Diez vidas jóvenes segadas por la brutalidad policial y el autoritarismo uribista en el poder
¿Qué quiere Duque y este ilegítimo gobierno? ¿Qué la gente ante la arbitrariedad y la brutalidad policial se quede quieta y baje la cabeza? La gente, la ciudadanía, con todo derecho convocó velatones y marchas de protesta para la tarde de ayer, que terminaron en graves enfrentamientos entre policías violentos, que utilizaron armas de fuego, y ciudadanos desarmados.
Por Yezid García Abello
Secretario (e) del Partido del Trabajo de Colombia (PTC)
El 30 de julio de 2014, siendo concejal de Bogotá en el gobierno de la Bogotá Humana, me opuse en un debate de control político a que se dotara a la Policía Metropolitana de Bogotá de pistolas Taser por las graves consecuencias que ello acarrearía. Me respaldo buena parte del Concejo Distrital y el secretario de Gobierno de ese entonces, Hugo Zárrate. Dejé la constancia que trascribo a continuación:
"No compartimos la decisión de la Policía Nacional de dotar de pistolas eléctricas Taser a la Policía Metropolitana de Bogotá. Está comprobado por estudios y denuncias internacionales que su efecto puede ser letal, con mayor frecuencia de lo que se reconoce. Hace un año, un artista adolescente que pintaba un mural en Miami (USA) murió por un paro cardíaco producido por la descarga eléctrica disparada imprudentemente por un policía. Si esas pistolas se van a usar para controlar personas agresivas pero desarmadas, con seguridad se usarán contra personas que han consumido drogas o alcohol, y esa, con las personas con problemas cardíacos, conforman la población de mayor riesgo frente a esas descargas eléctricas. Respaldamos las justas y objetivas reservas que sobre el tema ha expresado la Secretaría de Gobierno del Distrito".
Las pistolas Taser eran propuesta de Francisco Santos, embajador en Estados Unidos y mencionado reiteradamente por Mancuso en sus versiones libres, para impedir las manifestaciones de protesta, legítimas y amparadas por la Constitución Nacional, que realizaban estudiantes y trabajadores en Bogotá. La alcaldía de Gustavo Petro las descartó y no dotó a la Policía de ellas; pero en el período siguiente el alcalde Peñalosa se entusiasmó con esos dispositivos y permitió que su secretario de Seguridad, Jairo García, hoy viceministro de defensa, hiciera la voluminosa compra de pistolas a través de un contrato que está seriamente cuestionado por los órganos de control.
Desafortunadamente, las advertencias no fueron escuchadas y con el argumento falso de que no se trataba de un arma letal, se convirtieron en herramientas policiales, sin control ni protocolos, para dominar ciudadanos. La madrugada del nueve de septiembre, dos agentes de policía, en vez de poner un comparendo a vecinos que estaban en una fiesta, procedieron contra el abogado Javier Ordóñez a quien reiteradamente le hicieron descargas eléctricas con pistola Taser hasta acabar con su existencia. El cruel asesinato ocurrió en el barrio Santa Cecilia de la localidad capitalina de Engativá. Los videos del hecho muestran como la víctima, totalmente indefensa, y sus familiares y vecinos imploraban que no le hicieran más descargas y la respuesta de los uniformados era golpearlo y seguir disparando.
¿Qué quiere Duque y este ilegítimo gobierno? ¿Qué la gente ante la arbitrariedad y la brutalidad policial se quede quieta y baje la cabeza? La gente, la ciudadanía, con todo derecho convocó velatones y marchas de protesta para la tarde de ayer, que terminaron en graves enfrentamientos entre policías violentos, que utilizaron armas de fuego, y ciudadanos desarmados.
A mediodía de este jueves 10 de septiembre los medios informan que la bárbara represión a sangre y fuego, literalmente así, de la Policía sobre la ciudadanía que protestaba justamente por el asesinato a descargas eléctricas del abogado Javier Ordoñez, deja lamentablemente diez muertes (Bogotá y Soacha), y 58 heridos con disparos. Además de los daños materiales, hay 190 civiles y más de un centenar de policías heridos. La protesta se amplió anoche a varias capitales del país y municipios de Cundinamarca.
Los hechos son graves. Pero el lamento no puede ser el del fascista ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo: por los CAI destruidos, los vehículos averiados y los daños a distintas instalaciones. No, sr. ministro, el lamento es por las vidas perdidas a causa de la brutalidad policial. Los videos muestran a policías disparando indiscriminadamente sobre los manifestantes, a civiles armados mezclados con los agentes que también dispararon, policías que se ponían chaquetas encima de sus uniformes y placas de identificación para ocultar su identidad como cualquier delincuente, efectivos policiales entrando a las casas de los barrios sin orden judicial, para agredir a sus moradores y destruir lo que encontraban a su paso.
Presidente Duque y Dr. Holmes Trujillo: ¿quién dio la orden de utilizar armas de fuego y disparos para contener la legítima protesta social? ¿Es qué Colombia ya es una dictadura bajo el mandato uribista? ¿Es qué los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Nacional ustedes ya los borraron de un plumazo? ¿Tanto los ha afectado la detención domiciliaria de su jefe político, Álvaro Uribe? La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha sido clara y contundente. La Policía no tenía orden ni autorización ni de ella ni de otros mandatarios locales, para proceder de la manera sanguinaria que lo hicieron.
La Alcaldesa Claudia López y su secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, afirman que lo sucedido con el ciudadano Javier Ordóñez no es un caso aislado. Señalan que la Oficina de Control Interno de la Policía se niega a investigar, los casos no avanzan y no hay resultado de las pocas averiguaciones. Dice la Alcaldía que van 137 denuncias este año de abuso policial y violación de derechos humanos de las cuales la Policía sólo acepta "investigar" 38. El tema es recurrente y no son casos aislados. Piden a la Procuraduría que asuma la investigación por la facultad preferente que tiene y no pase el caso a la justicia penal militar. E increpa, con valor, al presidente Duque a que revele quién dio la orden de armarse para enfrentar la protesta y disparar sin consideración alguna.
Ahora, el uribismo en el poder, tratará de entregar las investigaciones de los asesinatos y los hechos a la Justicia Penal Militar. Ese es el camino a la impunidad y al olvido de los graves crímenes. La opinión democrática de Colombia no lo permitirá. Ya en caso de Dylan hicieron todas las maniobras posibles para que los responsables no los cobijara la justicia ordinaria. Pero, como dice el refrán, al perro no lo capan dos veces. Qué la Procuraduría utilice su opción preferente, qué la Fiscalía investigue y qué los jueces de la República juzguen a los asesinos y a sus superiores. No más impunidad.
Llaman poderosamente la atención las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno y dirigentes políticos del Centro Democrático, quienes han tratado de culpar a la oposición al uribismo de lo sucedido en la noche de ayer. El representante Edward Rodríguez, el mismo que quiere acabar con la autonomía escolar y la libertad de cátedra, ha dicho “que la alcaldesa Claudia López es una instigadora de los desórdenes”; El ministro de Defensa Holmes Trujillo acusó públicamente al senador Gustavo Petro de “aprovechar políticamente los graves sucesos”; y, para llenar la tasa, la “brillante” senadora Cabal afirma que “aunque no tiene la prueba, detrás de los hechos está el expresidente Juan Manuel Santos”. Sólo falta que hoy “descubran” que se trataba de un plan de Maduro con respaldo de Cuba, Rusia y China.
Desde aquí, con estas breves líneas, nos unimos a los pronunciamientos de los miembros y representantes de la opinión democrática del país. Respaldamos la vehemente defensa de los derechos ciudadanos y la petición de justicia que ha hecho Claudia López, los reiterados pronunciamientos de crítica y denuncia al lado de la ciudadanía de Gustavo Petro, la patriótica actitud de dirigentes y parlamentarios de los partidos políticos distintos al fascismo uribista, a la solidaridad militante de las centrales obreras y los trabajadores. Colombia no permitirá la consolidación del proyecto político fascista que amenaza el futuro de democracia, soberanía y desarrollo.
A los familiares del abogado Javier Ordoñez, a los de los otros nueve jóvenes asesinados vilmente, a los ciudadanos heridos y maltratados por la brutalidad policial, nuestra voz de acompañamiento y solidaridad.
Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2020.