Sobre la situación de Venezuela
Por Yezid García Abello
Exconcejal de Bogotá y miembro de la dirección nacional del PTC
La situación en Venezuela, –por los intereses estratégicos en juego, por sus complejidades y características particulares, por su importancia económica y política para Estados Unidos, América Latina y el mundo–, ha saltado al primer plano de la opinión pública. Y frente a ella, es necesario precisar algunos asuntos de interés que contribuyan a esclarecerla, más allá de que se comparta o no la gestión del presidente Nicolás Maduro:
A. El gobierno venezolano es un gobierno legítimo, escogido a través del sufragio universal con veeduría de la comunidad internacional y su período vence en enero de 2019, no cuando la oposición quiera. Por tanto, no puede compararse con dictaduras afines a Estados Unidos o gobiernos totalitarios cercanos a unas u otras grandes potencias y, mucho menos, exigirle que sin que medie un proceso electoral, entregue el poder a las fuerzas opositoras.
B. No pueden los gobiernos de países latinoamericanos que siguen a pie juntillas las órdenes de Trump, entre ellos el de Colombia, definir asuntos que corresponden a la órbita de un país soberano como Venezuela, por más que no les guste el presidente o discrepen de su ideología. Vale la pena recordar que estos países son minoría dentro de la OEA y, por ello, pese a que Venezuela ha manifestado su decisión de retirarse de ese organismo, no han podido Estados Unidos y sus incondicionales condenar a su Gobierno.
C. Es absurdo calificar como dictadura un gobierno que convoca elecciones; que permite que la oposición le realice un plebiscito en contra, sin ningún control oficial o de agencia fiscalizadora imparcial alguna; que se defiende, más bien tímidamente, de más de 100 días de disturbios insurreccionales que todo el mundo sabe quién los financia; disturbios donde una buena parte de las víctimas son "chavistas", candidatos o funcionarios públicos, algunos quemados vivos en las zonas de control de las fuerzas de la oposición. Es evidente que el atentado terrorista en Caracas contra agentes policiales motorizados, que causó graves heridas a ocho de ellos, no ha sido condenado ni por la comunidad internacional, ni por Estados Unidos y mucho menos, por una prensa que ha sido puesta al servicio de la mentira y la desinformación.
D. Desde el punto de vista de la democracia, ¿con cuál argumento serio puede desconocerse una votación a favor de la constituyente de más de ocho millones de electores? Un sistema electoral calificado por "Tirios y troyanos" como el más confiable de América Latina, con voto electrónico y supervisión internacional, no puede descalificarse, a las volandas y sin ninguna prueba, como fraudulento. Además, la cifra de votantes significa una participación de 41,53% del censo electoral, cifra de participación ostensiblemente más alta que la que tuvo, por poner un ejemplo en Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que fue de sólo 27%.
E. ¿Qué autoridad puede tener Estados Unidos para calificar los actos y determinaciones de una nación soberana? Un gobierno que amenaza la paz mundial, que está al servicio de los grandes monopolios del petróleo y la industria de guerra, que rompe el Acuerdo de París frente al cambio climático y el calentamiento global, que persiste –si se le deja– en convertirse en el policía del mundo, que incumplió los acuerdos firmados con otros países por sus antecesores y que baila al ritmo de los intereses del gran capital y los negocios familiares de su retorcido presidente. De lo que se trata, y eso se silencia torvamente, es que Venezuela tiene las más grandes reservas petroleras del mundo, y Estados Unidos pretende retomar el control de ese país, que considera estratégico e integrante de su “patio trasero”.
F. La violencia política en Venezuela debe condenarse, toda y no una parte. Si bien deben rechazarse eventuales actuaciones y medidas arbitrarias del gobierno, con mucha y mayor razón deben condenarse por su gravedad y consecuencias los llamados de la oposición al terrorismo, a la insurrección armada y a la intervención extranjera. Los que miran hoy con satisfacción los actos terroristas, tarde o temprano serán víctimas del abominable flagelo. Nunca será tarde para el diálogo y la negociación política entre las posiciones encontradas en el hermano país que lleven a una solución pacífica de la crisis actual. Corresponde al gobierno de Maduro, dado el resultado electoral, tomar la iniciativa de esta convocatoria al diálogo nacional con los opositores. Sobre la base, claro está, que corresponde a ellos, los venezolanos, tomar en sus manos su propio destino sin injerencia extranjera.
G. Desde estas líneas, una última reflexión hacia los gobiernos de Colombia y Venezuela. Cualquier incidente fronterizo, por pequeño e insignificante que sea, puede ser aprovechado por los guerreristas de ambos lados de la frontera para una escaramuza que abra el camino de la intervención militar norteamericana sobre la patria de Bolívar y Chávez. Esta terrible alternativa está en el portafolio del Departamento de Estado norteamericano, y sería gravísimo que países hermanos caigan en esta provocación, cuyas consecuencias últimas serían nefastas para ambos.
Bogotá D.C., 31 de julio de 2017.