¿A dónde va el dinero de nuestros aportes en salud?

Cada mes las y los trabajadores giramos hasta el 12,5% de nuestro salario a las EPS, con la esperanza de tener atención médica oportuna, eficaz y con dignidad para nuestras familias. Así mismo, el Estado transfiere una suma importante de los impuestos que pagamos, para financiar el sistema de salud y, gran parte de este dinero público también pasa por las manos de las EPS. Según la ADRES, en 2024 giró 95 billones de pesos al sistema [1], esto es 5,9% del producto interno bruto de todo el país, es decir, 59 pesos de cada mil generados por los colombianos.

La ADRES, Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es la entidad estatal que se encarga de recaudar, administrar y girar los recursos al sistema, de acuerdo con lo que ordene el Ministerio de Salud. Haciendo las cuentas con sus informes de recaudo entre diciembre de 2023 y noviembre 2024 [2], los recursos administrados suman 90 billones en total, de los cuales, 32 billones son los aportes que los afiliados al régimen contributivo envían mes a mes a las EPS. En este régimen, las personas con contrato laboral aportan el 4% sobre sus ingresos base de cotización, y sus empleadores el 8,5%; Quienes tienen contrato por prestación de servicios, aportan el 12,5% de sus ingresos base de cotización; En cuanto a los pensionados, aportan 4%, 10% y hasta 12% según el monto de sus mesadas.

La mayor parte de los recursos administrados, vienen de diferentes fuentes del presupuesto nacional, es decir, de las ganancias generadas por las empresas del Estado y el recaudo de impuestos a la población, el grueso de los cuales, 32 billones son aportes del Presupuesto General de la Nación (PGN), 14,6 billones son del Sistema General de Participaciones (SGP), 2,6 billones de aportes de departamentos y municipios, 2,3 billones del Fonsat y Soat, 0,6 billones de Coljuegos, a los que se suman otros ingresos menores.

Luego, este dinero va a un fondo común que financia tanto el régimen contributivo como el subsidiado, según lo que disponga el Ministerio de Salud. Esta entidad calcula la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto anual reconocido por cada afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS) en ambos regímenes. La fórmula de cálculo de la UPC, establecida en la Ley 100 de 1993, asigna valores diferenciados según la edad, género, ubicación geográfica, régimen de afiliación entre otros. Si la atención de un paciente supera el valor asignado por la UPC, la EPS correspondiente presenta las facturas al Ministerio para que la ADRES gire el monto restante.

El Ministerio de Salud calcula la UPC a partir de la información que deben reportar las EPS, y para esto considera el costo de los servicios de salud y los medicamentos, así como los riesgos cubiertos y el perfil epidemiológico. La ADRES informa que del dinero girado el año pasado, 87,7 billones fueron por concepto de UPC [3], 44,9 billones fueron girados al régimen contributivo y 42,8 billones al régimen subsidiado. De estos 47,9 billones mediante transferencia directa a las 7.291 IPS, es decir, a las clínicas, hospitales y proveedores de atención en salud [3], un inédito incremento de 116%. En otras palabras, la mitad del dinero fue a dar derecho a clínicas y hospitales, sin necesidad de pasar por manos de las EPS, situación que no había sucedido en gobiernos anteriores, gracias a la expedición del Decreto 489 del 2024.

No obstante, en el sistema actual, las EPS son las encargadas de decidir a quién girar los recursos. Por ello, a pesar de las intervenciones del gobierno en algunas de ellas, continúan registrándose irregularidades en las transferencias a clínicas, hospitales y proveedores, especialmente a los públicos. Esto se debe al favoritismo de las EPS hacia el sector privado, en particular, hacia sus propios proveedores [4].

Para 2025, el Minsalud aumentó la UPC en un 5,36% de acuerdo con la inflación, pues según informó, las EPS no reportaron información suficiente para realizar el cálculo. Por su parte, los dueños de las EPS y sus portavoces políticos y mediáticos esperaban un aumento mayor, y acusaron al gobierno de desfinanciar el sistema, acusación que desmintió la ex-ministra de salud Carolina Corcho, argumentando que durante todos los años del gobierno de Petro la UPC ha subido por encima de la inflación; en 2023 aumentó 18,48% y en 2024 aumentó 12,87% [3]. La ex-ministra comentó que de las 28 EPS solo 15 reportaron datos, de las cuales solo 8 cumplen con las certificaciones de revisores fiscales, 3 de ellas con inconsistencias, situación que reflejaría un “posible manejo indebido de recursos públicos” [5].

El 24 de enero ADRES envió a la Contraloría y a la Superintendencia de Salud un documento de análisis de la información presentada por las EPS [6][7], denunciando “graves desviaciones, atipicidades y anomalías en la frecuencia de uso de los servicios y tecnologías en salud reportadas”. Además de aumento injustificado de consultas y la severidad de estas, el documento reporta atención a 23.410 personas fallecidas por valor cercano a 80 mil millones de pesos, aumentos de precio en procedimientos en más de 1.200%, por valor de 6,7 billones, un 23% de compras de medicamentos sin registrar en el SISMED [8], 112 mil millones en medicamentos de marca registrada existiendo alternativas genéricas, entre otras irregularidades e ineficiencias. Al respecto, el Presidente Gustavo Petro calificó los datos enviados por las EPS como un “intento de engañar al gobierno y a la sociedad para extraer más recursos públicos”.

A este informe se suma el de la Contraloría General de la República del 5 de agosto de 2024, donde se dio a conocer que 26 EPS desviaron recursos por 6 billones de pesos en 2020, y 5 billones más habrían sido gastados irregularmente en los siguientes años durante el gobierno de Iván Duque, de un total de 11 billones que se giraron durante la época de pandemia [9][10]. El informe señala que las EPS se gastaron el dinero público en asuntos indebidos y sin soportes, como “créditos bancarios para honorarios de miembros de junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, entre otros, y sus intereses fueron pagados con recursos de la UPC”, aseveró el ente de control.

Siguiendo con los presuntos desfalcos que han podido salir a la luz, la Superintendencia Nacional de Salud - Supersalud, informó en comunicado de prensa que, las EPS reportan una reserva técnica que asciende a 18 billones, de los cuales solo 6,3 billones de pesos están respaldados, es decir, alrededor de 12 billones estarían embolatados [11] . Y como si fuera poco, hacia mediados de 2024, la ADRES descubrió más de 100 clínicas falsas, y este año anunció el reporte en fiscalía de los primeros 10 casos [12][13].

Así las cosas, ¿a dónde va el dinero de nuestros aportes en salud? Saque usted sus propias conclusiones. La nuestra es que mientras las EPS sigan manejando enormes sumas de dinero del pueblo, pero sin ningún control público, no habrá presupuesto que aguante la voracidad y falta de escrúpulos de los mercaderes de la salud, dueños de las EPS. Cómo dijera la ex-ministra Carolina Corcho, plata si hay, son 95 billones girados anticipadamente, “no existen excusas para desproteger la garantía de este derecho fundamental, paralizar tratamientos y afectar la vida de los colombianos”, y decimos, no al chantaje de los dueños de las EPS.