Editorial. La criminal demora de la vacunación en Colombia

Un alto riesgo afronta nuestra población con el retraso del inicio de la vacunación masiva. En plena segunda ola del covid-19, nos dirigimos a un nuevo pico del contagio. Por un gobierno manejado por la ultraderecha uribista, no sólo contrario a las necesidades fundamentales del país sino completamente inepto para gobernar, aquí se multiplican las muertes y los padecimientos de la gente sencilla y continuamos entre los peores países del mundo en cuanto a la protección de su población frente a la peste global. Cuando el mundo avanza en la aplicación de las vacunas existentes, y en América Latina ya lo hacen México, Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, Bolivia y Panamá, en Colombia vamos de un anuncio del gobierno al otro, sin que sepamos al fin cuándo empezará la vacunación en este país. Incertidumbre que no se subsana con el reciente anuncio oficial de un calendario del inicio de la vacunación y de las etapas de la secuencia de su desarrollo por cuanto, ante tanto yerro y descalabro general sufrido por responsabilidad del gobierno nacional, el país tiene derecho al escepticismo, a cuestionar la palabra de un mandatario que no le cumple al pueblo y a atenerse sólo a los hechos que efectivamente se realicen y constaten.

A los incontrolados abusos monopolistas de las multinacionales farmacéuticas, que hacen su agosto mercantil con la actual tragedia de la humanidad, en nuestro país viene a añadirse la obediencia perruna a ellas del gobierno uribista, su omnipresente corrupción, y su ostensible incompetencia.

Por la responsabilidad del gobierno Duque en la magnitud del daño infligido a la salud y la vida de los colombianos, se generalizó una justa repulsa al vice del uribismo entre la población. Ahora, ante los exorbitantes precios pagados por Colombia por las vacunas de Pfizer, y el oscuro acuerdo de “confidencialidad” consentido por el gobierno, sin que todavía aparezcan las vacunas, el rechazo se torna indignación.

Al finalizar enero del 2021, la expansión del contagio marca la cifra de más de 2 millones de colombianos, y ya superó las 53 mil muertes. El gobierno de Duque impidió la realización de una de las condiciones indispensables para enfrentar la pandemia, la respuesta rápida. Urgía desde el comienzo de la pandemia, a comienzos de marzo del año pasado, la adopción de las medidas inmediatas necesarias: práctica de suficientes pruebas, rastreo de las personas que estuvieron en contacto con los contagiados, el confinamiento y el cierre de fronteras. Amén del fortalecimiento respecto de personal de salud, equipo técnico y recursos financieros de la red pública hospitalaria. Ninguna de estas medidas se tomó de modo inmediato. Esto retrasó considerablemente el combate del país frente al covid-19. Se perdió todo el mes de marzo. El gobierno se resistió obtusamente a adoptar la medida del confinamiento y cuando al fin la tomó, lo hizo con mortal retraso. La demora permitió la expansión del contagio que provocó durante el primer semestre de 2020 la primera ola del virus y luego su temido primer pico.

Iniciada la ola del contagio, el país no tenía un sistema de salud preparado para enfrentar la pandemia. Una ausencia total de planes de emergencia frente a la irrupción de eventuales epidemias y pandemias, una red pública de salud en bancarrota, un sistema privatizado de EPS que han escamoteado siempre la prestación del vital servicio de salud a las personas, una insuficiencia del número de las UCI y un régimen negrero de contratación laboral miserable y precaria, que mantiene durante largos períodos en retraso el pago de salarios a médicos y demás personal de salud y que niega a estos los más elementales equipos de protección. Con un tan destartalado sistema de salud, con tan fatal retraso en las medidas de respuesta ante la pandemia, era inevitable, como en efecto ocurrió, una expansión del contagio con su cortejo de muertes. Muertes evitables en una considerable proporción, sucedidas por la criminal negligencia oficial. De ningún modo sobra reiterar que tan funesto sistema de salud se originó en Colombia por ese engendro que es la Ley 100, debida a la iniciativa de Álvaro Uribe Vélez.

Desde el comienzo, el gobierno mantuvo el manejo neoliberal del presupuesto. Hasta hoy se ha negado a suministrar la suficiente ayuda pública dirigida a los trabajadores despedidos o con sus contratos suspendidos, a los que ya se hallaban desempleados al tiempo de la pandemia, a los trabajadores informales e independientes. Rechazó, en suma, la llamada renta básica universal y el auxilio suficiente a las mipymes para subsidiar sus nóminas. El flujo público de billones de pesos autorizados bajo la pandemia se canalizó hacia los bancos privados, las EPS y las grandes empresas, mientras se mantenía el déficit de la red pública hospitalaria, se sucedía la interminable racha de cierres de medianas, pequeñas y menores empresas, y se obligaba a grandes sectores de población urbana a salir a la calle en busca del sustento diario.

Al retraso en la adopción de la medida del confinamiento, al saboteo de hecho al mismo por la mezquindad de negar ayuda pública a los trabajadores, el gobierno añadió la prematura y perjudicial decisión de finalizarlo. Obediente a la presión de los grandes negocios, el gobierno Duque declaró a finales de abril terminado el aislamiento social y autorizó la llamada “apertura de la economía”. La abrupta irrupción de los 22 millones de personas de la fuerza laboral del país en la calle y los espacios públicos no dio lugar a la supuesta “nueva normalidad” oficial, ni recuperó la economía, pero alimentó aún más la elevación del contagio, hasta alcanzar su pico en agosto pasado. Poco importó al gobierno y a los beneficiarios de la plena reanudación de sus operaciones financieras y grandes negocios, que el costo social fuesen las decenas de miles de muertos por el covid -19 y los padecimientos de los contagiados y sus allegados.

La recesión que se encamina a la depresión mundial provocará, según todos los pronósticos, una gran hambruna que golpeará principalmente los países periféricos como el nuestro.

La pandemia constituye una calamidad universal. Los más de 101,5 millones de personas contagiadas en el mundo y la cifra que rebasó más de 2 millones 192 mil víctimas mortales del virus hasta ahora, así lo demuestran.

Es sabido que en las últimas 4 décadas se generalizó en casi todo el mundo la privatización de los servicios de salud y seguridad social. Después del primer y terrible año de la pandemia puede constatarse a su vez, otro hecho: los peores ramalazos del coronavirus se sufrieron en aquellos países en donde esta privatización fue más acentuada y llevada al extremo. Estados Unidos, cuna de esta política de privatización, con sus más de 26,6 millones de personas infectadas y más de 431 mil estadounidenses muertos, ha sido el país más castigado del mundo por la pandemia. Nada casual; aflora una relación de causa a efecto entre el hecho de que sea allí donde existe la privatización de la salud más acusada del planeta y su clara consecuencia: la máxima propagación del virus y la más masiva pérdida de vidas humanas. Una comprobación rotunda y trágica, de que la peor combinación es pretender que puede gozarse de un eficaz sistema de salud con esta privatizada, y peor aún, que puede ello conseguirse en tiempos de coronavirus.

Pretensión brutalmente refutada con la desgracia norteamericana, los 11 millones de contagiados y más de 154 mil muertos de la India, y con los 9 millones 60 mil contagios y los más de 221 mil fallecimientos del Brasil. Por supuesto, el terrible impacto recibido por Estados Unidos fue acelerado y empeorado por el lunático que moraba en la Casa Blanca, de espaldas a la ciencia, quien azuzaba y se valía de las peores tradiciones nacionales gringas. Tanto Europa como América Latina también tuvieron su vagón de gran tamaño en este tren de la muerte. Con más de 32,9 millones de europeos contagiados y sus 726 mil víctimas mortales, y con más 18,7 millones de latinoamericanos infectados y sus fallecidos superando los 590 mil. América Latina cerró el 2020 como una de las regiones más afectadas por la pandemia, con cuatro de sus países ubicados entre las diez naciones con más casos reportados de coronavirus –Brasil, Argentina, México y Colombia–. La excepción en el subcontinente, valga reiterarlo, es Cuba.

La privatización de la salud es uno de los elementos del modelo económico-social que prácticamente todo el mundo identifica como neoliberal, de modo que este molde fue puesto a prueba con la pandemia en el mundo entero. El resultado, en los países donde rige con mayor acento la llamada economía de mercado, Estados Unidos, Europa y América Latina, arroja la rotunda conclusión del completo fracaso de la institucionalidad neoliberal y de la urgencia de su reemplazo por otra más social y humana. La bandera de la supresión de la privatización de la salud y su reemplazo por el establecimiento de un sistema público, emerge hoy como una conclusión fundamental e inmediata de la pandemia, se generaliza y cobra fuerza en todas las latitudes.

Bogotá, 30 de enero de 2021