Francisco Castañeda: Nuestra lucha es en defensa de la estructura ecológica principal, el Bosque Bavaria, el trabajo, el campesinado, la cultura y la vida

El periódico La Bagatela como órgano político del Partido de Trabajo de Colombia (PTC), impulsador de la agenda propuesta en el Pacto Histórico, presenta esta entrevista realizada a Francisco Castañeda, candidato a la Cámara por Bogotá, hecha el 16 de septiembre de 2021.

Francisco Castañeda es hijo de una pareja de obreros de Facatativá, Cundinamarca. Desde su casa –que en realidad era una sede de los trabajadores y campesinos del lugar–, se apoyó la organización de las proletarias vinculadas al sector floricultor y la lucha por la tierra para el que la trabaja. Álvaro, el papá de Pacho, un obrero grande de estatura física y política que contagiaba siempre alegría, incluso en las peores dificultades.

El pueblo de Facatativá, lo reconoció a él, como también a Alcira, su compañera que brillaba con luz propia. Ambos fueron concejales de ese importante municipio, cuando para un partido obrero era extremadamente difícil obtener curul en cualquier corporación pública.

Ese el ambiente en que se desarrolló la niñez y juventud de Francisco, sus dos hermanos y una hermana.

El ejemplo proletario de su padre y madre fue seguido también por Pacho. Se trasladó a Bogotá, y ya huérfano de padre, estudió en la Universidad Libre. Con los sacrificios propios de los muchachos de nuestra clase, fue dirigente juvenil, se asentó en Ciudad Kennedy en donde impulsó un proyecto cultural, como también, de lectura y escritura. Sus raíces en la comunidad lo llevaron a ser edil de su localidad. Desde allí ha apoyado la lucha de los vecinos por la educación y el trabajo decente.

Se convirtió en un fuerte contradictor de Peñalosa y hace parte del cada vez más grande y diverso equipo defensor de toda forma de vida que acaba de detener la intención criminal de talar el bosque Bavaria.

Estos son algunos trazos de la aún joven vida del compañero y un buen candidato al relevo generacional en el terreno de la lucha política.

LB. La alcaldía en cabeza de Claudia López ha presentado al concejo de la ciudad, un Plan de Ordenamiento territorial (POT) con vigencia hasta el 2035, ¿qué opinión le merece?

Entendiendo que la Cámara de Representantes no es el Concejo de Bogotá, podemos decir que sus funciones no están ligadas a la discusión de POT en Bogotá, pero ella debe analizar la Ley 388 de 1997, que contempla directamente los temas expuestos en los Planes de Ordenamiento Territorial.

La propuesta presentada por la alcaldesa en mi opinión no es ni chicha ni limoná, y hace gala a lo que se denomina las posiciones políticas del “Centro”. En algunos apartes, el POT se ve muy enfocado hacia la defensa y protección del medio ambiente, pero tiene el otro lado de la luna, está todo el tema de la especulación inmobiliaria y todo el negociazo multimillonario de las constructoras que están ávidas de que ese plan se apruebe tal como se presentó en el concejo, porque evidentemente se le genera una nueva plusvalía[1] a la ciudad a propósito del cambio de uso del suelo. Poniéndose incluso con este enfoque en algunos momentos, en contravía con su primera parte que es la visión medioambiental.

Igual que como ocurrió en Madrid España con la feria del libro, la propuesta del POT pareciera neutra, pero en mi opinión está mucho más cargada hacia el lado de la especulación inmobiliaria y las constructoras, que hacia los beneficios de los ecosistemas y la ciudadanía en general.

Careció la presentación de este POT de un punto fundamental, la discusión ciudadana. Puede argumentar la alcaldía que fue por la pandemia o justificarlo con muchas otras cosas, pero la verdad es que este proyecto es el que menos participación ha tenido en la historia de la ciudad. No alcanzó siquiera un 16% de participación ciudadana, situación que no tiene precedentes y que pudo haberse resuelto con el uso de medios digitales, por ejemplo. Esta característica lo hace de entrada carecer de una profunda legitimidad, ya que la ciudadanía, quien se verá afectada con su implementación, no está representada en el Plan.

La alcaldesa de forma muy sagaz ha dicho que ya hubo una consulta mucho más grande, consulta de un millón de personas que fueron las que votaron por su plan de gobierno, pero yo creo que, revisado el plan de gobierno de la alcaldesa versus este POT, hay un abismo gigantesco. En su plan de gobierno planteó la defensa del medio ambiente, incluso cuando la alcaldesa en todos los lugares gritaba en contra del plan de Peñalosa porque estaba cargado hacia las constructoras y ese segmento; nos convencimos de que así sería su actuar, pero olvidó con la presentación de este proyecto todo lo dicho. Lo que vemos en este POT es la posición de Peñalosa potenciado a la n, aquí lo que tenemos es una gigantesca carga hacia las constructoras y las inmobiliarias.

¿En dónde se puede percibir con mayor facilidad esto? Uno, en las dieciséis rutas que ella ha llamado verdes, que realmente son 16 nuevas troncales de Transmilenio. Dos, en la visión del metro elevado que sin duda es la destrucción urbana de la ciudad, cimentado en la lógica que busca beneficiar, no a un metro pesado que articule el medio ambiente, proteja al aire y beneficie a la comunidad para que se pueda mover más rápido, sino que es finalmente el alimentador de un gran sistema de Transmilenio en toda la ciudad. Tres, que los sectores de mayor crecimiento inmobiliario en términos de plusvalía se les va a cambiar el uso del suelo, para volverlos escenarios de renovación urbana. Específicamente, me refiero a las zonas de Teusaquillo, Pablo VI, al sector de Barrios Unidos, donde está la Alameda Entre Parques, que inicialmente estaba pensada en el gobierno de Peñalosa entre Barrios Unidos y Calle 80, y Claudia muy audaz, la amplía hasta el Polo, donde evidentemente el nivel de plusvalía hoy es alto pero que, si se permite la construcción en altura, la plusvalía se vuelve casi multimillonaria para quienes logren construir allí.

LB. Esa es una zona residencial de casas.

Cien por ciento residencial, pero además son casas muy costosas, que se caracterizan por una plusvalía muy alta. La densificación urbana[2] haría que el valor de esas residencias se triplicara y adicionalmente, si construyen la Alameda Entre Parques entre los Barrios Unidos significa que el barrio 7 de Agosto desaparecerá y todos esos negocios de autopartes que conviven en una mezcla de mafia y empresarios legales, constituyendo un sector de industria y comercio formal que genera una gran cantidad de empleo, desaparecerán de la ciudad y todo el proceso de renovación urbana en términos de altura, incidiría aún más en la generación de plusvalía.

¿Por qué es tan importante ese segmento?, porque está conectado con la NQS y con la avenida Caracas y muy seguramente con el metro elevado que llegará hasta la calle 72, es decir, se vería en términos generales beneficiados por grandes avenidas y con un sistema pesado de transporte que, por supuesto impacta directamente sobre el valor de los predios, todo fruto del cambio ocasionado por el reordenamiento territorial.

Otro factor para tener en cuenta, además del aumento de la plusvalía, es el hecho que en este proyecto a diferencia de cualquier otro planteado en la ciudad, no se ha considerado el congelamiento de los precios de los predios, generando una gigantesca especulación. Especulación que sería una especie de volteo de tierras, por ponerlo en términos de lo que ha sucedido en Cundinamarca, haciendo que en segmentos donde no se podía construir propiedad horizontal en altura, ahora si se pueda hacer.

Digamos que el CAS[3] más complejo es el del Barrio el Polo Club porque cambiaría la lógica de densificación, sobre lo cual no estoy de acuerdo; eso debería hacerse en sectores como Britalia y Marsella lo cual permitiría la destugurización de esos sectores, hoy marginales pero que, gracias a un proceso de renovación urbana ordenada, podrían convertirse en escenarios de dignificación de  la vivienda y por supuesto de dignidad de las personas que hoy habitan esos territorios.

LB. ¿Y ese comportamiento de Claudia López a qué lo adjudica?

Yo creo que es el ansia de poder del 2026. Claudia López no está calculando el 2022, percibo que ella y el Centro pierden las elecciones en el 2022 y están hoy con una agenda que no les permite crecer en la izquierda y en el único segmento donde pueden crecer es hacia la derecha. En ese entorno están las constructoras, los grandes capitales, y el sector financiero, que al final son los que pagan las campañas políticas y ellos pueden verse beneficiados en ese escenario. No estoy diciendo que ella esté calculando que el grupo Aval la vaya a financiar, pero indiscutiblemente su cercanía con el Gea[4], por ejemplo, y con las grandes constructoras como el Grupo Bolívar que al final también es Gea, lo llevan a uno a mezclar una cosa con otra y se podría suponer que esa es su finalidad, buscar apoyo -al menos político- de esos sectores empresariales que históricamente han sido de derecha en el país.

LB. Claudia López ha solicitado que sean asignados 20.000 hombres de la policía militar a Bogotá, para mejorar la seguridad de la capital, ¿cree usted que eso ayuda a mejorarla y que es conveniente?

No, ni una cosa ni la otra. Primero es ilegal, el ejército tiene una misionalidad y una funcionalidad, que no están ligados a la seguridad urbana de la ciudadanía. Es claro que en nuestro país el ejército ha cumplido labores en el conflicto armado interno y no ha sido creado para eso, incluso la Corte Constitucional le dijo al presidente Duque que sus decretos de asistencia militar eran ilegales. Lo que está haciendo la alcaldesa de Bogotá es retomar esa asistencia militar que hubo en el paro y aprovecharla para tomas de seguridad ciudadana, por eso en mi opinión es una decisión ilegal e inconstitucional.

LB. Ya inició esta vigilancia. Las declaraciones del ministro de defensa es un llamado nuevamente a la “colaboración ciudadana” con el peligro que eso tiene y que ya vivimos.

Pues finalmente no podemos olvidar que es un gobierno de ultraderecha, ya lo habíamos vivido en el gobierno de Uribe, pero digamos que lo crítico aquí es la gran colaboración de una mujer que si bien podríamos equipararla con Lucho Garzón, no como una mujer de izquierda, sino de la cual uno esperaba tuviese comportamientos progresistas, que defendieran el Estado social de derecho dentro de los principios democráticos de la no intervención militar en los asuntos internos de las ciudades. Sin embargo, ha quedado comprobado que su comportamiento no es así.

La situación se hace muy compleja, los anuncios del gobierno nacional con la venia de la administración distrital son aceptados. En campaña Claudia López decía que ella sería la jefe de la policía y ahora dice públicamente que el jefe es el ministro de defensa y el presidente Duque, es decir, entregó su lugar como jefe de policía. Entonces, uno pregunta cuál es su propósito y eso todavía, no logro entenderlo. Podría reafirmar que está abonando terreno para ganarse a la derecha, con miras en las elecciones del 2022, e insisto no van a ganar, pero con eso quiere verse como una amiga del sistema y fortalecerse así para las elecciones del 2026, alistando su propia candidatura presidencial.

La lectura puede ser que esto es una estrategia que la beneficia a ella, pero no a Bogotá. Claudia perdió la oportunidad de hacer un rescate social importante, Bogotá acaba de padecer una pandemia que le ocasionó destrozos en la calidad de vida de sus habitantes en un nivel impresionante.

Recordemos que el 37% de la población bogotana está en la pobreza, el 15% cayó en pobreza extrema. El desempleo creció de una manera exponencial, y en especial en un segmento que de por sí ya era complejo, estoy hablando de la juventud y en forma predominante de las mujeres, estamos hablando de cifras de desempleo juvenil cercano al 23% y un desempleo general ubicado entre el 27 y 32%, cifras realmente escabrosas para cualquier ciudad del mundo.

Los 1,8 billones de pesos que presentó la alcaldesa al concejo de la ciudad debieron ser empleados para el rescate del empleo, para el rescate de las pequeñas y medianas empresas que se quebraron gracias a la pandemia, pero desafortunadamente ella le dio a Transmilenio 1,1 billones y dejó 700.000 millones para programas juveniles, que no tienen el impacto que se requiere para lograr un impulso y sacar a la juventud de las estructuras criminales locales. Es necesario notar que finalmente, estos jóvenes, sin oportunidades de educación y trabajo son los instrumentos perfectos utilizados por las estructuras criminales para engrosar sus filas, por eso a ellos debe prestársele más atención y crearles oportunidades dignas de desarrollo.

LB. ¿Y el papel de la policía?

Ese es otro aspecto crítico. Después de las movilizaciones en noviembre del 2019, de la matazón que hubo y el papel que jugó la policía el 9 de septiembre del 2020 cuando asesinan en un CAI al abogado Javier Ordoñez, y se produce de nuevo una masacre en Bogotá, los hechos dan cuenta de que la Policía Nacional no tiene legitimidad en la ciudadanía.

A esto se suma que, previamente, se tenían indicios de los vínculos institucionales de la policía con sectores de la mafia, que ellos los llaman “manzanas podridas”, pero realmente son un costal de manzanas podridas; lo más adecuado sería buscar cuales son las manzanas que no están podridas, retirarlas de ese medio para que no se contaminen en esa podredumbre institucional en que se ha convertido la policía. La realidad nacional es que la ciudadanía no cree en la policía, en caso de necesitarla la gente prefiere no llamarla, porque nunca llega o porque se conoce que los causantes de los actos delictivos tienen vínculos directos con ella, y si a eso se suman las imágenes de policías disparando con sus armas de dotación a los jóvenes que protestan en las calles, pues se concluye su peligroso papel. Estos hechos en conjunto generaron mayor rechazo de la imagen y papel de la policía. Esta institución no tiene legitimidad.

LB. ¿Y sobre el cambio de imagen que está viviendo la policía?

No, eso es un maquillaje, finalmente es estético. Es cambiarles el uniforme, pintar los carros de la policía, pero en esencia no han hecho nada de fondo. No existen procesos de formación real que estén ligados estrechamente a los derechos humanos, no muestran cómo han desarticulado las relaciones de la policía con las estructuras criminales, mafiosas y narcotraficantes locales, toda la policía sabe y tiene el conocimiento exacto de la ubicación de las ollas de repartición y tráfico de estupefacientes y no pasa absolutamente nada, por eso, si no hay una reforma estructural nunca tendremos un cuerpo policial legítimo, que atienda los problemas de seguridad de la ciudadanía.

Y mientras no se modifique, cambie o elimine unidades como el ESMAD, que se ha caracterizado por completo como un escuadrón del terror, que en las últimas jornadas de paro ha dejado a más de 4.000 jóvenes sin un ojo y que no goza de cercanía alguna con la gente de a pie, seguirá siendo identificada la policía y el ESMAD como una unidad de represión, que intenta acallar la creciente ola de manifestaciones generadas por el inconformismo y la pobreza.

LB. ¿El otro ente que participa ahí es la rama judicial, sobre esta, qué concepto tiene?

Bueno, hoy el sistema que revisa los casos de violencia policial termina siendo la justicia penal militar, que no es otra cosa que investigarse yo con yo. Es decir, no hay una justicia efectiva, lo que hemos dicho es que en los casos que estén vinculados policías a delitos cometidos en ejecución de actos en servicio, deben ser investigados por la justicia ordinaria.

LB. ¿Cuáles deben ser las acciones que se ha de tomar en Bogotá para reactivar la economía, especialmente la de las pequeñas y medianas empresas?

La reforma tributaria que acaba de aprobar el gobierno nacional en el Congreso de la República es el golpe final a la pequeña y mediana industria, les acaba de poner una carga tributaria igual que la de las grandes empresas; no hubo ni siquiera un miramiento del tamaño de las ganancias de unas y otras, todas las empresas desde las más pequeñas a las más grandes del país van a tributar lo mismo.

Esto de entrada nos arroja escenarios muy complicados, las pequeñas y medianas industrias antes de la pandemia y por motivos de la reforma tributaria del 2019, venían con una carga de impuestos alta, y la pandemia los acabó de sacrificar, en un entierro de quinta. El gobierno se empeña en negarles todo, beneficiando y salvando a los bancos y a la ANIF, el gran empresariado que es básicamente el más parasitario, es el que menos produce empleo, por supuesto no genera renta ni reconoce los impuestos reales a la nación, generalmente ellos tienen sus recursos en bancos internacionales o como se ha demostrado, en paraísos fiscales como Panamá o Islas Caimán.

La situación para las pequeñas y medianas empresas es muy complicada. ¿cuál podría ser la ruta? Uno, derogar la reforma tributaria del 2019, que es la más lesiva, fue la que fracturó su economía porque la puso a tributar unos gravámenes sobre lo que recibía especialmente con la retención del Ica. Dos, crear y direccionar una reforma tributaria para los grandes capitales.

LB. Pero debe tenerse en cuenta que una ley solo se deroga con otra ley. ¿Ese proceso en el tiempo cómo sería?

Sin duda. Digamos que no tenemos ninguna otra opción hoy, a menos que decidiéramos movilizarnos nuevamente y tumbar esta reforma tributaria que ya está montada, pero siento que el país ya entró en modo electoral, y nadie está dispuesto a arriesgar mucho de su capital político en una movilización, más por la violencia con la que fueron reprimidas las jornadas anteriores y con la idea que se estaba gestando para dar un golpe militar, inclusive sacrificando al propio Duque.

Por eso nos toca ganar las elecciones y hacer un trámite para realizar una reforma tributaria. Existen en el Congreso, mecanismos en donde esto se podría hacer por medio de un fastrack de salvamento, aprovechando unos decretos que podría sacar el presidente de la república que aspiramos sea Gustavo Petro, en pro de garantizar la reactivación económica, ese fastrack reversaría los problemas legales en términos tributarios, los enderezaría y permitiría dar un rescate real con un subsidio a la nómina a las empresas por lo menos por un año, dándoles la posibilidad de mantener los empleos y una cantidad igual o mayor de trabajadores que tienen, que son el 85% de la fuerza laboral del país

Se debe reglamentar una reforma tributaria acorde con las ganancias y al patrimonio, y por supuesto a los patrimonios improductivos se les debe cargar una fuerte imposición, permitiendo equilibrar las finanzas del Estado, estabilizar y aumentar el empleo y fortalecer la pequeña y mediana industria, consiguiendo así que prospere el país.

En siguiente edición de La Bagatela se presentará la segunda parte de esta entrevista con el candidato a la Cámara por Bogotá, Francisco Castañeda.