¿Por qué no hay reforma laboral?
Con el gobierno de César Gaviria en 1990 se puso en marcha un gigantesco paquete de medidas para aplicar las indicaciones del Consenso de Washington. El gobierno de Gustavo Petro puso en discusión del congreso una serie de reformas para al menos recuperar las condiciones de vida de la población anteriores a la Apertura, en particular en lo atinente al régimen laboral. Pero los intereses del capital se oponen rotundamente a cualquier mejoría, aduciendo que se perderán puestos de trabajo, pero no pueden demostrar que en los 33 años posteriores a la reforma de Gaviria hayan creado puestos como lo prometieron.
Por Miguel Ángel Delgado R.
Hace treinta y tres años una amalgama de intereses produjeron una nueva constitución para Colombia. César Gaviria, a la sazón presidente de la república, representaba la plutocracia que gobernó al país por doscientos años y que hoy detenta los principales resortes económicos como el capital financiero, la gran industria, el comercio interior y exterior y la tenencia de la tierra. Esta oligarquía, íntimamente ligada al dinero especulativo internacional y sumisa sobre manera al mandato de los Estados Unidos, de igual forma controla el órgano legislativo, las altas cortes, los entes de control, la cultura y muy especialmente la información por intermedio de los medios comunicación masivos.
El mundo para esta época ya transitaba, a toda máquina, por el modelo neoliberal el cual tiene dos asuntos esenciales para lograr el mayor enriquecimiento de la minoría de superricos y la supremacía comercial de las potencias económicas: la privatización del ahorro y los servicios públicos y la rebaja del costo de la mano de obra o, en otras palabras, la disminución de la paga de los trabajadores.
A la necesidad de implementar, a como diera lugar, el modelo neoliberal para favorecer los intereses que encarnaba César Gaviria, le vino como anillo al dedo la nueva constitución. A cambio de consagrar, en la letra, los derechos humanos fundamentales llamados de nueva generación (entre ellos el trabajo), también plagaron el articulado de la novedosa carta con las fórmulas de su modelo económico de privatización y apertura económica. La “realpolitik” les indicaba que deberían ceder para ganar. Ningún cálculo de pragmatismo político intuía que fueran a ser desplazados del poder en mucho tiempo. Y así fue. Poco de derechos y mucho de medidas económicas neoliberales.
En un santiamén asaltaron la salud, las obras de infraestructura, la construcción de vivienda, las pensiones, las cesantías, las comunicaciones, los servicios públicos domiciliarios, los puertos, el transporte, el gran comercio, los combustibles, la banca estatal y todo lo que les significara negocio con pingües ganancias. A la par vinieron cascadas de leyes de flexibilización laboral, acabaron con el recargo nocturno, disminuyeron el pago de dominicales, lesionaron de muerte la estabilidad laboral, aumentaron la edad y liquidaron los regímenes especiales de pensión, precarizaron la contratación laboral y redujeron drásticamente el poder adquisitivo de empleados y trabajadores.
El movimiento sindical fue víctima de la apertura económica y la privatización. El cierre de importantes empresa estatales y privadas y la carencia de empleos estables hizo perder en proporción notable el porcentaje de sindicalización. Debe anotarse que en nuestro país el fenómeno de la violencia política indistinta también fue un factor determinante en la perdida de fuerza del sindicalismo.
Treinta y un años tuvieron para consolidar sus objetivos de despojo y lucro sin límites y sin moral a expensas del ahorro y presupuesto nacionales y sobre la base de la expoliación, pobreza y desigualdad de la población y de los trabajadores. Sus sucesivos gobiernos y su aparato legislativo no tuvieron tiempo, en estos treinta y un años, de presentar y expedir el Estatuto del Trabajo, como ordenó la nueva constitución. Solo grandes utilidades y cero de misericordia. Ambición desmedida y desigualdad manifiesta. Arropan sus intereses de poderosos que viven de la “codicia por el dinero y el poder” con trajes de libertad y de patria, bien lo dijo el papa Francisco en la Plaza de San Pedro el pasado 5 de junio "La libertad que permite a los ricos explotar a los pobres es una libertad mala. Es la que permite a los fuertes explotar a los débiles y a todos explotar impunemente el medio ambiente".
Las reformas sociales del presidente Petro pretenden revertir este estado de cosas. Poner el presupuesto, la contratación estatal y el ahorro de los trabajadores al servicio de la mayoría de la población y la economía popular. Salud para todos como un derecho y no como un negocio, con énfasis en la prevención y promoción. En el caso específico de la reforma laboral, restaurar derechos individuales y colectivos de los trabajadores y devolverles ingresos y bienestar.
El objetivo de las reformas, a más de la justicia social, es la reactivación de la economía. Para esta reactivación se necesita fortalecer el mercado interno, lo cual se logra primero poniendo los recursos del presupuesto y el ahorro nacionales en pro de una economía popular y nacional y segundo dotando a la población de mayores ingresos que les permitan satisfacer adecuadamente no solo sus necesidades básicas, sino avanzar en la adquisición de vivienda propia, recreación y descanso, dotándolos, al tiempo, de educación gratuita y salud plena.
Les asusta perder su poder y sus fortunas, concentradas en pocas manos como bien lo describe el economista, filósofo e investigador Libardo Sarmiento Anzola en su artículo “Concentración económica y poder político en Colombia” publicado en Le Monde Diplomatique Edición Colombia el 5 de agosto de 2023.
Con la Andi y Fenalco a la cabeza todos los llamados gremios económicos, incluida la Acopi, braman contra la reforma laboral, temen que sus ganancias disminuyan y entran en pánico al pensar que esta reforma fortalezca los sindicatos poniendo en peligro su control ideológico y político sobre la fuerza laboral. El empresariado no entiende que su propia existencia depende del trabajo. Su mejor progreso esta ligado al mejor ingreso de los trabajadores, creen que pagando salarios de hambre ganan más y no comprenden que el desarrollo económico depende del bienestar general, de ingresos dignos y decentes en el marco del modo de producción imperante.
Los 10 grandes conglomerados económicos que son los dueños del país, que financian los partidos y parlamentarios del sistema, que usan sus medios de comunicación masiva contra las reformas, que mandan sobre los directores de los entes de control, que cooptan a las altas cortes, que controlan el emisor, no quieren que la reforma laboral siquiera avance. Vociferan que se perderían 400.000 empleos, amenazan con cerrar empresas y crean pánico económico con tal de mantener su taza de ganancia y no permitir el crecimiento organizado de los trabajadores.
El gobierno de Petro que se ha declarado al servicio de los trabajadores, del campesinado y de la población pobre, debe insistir en las reformas sociales, dos de ellas la pensional y la educativa, con deformaciones parlamentarias, pueden ser aprobadas en esta legislatura. La crisis del modelo de salud, la corrupción rampante en las EPS, la necesidad de evolucionar hacia un modelo de salud para todos, terminarán dándole paso a la reforma a la salud. La reforma agraria está en marcha. La reforma laboral, por lo descrito atrás, es la más complicada. Todo depende de la movilización ciudadana y callejera, el 1° de Mayo promovido por las centrales sindicales, las organizaciones populares, el gobierno del cambio y los partidos progresistas fue un hito de esta buena y correcta práctica.
El movimiento obrero por su historia y su carácter de clase tiene la obligación, independientemente de si prospera o no la reforma laboral, de cambiar a su favor la correlación de fuerzas. El crecimiento exponencial del número de trabajadores y trabajadoras organizados en fuertes sindicatos será definitivo en esta lid por la paz, la justicia social y ambiental, la soberanía nacional y el progreso. La batalla vendrá como anunció Petro en las elecciones del 2026, o se monta el fascismo de Uribe y Milei o mantenemos el progresismo al mando como en Brasil y México.
7 de junio de 2024.