o menor grado de ejecución de estos planes regresivos.

Por otra parte, hay una clara amenaza para la soberanía nacional en la política de seguridad y las relaciones exteriores del país debido a la nacionalidad estadounidense del presidente electo, así como a su membresía al Partido Republicano de ese país y su adhesión declarada al presidente Trump y a sus políticas. E, igualmente, el nuevo gobierno viene proclamando agresivamente un regreso al autoritarismo gubernamental que implica el desconocimiento de los derechos humanos, la amenaza a las libertades democráticas y la persecución política de sus opositores. Algo que ha reafirmado con la selección de sus ministros y asesores entre los personajes más representativos de esa mentalidad, muchos de ellos reciclados de gobiernos anteriores.

Para desviar la atención sobre las múltiples denuncias en su contra y disfrazar ese proyecto, el gobierno entrante viene fabricando un relato maniqueo, que consiste en inventar el fantasma omnímodo de la “corrupción” y la complicidad criminal de todos sus contradictores. De este modo puede presentarse como el salvador providencial que va a suprimir a todos los corruptos y acabar milagrosamente con la actividad criminal y demás problemas estructurales del país. Con ese libreto pretendió convertir el proceso de empalme institucional en un show incriminador contra el gobierno saliente, pero el gabinete encargado del mismo lo frenó. El engaño de esa narrativa no puede ser más evidente, pero cuenta con la colaboración de muchos promotores voluntarios en los medios privados de comunicación dedicados a la desinformación, como también en los partidos defensores de los privilegios del 1% más rico, y dispone de la IA para difundir toda clase de mentiras y desprestigiar al progresismo.
Con su legitimidad cuestionada por su subordinación al país norteamericano y los indicios de fraude electoral, por ahora cabe esperar que una vez se produzca la posesión del nuevo presidente la política espectáculo dé paso a las iniciativas y decisiones concretas. Estas serán rigurosamente examinadas por sus opositores del progresismo que representa la otra mitad del electorado. Los dirigentes de esa amplia corriente de la sociedad, que movilizó 12,7 millones de votos y dispone de una importante bancada en el Congreso, han anunciado que sus respuestas en defensa de los avances sociales se llevarán a cabo en el marco de los derechos constitucionales que reconocen como legítima la protesta y la desobediencia civil pacífica. Y dentro de esa forma de expresión pública de la sociedad civil tienen cabida todos los colombianos, independientemente de su filiación partidista o inclinación ideológica.

Bogotá 13 de julio de 2026