Los Bonos Educativos de Paloma Valencia: una propuesta privatizadora y segregacionista

La tristemente célebre senadora del Centro Democrático Paloma Valencia viene trasmitiendo a la opinión pública las ventajas de los “bonos escolares”. En reciente video[1] se mostraba “feliz” porque con su proyecto “los niños pobres” tendrán “el derecho de escoger si van a la educación pública o a los colegios privados pagados por el Estado”, con la idea de mejorar la calidad de la educación. Las intenciones de la senadora Valencia resultan llamativas por dos cosas, en primer lugar, su partido, el Centro Democrático, se ha opuesto sistemáticamente a todas las medidas progresistas del Gobierno de Gustavo Petro, razón por la cual no se comprende cómo los mismos que se oponen a los impuestos progresivos, a las mejoras para las clases trabajadoras y a la protección de la gente más humilde (campesinos, indígenas, obreros), resultan preocupados por los niños vulnerables; en segundo lugar, como parte de esas clases privilegiadas criollas, la senadora Valencia pretende hacernos creer el cuento de que la solución a cualquier problema es entregar al sector privado el dinero público, suponiendo siempre que lo público es sinónimo de ineficiencia, atraso y mediocridad. Lejos de proponer invertir en colegios llenos de humedades, de conectarlos a internet, de mejorar las condiciones de trabajo de los docentes (por medio de personal de apoyo, salas de computación modernas…), la solución de los problemas de la educación es, para Valencia, entregar el dinero a los empresarios.

Más allá de ambos aspectos, en las siguientes páginas expondré una crítica a su propuesta que no es más que la aplicación del modelo neoliberal, con la intención implícita de privatizar la educación y acabar con los sindicatos del magisterio.

En un interesante artículo[2] de Martha Verónica del Rosario se desmonta de una forma bastante convincente todo el entramado tras la solución de los “bonos escolares”, que viene proponiendo como una panacea la senadora Valencia, dejando claro que dicha iniciativa es un refrito cuestionable, que se ha aplicado en diversos lugares del mundo con resultados para nada satisfactorios y que hace parte del recetario tradicionalmente neoliberal, que argumenta que la solución a todos los problemas tiene que ver con privatizar lo público.

Desde el inicio de su artículo, la autora reconoce que la política de los “bonos escolares”, también conocidos como “vouchers” es claramente de estirpe neoliberal. Con la apariencia de neutralidad o eficacia, se intenta despolitizar el discurso económico e implantar la privatización de un derecho central como la educación, concibiéndola como “un bien objeto de transacción mercantil […] que cancela la posibilidad de su reivindicación como un derecho social” (pág. 237). Dicha política se ha aplicado en algunos casos, donde ha mostrado sus problemáticas. En Argentina, por ejemplo, el llamado “aporte estatal subsidiario básico”, se aplicó en la Provincia de San Luis, donde según la autora, sirvió claramente para salvar a muchas escuelas privadas, a través de “la introducción de un mecanismo de financiamiento por la demanda” (pág. 238). Todo este tipo de políticas no son más que una clara manifestación de lo que es llamado “Programas de Ajuste Estructural”, que defienden básicamente “recortes del gasto social del Estado, privatización de las empresas públicas, de los servicios públicos y de los recursos naturales, la desindustrialización” (pág. 239), entre otros aspectos.

Por lo anterior, lo que parece ser una inofensiva y muy equitativa propuesta de Paloma Valencia, no es más que un peldaño más en la trayectoria neoliberal del país, que ajusta su tercera década. Fingiendo una preocupación por los niños, jóvenes y adolescentes, pretende dar un paso más en la senda de la nefasta Apertura Económica, que viene aplicándose desde finales de los años 80s y que se consolidó con Cesar Gaviria (1990-1994), y los gobiernos posteriores. Con la idea de “racionalizar” el gasto público, se merma el gasto social, y se promueve claramente “la reducción del coste de la enseñanza pública” (pág. 240)

Lo anterior se hace evidente cuando miramos las cifras del gasto del gobierno central en educación en algunos países de América Latina, entre 1980 y 1992 (en % del total de gastos):

Fuente: Banco Mundial.

Dentro de este marco de aplicación del modelo neoliberal, según Martha Verónica del Rosario, la política pública de los “bonos escolares” concibe que los alumnos tienen “adosado un valor monetario”, y debido a esto, “los centros escolares intentaran reclutar la mayor cantidad de clientela posible, publicitando intensamente los atractivos del servicio que ofrecen a expensas del financiamiento de la enseñanza pública” (pág. 241).

La cita anterior sintetiza el proceso de forma magistral: los estudiantes se volverán una cantidad de dinero determinada, que todas las instituciones privadas se van a pelear (incluyendo las de garaje o baja calidad, que pululan en el país, y que van a aumentar), combatiendo con todo tipo de métodos (información falsa, competencia desleal, promesas desmedidas) por captar más estudiantes, mientras que el sistema educativo público caerá en una profunda crisis de financiación. 

Desde esta perspectiva, la preocupación no consiste en la deuda del Estado en torno a la vetusta infraestructura que es palpable en muchos lugares de Colombia; ni la conectividad de las escuelas; ni la mejora de las condiciones de los docentes, que son muchas veces la única representación del Estado en remotas zonas; ni la dotación de los colegios públicos. Simple y llanamente se propone privatizar indirectamente el sistema, trasladando el problema a entidades centradas en su propio lucro, y que sean los particulares quienes enfrenten los grandes desafíos de este sector en el país. Como dice el recetario neoliberal, la solución siempre es privatizar y generar una competencia que mágicamente mejorará todos los problemas de lo público, siempre acusado de las falencias y los tropiezos. 

Además de lo que venimos exponiendo, la autora del artículo deja claro que el debate de los “bonos educativos” no es nuevo, ni novedoso, y que hace parte de una perspectiva ideológica de vieja data, que tiene sus defensores (como Milton Friedman), y que se opone claramente a la escuela pública. Pero centrándonos en la crítica concreta a esta propuesta, podemos señalar algunas de sus falencias, sin dejar de definir la intención de dicha iniciativa.

Desde un punto de vista ideal, los “bonos escolares” serían una forma de pagar el servicio educativo, que se basa en la “demanda, de manera tal que cada alumno representa dinero”, por lo que en teoría sería un importante “incentivo para que los establecimientos mejoren”, adicionalmente, se daría una “libertad de elección”, y una “competencia como factor de mejora de la calidad de la educación” (pág. 245). Sin embargo, la realidad NO es tan simple, ni idílica. Veamos:

Un problema de esta propuesta tiene que ver con que el sistema educativo comenzaría a operar con una lógica empresarial, donde diversidad de oferentes pelearían por los alumnos, vistos como demandantes, buscando “la atracción de clientela y el cálculo de rentabilidad” (pág. 246).

Comenzarían a darse todo tipo de “maniobras fraudulentas para captar clientela”, como la corrupción, o la distorsión informativa. Aspectos muy preocupantes conociendo las prácticas indebidas tan comunes en el país, más cuando se trata de dineros públicos.

Se daría todo tipo de discriminación en torno a los estudiantes que llegan a nuevos colegios de una calidad supuestamente “mejor”, debido a su procedencia del sector público, percibido como mediocre y de baja calidad, razón por la cual serían estigmatizados. En torno a lo anterior, podría decirse que la reacción desde el sector privado podría constituirse en dos caminos. Por un lado, colegios de calidad, que muchos padres elegirían y donde los jóvenes serían señalados como provenientes del sector público y, por tanto, elementos que vendrían a disminuir esa misma calidad; y por otro, la creación de muchas instituciones nuevas, que serían de baja calidad y sólo estarían interesadas en el negocio, tratando de disminuir costos de muchas maneras como la precarización laboral docente, o el aumento desmedido de la oferta.

Este sistema provocaría una “balcanización” del sistema educativo, lo que debilitaría profundamente a los sindicatos de profesores (que hoy por hoy son los más sólidos y poderosos del país), sueño del Centro Democrático, que ha atacado constantemente a los docentes como actores políticos. La fragmentación del sistema público de educación, dejará a miles de docentes sin empleo, cuando las escuelas estatales cierren por la migración de sus estudiantes a las privadas. Lo anterior desembocaría en un sindicalismo apabullado.

En muchos casos las escuelas privadas serían las “que eligen a sus alumnos”, y no al contrario, por medio de la “segregación socioeconómica en la que opera una auto-selección clasista”, lo que desembocaría en una estructura donde aparecerían “escuelas para ricos y escuelas para pobres, prestas a competir” (pág. 247).

El sistema de bonos actuaría como un factor más de desigualdad, ya que daría “asistencia a aquellos que ya pagaban por educación y que ahora cuentan con el auxilio del erario público” (pág. 247), lo que significa que podría brindar bonos a sectores de las clases medias que tienen capacidad económica para acceder a las escuelas privadas, pero han optado por la pública. Esto desviaría recursos que antes se dirigían al sostenimiento del sistema público, para sectores que no tenían necesidad de los mismos. Por otro lado, los grupos de recursos más bajos, deslumbrados con la educación privada (aquí juegan factores como el arribismo, el estatus…), se verían excluidos de las lógicas de las escuelas privadas (útiles escolares, viajes, implementos o cuotas adicionales), que en muchos casos van más allá de la matrícula.

Finalmente, otro problema tiene que ver con la anulación del ideal de la educación como un derecho social importante, donde el Estado tiene un papel relevante en cuanto a proporcionar una instrucción de calidad y laica. Desde la perspectiva de los llamados “bonos”, se transformaría en una transacción simple entre particulares y privados, sin relevancia.

Los “vouchers”, los “bonos educativos”, los “bonos escolares”, o la financiación “al portador”, son esencialmente una política neoliberal, que favorece la proliferación de la educación privada y el debilitamiento de la pública. Así mismo, “los docentes afrontan la perdida de garantías de seguridad laboral a través de la flexibilidad en el empleo, salarios deprimidos, abolición de convenios colectivos, entre otros” (pág. 249), aspectos que tendrían unas consecuencias importantes debido al gran número de personas y familias que están relacionados con la educación estatal, y que pueden concebirse como una porción importante de tipo clase media ascendente.

Por último, el proceso de desvío de recursos del sector público al privado, sumado a la competencia constante entre distintos actores educativos particulares desembocaría en que “la elección de las escuelas no [sería] tan libre si se tienen en cuenta factores que la condicionan, como la disponibilidad de recursos, las posibilidades de acceso e interpretación de la información, la creencia en determinados valores y concepciones asociadas a la posición social y la auto-percepción de pertenencia o no a un grupo social” (pág. 250), a lo que habría que sumar las realidades geográficas de un país inmenso como el nuestro, las vías de acceso y las condiciones culturales de muchas zonas.