PND: Desfinancia y privatiza la educación pública y desconoce acuerdos con Fecode
La única vía favorable para la financiación de la educación es la reforma constitucional que garantice presupuesto de aumento progresivo y que dependa de los ingresos corrientes de la nación, lo que implica una movilización nacional del magisterio y de toda la comunidad educativa y por supuesto desde los sectores sociales organizados y de los trabajadores, para nuestro caso con la CUT.
Por Andrés Cubides Rodríguez
Integrante de la Junta Directiva ADE, Secretaría de Seguridad Social y Salud
El Plan Nacional de Desarrollo fue radicado el 7 de febrero y tiene plazo para ser aprobado en el Congreso hasta el 7 de mayo. Esto quiere decir que esta fecha nos pone en máxima alerta para las movilizaciones a fin de impedir que pase este perverso proyecto del gobierno de Duque.
Se puede aseverar que entre sus varios objetivos ataca las pensiones, el sistema laboral, favorecer a los empleadores o empresarios y quitarle más derechos a los trabajadores privados. Somete a la pauperización las condiciones de los colombianos, ya que está legislando para que se trabaje por horas. Demagógicamente, también habla de más empleo pero en ninguna parte considera crear plazas de trabajo. Y mucho menos cuando habla del emprendimiento pues se pretende hacerlo con mínimos recursos pero con el riesgo total por cuenta del emprendedor. Si no le va bien en el emprendimiento entonces es culpa del emprendedor.
El PND es la carta de navegación del gobierno para estos cuatro años y se debe desglosar en cada uno de los sectores que toca a fin de determinar cuán nocivo es. Por ello, en lo que trata de educación podemos mencionar lo siguiente:
Por su estructura se debe poner cuidado tanto en las bases como en el articulado. Está construido de una forma maquiavélica.
De los 183 artículos, tan solo cuatro corresponden a educación. Y para su financiación en el Plan Plurianual está otorgando lo mismo que hay en el SGP: 23,2 billones anuales contra 23,7 billones en el Plan. No hay ningún aumento.
Es decir, leyendo el Plan, este se propone hacer más con menos. Muchos objetivos y menos presupuesto. Incluso le asigna responsabilidades a la familia.
Por esta razón, hay programas que se quedan únicamente en la política sin los suficientes recursos. Por ejemplo, no considera el preescolar sino la atención integral de la primera infancia, que es lo mismo que el cuidado. Evade la escolarización y la estructura de los grados del preescolar. Una manera de desconocer lo que reza la Ley 115 de 1994 -Ley General de Educación- y los acuerdos con Fecode de 2017 donde quedó pactada la implementación progresiva del preescolar.
Un PAE que tampoco es una implementación nacional, de cobertura parcial, que va desde los elementales refrigerios y los pocos almuerzos de comida caliente y que no llega a todos los estudiantes en el país, y mucho menos si son de escuelas y colegios lejanos, a lo que se le suma la interferencia inhumana de la corrupción desde los carteles del PAE, con los refrigerios de hambre y descompuestos. No se entiende cómo pretende aumentar de 5 millones de refrigerios a 7 millones sin aumentar el presupuesto.
Definitivamente el PND debería instaurar los tres menús de las instituciones educativas: Uno, el refrigerio que llega (cuando llega), dos, el que pueden llevar desde las casas, cuando hay cómo, y tres, los que miran comer.
Y ni se diga de la mal llamada jornada única, que requiere de ampliación de infraestructuras, de dotación de equipos, de aumento de personal docente y administrativo.
Y el PND también desconoce un derecho ganado como el de la gratuidad de la educación, entiéndase como negación de este como derecho fundamental, para dejarlo en manos de la educación privada, para quienes puedan pagarla. Así ya no llegaran recursos a las instituciones educativas públicas oficiales y estas se acabaran por simple eliminación. Es el cumplimiento cabal de las instrucciones dadas desde la Ocde, para abrir las puertas a los inversionistas y negociantes internacionales de la educación. A la cesta de la basura la autonomía institucional de los gobiernos escolares y la participación democrática de las comunidades educativas. Esta será decidida por el inversionista, y las rectorías serán administradores o gerentes de las inversiones. Sería la realización completa de las políticas de apertura del país y de los tratados de libre comercio.
Pero la cereza del pastel la ponen con las facultades extraordinarias al presidente. Patente de corzo para hacer y deshacer. A estas alturas, mientras escribía este artículo, escuchaba la intervención presidencial para anunciar las objeciones a la JEP y darle un duro golpe al proceso de paz, vieja ambición uribista, amigos de la guerra. Corre riesgo la esperanza de que nuestras instituciones educativas sean escuelas de paz.
La única vía favorable para la financiación de la educación es la reforma constitucional que garantice presupuesto de aumento progresivo y que dependa de los ingresos corrientes de la nación, lo que implica una movilización nacional del magisterio y de toda la comunidad educativa y por supuesto desde los sectores sociales organizados y de los trabajadores, para nuestro caso con la CUT.
Las transformaciones tienen que ser fundamentales y desde ya deben darse cambios a sectores progresistas y consecuentes con la población colombiana, lo que se dará en las próximas elecciones de alcaldes, concejos y edilatos para colocar allí a las mejores mujeres y hombres, como resultado de alianzas que recojan las mayorías reales manifestadas tanto en las elecciones presidenciales pasadas y en la consulta anticorrupción. Es cuando menos se puede arriesgar con el voto en blanco, para no repetir la negativa experiencia pasada, de la que nos queda, entre muchas, este perverso Plan Nacional de Desarrollo.
La protesta y la movilización son acciones obligadas ante tantas tropelías de este gobierno y desde ya por tanto la organización y realización de un gran paro nacional.
Bogotá, D.C., marzo 11 de 2019