Avanzan lentamente las reformas del cambio
Estás reformas sociales son producto de un gobierno, el de Gustavo Petro que, atendiendo las luchas sociales y en especial el estallido social, incorporó, primero en el programa de campaña y después en el Plan Nacional de Desarrollo.
Por Fabio Arias
A trancas y a mochas transcurren las reformas sociales del cambio.
La reforma pensional que ya es ley, la 2381 del 16 de julio de 2024, tiene más 170 de demandas en la Corté Constitucional. Aspiran el Centro Democrático, Cambio Radical y los fondos privados con dichas demandas, que la corte la declare inexequible para salvaguardarle los privilegios a los fondos privados que empezarán a marchitarse en razón de que todos los trabajadores cotizarán obligatoriamente en Colpensiones por los primeros 2,3 salarios mínimos de sueldo y de ahí en adelante en fondos de ahorro individual. Pretenden que la corte trunque el derecho de cerca de 3 millones de personas mayores que nunca han cotizado y que por su condición de vulnerabilidad se les entregará un ingreso solidario de 225 mil pesos. Recordar que la ley establece una renta vitalicia para quienes tenga entre 300 y 999 semanas y una pensión anticipada para quienes tengan más de 1000 semanas. La ley establece un régimen de transición para quienes a 31 de diciembre de 2024 tengan más 900 semanas si es hombre y, 750 si es mujer. Es decir, mantienen las condiciones que hoy tienen en Colpensiones o en los fondos privados y autorizando el cambio de régimen a quienes les falten 10 años para pensionarse.
Las centrales sindicales insistiendo en lo social de la norma, consideran en mantener la bandera de que la cotización obligatoria debería ser al menos de 4 salarios mínimo para garantizar una pensión con un mínimo de poder adquisitivo.
La reforma de la salud, que fue hundida en tercer debate en la comisión séptima del senado en abril de 2024, ha sido presentada de nuevo e inicia su trámite en la comisión séptima de cámara antes del 15 de noviembre. Se espera que en cámara sea aprobada en los dos primeros debates y el obstáculo será en la comisión del senado.
Dicha reforma elimina la tercerización financiera de las EPS, así como la tercerización laboral y, desarrolla y fortalece la atención primaria en salud, que fue abandonada en el sistema privado de las EPS.
La reforma laboral que había sido hundida en junio de 2024, fue presentada de nuevo en agosto y acaba de ser aprobada en los dos primeros debates en la comisión séptima y plenaria de la cámara. Le espera la gran dificultad de la comisión séptima del senado, dónde tienen mayoría las huestes uribistas.
La reforma ha sido peluqueada, al ser eliminados los 20 artículos de los derechos colectivos que consagran los estándares internacionales de la OIT, los derechos de asociación, negociación y huelga, así como los artículos de formalización y pago de salario mínimo a los trabajadores rurales. Se evidencia con ello el odio al sindicalismo y al trabajo rural que han fomentado los grandes empresarios y sus partidos oligárquicos.
Adicionalmente, en el proyecto de la laboral se elimina la palabra especializados en el artículo 34 del actual Código del Trabajo, con lo cual se abre un inmenso boquete para fomentar y establecer la subcontratación de las labores propias y misionales de las empresas. Una desafortunada modificación que habrá que buscar derogar en los dos debates restantes.
La reforma laboral establece la recuperación de los derechos de los recargos nocturnos a partir de las 7 pm, el 100% de los dominicales y festivos progresivamente en tres años, el carácter laboral del contrato de aprendizaje, un 60% del salario mínimo en la etapa lectiva y un 100% en la productiva. También, se establece el contrato de trabajo a término indefinido y si el contrato es a término fijo, después de 4 prórrogas se volverá indefinido. Se reducen las brechas de género y se formalizan a las trabajadoras domésticas, repartidores con plataforma digital y choferes de transporte de carga, una reivindicación que se sumó en la negociación del paro camionero.
El acto legislativo del sistema general de participaciones, que ha estado impulsando el magisterio a través de Fecode, está ya aprobado en 6 debates, faltando los dos restantes en cámara.
En él se eleva de un 22% a un 39,5% los ingresos corrientes de la nación en 12 años a partir del 2027. Dichos recursos se destinan a la inversión social en educación, salud, agua potable y saneamiento básico, derechos abandonados por los gobiernos neoliberales y proempresariales de los últimos 33 años.
Si bien se aspiraba al 46,5% este monto aprobado hasta hoy es significativo.
Queda por definir, en una ley reglamentaria, las competencias y los recursos que se le asignarán a los departamentos y municipios. Será una disputa en la cual los sectores democráticos deberán propender por qué se satisfagan los derechos mencionados y se combata la corrupción.
Como se ve, están todavía en franca disputa estas reformas sociales y para poder superar los obstáculos en el congreso y en la Corte, derivada de la oposición de la extrema derecha uribista y el neoliberalismo, se deberá recurrir a la más extensa apropiación y respaldo de la ciudadanía de ellas, de tal manera que el poder popular en la opinión pública y en la movilización callejera logren superarlos.
Estás reformas sociales son producto de un gobierno, el de Gustavo Petro que, atendiendo las luchas sociales y en especial el estallido social, incorporó, primero en el programa de campaña y después en el Plan Nacional de Desarrollo, estos cambios y transformaciones que han contado con un amplio respaldo popular pero que en congreso no se cuenta con las necesarias mayorías.