El 2021, la crisis social a la espera de respuestas

Al concluir el 2021 prevalece en el ambiente económico general una sensación de frustración e incertidumbre que contrasta con el triunfalismo presidencial y de los gremios empresariales. Así lo muestra la última encuesta del Pulso Social del Dane: la opinión de 2/3 de los jefes de hogar es que la situación económica del país ha desmejorado respecto a septiembre del año anterior (en pleno pico de pandemia), 64% de ellos dice que su acceso a bienes básicos tampoco ha mejorado en ese intervalo y 44% reconoce que su propia condición económica está peor o mucho peor. Así mismo, el indicador de confianza en la economía no alcanza a 38 puntos de 100, lo que indica que predomina el pesimismo.

El hecho es que lejos de conseguirse la superación de la profunda crisis de 2020 como el Gobierno anunciaba, el año que termina ha significado en varios aspectos la prolongación de ésta; y, para muchos, se ha afianzado el retroceso en sus condiciones de vida antes que mejorar. No es sólo que el rebote de la actividad económica no alcance a recobrar el PIB de la prepandemia en términos reales. Incluso si el crecimiento porcentual, calculado a partir del punto bajo que dejó la recesión, lograra compensar el desplome de 6,8% del PIB en 2020, el nivel de vida de más de 70% de los colombianos (42% pobres y 30% vulnerables) ha sufrido un menoscabo del que está lejos de haberse restablecido.

Según el Dane, restan todavía 500 mil empleos por recuperar para regresar a la situación previa a la pandemia, que ya era mala con una tasa de desempleo superior a 10%. Y la creación de puestos de trabajo este año no sólo está rezagada sino que se ha dado principalmente en ocupación informal, que significa que predominan las peores condiciones laborales en materia de ingresos, seguridad social y estabilidad. Adicionalmente, los modestos ingresos de los trabajadores que no resultaron aniquilados o deprimidos por la recesión del año pasado, ahora se ven gravemente erosionados por un incremento de precios al consumidor que puede superar el 5% para este año, porcentaje que ya llega casi al triple en el rubro de alimentos.

El drama social que vive una amplia mayoría se ve reflejado en el aumento del hambre y la desnutrición: a las 3 millones de familias que en 2019 tenían que sobrevivir con menos de tres comidas diarias se suman hoy 1,6 millones de hogares y 6 millones de sus integrantes apenas alcanzan a una. Así mismo, la desigualdad social ha empeorado informa el Banco Mundial y la califica como “una limitación fundamental para el crecimiento económico y el progreso social”. Colombia ostenta la segunda peor desigualdad entre los 18 países de América Latina, a su vez la región más desigual del mundo. El 1% de los colombianos más ricos percibe ingresos mayores que los del 40% más pobre y concentra la propiedad de activos por un valor casi equivalente al del 99% restante de la población, calcula Oxfam.

En abril y mayo pasado esta situación dramática originó un agudo y prolongado estallido social que obligó al gobierno de Duque a retirar su reforma tributaria insensata y pedir la renuncia al prepotente ministro Carrasquilla, mientras se hundía en el Congreso el ajuste igualmente regresivo al sistema de salud promovido por este gobierno. Sin embargo, fiel a su talante despótico, Duque se negó a reconocer la legitimidad de la protesta social y bajo la férula de Uribe, su jefe político, respaldó la violencia policial como respuesta y rompió todo diálogo con los manifestantes.

Una vez sofocado el Paro Nacional mediante la agresión indiscriminada y brutal de la policía y el Esmad contra las protestas pacíficas (con numerosos casos documentados de violación de los derechos humanos), el Gobierno logró con ayuda de sus aliados en el Congreso la aprobación sin debate de una versión recortada de la reforma tributaria, renunciando para ello a los aspectos más inequitativos de su proyecto inicial. Sin embargo, omitió dar explicaciones del “reversazo” y sin reconocer ninguno de sus incontables desaciertos -que lo tienen en la cúspide de la desaprobación ciudadana a él y a sus ministros y colaboradores más ineptos- prefirió seguir con su retórica carente de credibilidad que atribuye el agravamiento de la crisis y el descontento social a una supuesta conspiración de la izquierda en su contra encabezada por Petro. Un libreto fantasioso que parece inspirado en las diatribas demagógicas de Goebbels, el jefe de la propaganda nazi. La realidad es que, una vez levantado el confinamiento sanitario desde finales del año pasado, la política económica se ha limitado a esperar la reactivación espontánea de la economía sin ofrecer más ayuda que prorrogar un poco más los avaros subsidios introducidos durante la pandemia. Los mismos que se mostraron insuficientes para contrarrestar la catástrofe económica y social en 2020: el insignificante “ingreso solidario”, la precaria ayuda a las empresas para preservar el empleo, llamada Paef, y la “matrícula cero” de incierto futuro para los estudiantes de estratos bajos en las universidades públicas. Fuera de ellos, la única política contra el desempleo incluida en la reforma tributaria aprobada se reduce a los modestos incentivos para el “empleo joven” (25% smlv) y el empleo femenino (15% ídem).

No hay un potente programa de obras públicas para crear empleo formal, como recomiendan muchos economistas y están poniendo en práctica algunos países. Ni un plan de ayudas efectivas para apoyar la recuperación de las pymes y microempresas, principales creadoras de empleo, como el propuesto por el Comité del Paro en uno de sus proyectos de ley presentados al Congreso. Mucho menos la aprobación de una renta de emergencia con destino a las familias damnificadas y hundidas en la pobreza para contribuir a la disminución de la misma, como la que han propuesto el Comité del Paro, las organizaciones sociales y sindicales y los partidos de oposición. Por el contrario, la reforma tributaria aprobada incluye un plan de supuesta “austeridad” que consiste en congelar la creación de empleo en el sector público. Nefasto resultado de desconocer la complementariedad de éste con la creación de empleo por el sector privado en cualquier economía mixta, más necesario cuando se trata de apoyar la expansión económica. Sin mencionar que el mal ejemplo de los despilfarros del presidente y su tolerancia con la evasión fiscal y la corrupción de su círculo cercano contradice cualquier política de austeridad en el uso de los recursos públicos.

Pero el dogma neoliberal que profesa este gobierno es el de la pasividad del Estado frente a la crisis social y la preservación de los privilegios de las minorías que concentran el capital y la propiedad de la tierra secundada por quienes los representan fielmente en la conducción del país. Por eso, mientras el futuro económico se ve entre incierto y tenebroso para los más amplios sectores de la población, Duque y su corte celebran, en medio de una vergonzosa tasa de desempleo y pobreza, el restablecimiento de las ganancias empresariales de algunas actividades como la inmobiliaria y la comercial y el incremento de las gruesas utilidades del sector financiero. Y al tiempo que se pasean ostentosamente por el mundo fungiendo de defensores del medio ambiente y promotores de las empresas nacionales, se dedican sin escrúpulo alguno a gestionar acuerdos internacionales para favorecer la entrega expedita a los capitales foráneos de nuestros recursos naturales, el invaluable patrimonio ambiental, las empresas nacionales y el mercado interno.

Noviembre 22 de 2021