La corrupción en La Guajira. Estragos de los avales de Cambio Radical: UN EXPEDIENTE CON NOMBRE POLÍTICO PROPIO

Arturo Villarreal Echeona

Corresponsal de La Bagatela en el Caribe

La destitución del último gobernador de La Guajira elegido hace apenas cinco meses y el nombramiento de un gobernador encargado por parte del presidente Juan Manuel Santos, no constituye un caso aparte en el cáncer de la corrupción nacional, que alcanzó niveles mayúsculos de escándalo con las revelaciones de Odebrecht, y en las cuales casi no ha habido instancia política o gubernamental de alta jerarquía que no haya sido salpicada. Un breve recorrido por las circunstancias que han rodeado la destitución de sus últimos cinco gobernadores, muestra que no es La Guajira la que está a punto de convertirse en un departamento fallido, sino el Estado colombiano, con su corrupto entramado de directorios políticos proclives a la mafia o directamente comprometidos con ella.

La Guajira es manejada hoy por dos clanes políticos: La Gran Alianza, movimiento que encabeza el hoy condenado exgobernador Francisco ‘Kiko’ Gómez, y la Nueva Fuerza Guajira, bajo el mando del también exmandatario departamental Jorge Pérez Bernier. Varios dirigentes de la Gran Alianza están en líos con la justicia: la exgobernadora Oneida Pinto, el exgobernador José María Ballesteros y el recién capturado alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira. Del lado de Pérez Bernier, de la Nueva Alianza Guajira, sus principales aliados han sido el gobernador Wilmer González Brito, llamado a imputación; la exalcaldesa de Uribia, Cielo Redondo; así como Hernando y Alfredo De Luque.

Ambas fuerzas han tenido vínculos con la ilegalidad: la de Kiko Gómez con Marcos Figueroa, y la de Pérez Bernier con las Autodefensas Unidas de Colombia. Cada uno de esos clanes va rotando las alcaldías y la gobernación. En seis años ha habido cinco gobernadores, uno por año, todos destituidos.

Jorge Eduardo Pérez Bernier, quien ocupó la gobernación antes de Kiko Gómez del año 2008 a 2011, fue capturado en noviembre del año pasado. La Fiscalía lo acusa de haberse apropiado de al menos $26.000 millones destinados a la construcción de megacolegios en ese departamento. El acusado había reemplazado en el cargo a José Luis González Crespo, quien en el 2012 fue condenado a 10 años de cárcel por la Corte Suprema.

Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, sucesor de Pérez Bernier en la gobernación, fue condenado a 55 años de prisión por el asesinato de la exalcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito, en agosto de 2012. La exmandataria municipal fue ejecutada por la banda delincuencial de Marcos de Jesús Figueroa, conocido como “Marquitos” Figueroa. Gómez Cerchar, quien fue gobernador de 2012 a 2013, habría dado órdenes precisas para acabar con la vida de la exmandataria debido a que consideraba que le había incumplido las promesas que le había hecho si llegaba a la alcaldía municipal.

Su sucesora, Oneida Pinto, fue imputada por irregularidades en un contrato para la reducción de la mortalidad infantil de 2014 por 18.900 millones de pesos, celebrado días antes de abandonar su cargo como alcaldesa del municipio de Albania, para iniciar la campaña a la Gobernación de La Guajira. Por este caso está preso también Yan Keller Hernández, exconductor y exescolta de Pinto, quien la remplazó en la Alcaldía. Según la imputación, la exgobernadora subcontrató a 1.459 personas no para reducir la mortalidad infantil, flagelo que año tras año mata a decenas de niños wayuu, sino para que votaran por ella a la alcaldía de Albania en 2011. Durante la imputación de cargos, el fiscal 28 Anticorrupción, Carlos Castañeda, aseguró que “Oneida Pinto era la dueña, ama y señora de la contratación irregular en el municipio de Albania, y al menos durante la última década gobernó y aún gobierna en cuerpo ajeno en Albania y otras regiones de La Guajira”. También se le acusó por amenazas de muerte al gobernador encargado que la sucedió en La Guajira, Jorge Enrique Vélez, No obstante, a su llegada al complejo judicial de Paloquemao, la Pinto declaró muy campante: “Estoy tranquila, no tengo nada que temer”. Entre los argumentos que esgrimió en su defensa, dijo que estaba siendo procesada porque es mujer, es indígena y es guajira.

A Oneida Pinto la sucedió Wilmer González, elegido el pasado 6 de noviembre en elecciones atípicas. Perteneciente a la Nueva Fuerza Guajira el otro clan que se alterna en el poder del departamento, Wilmer fue destituido por cohecho y fraude electoral. En la acusación resultaron implicados la concejala de Maicao Silbelly Solano, y otros concejales y particulares.

Mientras tanto, Fabio Velásquez Rivade-neira, alcalde de Riohacha, fue capturado el 28 de enero acusado por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE. El funcionario fue aprehendido junto con la secretaria de Educación, Dilcey Acosta, en la sede de la Alcaldía por funcionarios del CTI de la Fiscalía y luego fue trasladado de incognito a Bogotá, en un operativo con visos de película melodramática. Tras la captura, decenas de seguidores, familiares y amigos de Velásquez llegaron a la Fiscalía y lloraban, mientras un pastor cristiano oraba, clamando: “Defiende, Señor, al alcalde electo para que salga de este lugar”.

Velásquez, un político de nueva generación, resultó elegido con el apoyo del rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles, quien ha sido mentor de otros políticos en el departamento de La Guajira. Robles participó en marchas para apoyar la campaña política de Velásquez y además organizó un evento en su honor que contó con la presencia de artistas como Mr. Black, Iván Villazón y Poncho Zuleta y “pudo costar 350 millones de pesos que salieron de las arcas de la universidad”, según las versiones de algunos portales de internet. Robles ha sido cercano a Cambio Radical y, en especial, al polémico exgobernador de este departamento Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez.

La captura de Velásquez causó una verdadera tormenta política en Cambio Radical, partido que lo avaló en 2015 para aspirar a la Alcaldía. Primero, el senador Carlos Fernando Galán, otrora director del partido, tuiteó: “Al alcalde de Riohacha le dieron el aval los mismos que me atacaron y le dieron el aval a Oneida Pinto. Que pongan la cara ¡Que respondan!”. Su reacción ocasionó una disputa entre Galán y la familia Char, principales líderes de Cambio Radical en la Costa, quienes terminaron ganando el pulso a favor de la exgobernadora. Galán finalmente renunció a la dirección de Cambio Radical. Otro que entró en la polémica fue el presidente del partido, Rodrigo Lara, quien arremetió contra la directora de Caracol Radio, Diana Calderón, por afirmar que él había otorgado el polémico aval. Lo cierto es que la entrega de avales en la región Caribe fue coordinada por el actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, tal como lo reconoció su propio hermano, el senador Arturo Char.

Como es normal en La Guajira y en muchas partes de Colombia, estos episodios de corrupción política han estado entreverados de amenazas criminales que, blanco es gallina lo pone, no pueden tener otra procedencia distinta a los propios implicados. Gentil De León Mármol, fiscal cuarto de Administración Pública en La Guajira, quien inició la investigación contra la exgobernadora Oneida Pinto Pérez, denunció que fue amenazado de muerte a través de llamadas telefónicas y panfletos firmados por un presunto “Escuadrón de la muerte Albania”.

El fiscal cuarto recibió la investigación contra Oneida Pinto y otras 13 personas involucradas en la firma de los tres convenios fraudulentos que la exalcaldesa de Albania firmó con un hospital de esa localidad. Además de este caso, también lleva a cabo otras investigaciones por corrupción en los municipios de Albania, Uribia, Manaure y Hatonuevo. Sin embargo, el fiscal dice que no tiene esquema de seguridad y solo cuenta con un policía que lo acompaña en sus desplazamientos a las audiencias y a su residencia.

En cuanto al también destituido exgobernador José María Ballesteros, de Opción Ciudadana, aparece vinculado junto con Oneida Pinto a investigaciones por el hallazgo de anomalías en contratos que suman $34.000 millones. En la lista de imputados acompañaron a Ballesteros Freddy Díaz Quijano, contratista; el exsecretario de Salud de La Guajira Francisco Araújo y el exasesor del gobernador Marco Pedraza”. Quijano aparecía como representante legal de la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología, Olfis, entidad que según la Fiscalía “no tenía ninguna experiencia ni capacidad económica”.

A raíz de estos sucesos, todas las miradas apuntan a Cambio Radical, movimiento que domina políticamente La Guajira y otros departamentos del país, con personas de dudosa reputación. Una constante que no pareciera tener remedio, es que en los procesos electorales los avales se otorgan a pesar de las alertas y de las sospechas, según lo afirmó un representante de la Misión de Observación Electoral (MOE): “El partido pareciera que se desentiende y privilegia los candidatos, como ha pasado en La Guajira en 12 elecciones, independientemente de si sus hojas de vida son las más adecuadas para someterlas al escrutinio público”.

Pese a lo anterior, los más altos representantes de Cambio Radical se hacen los locos cuando les interrogan sobre el desbarajuste. Cuando se conoció la condena contra Kiko Gómez, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras respondió así a un periodista que le preguntó por qué el partido Cambio Radical le dio el aval a ‘Kiko’ Gómez: “Ayy... yo no sé. Yo no era miembro de la dirección en ese entonces. Dejé de serlo en 2010. Bueno, pero hoy lo que estamos es muy contentos aquí en la ciudad de Villavicencio”. (Noticias Caracol.com).

Vargas Lleras estaba obligado a saberlo, aunque ya no perteneciera a la dirección de Cambio Radical. Todo el mundo sabe que es el jefe máximo de ese partido y que cuenta con el apoyo de su plana mayor para sus aspiraciones a la Presidencia en la contienda electoral que se avecina. Abril 21 de 2017.