Por un gran frente por la paz y la vida: El profundo significado de la movilización nacional del 7 de agosto
Miguel Ángel Delgado Rivera
Consejo de Redacción de La Bagatela
No bien se habían conocido los resultados de la segunda vuelta presidencial y ya las oscuras fuerzas derechistas se dieron a la tarea de incrementar los asesinatos políticos y aumentar las amenazas para cobrar el triunfo de la “seguridad democrática” uribista encarnada en Iván Duque. Según Indepaz después de las elecciones presidenciales del 17 de junio, 24 líderes han sido asesinados. El último de ellos, Libardo Moreno de 78 años de edad, asesinado el 23 de julio en la vereda Las Pilas corregimiento de Villacolombia en Jamundí Valle del Cauca, exdirigente sindical y activista de la campaña al senado de Angélica Lozano y de la campaña Petro Presidente.
Apenas la Registraduría oficializó el triunfo del candidato de la derecha, su bancada parlamentaria se lanzó a hacer modificaciones a la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) para seguir dinamitando los acuerdos, hacer expedita la extradición y atravesar un palo en la rueda de la verdad con una pretendida sala exclusiva para militares. Como la Corte Constitucional no avaló estas modificaciones, ya anunciaron el cambio de la Constitución.
En cuanto se enteró que fue nombrado en la cartera de Defensa por haber cargado como presidente de Fenalco la cartera del candidato Duque, el señor Guillermo Botero se apresuró a anunciar que reglamentaría la protesta social para solo permitir marchas o manifestaciones “que verdaderamente representen los intereses de todos” es decir los del gobierno nacional, una visión totalmente contraria a la Constitución, la cual garantiza la protesta ciudadana como un derecho fundamental.
La primera decisión del presidente electo fue nombrar como jefe del empalme a Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda de Uribe y hoy nombrado como nuevo jefe de ese ministerio, partidario como el que más de eliminar o rebajar el salario mínimo. Sus primeras reuniones las realizó con los gremios económicos, el Consejo Gremial y la Junta Directiva de la Andi, dando el claro mensaje que gobernará a favor de los dueños del capital, los grandes poseedores de latifundios y los intermediarios financieros, al acoger sus tesis económicas de reactivación que han fracasado y llevado al país a las más altas estadísticas de desigualdad: exención de impuestos a los magnates, tributación a partir del salario y medio de ingresos, o sea a los profesionales y trabajadores medios, más IVA, una reforma pensional que aumente la edad, la cotización de los trabajadores y reduzca su mesada, afianzar la intermediación en la salud, una educación elitista, y privatización de los bienes del Estado empezando por Ecopetrol.
En este luctuoso marco de muerte y para nada promisorio en lo social para las clases populares, el excandidato Gustavo Petro citó a una gigantesca y pacífica movilización nacional en todas las ciudades y poblaciones del país para el próximo 7 de agosto, día de la posesión del nuevo mandatario.
Gustavo Petro, al reconocer al ganador la misma noche de la segunda vuelta electoral, señaló al nuevo presidente que la “nueva fuerza que hoy nace, respaldada en 8 millones de votos, le hará oposición”. También anunció al país que su actuación en el Senado como líder de esa oposición será para “evitar que intenten hacer trizas los acuerdos de paz y las cortes” e “impedir que volvamos a la guerra”. Al resaltar el tremendo avance que significaron los 8 millones de votos de los ciudadanos libres para las corrientes alternativas, democráticas y revolucionarias, hizo el más amplio llamado a todas las fuerzas políticas y sociales que lo acompañaron en segunda vuelta y a los que no a confluir en el más amplio pacto ciudadano por transformar a Colombia, por la paz y la vida.
Este llamado, que de manera correcta e insistente viene haciendo el líder de la Colombia Humana y cuyo primer episodio es la movilización del 7 de agosto, tiene un profundo alcance frente al futuro inmediato del país. Así también con claridad y énfasis lo ha expresado durante años Marcelo Torres como centro de la táctica del PTC: Ahora falta que se asimile conscientemente las lecciones de la experiencia y se adopte al fin una política de frente único. Que empieza por el agrupamiento del conjunto de las corrientes de la oposición y la resistencia civil, de dentro y fuera del Congreso y por el logro, en síntesis, de la más amplia unidad de fuerzas y sectores democráticos y progresistas de la historia política colombiana. (De la Lucha Venidera. Bogotá, La Picota, 19 de julio de 2018). La defensa de la paz, de la vida, la oposición al gobierno de Duque mediante la movilización ciudadana y popular y la más amplia participación de todos en pie de igualdad, son la llave para que Colombia se enrumbe por el camino del progreso social y económico, la sostenibilidad ambiental, la soberanía, la paz y la democracia.
El PTC está vinculado y viene promoviendo entre los trabajadores y la población la participación en la marcha por la paz y la vida del 7 de agosto y la consulta anticorrupción del 26 del mismo mes. Son necesarias ante el creciente número de asesinatos y para advertir al país sobre nuevas formas de corrupción política, mucho más urgente ahora que al cierre de este comentario se conoce del llamado a indagatoria por parte de la CSJ a Álvaro Uribe por manipulación de testigos y otros delitos y su anuncio de renuncia como senador, cuestiones que exacerbarán a un grado superlativo el odio, como lo exhalan los trinos del expresidente, la sed de revancha y las fuerzas oscuras de la muerte. Ante la intolerancia, movilización. Ante el recorte de derechos, movilización. Ante la muerte, movilización.
Bogotá, 24 de julio de 2018.