La encrucijada de Colombia: seguir avanzando o retroceder al pasado

El pasado 30 de abril, en la reunión de la junta directiva de Banco de La República, tuvo lugar un episodio destacable de una aguda confrontación, trascendental para el país. Se trata de la primera derrota de la agresiva política monetaria, impuesta por la mayoría neoliberal de la junta, y asumió la forma de una decisión de consenso para dejar sin cambios la tasa de intervención. Aunque no se acordó empezar a bajarla, como a juicio de muchos debería hacerse, tampoco prevaleció esta vez la decisión de un nuevo aumento en la tasa de interés de entre 0,5% y 0,75% como esperaba la tecnocracia del sector financiero, el oráculo básico que ausculta el llamado equipo técnico del Emisor y sus codirectores.

Como se sabe, luego de mantener durante varios meses una alta tasa de 9,25% mientras la inflación seguía bajando hasta niveles de alrededor de 5%, el Banco optó por imponer dos drásticas alzas sucesivas en enero y marzo pasado que catapultaron a 11,25% la tasa de interés de referencia y ampliaron su brecha con la tasa de inflación. Tales decisiones se presentaron como medidas para contrarrestar el alza de 23,7% en el salario mínimo que decretó en diciembre pasado el Gobierno. Y por toda justificación se adujo la falsa premisa de que dicho reajuste salarial dispararía la inflación y el desempleo. Pero, al día de hoy, esas expectativas alarmistas no han sido corroboradas por las cifras del DANE y los supuestos han resultado falsos: la inflación ha subido solo levemente, debido a causas distintas al reajuste del salario mínimo, y la tasa de desempleo ha continuado descendiendo hasta alcanzar cotas bajas que no se veían desde hace 25 años. 

Sin embargo, la razón del cambio de tendencia en la pasada reunión de la junta no fue, como podría pensarse, la comprobación de esos hechos por los cuatro directores que profesan la ortodoxia neoliberal, ni su análisis de los sólidos argumentos del Gobierno y de los miembros minoritarios de la junta sobre los perjuicios del alto costo del dinero para el sector real de la economía. Lo cierto es que el acuerdo de no subir la tasa de intervención no ha sido más que el resultado de una dura batalla ante la opinión pública, librada en ese baluarte de las instituciones neoliberales en que se convirtió el Banco Central, para intentar ponerle freno a su plan catastrófico de contraer la economía y sacrificar el crecimiento del país, el empleo y la reducción de la pobreza en aras de maximizar las ganancias del capital rentista, so pretexto de comprimir la inflación hasta su meta arbitraria del 3%.

En efecto, desde febrero se conocen sus planes de “enfriar” la economía nacional para impedir que crezca más de 2,6% en 2026 y permitir tan solo un crecimiento de alrededor de 1,6% en 2027, para lo cual el instrumento es encarecer el crédito bancario a niveles cada vez más inaccesibles. Eso, sin hablar de que las exorbitantes tasas internas de interés propician también una apreciación desproporcionada del peso frente al dólar que fomenta la llamada “enfermedad holandesa”. Con ésta salen perjudicadas las exportaciones no tradicionales y la producción nacional y se frena, no solo la diversificación de las exportaciones, sino en su conjunto la transición económica desde el fracasado modelo extractivista al del fortalecimiento de la producción agrícola e industrial, así como del turismo y diversos servicios que generan empleo y bienestar. Si bien quizás suene desmedido calificar de genocidas a los promotores de esta estrategia, sí cabe señalar que está destinada a golpear los intereses vitales de la mayor parte de la sociedad colombiana. 

La realidad es que esa reunión fue antecedida por un rompimiento dramático previo entre el Gobierno y el Emisor y por una amplia discusión pública encabezada por el presidente Gustavo Petro, su ministro Germán Ávila, el codirector César Giraldo y muchos economistas heterodoxos, contra la visión dogmática sobre las causas de la inflación. Así mismo, con respecto a la existencia de instrumentos para controlarla distintos a la tasa de interés y la recesión inducida como fórmula única de la ortodoxia.

Es claro que el debate sobre la conducción de la política monetaria por el Banco de la República no ha hecho más que empezar y es consustancial a la discusión de otros temas como los relacionados con la insuficiencia y regresividad del sistema tributario y el desequilibrio fiscal, los resultados de la Ley 100 en el sistema de salud o las pensiones y el papel de los fondos privados, la privatización de la educación superior y la exclusión social, así como otras polémicas en diversos campos donde la política neoliberal impuso una institucionalidad socialmente elitista, excluyente, regresiva y rígida durante las últimas tres décadas. Sobre las incoherencias institucionales respecto al equilibrio fiscal, Giraldo apunta que mientras hay una mayor presión por recursos públicos, muchas veces por decisiones judiciales (por ejemplo: los fallos de la Corte Constitucional sobre la UPC del sistema de salud), “cuando el gobierno intenta obtenerlos, aparece el bloqueo”. Este se manifiesta, entre otras formas, en “la caída de reformas tributarias, decisiones judiciales que limitan mecanismos extraordinarios de financiación y obstáculos legales para redirigir recursos… (y) como consecuencia, el Estado termina recurriendo a la deuda pública”. El problema de las finanzas públicas no es esencialmente técnico sino político, concluye. 

Pero ese pulso entre las fuerzas que pugnan por transformar esa realidad institucional conflictiva y retardataria y aquellas que se proponen mantenerla a cualquier costo, presenta hoy a la vista una batalla mayor. Un día después de la aludida reunión de la junta del Emisor, la celebración en las principales ciudades del país del 1º. de mayo, el día del trabajo, se convirtió en una manifestación de apoyo a Iván Cepeda, el candidato presidencial que aspira continuar las reformas sociales del gobierno progresista. El propio presidente Petro encabezó en Medellín, junto con parte de su gabinete, una concentración popular sin precedentes en honor a María Cano, la dirigente histórica de los trabajadores. Y, además de referirse a las tareas pendientes del Estado y sus obstáculos, aprovechó para resaltar los avances sociales alcanzados en el cuatrienio que termina y los logros de su gobierno a favor de los trabajadores colombianos, tales como el incremento del salario mínimo real, la creación de empleo y el mejoramiento de las condiciones de trabajo que ha implicado la aprobación de la reforma laboral. 

La creciente aceptación que registra entre la población el presidente y el respaldo masivo a la gestión del gobierno del Cambio muestra que, en buena parte, los hechos han logrado contrarrestar la continua campaña de desprestigio en su contra que desde el principio emprendieron los medios de comunicación privados y los políticos opuestos a las reformas sociales. Durante este gobierno se han creado cerca de 2 millones de nuevos puestos de trabajo y tanto la pobreza por ingresos como en índice de pobreza multidimensional han bajado significativamente. Así mismo, pese a que la avanzada e incluyente reforma pensional que se aprobó en el Congreso ha sido frenada por el uribismo en la Corte Constitucional, el Gobierno ha anticipado la aplicación del pilar solidario de dicha reforma con el aumento del subsidio a cerca de 3 millones de adultos mayores sin pensión. Y ha podido adelantar así la lucha contra la indigencia en este sector de la población mayormente desamparado. 

Por otra parte, al tiempo con esta y otra medidas para la reducción de la inseguridad alimentaria entre los pobres, ha conseguido una disminución de indicadores como la mortandad perinatal y materna y una baja sensible de los decesos por desnutrición infantil, ayudado por el despliegue de las campañas preventivas de salud en las regiones más excluidas. Mientras tanto, la inversión del Estado se ha volcado, como nunca antes desde la imposición del modelo neoliberal, al fortalecimiento de la educación pública y la ampliación de la gratuidad de los estudios universitarios con la creación de varios centros educativos en zonas marginadas, la apertura de 350 mil nuevos cupos en las universidades públicas y la reforma a la Ley 30 de Gaviria que venía marchitando estas instituciones mediante la asfixia presupuestal. E, igualmente, cabe destacar el notable esfuerzo que representa la entrega a los trabajadores del campo de más de 700 mil hectáreas, la ampliación de crédito agrario subsidiado ($124,5 billones hasta 2025) y el apoyo al campesinado, lo que ha contribuido a reducir la pobreza rural e incentivar la producción agropecuaria y frenar la inflación de alimentos. 

Quedan sin duda muchas transformaciones pendientes. Colombia sigue siendo una sociedad muy desigual y la pobreza presenta altos niveles inaceptables. El próximo gobierno tiene una tarea enorme en ese terreno. Los diversos sondeos de opinión coinciden en mostrar que la opinión favorable sobre el gobierno del Cambio y su presidente se viene trasladando en buena parte al candidato presidencial del Pacto Histórico y el progresismo. La intención de voto por Iván Cepeda se estima en alrededor de 40% de los votantes. Sin embargo, sus dos mayores oponentes de la ultraderecha, que con su discurso de “mano dura” plantean regresar el país al régimen de violación de los derechos humanos, persecución política, privatización del Estado e injusticia social de los pasados gobiernos, suman aproximadamente el mismo porcentaje.

La campaña de estos candidatos, al tiempo que desconoce por completo los avances sociales alcanzados, se enfoca en tratar de desprestigiar con tergiversaciones y falacias las políticas progresistas. Para ello, con apoyo en unos pocos escándalos inflados (cuando no inventados por los comunicadores), magnifican el fenómeno endémico de la corrupción en el manejo de los recursos públicos como si fuera nuevo y no hubiera salpicado a todos los partidos. Y una enfermedad acentuada con el hipercrecimiento de la contratación pública y la ética del lucro privado inherente al modelo neoliberal, que afecta a todas las ramas y niveles del Estado, intentan atribuírsela exclusivamente al gobierno progresista. Igual hacen con la crisis terminal del sistema de intermediación financiera en la salud creado por la Ley 100 en 1993, o la violencia secular originada por el despojo histórico de sus tierras a los campesinos, acentuada con la acción de los grupos armados herederos del paramilitarismo y el narcotráfico: los mismos que fueron fundados por políticas como la “seguridad democrática” y alimentados mediante la colaboración delictiva con los narcotraficantes de gobiernos y terratenientes, que encubrieron, financiaron y promovieron las masacres de civiles desarmados y las ejecuciones extrajudiciales. Pero, aunque esos gobiernos y sus protegidos manejaron el país durante décadas con esos resultados funestos, sus seguidores no tienen escrúpulos en sostener que la acción criminal y los demás problemas del país empezaron en 2022. 

Sin embargo, el de la ultraderecha es un relato fabricado que, pese a su falta de fundamentos, no se puede subestimar. Menos con el refuerzo internacional que está recibiendo de Washington y la ofensiva arancelaria contra Colombia de su subalterno que gobierna en Ecuador, así como de las acciones terroristas de las disidencias y otros grupos ilegales en el sur del país que contribuyen a crear un ambiente de zozobra favorable a los candidatos de derecha. Las componendas de la candidata del uribismo con el presidente ecuatoriano Noboa (precedida por una reunión secreta de éste con Uribe), evidencian hasta qué punto busca esa fuerza política auspiciar la injerencia externa y conspirar con los enemigos de Colombia, autores de agresiones contra la nación, para seguir promoviendo con engaños la sensación de incertidumbre y envenenar el clima electoral.

Es en ese contexto que, conscientes de la influencia de la desinformación y el miedo entre amplios sectores de la población, los dos principales candidatos opositores del gobierno repiten un discurso a base de señalamientos calumniosos contra Petro y Cepeda que sugieren su complicidad con el terrorismo. Se trata de un relato delirante destinado a engañar a la gente y sembrar la desconfianza en los dirigentes progresistas y sus políticas públicas, al tiempo que estigmatizan indiscriminadamente todos los procesos de paz. Mientras tanto, los jefes políticos de la derecha autores de esa narrativa, como Álvaro Uribe, han persuadido a una parte de los grandes empresarios no solo de patrocinarlos financieramente -como siempre lo han hecho- sino de participar en operaciones de adoctrinamiento y engaño electoral de los trabajadores de sus empresas y sus familias. Ese es el objetivo del multimillonario “proyecto Júpiter” investigado por la revista Raya, estrategia de psicología de masas diseñada por Jaime Bermúdez, asesor y excanciller del gobierno de Uribe. 

Si bien han transcurrido varios años desde que el expresidente Uribe y su partido, el Centro Democrático, derrotaran en un plebiscito el Acuerdo de Paz por medio de una campaña de falsedades de la misma hechura, no ha mermado la devoción de la derecha por esta técnica de manipulación colectiva con mentiras. No solo eso, sino que desde entonces su potencial como instrumento se ha ratificado mundialmente con el ascenso al poder de varias figuras emblemáticas del engaño mediático en países como Estados Unidos, Ucrania, miembros de la Unión Europea, El Salvador, Argentina, Ecuador y muchos más. Por tanto, el esfuerzo para desenmascarar las imposturas y deslegitimar a sus agentes no es una tarea menor en Colombia.

Es un hecho que durante el actual periodo presidencial amplios sectores de la población colombiana han tenido oportunidad de participar en la movilización social y han podido experimentar en forma directa o cercana los resultados positivos producidos por las políticas progresivas del Gobierno. Y eso tiene un valioso efecto pedagógico, de ahí el inédito respaldo de opinión a la izquierda progresista que se observa hoy. Pero, de igual forma, la sociedad entera ha estado expuesta a la campaña sistemática de desinformación sin tregua a la que nos han sometido a diario los medios privados de comunicación. Y no todos entienden que, lejos de informar con objetividad periodística, estos medios se han convertido en inventores de cortinas de humo y lavadores de imagen de los responsables de los mayores estragos sociales y han terminado totalmente instrumentalizados para defender los privilegios de sus propietarios, los magnates financieros Sarmiento Angulo, Gilinski, Ardila, Santodomingo o los mayores accionistas del GEA (grupo empresarial antioqueño), así como los intereses de las minorías rentistas del país.

Por eso, construir la unidad en el campo democrático de la sociedad y la opinión pública es crucial para la continuidad del proyecto progresista. En el terreno político, la campaña electoral de Iván Cepeda ha logrado a la fecha acuerdos importantes con fuerzas distintas a las que se expresan en el Pacto Histórico, como la del exministro Juan Fernando Cristo y la Alianza Verde. Son sectores progresistas que, con una visión más proclive al institucionalismo, apoyan el programa de reformas sociales que ha impulsado el gobierno del Cambio. Por lo mismo, representan sectores claves de la opinión que no se consideran “petristas” pero comparten el ideario reformista. Esa alianza, que se ha llamado Alianza por la Vida, es un primer paso en la dirección de un frente amplio que ha propuesto otro sector organizado de la izquierda con este nombre. La política de frente incluiría también a algunos políticos disidentes del partido de la U, del liberalismo y aún del conservatismo, afines al progresismo.

Desde luego que toda esta gama del espectro político capta una votación potencial esencial en el resultado electoral del principal candidato progresista y tiene una fuerza significativa que se pudo ver en las elecciones parlamentarias. Se trata de un sector ya movilizado del electorado que ha tomado partido en lo fundamental o está en ese proceso. Sin embargo, en las encuestas se observa que varios encuestados manifiestan no identificarse con la izquierda ni con la derecha, por consiguiente optan por considerarse de “centro”. Entre ellos, muchos tienen una percepción negativa de la política de paz y la asocian equivocadamente con la sensación de creciente inseguridad en las ciudades, relacionada más con el fenómeno de aumento de la delincuencia común urbana y la crasa ineptitud de muchos alcaldes, o la vinculan con las continuas acciones violentas en ciertas regiones del país de los grupos armados ligados a las economías ilegales y reacios a un acuerdo de paz. Otros siguen creyendo en los dogmas neoliberales: que los incrementos salariales y el gasto público solo generan inflación y son “populistas”, o que la crisis fiscal es resultado del desbordamiento de ese gasto (que habría que recortar) y no de la evasión tributaria y la falta de impuestos progresivos a las altas rentas.

Estos grupos de personas no se ven a sí mismos como seguidores políticos de Uribe o Vargas Lleras. Pero su desinformación e indecisión política los puede llevar a creer que derechistas camuflados de “centro” como Oviedo, o menos camuflados como Restrepo, que hoy ofician como candidatos a la vicepresidencia, pueden conseguir el milagro de convertir a Paloma Valencia o a Abelardo De la Espriella en prototipos del respeto a los derechos humanos, el patriotismo y la ecuanimidad política y árbitros imparciales de los conflictos sociales. Y, por tanto, suelen equivocadamente hacer caso omiso de su pasado político de afinidad a ultranza con los intereses elitistas, su oportunismo y nexos con gente incursa en graves delitos, así como de su actitud apátrida frente a las imposiciones colonialistas y abusos imperiales de mandatarios como Trump.

Aparentemente, sectores de opinión como los anteriores, junto con los potenciales votantes que optan por la abstención o el voto en blanco, son los que, de superar en alguna medida su desorientación, pueden permitir alcanzar la victoria de Iván Cepeda en primera vuelta o, al menos, ayudar a inclinar la balanza su favor en la segunda vuelta. Lograr su adhesión implica persuadirlos de que no es cierto que Colombia se esté hundiendo en el caos y lo que está en juego en estas elecciones no es la simpatía individual por Petro, sus atuendos, sus discursos o sus hábitos personales, sino la continuidad con Iván Cepeda del avance del país guiado por la agenda de mayor equidad y de progreso social que empezó a ejecutarse en el actual gobierno.

Su voto por Cepeda puede apoyar eso. O, de lo contrario, si es por Valencia o De la Espriella, apoyar el retroceso abismal del país que significa el regreso al proceso de hiperconcentración de la riqueza en el 0,1%, el aumento de los privilegios y la captura de los recursos del Estado por esa élite, así como la negación de las libertades y derechos democráticos de la mayoría. Y, en consecuencia, al incremento de la desigualdad social y al sentimiento de indignación y descontento colectivo que condujo en 2021 al estallido social.

Mayo 9 de 2026