La reactivación económica según Duque: entre la ficción y la indolencia

Aunque el aumento del desempleo es la consecuencia más grave del derrumbe de la economía, es al mismo tiempo la causa que explica en buena parte el debilitamiento de la mayoría de los sectores. ¿La razón? La drástica contracción de la actividad económica no es sólo resultado de la parálisis obligada de la producción debido a las cuarentenas, se origina en muchos casos en la pérdida descomunal de ingresos de la población que se estima en $18 billones en el primer semestre. Una verdadera agenda para conseguir una recuperación general e incluyente orientada al desarrollo nacional, podría tomar como guía los postulados del Consenso Latinoamericano. Ese es el nombre que le dieron un grupo de destacados economistas a su declaración, suscrita recientemente en explícita oposición a los principios del llamado Consenso de Washington que han gravitado negativamente sobre la región durante más de 30 años.

Por Arturo Cancino C.
Economista, profesor universitario

Luego de conocidos los informes sobre la destrucción dramática de empleos -que podría representar hoy entre 6 y 8 millones de colombianos sin trabajo, a juicio de algunos analistas- el Dane entregó los datos de la estrepitosa caída de 15,7% en el crecimiento económico del segundo trimestre del año. Con este desplome la actividad económica ya acumula en el primer semestre una disminución de $31,1 billones. Y aunque el aumento del desempleo es la consecuencia más grave del derrumbe de la economía, es al mismo tiempo la causa que explica en buena parte el debilitamiento de la mayoría de los sectores. ¿La razón? La drástica contracción de la actividad económica no es sólo resultado de la parálisis obligada de la producción debido a las cuarentenas, se origina en muchos casos en la pérdida descomunal de ingresos de la población que se estima en $18 billones en el primer semestre.

Los efectos de la caída de los ingresos sobre la demanda se ven perfectamente en el colapso del PIB de sectores como la construcción (-38,7%), donde el inventario de vivienda construida y disponible excede claramente la demanda solvente prácticamente en todos los estratos. Tal es el caso también de la actividad manufacturera, cuya reducción la encabezan los sectores de bienes de consumo masivo como textiles, calzado y artículos de cuero -con una caída de 56,1%- seguida de fabricación de muebles, colchones y similares (-53,3%) y del grupo de fabricación de vehículos, carrocerías, maquinaria y equipo y productos informáticos, que decreció 35,6%. Puesto que la construcción y la manufactura fueron los dos sectores autorizados tempranamente por el Gobierno para reanudar actividades desde finales de abril, evidentemente su contracción económica obedece principalmente al desplome de la demanda interna por el empeoramiento del nivel de vida de la gente. Recíprocamente, es el ajuste del gasto hacia lo indispensable en el consumo de los hogares lo que explica que entre las actividades productivas únicamente la agropecuaria presente un leve crecimiento de 0,1%. Es decir, influye el sostenimiento de la demanda de alimentos, no tanto el hecho de haber sido exonerada la actividad de restricciones productivas.

Como se recuerda, frente al desbordamiento del desempleo y el ostensible fracaso de su programa de créditos por intermedio de la banca privada, el Gobierno reaccionó aprobando tardíamente para las empresas un auxilio precario de $350 mil por cada trabajador de salario mínimo que mantuvieran en sus nóminas. Por supuesto, debido a lo tardío e insuficiente del subsidio, los despidos continuaron así como el cierre de las empresas. Al mismo tiempo, el Gobierno descartó la aprobación de una renta básica de emergencia por un salario mínimo mensual para 9 millones de hogares que se han quedado sin ingresos, propuesta que hicieron 54 parlamentarios de la oposición. Ni Duque ni Carrasquilla se han molestado en responder directamente a varias propuestas de esta naturaleza. Pusieron al vocero de la presidencia, Diego Molano, a sostener, con su cinismo habitual, que el Ingreso Solidario de irrisorios $160 mil mensuales para 3 millones de familias era suficiente renta básica para quienes no estuvieran incluidos en las ayudas (igualmente exiguas) de los programas de reducción de la pobreza: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, cuya cobertura no alcanza aún a 2 millones de familias. Al mismo tiempo, para ahogar cualquier expectativa distinta y como quien pasa una página desagradable, el discurso de Duque ha virado ahora hacia la política de reactivación de la economía.

La reactivación como búsqueda errática del regreso al pasado

No pocos economistas han advertido que sin una acción pública efectiva contra el desempleo cualquier programa de reactivación tiene un alto riesgo de fracaso. Pero, para los adeptos al fundamentalismo del mercado, el empleo no es un objetivo de la política económica (residual, en el mejor de los casos) sino un efecto subalterno de la prosperidad de los negocios, y así mismo desestiman la fortaleza de la demanda como condición para el éxito de los mismos. Los neoliberales son conocidos por priorizar el crecimiento sobre la creación de empleo y el bienestar social o el desarrollo humano. Por eso en Colombia desde hace varias décadas los gobiernos neoliberales vienen promoviendo un crecimiento económico con altas tasas de desempleo, enormes grados de desigualdad y niveles inaceptables de pobreza. Y permanecen impávidos ante un desbordado crecimiento de la desocupación en el país, como se ha mostrado el gobierno de Duque desde mucho antes de que se iniciara la crisis actual de la pandemia.

Sin embargo, en el contexto de esta profunda crisis mundial, desde las comisiones económicas de las Naciones Unidas, como la Cepal, hasta los organismos financieros multilaterales como el BID, el Banco Mundial o el FMI, han coincidido en recomendar a todos los países una política fiscal que priorice el apoyo al empleo y la mitigación de la pérdida de ingresos de la población como medida indispensable para hacer frente a la recesión e impulsar la recuperación económica. Con respecto a América Latina, la región con mayor desigualdad social del planeta, no solo la Cepal sino también algunos representantes de estas agencias financieras han advertido que conviene replantear la ruta que venían siguiendo estos países. “Que cada país repiense un poco sobre su futuro y que ojalá no regresen a su statu quo anterior. Me preocupa un poco que todos quieren volver a hace cuatro o cinco meses. Esta crisis está ahondando la situación que ya era muy mala”, opina Carlos Felipe Jaramillo, nuevo vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Y precisa:

Lo que vengo diciendo es que en América Latina tenemos que aprovechar esta crisis para repensar el futuro. Pasa por reconocer que entramos a esta crisis no muy bien. El crecimiento per cápita de los últimos 10 años apenas alcanza el 0,6 por ciento, de los más bajos de todo el mundo. Y llevamos una década con pobreza en 24, 25 por ciento, sin cambiar. Esto está ofreciendo la oportunidad para repensar, porque todos queremos un futuro mejor, un desarrollo más rápido, más incluyente, con menor desigualdad, menos dañino para el ambiente

También desde la presidencia del BID, hoy a punto de caer en las garras de Trump con la colaboración lacayuna del gobierno colombiano, se han formulado valiosos consejos como fortalecer el sector agrario y avanzar en resolver el problema de tierras para realizar una sustitución inteligente de importaciones agrícolas; así mismo, acelerar la integración comercial con los países de la región; y sobre todo, reforzar los sistemas de salud, no sólo en su infraestructura sino además en la capacidad de producción de vacunas.

Sordos a todas estas recomendaciones, el gobierno de Duque y su ministro Carrasquilla se negaron a establecer una verdadera política social en ninguno de los 167 decretos legislativos de las dos declaratorias de emergencia económica y social invocadas. Tampoco incluyeron en ellos ninguna reforma del sistema de salud regido por la Ley 100 que ha mostrado las protuberantes fallas del criterio de lucro privado y de extracción de rentas en los servicios de salud. Además de la asfixia financiera de clínicas y hospitales y la explotación inescrupulosa de los profesionales de la salud, ha quedado en evidencia la incapacidad de las EPS para ayudar a las autoridades locales a gestionar la realización de las pruebas y proporcionar información oportuna que permita establecer cercos epidemiológicos efectivos; e, incluso, es patente su ineficacia en atender debidamente a la población aquejada tanto de covid-19 como de otras enfermedades.

En cuanto a introducir cambios en las estrategias productivas y comerciales, el Gobierno y su ministro Restrepo, de Comercio, Industria y Turismo, ignoran recomendaciones tanto de la Cepal como del BID sobre la necesaria diversificación productiva e integración regional y persisten en afianzar las relaciones desiguales y excluyentes con Estados Unidos. Mientras tanto, su plan de desarrollo rural se reduce a promover la “agricultura por contrato” en lugar de la distribución de tierras y del apoyo económico efectivo a los pequeños y medianos productores. Mucho menos contempla la sustitución de las importaciones agrícolas que se han multiplicado con los TLC, muy elogiados por este gobierno. Así mismo, abrigan muchas esperanzas en atraer más inversión extranjera, que históricamente se ha concentrado en la economía extractiva, depredadora del medio ambiente y sin beneficios reales para la población ni para el desarrollo del país.

Por otro lado, el plan de reactivación económica que viene pregonando el Gobierno carece de cualquier indicio de autocrítica o propósito de superación de las hondas grietas que revela el nefasto modelo económico actual. A pesar de los anuncios ostentosos de Duque sobre gastar $100 billones en recuperar el empleo y la salud de la economía, no hay en el presupuesto de 2021, como no lo ha habido en 2020, un fuerte incremento de la inversión del Estado ni verdadera reorientación de recursos hacia el gasto público y social para fundamentar esta promesa.

Cierto es que en términos reales, descontada la inflación, el valor total del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2021 se incrementa en aproximadamente 16% respecto al de 2020. Pero este porcentaje se reduce a 10% sin el servicio de la deuda y tal incremento no guarda proporción con el tamaño de la recesión económica que vive el país ni anticipa un estímulo fiscal suficiente para impulsar una recuperación económica vigorosa. Cautivo de la búsqueda ortodoxa del “presupuesto equilibrado”, el nuevo PGN se mantiene igual que el de 2020 alrededor de 21% del PIB. De los $50,5 billones que crece en valor total, $22,3 billones son para pagar la mayor cuantía del servicio de la deuda pública que Carrasquilla se ha empeñado, no sólo en no diferir, sino en seguir adquiriendo con la banca privada antes que gestionar los recursos gratuitos del Banco de la Republica. Y de la suma restante, el aumento del capítulo de inversión solo se aproxima a $10 billones, menos de 1% del PIB. Ningún esfuerzo fiscal de qué presumir, la verdad.

Peor aún. Ni el tamaño ni la composición de esta suma para inversión corresponde a las prioridades que expresa el discurso de Duque, según han observado analistas como Gonzalo Hernández. En valores absolutos, el mayor crecimiento del PGN es para funcionamiento que aumenta $18,3 billones. Paralelamente, de los $35,8 billones asignados a presupuesto de salud, solo $1 billón es para inversión. Así mismo, los rubros de Defensa y Policía continúan teniendo una mayor participación en el PGN (1% más) que el rubro de Salud y Protección Social. Y la participación de rubros como Tecnologías de la Información (0,74 %), Agricultura (0,56%), Ambiente (0,23 %), Paz (0,18 %), Deporte (0,14 %), Cultura (0,11 %) y Ciencia (0,09 %), se hallan entre las menores en el presupuesto. En cambio el presupuesto de Hacienda crece más de 25%, 15 puntos por encima del crecimiento promedio sin deuda, a $22,1 billones; y pasa de representar 7,9% del PGN en 2020 a 9,3% en 2021. Suscita muchas dudas que quede en manos directas de Carrasquilla una porción tan importante de los recursos públicos dado que su manejo discrecional suele servir para engrasar las maquinarias clientelistas del Gobierno con fines electorales.

Además, contrario a lo que dice Duque, aparte de los $16 billones para los programas de “transformación energética”, sólo $4,8 billones de los gastos de inversión son para el publicitado programa de reactivación económica, así: $2,4 billones para el sector transportes, $1,3 billones para vías terciarias, $1,1 billones para el programa “concluir, concluir, etc.” que no es otra cosa que continuar con las obras ya iniciadas. Lo que resta consiste en los conocidos programas asistencialistas de escaso impacto social, que poco suman a la reactivación económica, más unas becas para máximo 180 mil estudiantes universitarios de estratos 1 y 2, con un alcance lejano al de la educación gratuita universal que reclaman los estudiantes.

No obstante, la bandera principal de la política de reactivación económica es la creación de un millón de empleos. Contrasta la pobreza de la meta frente a las dimensiones reales del problema del desempleo. Pero la decepción aumenta cuando se mira en detalle este programa. No se trata de un plan de creación masiva de empleo público temporal, como el del New Deal desplegado durante la Gran Depresión y recomendado por muchos economistas. Se trata de “iniciativas públicas y privadas” donde los únicos empleos concretos (y no simplemente esperados) son los que se deriven de la continuación de obras públicas iniciadas, la construcción de algunas vías terciarias y los 27 proyectos de transformación energética que se calcula pueden crear 55.000 empleos.

Entre las políticas que involucran expectativas de mayor generación de empleo por el sector privado está el programa de subsidios para compra de vivienda VIS (100 mil) y no-VIS (100 mil). Aunque los cálculos hablan de la creación de 230 mil empleos, la realidad es que estos subsidios operan primeramente como una ayuda a los constructores para salir del exceso de inventario de metros cuadrados construidos. Por tanto, su efecto sobre la reactivación de la construcción sólo comenzará a verse una vez empiece a agotarse el excedente acumulado en oferta de vivienda. Lo anterior implica un grado de incertidumbre que podría ser equiparable a la del impacto indirecto sobre el empleo productivo de las compras de artículos de origen nacional el día sin IVA. Tanto en el uno como en el otro caso, el subsidio funciona como un programa de empleo sólo tras la caída sustancial de los inventarios; mientras tanto, constituye simplemente una ayuda a constructores o comerciantes para facilitar sus ventas mediante un auxilio a un número limitado de compradores beneficiados.

Uno de sus decretos más recientes relativos a la reactivación económica y el empleo, el 1157 de 2020, recicla la engañosa fórmula, fracasada como política de creación de empleo, de atraer capitales extranjeros a cambio de onerosas rebajas impositivas y contratos de estabilidad tributaria para las llamadas “megainversiones”. Los umbrales de inversión que estipula (USD$282 millones) se notan diseñados para excluir a la mayoría de las empresas nacionales y no se fijan condiciones que asocien las prerrogativas obsequiadas a ningún tipo de política industrial o agrícola. Como se deduce del decreto previo 1155, que otorga insólitos descuentos de impuestos a nuevas inversiones en la actividad turística (¡tasa de 9% para renta y exención impositiva a patrimonio y dividendos!), el Gobierno insiste en convertir a este segmento de los servicios personales en eje del crecimiento económico del país. De esta forma, no sólo reafirma la añeja renuncia del neoliberalismo a promover la industrialización y el desarrollo agrario, así como el avance tecnológico ligado a ellos y el empleo calificado, sino que opta por desconocer, con una ceguera inverosímil, el exceso comprobado de capacidad hotelera instalada en Colombia y las evidentes limitaciones actuales para crear empleo en uno de los sectores de mayor fragilidad, el más postrado y amenazado mundialmente hacia el futuro por la pandemia, como lo sabe cualquiera.

Finalmente, a pesar del llamado que desde diferentes foros se ha hecho al Gobierno de incluir a las regiones en los planes de reactivación y privilegiar la construcción de infraestructura regional, la política ha seguido siendo centralizar los recursos. Por eso, ante el intento de Carrasquilla de acaparar también los de las regalías de las regiones, los gobernadores de distintos departamentos tuvieron que elevar su voz de protesta para lograr ser tenidos en cuenta. No obstante los acuerdos alcanzados, el Ministerio de Hacienda se reserva diferentes instrumentos efectivos para determinar la inversión de estos ingresos, vitales para muchos municipios y departamentos.

Las opciones reales

Una verdadera agenda, no sólo para intentar reactivar precariamente algunos sectores de la economía como la de Duque, sino para conseguir una recuperación general e incluyente orientada al desarrollo nacional, podría tomar como guía los postulados del Consenso Latinoamericano. Ese es el nombre que le dieron un grupo de destacados economistas a su declaración, suscrita recientemente en explícita oposición a los principios del llamado Consenso de Washington que han gravitado negativamente sobre la región durante más de 30 años.

José Antonio Ocampo, uno de los firmantes, resume sus 18 recomendaciones en: 1. Desarrollo social con reducción de la desigualdad (educación y salud de calidad, empleo formal, protección social); 2. Diversificación productiva y exportadora con contenido tecnológico y avance del sector agropecuario (Investigación & Desarrollo, infraestructura, apoyo a pequeñas empresas); 3. Finanzas públicas sanas con sistemas tributarios progresivos y menor vulnerabilidad a los ciclos económicos; 4. Compromiso sólido con los acuerdos internacionales (Objetivos del Milenio, lucha contra el cambio climático, defensa de la biodiversidad, integración regional sin sesgos); 5. Fortalecimiento de las instituciones públicas y defensa de la democracia.

Es claro que tanto Duque y su rosca uribista como los otros partidos que lo apoyan en el Congreso están en las antípodas de este tipo de agenda avanzada. De modo que en Colombia un programa con este enfoque requiere un relevo en la dirección del Estado. Y para conseguirlo, defender la paz y preservar la democracia, el punto 5 del Consenso, pasa a ser la primera tarea en que los sectores alternativos necesitan sumar desde ya sus esfuerzos.

Agosto 25 de 2020

Referencias

Clara López. “Dos años de pobre desempeño”. Revista Semana, agosto 19 de 2020.
Economía sufrió el golpe más fuerte en la historia reciente. El Tiempo, agosto 15 de 2020.
Gobierno de Colombia expuso Presupuesto General de la Nación 2021 en el Congreso. Valora Analitik, agosto 19 de 2020.
Gobierno expide cuatro decretos para promover la inversión y el empleo. El Tiempo, agosto 21 de 2020.
Gonzalo Hernández. “Y de aquello nada”. El Espectador, agosto 18 de 2020.
José Antonio Ocampo. “El consenso latinoamericano 2020”. Portafolio, agosto 16 de 2020.
Las 4 estrategias para reactivar la economía y el empleo en el país. El Tiempo, agosto 9 de 2020.
Los ejes del cambio de rumbo que ve el BID para América Latina. El Tiempo, agosto 19 de 2020.
Los tres pilares del Gobierno para lograr la reactivación económica. El Tiempo, agosto 19 de 2020.
Para la reactivación económica hay que incluir a las regiones. El Tiempo, agosto 19 de 2020.
Presentan Presupuesto de la Nación para 2021 por $314 billones, con alza de 41% en deuda. La República, julio 29 de 2020.
Presupuesto de inversión de Colombia aumentará 23,1% en 2021. Valora Analitik, julio 29 de 2020.
Radiografía de la histórica caída de la economía por la pandemia. El Tiempo, agosto 15 de 2020.
Volver a estado previo a covid no es lo deseable: Vicepresidente de BM. El Tiempo, agosto 16 de 2020.