¿Cómo le fue a los Acuerdos de Paz en el 2021?

El pasado 26 de septiembre se cumplieron 5 años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular (Farc- EP). Un proceso agridulce, con grandes avances pero también opacado por enormes olas de violencia como las producidas contra las y los manifestantes en el paro nacional de este año, los constantes asesinatos de lideresas y líderes sociales y de las personas reincorporadas, en presencia de un gobierno que a través de espaldarazos a la fuerza pública y la violencia institucional que por acción u omisión permite estos hechos, mientras que afuera del país promueve la paz como una bandera propia.

Para abordar algunos de los logros conseguidos en 2021, tomaré como referencia el último informe de la Misión de la Verificación de las Naciones Unidas en Colombia desde julio a septiembre de 2021, en el cual se destacó el desarrollo de alternativas económicas para mujeres y hombres excombatientes, como una estrategia que ha cubierto al 54% de esta población y a su vez el 59% de las mujeres, a través de proyectos colectivos con perspectiva de género (Consejo de Seguridad - Naciones Unidas 2021).

Así mismo, la Misión recalcó la importancia del papel desarrollado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), especialmente en el “Caso 03 – Asesinatos y desapariciones forzadas como presentados como bajas en combate por agentes del estado”, más comúnmente conocida como ‘Falsos Positivos’ (JEP 2021), en la cual se lograron las dos primeras imputaciones contra 25 personas provenientes de la Fuerza Pública, entre miembros y exmiembros, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Al igual que la presentación de su estrategia para tratar el “Caso 07 – Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el Conflicto Armado” (JEP 2021) en donde no solo se reconoce la responsabilidad de las Farc-EP sino también de actores de la Fuerza Pública (Consejo de Seguridad - Naciones Unidas 2021).

Respecto al papel de la Comisión de la Verdad, la Misión destacó la organización de siete reuniones para el esclarecimiento de la verdad de crímenes cometidos por excombatientes de las FARC-EP y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de las cuales la más reconocida fue aquella en la cual hablaron Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso. Estos espacios han sido importantes para el reconocimiento de responsabilidades y peticiones de perdón. Así mismo, la Comisión ha hablado con los cinco expresidentes vivos sobre el conflicto, para asegurar que sus testimonios se encuentren en el informe final (Consejo de Seguridad - Naciones Unidas 2021).

Teniendo en cuenta su vital importancia para las víctimas y en general para el país, el pasado 1ro de octubre, la Corte Constitucional decidió prorrogar el mandato de la Comisión por 9 meses así: 7 meses para la culminación del Informe Final y 2 meses para su socialización; lo que permitirá construir un poco más la verdad sobre los hechos sucedidos en el país a causa del conflicto y así apoyar los procesos de justicia, verdad y reparación, lo que no sólo ayuda a las víctimas sino también a los victimarios en ese proceso largo, difícil pero necesario, que el país necesita a gritos, la reconciliación (Comisión de la Verdad 2021).

Para hablar sobre las dificultades de la implementación de los Acuerdos de Paz, la Misión indicó que para el último trimestre observado se produjo el asesinato de catorce personas excombatientes, lo que suma 292 desde la firma de los Acuerdos y, en estos 5 años también se han presentado 67 intentos de homicidio y 22 desapariciones. En ese mismo período, 43 líderesas y líderes sociales fueron asesinados elevando la cifra de 2021 a 158 asesinatos y, se han documentado y verificado 11 masacres con 38 víctimas mortales, más otras 16 que aún están en proceso de verificación, así también se registró el desplazamiento forzado de alrededor de 15.200 personas, lo que suma alrededor de 57.240 personas desplazadas durante lo corrido de este año, de las cuales 46.321 pertenecen a alguna comunidad étnica (Consejo de Seguridad - Naciones Unidas 2021).

Estas cifras, supremamente dolorosas, relatan la suerte de centenares de personas a las que le ha sido arrebatada la vida por pensar diferente y ha dejado a sus familias en duelo, afectadas en cada esfera de su vida, comunidades enteras desarraigadas de su entorno, sin ningún apoyo socioeconómico para reconstruir sus proyectos personales; todo esto sumando aún más dolor a una sociedad que necesita sanar para por fin ser viable. Por todo esto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió el pasado 29 de octubre prorrogar la misión de verificación de los Acuerdos de Paz hasta el 31 de octubre de 2022, e incluyó dentro de sus funciones revisar el cumplimiento de las sanciones impuestas por la JEP para así sumar a la garantía de la reparación de las víctimas y la restauración de sus derechos (France 24 2021).

Por el contrario, Karin Klan el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), sorprendió con el cierre de la investigación preliminar que enfrentaba Colombia desde el año 2004 por graves violaciones a los derechos humanos. La anterior fiscal, Fatou Bensouda le había recomendado a Khan, continuar con el examen preliminar en Colombia sobre el conflicto armado (Swiss Info 2021). Pese a esto y a la realidad desbordante que amenaza constantemente al proceso de paz y a nuestra población, el fiscal Klan determinó lo contrario y dio cierre a dicha investigación.

Esta acción ha suscitado su rechazo desde varias organizaciones defensoras de derechos humanos que reconocen la debilidad del proceso de justicia transicional en nuestro país, el alto nivel de corrupción de nuestras instituciones y la agudización de la impunidad por parte de los diferentes actores en los millones de casos de las víctimas del conflicto armado. Pues, aunque la CPI no había avanzado profundamente en el proceso de investigación durante 17 años, por lo menos desde el nacimiento de la JEP daba un espaldarazo importante a la labor judicial que este organismo nacional desarrolla. Esto fue mencionado por José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (El Espectador 2021).

En este mismo sentido, Erika Guevara Rosas directora para las Américas de Amnistía Internacional, indicó que frente a la marginalización que el conflicto interno ha dejado en nuestras poblaciones de mujeres, niñas, afrodescendientes e indígenas, los más de 8 millones de personas desplazadas y las peligrosas condiciones para la protesta y la defensa de derechos humanos, el anuncio de la CPI revictimiza a las personas que han sufrido crímenes contra el derecho internacional y brinda mayor permisibilidad a la impunidad (Amnistía Internacional 2021).

Pese a esto, Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la JEP ha señalado su tranquilidad al respecto, pues indica que en caso de presentarse cualquier interferencia en la labor de ese organismo, la CPI entraría a investigar de manera inmediata, tal que ningún poder público pueda obstaculizarla, tenga recursos suficientes y se proteja la vida de las personas excombatientes. Cifuentes también destacó que gracias en gran medida a la labor de la JEP se logró el cierre por parte de la CPI, aclaración bastante significativa tras la intervención del presidente Duque en la cual mencionó a ese organismo entre muchos más sin darle el reconocimiento debido (La W Radio 2021).

Amanecerá y veremos, con la esperanza puesta en lo expresado por el presidente de la JEP, la continuación de los logros de los Acuerdos de Paz y la transformación continua de nuestra población, profundamente afectada por las cicatrices del conflicto armado y las nuevas heridas que día a día se producen. Pero eso sí, no solo se trata de mencionar los profundos embates que sufren los Acuerdos de Paz por parte de sus detractores, sino también hacer un llamado a la reflexión sobre nuestro aporte como personas que compartimos a Colombia como casa o que la llevamos en el corazón, viviendo en otras latitudes.

Por esto me permito hacer estas preguntas, a las cuales yo también intento responder: ¿cuál es nuestro nivel de empatía con el otro que no vive nuestra realidad ni comparte nuestras ideas?, ¿si las víctimas directas del conflicto han perdonado, somos capaces también de hacerlo?, ¿qué podríamos hacer para defender los Acuerdos de Paz?

En el 2022, el país nos llama para reconocer que nuestro poder ciudadano puede cambiar el rumbo de Colombia y proteger los Acuerdos de Paz con firmeza, a partir de la elección de un nuevo Congreso, libre de la corroída corrupción que no deja de asombrarnos con actos cada vez más bajos y con un gobierno nacional que pueda agrupar las ideas de los sectores progresistas del país, en la que por primera vez las voces de los que no tienen voz sea escuchada, se gobierne para lograr la garantía de los derechos de la población entera y no para el enriquecimiento de los mismos de siempre.

Finalizo con uno de los versos de “Somos Muchos”, una canción de la agrupación puertorriqueña Cultura Profética para no olvidar la fuerza de nuestro poder ciudadano.

“No es verdad! que to' nosotros somos pocos

no es verdad! eso de que somos pequeñitos

la verdad es que nos exprimen poco a poco

nuestra historia verdadera exige un grito...

Hay que reestructurar, mira no hay más que hablar

somos la gente que deja huella,

hay que evolucionar, mira no hay marcha atrás

somos la gente que deja huella...

Escucha mi cantar, recuerda no olvidar

caminando a la claridad!”