El panorama económico y la insolvencia de la versión neoliberal asumida por la derecha

En medio de la ofensiva incesante en los medios contra el gobierno del Cambio, las noticias sobre la evolución positiva de varios indicadores sociales y económicos suelen ser desestimadas, cuando no pasan desapercibidas por completo. Una de ellas es la mejora -estadísticamente significativa, dice el DANE- de la pobreza multidimensional, que bajó a 12,1% en 2023. Lo anterior significa que disminuyó 0,8% comparado con 2022, es decir que 338.000 colombianos salieron de la pobreza en el curso del año.

La mayor tasa de pobreza sigue estando en el sector rural (el triple que en las ciudades), pero es notable el hecho de que el porcentaje más alto de disminución (2,2%) se registró entre los pobres del campo. Las condiciones adversas del clima, la pésima distribución de la tierra y el déficit de infraestructura no ayudan al pequeño productor rural, pero el campo es precisamente uno de los sectores hacia donde se viene canalizando una inversión pública sin precedentes y donde el Gobierno impulsa con tenacidad y contra incontables obstáculos la reforma agraria. Una de las talanqueras ha sido la falta de la jurisdicción agraria contenida en el Acuerdo de Paz de 2016 y que hasta ahora acaba de ser aprobada en la Cámara, pero se puede hundir en el Senado.

Otro indicador socioeconómico muy importante es la tasa de desempleo. Su comportamiento desde mediados del año pasado contradice los presagios pesimistas de conocidos analistas económicos y de los gremios empresariales, que asocian mecánicamente al crecimiento del Producto Interno Bruto PIB, la disminución del desempleo. Es un supuesto que no tiene un soporte verosímil en el caso de Colombia, donde algunos años de crecimiento destacado del PIB han concordado con tasas altas de desempleo. Por ejemplo, en 2007 o 2011, cuando el PIB creció más de 6% y el desempleo estuvo alrededor del 11%. Se trata de un fenómeno propio de las economías extractivistas, tercerizadas y dominadas por la especulación financiera, que se conoce como “crecimiento sin empleo”.

Lo cierto es que la evolución desde el año pasado de los indicadores del empleo parece contradecir varios dogmas tomados acríticamente de la experiencia de países con estructuras económicas más avanzadas en industria y tecnología. En efecto, mientras el PIB creció en el primer trimestre 0,7% respecto a 2023, el desempleo se ubicó en abril en 10,6%, casi igual que en el mismo mes del año anterior cuando el PIB crecía cerca de 3%. ¿Qué ocurrió? Que se crearon en el intervalo 123.000 nuevos empleos frente a 115.000 trabajadores que ingresaron a la fuerza de trabajo, razón por la cual no aumentó sino disminuyó levemente la tasa de desempleo. Además, desde el punto de vista cualitativo creció la población vinculada por contrato de empleo al sector público y al privado. Y disminuyó el número de trabajadores por cuenta propia, estos últimos en su mayoría informales y sometidos a las peores condiciones de ingresos e inestabilidad laboral.

Tales datos recientes del DANE contrastan con las declaraciones del dirigente gremial Bruce MacMaster sobre la “señal de alerta” que significarían las cifras recientes del mercado laboral. Es el mismo personaje que durante el gobierno pasado no mostró ninguna preocupación semejante cuando la tasa de desempleo se mantuvo a niveles superiores al 11% promedio, incluso antes de la pandemia y sin tener en cuenta las cifras de magnitud inusual durante la misma. Pero ahora, en una evidente campaña por fomentar el clima de “incertidumbre” -que junto al vocero de Fenalco y otros suele evocar insistentemente ante los medios- pretende alimentar temores con la singular observación de que dicha tasa se ha mantenido en dos dígitos en los últimos cinco meses, cuando se sabe que raras veces el desempleo ha bajado a un dígito en Colombia en el curso de este siglo dominado por la política neoliberal.

El hecho hoy es que, a pesar de la importante reducción de puestos de trabajo en el sector industrial por el descenso de esa actividad, el bajo crecimiento que ha tenido el PIB no ha ocasionado un desbordamiento en la tasa de desempleo, si bien ha cambiado la composición del empleo. Por el contrario, ya se advierten signos de que el mercado laboral tiende a mejorar este año. Ese mejoramiento tiene que ver con la importante inversión pública prevista en el Plan Nacional de Desarrollo PND de este gobierno, cuyos efectos positivos ya se han empezado a manifestar al contrarrestar en el mercado laboral buena parte la caída de la inversión privada. Por eso se observa que mientras cae el empleo en la industria, la construcción y las actividades inmobiliarias, sube en la educación, la salud y la administración pública, las actividades artísticas y recreacionales, el turismo, el hospedaje y el transporte.

Por otra parte, estas expectativas positivas sobre la creación de empleo se fundan también en la creciente reactivación de la actividad económica de sectores como el comercio, que desde 2023 sufrieron un fuerte retroceso debido a la marcada contracción del consumo de los hogares y de la inversión privada, a causa de la inflación y los altos costos del crédito. Dichos costos fueron determinados por la fuerte alza en la tasa de interés por parte del Banco de la República como política monetaria para controlar el preocupante fenómeno inflacionario. La desmedida inflación, que llegó a sobrepasar el 13%, fue resultado en gran parte del manejo fiscal irresponsable del gobierno de Duque: billones de pesos en subsidio a la gasolina, transferencia generosa de recursos públicos a los bancos, días sin IVA para favorecer a los grandes importadores, desequilibrio fiscal que causó la devaluación masiva del peso, desfinanciación de las comercializadoras de energía con la engañosa “opción tarifaria”, permisividad con los múltiples desfalcos del presupuesto nacional, etc. Una piñata con fines electorales, financiada esencialmente con un endeudamiento público sin precedentes, para ser pagada por el siguiente gobierno.

No tiene caso tratar de desconocer que el costo de la política monetaria contraccionista posterior ha sido la fuerte desaceleración económica que hizo caer a 0,6% el crecimiento del PIB el año pasado. Mucho menos insistir en responsabilizar al gobierno actual del declive en la tasa de crecimiento. Lo objetivo es reconocer que la inflación ha logrado descender en un año de 13% a 7%, con la ayuda de la reforma tributaria de 2022 -impulsada desde sus primeros días por el gobierno actual para equilibrar las finanzas estatales y financiar el gasto público- así como gracias a la consiguiente caída del dólar y el decidido apoyo estatal a la producción agrícola. E igualmente aceptar que, tras superar el riesgo de caer en la recesión, la economía muestra ahora señales de recuperar gradualmente el ritmo de crecimiento.

Esta recuperación se acelerará en la medida en que el Banco de la República acceda a bajar más rápido su tasa de intervención que hoy permanece injustificadamente alta en 11,75%. Dicho cambio, que no depende del Gobierno como quiera que la mayoría de la junta del Emisor la componen codirectores ortodoxos nombrados por los gobiernos anteriores, es clave para que los planes de inversión en infraestructura y proyectos inmobiliarios puedan obtener el cierre financiero que hoy no consiguen. Y sin duda la reactivación resultante del sector de la construcción en su conjunto va a incidir directamente en la recuperación industrial debido a los numerosos encadenamientos productivos que existen entre este sector y la industria nacional. Traerá entonces un efecto positivo en el empleo industrial y el de la construcción.

Por ahora, la recuperación de estos dos sectores que involucran altos montos de inversión privada no se ve todavía despejada. Sin embargo, la demanda de las familias sí ha empezado a reaccionar como resultado del panorama más favorable que se empieza a delinear en el terreno del crédito bancario, así como por efecto del aumento del poder adquisitivo real de los trabajadores que se deriva de la diferencia entre el último incremento del salario mínimo (12.1%) y la inflación actual (7.2%). Si adicionalmente se tienen en cuenta los impactos favorables de la política social en materia de bienestar para diversos sectores populares, es explicable que se haya empezado a revertir la contracción del consumo y eso se refleja en el repunte gradual de sectores como el comercio, alojamiento y comidas, el transporte y almacenamiento, la reparación de vehículos y la recreación, entre otros. Todo eso se observa en el comportamiento positivo del empleo en estos sectores que reporta el informe del DANE referido.

Pero los analistas de los tradicionales centros de investigaciones económicas de los bancos y los gremios empresariales prefieren, en su gran mayoría, desestimar estos indicadores que no parecen ser suficientemente relevantes para los dueños del capital. Invariablemente sus análisis giran alrededor del comportamiento del PIB, con lo cual suponen tener la mejor imagen de la economía. Aun así y concediendo alguna credibilidad a ese enfoque, cabría preguntarnos ¿cómo está en realidad el resultado agregado de la economía colombiana?

Uno de los errores en los análisis de la coyuntura económica es ignorar el contexto internacional al juzgar el desempeño económico de un país. En Colombia, muchos comentaristas insisten en contrastar exclusivamente el comportamiento del PIB de los últimos meses con el de los años recientes, cuando emergíamos del hundimiento económico general durante la pandemia. Como si la acentuada interrelación mundial de las economías no configurara una tendencia dominante en cada momento. Pero, por ejemplo ¿sería válido atribuir el mal desempeño económico de la Unión Europea durante la Gran Recesión posterior a la crisis financiera de 2008 a un factor distinto a las secuelas de dicha crisis? o ¿es equiparable el contexto del notable crecimiento de la economía estadounidense durante el New Deal y la época dorada de la posguerra, con el de la estanflación detonada por el alza súbita en los precios del petróleo en los años 70?

Por tanto, miremos las cifras del crecimiento del PIB en su contexto. América Latina crecerá este año entre 1,9 y 2%, según las proyecciones del FMI. Las economías más grandes que la colombiana como Brasil y México superarán un poco ese promedio, exceptuando a Argentina cuyo crecimiento será -2,8%. Salvo en tres países suramericanos (Venezuela, Paraguay y Uruguay), no habrá crecimientos destacados que sean comparables con el promedio mundial esperado de crecimiento de 3%. Latinoamérica en conjunto tendrá uno de los crecimientos más bajos de su historia porque el panorama mundial no la favorece. El pronóstico para Colombia es un crecimiento del PIB de 1,1%. Conspiran contra la posibilidad de alcanzar un porcentaje ligeramente mayor, como el esperado para Chile o México, unas tasas de interés e inflación comparativamente más altas.

Hay que anotar, sin embargo, que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, espera un crecimiento algo mayor este año de alrededor de 1,5% y para 2025 de 2,5%. No es esta, obviamente, una cifra comparable al 7,3% de 2022 o al 10,8% de 2021. Pero es demagogia pura pretender que esas cifras anómalas, resultantes del rebote estadístico del PIB y correlacionadas con niveles insostenibles de inflación, puedan considerarse una referencia válida para calificar el desempeño actual de la economía. Es lo que pretenden quienes se dedican a usar los resultados del presente ciclo económico para criticar acerbamente al Gobierno culpándolo, ya no de la inminente recesión que no hubo, sino del “estancamiento”.

Lo cierto es que la realidad regional y mundial de esta fase histórica, que algunos llaman de desglobalización, únicamente permite esperar un crecimiento moderado del PIB durante el presente y el próximo año. Solo más adelante el país podrá recuperar y posiblemente superar su tasa promedio de crecimiento anterior a la pandemia. Lo que no significa que en estos años nos vayamos a hundir en una depresión ni dejemos de ser la cuarta economía de América Latina. No hay motivo alguno para propagar el pánico económico, salvo el interés político en crear zozobra.

Pero, sobre todo, el progreso de Colombia en materia de desarrollo humano, que es lo importante, no depende en esencia de la cifra de incremento del PIB sino del avance de las reformas y políticas redistributivas que por primera vez se impulsan en nuestro país. Estas son la base real de las transformaciones fundamentales que determinan el bienestar social. Y también es la verdadera explicación de la batalla entre el gobierno del Cambio y las fuerzas políticas dedicadas a obstruir las reformas sociales propuestas y a buscar justificaciones seudojurídicas para derrocar al presidente Petro.

No hay en la escena otras propuestas en discusión porque el proyecto político de la derecha se reduce a mantener el statu quo. Es decir, a preservar los sistemas implantados por los gobiernos neoliberales que ahondan la desigualdad social. Sus principios ideológicos se resumen en el predominio del interés privado sobre el interés público. Y esto se traduce en asegurar privilegios para una minoría acostumbrada al uso del Estado exclusivamente en beneficio propio.

Es una política que evidentemente ha perdido mucha de su capacidad de engañar. De ahí el desespero golpista, secundado por las intensas campañas de desinformación de los medios al servicio del establecimiento.

Junio 6 de 2024