Balance económico de dos años del gobierno de Gustavo Petro

Para muchos economistas el criterio principal para juzgar el desempeño económico de un país es el incremento del Producto Interno Bruto, PIB. Según eso, los años 2021 y 2022 del gobierno de Duque habrían sido muy buenos porque el PIB creció respectivamente 10,8% y 7,3%, y malos los transcurridos bajo el gobierno de Petro con sólo 0,6% en 2023 y 1,7% proyectado para 2024. Esa valoración parte de una premisa engañosa: que el mayor crecimiento de riqueza total, o sea el PIB, equivale a mayor bienestar y progreso social.

Pero los hechos muestran que esa equivalencia no existe: entre el 2021 -emergiendo de la Pandemia- y el 2022, favorecido por el rebote posterior a ésta, el índice de pobreza por ingresos del DANE mejoró solo 3,1% (la pobreza monetaria quedó en 36,6%); esto, al tiempo con un destacado crecimiento del PIB de 7,3% en 2022. Mientras que entre 2022 y 2023, con un bajo crecimiento del PIB de solo 0,6% en 2023, la pobreza por ingresos bajó 3,6% (la pobreza monetaria quedó en 33%) y salieron de la pobreza 1,6 millones de colombianos y 1,1 millones de la pobreza extrema. Así, en plena desaceleración económica y en apenas un año, la pobreza cayó casi 10% y el nivel de pobreza mejoró significativamente comparado con el de prepandemia en 2019 de 35,7%. Igualmente, el coeficiente de Gini que mide la concentración del ingreso bajó de 0,56 en 2021 a 0,54 en 2023.

¿Cuál es la explicación de esta aparente paradoja? La respuesta es la política económica y social, que es la que influye en la redistribución del ingreso. En primer lugar, los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación aprobados por este gobierno, que mejoran la capacidad de consumo de los trabajadores. En segundo lugar, la política fiscal progresiva, es decir, la orientación de la inversión pública hacia los sectores sociales vulnerables de la población. Esto último ha permitido que la caída de la actividad en la construcción y la industria, debido a las altas tasas de interés y a la inflación, haya sido compensada en materia de empleo e ingresos con el fortalecimiento de la producción de alimentos, los servicios sociales, la administración pública y el turismo.

Con relación al repunte productivo del sector agrario (10,2%) y a la disminución sin precedentes de la pobreza rural (-4,7%), los comentaristas neoliberales han tratado de descalificar la labor del gobierno diciendo que el resultado no se debe a la política social sino al mejoramiento del empleo rural. Pero ¿qué impulsa ese aumento del empleo sino la inversión pública para apoyar a los agricultores y los avances concretos alcanzados en la entrega y titulación de tierras? ¿Por qué en los gobiernos anteriores no sucedió? Se trata de una política económica, sin duda, pero con énfasis social, que además ha repercutido decisivamente en frenar el alza de precios de los alimentos y bajar la tasa general de inflación de 13,34% a 6,86%. Al mismo tiempo, la política social de bienestar familiar ha conseguido bajar las muertes por desnutrición infantil en más del 30%.

Igualmente, es debido a las nuevas prioridades de inversión pública que, pese a la desaceleración del crecimiento del PIB el año pasado, la tasa de desempleo del país bajó a niveles de un dígito (poco más de 9%) durante varios meses en 2023 y el año actual se mantiene a niveles de poco más de 10,3%. Esto, a pesar de la caída de la inversión privada en 25% y el decrecimiento prolongado de sectores altamente generadores de empleo como la construcción, que hasta ahora empieza revertirse.

No obstante, para voceros gremiales como Jaime Alberto Cabal de Fenalco, el balance de estos dos años del gobierno de Petro es “un retroceso general”. Refleja así el pensamiento de muchos empresarios que, con relación al bienestar del pueblo comparten la misma óptica estrecha y egoísta con la que perciben la reforma laboral y las demás reformas sociales. Idéntica valoración la repiten los partidos de Uribe y de Vargas Lleras. Y resultan secundados, fuera de los políticos tradicionales al servicio de las élites, por personajes como el exsenador Jorge Robledo, que también desestima por completo los avances del Gobierno en materia social y cuya agrupación proclama lapidariamente que “no hay nada que aplaudir”: una visión sesgada por el sectarismo antipetrista, afín a la oposición de la derecha política más intransigente del país.

Pero, pese a la intensa campaña general de desinformación, amplificada por los medios y dedicada a distorsionar la realidad, los hechos que reflejan las cifras divulgadas este año afirman la evidencia de lo contrario. Desmentida en la práctica la retórica engañosa y confirmado el avance social, cabe entonces preguntarse ¿cuál es la explicación de los buenos resultados en los indicadores sociales durante estos dos años de gobierno del Cambio?
La respuesta obvia es el progresivo desmonte de la política neoliberal que había venido apalancándose en los recursos del Estado para fomentar la concentración del ingreso y la desigualdad social. Esa política ocasionó que apenas 12,4% de la riqueza creada en Colombia en la última década le llegara al 90% de la población, o sea que el 10% más rico se quedó con casi 88% de la nueva riqueza, dentro del cual el 1% super rico acaparó 45% de la misma, según las cifras de Oxfam. El resultado socialmente regresivo del proceso creciente de concentración del ingreso es que hoy una minoría de 1% de colombianos más ricos posee 37% del patrimonio total mientras el 50% más pobre solo accede al 4% de éste, de acuerdo con la misma fuente. El índice de Gini en patrimonio es peor que en ingresos: 0,83.

Por otro lado, la desigualdad social se traduce también en desigualdad territorial. Según el DANE, la región caribe y la región pacífica registran casi el doble de porcentaje de pobreza multidimensional que la región central. A su vez, territorios como el Pacífico se cuentan entre los más asediados por la violencia de los grupos armados ilegales, otro factor coadyuvante del atraso social. La proporción de población en pobreza es cerca de cinco veces mayor en Quibdó que en Bogotá.

Una primera conclusión de todo lo anterior es que mejorar los indicadores sociales implica el uso del Estado como instrumento para favorecer el interés público, al contrario de su gestión al servicio del interés privado de una minoría privilegiada que defienden los opositores del cambio. Se trata de un principio político contrario al neoliberalismo, que explica el contenido progresivo de la reforma tributaria de 2022 (que puso a pagar más a los más ricos), y es la base de la actual política fiscal y las propuestas económicas del Gobierno. También marca el contenido social de la reforma pensional aprobada y el de las reformas que no se han aprobado aún como la de la salud, la laboral y la de los servicios públicos.

En segundo lugar, la mejoría actual lograda en los indicadores sociales nos da una idea del progreso general que se puede alcanzar si salen adelante las reformas sociales progresivas. La reforma pensional aprobada, que empezará a regir en julio del año entrante si no es obstruida por la Corte Constitucional, puede sacar de la pobreza a otros más de 2 millones de colombianos sin pensión hundidos en ella. Las otras reformas que se proponen democratizar el acceso real a los servicios esenciales y mejorar las condiciones de trabajo de quienes producen la riqueza, tendrán un efecto similar.

Y la tercera conclusión es que hoy en Colombia el mejoramiento del bienestar social -que es el resultado verdaderamente importante de la economía- no depende principalmente del mayor o menor crecimiento del PIB sino de los avances en la distribución del ingreso. Pero esos avances implican también lograr una disminución de la desigualdad del desarrollo humano a nivel territorial. Según el último informe del PNUD de las Naciones Unidas, a pesar del leve aumento general del Índice de Desarrollo Humano, IDH, hoy 14 departamentos y Bogotá presentan los mejores niveles en su IDH, mientras otros 19 permanecen estancados o empeorando.

Esa es, evidentemente, la razón de fondo de la insistencia del presidente Petro en canalizar hacia esas regiones rezagadas la mayor inversión pública. Y de su política de paz total, cuyo eje es contribuir a frenar la violencia destructiva contra la población civil marginada que habita esos territorios de la periferia del país.
Agosto 17 de 2024