Editorial. COLOMBIA EN EL FILO DE UN CUCHILLO

El clima de inseguridad ciudadana, ausencia de garantías, amenazas, abierta intimidación y graves hechos de violencia en el país, se agita y recrudece. A escasas dos semanas de la decisiva primera vuelta de las elecciones presidenciales, en lugar de amainar, tan alarmante tendencia sigue acentuándose.

Así lo indican una febril campaña mediática del régimen uribista gobernante contra el candidato del Pacto Histórico, núcleo de la coalición en construcción hacia un gran Frente Amplio, la manifiesta parcialidad oficial en favor del candidato del uribismo y su actitud ante las acciones violentas en curso. Una abierta intervención en política de los altos cargos del gobierno, empezando por el presidente Duque y continuando nada menos que con el comandante del Ejército, general Zapateiro ─a raíz del twit de Petro recogiendo la revelación del jefe del Clan del Golfo sobre generales en la nómina de esa organización ilegal─, suscita enorme preocupación y repudio de los sectores democráticos. Escandalosa parcialidad también manifiesta en un órgano de control en cabeza de la Procuradora, con la suspensión del alcalde Daniel Quintero de Medellín, además de las del alcalde de Ibagué, de un concejal de Calarcá, Quindío, y del personero de Nátaga, Huila, en tanto que sigue ignorando la flagrante y continua participación política del mismo inquilino de la Casa de Nariño.

Hostilidad tan elocuente no parece obedecer a otra cosa que a la ventaja del candidato Gustavo Petro, considerable y sostenida, en la competencia por la presidencia. Exasperado, el gobierno se enfrenta con que sus maniobras para contrarrestar el generalizado y desbordante apoyo popular por la campaña de Petro, no dan resultado. Ni el intento de fabricar escándalos con fake news contra el candidato de la campaña Petro Presidente, ni el desgastado estribillo macartizador del castrochavismo, ni la ruidosa propaganda de los medios auxiliares del gobierno en favor de Fico, el emergente candidato de ultraderecha al que se colgó el uribismo ante el derrumbe del Centro Democrático.

Se comprende, tras las fallidas zancadillas oficiales y el mantenimiento de Petro como sólido puntero en las encuestas, con mucho más de la mitad del voto de los jóvenes anunciándole su apoyo, que la angustia del gobierno se haya trocado en desespero. Sobre todo, después de que al jerarca del Ubérrimo, en el proceso por manipulación de testigos que se le sigue, la valerosa juez que lo preside decidiera ─con el cerrado respaldo público de muchos jueces independientes─ negar la preclusión solicitada, presentada en defensa mancomunada por los abogados del expresidente y la Fiscalía.

Es en este contexto en el que resultan tanto más significativas las acciones recientes del gobierno Duque. Primero, la súbita extradición de “Otoniel”, ostensiblemente precipitada para impedir la entrevista anunciada por la cadena Caracol, en la cual eran previsibles nuevas y graves revelaciones sobre funcionarios y militares de alto rango pagados por el Clan del Golfo, como ya había empezado a hacerlo el capo con nombres propios. No sólo se desoyó así a las víctimas sino que se provocó una nueva oleada de violencia contra la población civil. Segundo, la extraña pasividad y la permisividad del gobierno, como la de los clanes dominantes regionales, ante el paro armado declarado por la ilegal agrupación y padecido en casi dos centenares de municipios en una extensa porción del territorio nacional. Contrastaron brutalmente las víctimas, padecimientos y perjuicios de la población ocurridos en el mencionado paro en Montería, mientras, al mismo tiempo, se efectuaba en la misma capital del departamento un fastuoso casorio con toda tranquilidad ─como si gozara de liberal y consabida franquicia─ al cual asistieron reconocidos miembros de la casta dominante de Córdoba. Con sobrada razón las redes sociales se repletaron con un justo reclamo: el gobierno de Duque no actuó, ni de lejos, frente a este paro armado con el mismo despliegue de fuerza, y de arbitraria ferocidad, con la cual reprimió las protestas juveniles y populares del gran paro de abril del año pasado. Y el intento del presidente Duque de minimizar el paro armado y de reducirlo a “casos aislados”, recibió en refutación numerosas e indignadas réplicas y serios reparos como el del gobernador de Antioquia. Destacándose, ejemplar, la protesta dirigida a Duque por el alcalde del municipio de Frontino en Antioquia.

Con gran serenidad, Petro ha reiterado su propuesta de “paz integral”, de sometimiento colectivo a la justicia de narcos y paramilitares en procura de un desmantelamiento pacífico de tan terribles flagelos nacionales. Pero al comenzar mayo, tuvo lugar la gravísima revelación reciente de que el grupo ilegal “La Cordillera” fragua un atentado contra la vida de Gustavo Petro. A la ominosa voz de “la orden viene de arriba” durante el mismo paro sujetos armados, también en Montería, ordenaron el cierre de la sede de la campaña Petro Presidente como de dos emisoras locales por difundir mensajes del Pacto Histórico. Ya antes, Francia Márquez, su fórmula vicepresidencial, ha sido blanco de reiteradas amenazas. Semejante cuadro de la situación, aunada a la displicencia oficial, expresa a las claras la voluntad de las fuerzas enemigas de la paz y del cambio, con ostensible evidencia, de no aceptar el muy previsible triunfo electoral del candidato del Pacto Histórico. Sin duda, el complejo momento que atraviesa Colombia transcurre sobre un filo de cuchillo.

Panorama tan tensionado puede desembocar en que el régimen uribista adopte una o más entre las oscuras opciones a la vista. Suspensión de las elecciones presidenciales con declaratoria del estado de conmoción. Impedir mediante represión desembozada, la continuación de la campaña presidencial del Pacto Histórico. O la de un abierto o disfrazado golpe de Estado.

Cualquiera de estas temerarias y arriesgadas opciones de corte tiránico y fascistoide podría desencadenar, como cualquiera puede prever, un verdadero cataclismo político en el país, con todas sus consecuencias.

En la crucial víspera de las presidenciales del 29 de mayo, procede, por tanto, esforzarnos por más masivas movilizaciones públicas de campaña, intensificar en las redes sociales la denuncia de las maniobras represivas consumadas y en curso, y seguir trabajando por la unidad de todos los sectores democráticos para ganar en primera vuelta. Y en especial, adoptar las medidas que urgen las circunstancias para preservar a toda costa la vida del candidato del Pacto Histórico.

11 de mayo de 2022