Absuelto Marcelo Torres en proceso penal lleno de infundios y arbitrariedades

Se hizo justicia. Tras casi 7 años plagados de irregularidades cometidas por la Fiscalía General de la Nación en el proceso seguido en contra de Marcelo Torres Benavides, quien fue —como él mismo dijera— “acusado de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, la juez del caso emitió fallo absolutorio porque la entidad acusadora no logró probar ninguno de los cargos que le imputaba con la pretensión de desvirtuar la presunción de mi inocencia, que permaneció incólume”(1).

Desde su comienzo el proceso se inició con falsedades. Con un señalamiento mediático que, como suele ocurrir con tales inris, al convertirse en verdaderos “juicios” ante la opinión pública, a menudo constituyen, de hecho, una condena anticipada sin apelación. En efecto, en una noticia de la edición digital de Semana del 20 de marzo de 2017 se decía que “la Fiscalía cree que se pudieron haber visto beneficiados —los alcaldes señalados en la información, entre los cuales se le mencionaba con nombre propio— con los contratos que la gente aún espera. En el caso de Magangué, por ejemplo, se invirtieron 8.264 millones de pesos en seis proyectos que aún están inconclusos y debían llegar a 16.650 personas”(2).

Para empezar, los proyectos aludidos no eran seis sino dos, la construcción de sendas subestaciones eléctricas en los corregimientos de Yatí y San José de las Martas del municipio de Magangué, con el respectivo tendido de sus líneas de transmisión.

El 23 de marzo de ese mismo año de 2017, Torres Benavides, alcalde de Magangué de 2012 a 2015, ante semejante acusación pública dirigió una nota aclaratoria a Néstor Humberto Martínez Neira quien se desempeñaba como Fiscal General de la entidad acusadora. Torres rechazó allí, de plano, la inculpación infundada que se le hacía: “…la razón —aseguraba— es muy simple: bajo mi administración el municipio no manejó recursos del gobierno nacional en materia del servicio de energía ni efectuó contrato alguno para tal destinación con recursos de esa naturaleza. La comprobación de este aserto -concluía- no presenta dificultad alguna dada la lista oficial de contratos registrada por cada municipio”(3).

Lo que con esto se pone de presente es que el proceso en contra del exalcalde comenzó con una falsedad: nunca suscribió contrato alguno por construcción de subestaciones eléctricas en Magangué; sí lo hizo, respecto de los proyectos de energía mencionados, el Ministerio de Minas y Energía, pero con Electricaribe. Ni la revista Semana, ni la Fiscalía aclararon nunca este hecho.

Un proceso montado sobre la base de un mentado pero inexistente convenio

La Fiscalía aceptó la explicación de Electricaribe, falsa de cabo a rabo, de que la obra se había suspendido unos pocos meses después de iniciada porque el municipio había incumplido un pretendido convenio que según dicha empresa lo obligaba a aportar predios y servidumbres para la realización de los proyectos. Pero en lugar de presentar el documento original del antedicho convenio, lo que Electricaribe aportó como “pruebas” fueron fotocopias de unas certificaciones en las cuales el municipio informaba haber cumplido con la entrega de predios y servidumbres para el desarrollo de los proyectos de electrificación. Estas certificaciones formalmente aparentan estar suscritas por Marcelo Torres, sin embargo, dichas firmas fueron rechazadas como falsas por éste en el curso del proceso toda vez que nunca las firmó. También causa extrañeza que el Ministerio de Minas y Energía hubiese aceptado como válidas tales certificaciones, basándose exclusivamente en meras fotocopias y no en sus originales; de igual modo, que diese por cierto el llamado incumplimiento del municipio, con el solo dicho de Electricaribe, pero sin solicitarle nunca evidencia documental de la existencia del tal convenio. Y más raro aún, como pudo establecerse en el proceso con el análisis del expediente, que las mencionadas certificaciones atribuidas al exalcalde Marcelo Torres no presentaran firma, sello y fecha de recibido impuesta por parte del funcionario del Ministerio encargado de esta función de recepción de documentos.

Lo que salió a flote con esta segunda irregularidad fue la muy benévola laxitud de la Fiscalía ante la empresa privada cuyo desempeño en el suministro del servicio de energía no dejó precisamente buena recordación entre los habitantes de nuestra región Caribe. Indulgencia que a la par replicó el Ministerio de Minas y Energía de entonces. En el proceso emergió a la luz del día que ante la justificación de Electricaribe para no terminar una obra de electrificación de 8.264 millones de pesos se pasó por alto su falsedad, su interrupción sin fundamento de los proyectos, hasta hoy no explicada, para identificar con bastante diligencia un chivo expiatorio, un propicio paganini de izquierda: él, en ese momento, alcalde de Magangué. Como bien lo manifestó un testigo llamado a declarar en el proceso, “…sobre la base de un convenio fantasma, inexistente, que nunca apareció, se montó contra el exalcalde Marcelo Torres todo un edificio acusatorio que se prolonga durante casi siete años.”
Un análisis grafológico que no fue tal.

Torres Benavides rechazó de modo rotundo que fuera autor de las firmas aparecidas en las antedichas certificaciones y como antecedente que debía tenerse en cuenta por la Fiscalía, aportó la documentación de la denuncia que había radicado ante la Fiscalía Seccional de Magangué en el penúltimo año de su cuatrienio como alcalde, comoquiera que en un falso contrato también le había sido falsificada su firma. A su turno, la Fiscalía le tomó al exalcalde múltiples muestras de su firma manuscrita para determinar, mediante el análisis grafológico, si las firmas de las certificaciones escritas que Electricaribe le adjudicaba eran efectivamente suyas. Pero dicho análisis de la Fiscalía comparó las muestras de firmas manuscritas tomadas al exalcalde Torres Benavides no con las que estaba obligada a compararlas, con las presentadas por Electricaribe como supuesta prueba del compromiso del exalcalde, sino con la firma de un documento correspondiente a un acto administrativo efectuado durante su cuatrienio con la firma esa sí suya y auténtica. De modo que el análisis grafológico practicado en tan amañadas condiciones pudo concluir que una firma de dichas certificaciones sí correspondía al alcalde (!). Inaudita maniobra ante la cual el principal abogado de la defensa, el doctor Billy Torres, pudo objetar y demostrar en la respectiva audiencia que ventiló el asunto, que la comparación de firmas hecha era espuria y no constituía prueba válida de nada. Ante el fiasco evidente, la Fiscalía hubo de retirar el mencionado análisis grafológico como prueba. Quedó así desarticulada tamaña irregularidad, la tercera, en la cadena sucedida de torceduras de la real sucesión y ocurrencia de los hechos.

El caso, que podía haberse esclarecido en un tiempo muchísimo más breve que los casi 7 años durante los cuales se prolongó, revela el carácter político del mismo, dejando en claro que no se trató de cosa distinta a una persecución judicial en apoyo al escarmiento a descargar sobre quien tuvo el atrevimiento de haber enfrentado y derrotado en las urnas el oscuro poder que sumió a Magangué en una de sus peores épocas y lo hizo descender al último peldaño en la categoría de municipios. Los gobiernos neoliberales, como en otras tantas ocasiones, han perseguido a la izquierda mientras obsequian cuantiosos recursos públicos y derrochan servilismo ante las grandes empresas privadas a las cuales han cedido esenciales funciones del Estado. El presente caso de persecución política contra Marcelo Torres constituye palmaria prueba de que uno de los más poderosos instrumentos del Estado, la Fiscalía, coadyuvó activamente a semejante desafuero contra la democracia y el interés público.

Electricaribe debe responder

Refutada la justificación claramente infundada de Electricaribe para haber suspendido sin razón válida la ejecución de los contratos de las subestaciones eléctricas de dos corregimientos de Magangué, como quedó demostrado en este proceso judicial, lo que sigue debe ser el establecimiento de la responsabilidad en el daño causado a Magangué por esta tristemente célebre empresa que esquilmó durante tanto tiempo al erario nacional con su pésimo servicio a la región Caribe.
12 de agosto de 2024