La informalidad laboral: su medición, causas y respuestas del gobierno del #Cambio

Hace más o menos 40 años, en medio de la creciente ofensiva neoliberal contra la función de regulación de la economía por el Estado, el economista peruano Hernando de Soto fue catapultado a la fama con su obra “El otro sendero”. El libro es una oda a la economía informal que le sirve para extender al campo laboral su apología de la desregulación económica como panacea para que los países latinoamericanos y tercermundistas logren, de algún modo, el desarrollo capitalista y la presunta superación de la pobreza.

Hoy, por el contrario, predomina el concepto de que la informalidad indica más bien el fracaso de ese modelo económico en generar empleo de calidad y contribuye a la precarización del nivel de vida de los trabajadores. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2021 no menos de 80% de los trabajadores pobres estaban en la informalidad en América Latina y el Caribe. Ya nadie le apuesta a semejante camino oculto del desarrollo que promocionaba ese pionero regional de la escuela neoliberal.

Sin embargo, en lo que no hay un consenso tan claro es en la delimitación de la economía informal. Y, por tanto, tampoco lo hay en el método para la cuantificación precisa de los trabajadores sometidos a la informalidad. Según muchos, su medición puede hacerse a partir de la falta de vinculación de trabajadores al sistema de seguridad social. Para otros, sin embargo, el criterio es más bien el de la condición informal de las unidades económicas a la que los empleados están vinculados. Asociado a este segundo enfoque, el DANE tiene como fuente de información la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Pero la confianza en la exactitud de la información tropieza con varias dificultades. Por el lado de las unidades productivas, la condición de formalidad de una empresa en Colombia (grande, mediana, pequeña o microempresa) no garantiza que se cumplan los estándares mínimos de formalidad laboral para todos sus empleados. Así mismo, para identificar la formalidad laboral tampoco es garantía plena la vinculación de la persona a la seguridad social. Esto se debe a que como, además de los trabajadores dependientes reportados por las empresas, los independientes también cotizan a la seguridad social y el umbral de cotización es el salario mínimo, se puede suponer que hay en esos reportes algunos que ocultan un mayor ingreso; e, igualmente, otros cuyo ingreso real es inferior al mínimo reportado, encubriendo entonces una situación de precariedad en el ingreso.

Tal precariedad tiene impacto directo en el nivel de vida y por eso el ingreso es el parámetro para una de las principales mediciones de la pobreza: la pobreza monetaria. De hecho, en el concepto de subempleo objetivo hay una categoría de identificación que representa el mayor porcentaje de este, el subempleo por “ingresos insuficientes”. Así mismo, el ingreso real puede por sí solo ser un indicador relevante de la informalidad, lo que explicaría por qué se observa una correlación entre los estimativos de los trabajadores que devengan menos del salario mínimo (alrededor de 50%, urbanos, y más de 75%, rurales) y las cifras calculadas para el total nacional del empleo informal en 2024 (55,8%).

Un esfuerzo para juzgar la precisión del método aplicado para medir la informalidad debe partir entonces de considerar los tres rasgos que se atribuyen al empleo formal: contrato laboral legal, remuneración igual o superior al salario mínimo legal vigente (SMLV) y afiliación al sistema de seguridad social. Siendo rigurosos, el empleo formal debe cumplir las tres condiciones, no solo la última. Y desde este punto de vista, se requiere complementar mediciones como las basadas en la vinculación del trabajador a la seguridad social con la comprobación de que su ingreso real no sea menor del salario mínimo y que exista un contrato de trabajo formal. Ese tipo de revisión más estricta sin duda nos llevará a porcentajes más altos, pero reales, del trabajo informal.

Entonces, es necesario emprender una investigación que empiece por establecer cómo complementar las mediciones actuales con la comprobación del cumplimiento de las condiciones de ingreso mínimo legal y la contratación formal en el marco del régimen laboral. Un posible punto de partida para abordar este problema es tener en cuenta la intensidad observada del fenómeno de la informalidad laboral en los distintos sectores económicos y grupos sociales. Para ello debe hacerse un uso analítico de la información disponible, si bien asumiendo sus limitaciones. Ese análisis permitiría comprender mejor sus características y acopiar conocimientos útiles para poder identificarlo y, posteriormente, cuantificarlo en forma apropiada. Y, sobre todo, puede ayudar a conocer o comprobar las razones que originan la elección por los trabajadores de esa opción laboral, así como para sustentar la estrategia económica efectiva frente al problema de la informalidad.

Según los datos disponibles, el trabajo informal representaba en 2020 solo 19,3% en los trabajadores dependientes privados, mientras entre los “por cuenta propia” y empleadores alcanzaba alrededor de 80%. Detrás de esta situación está la existencia predominante de la microempresa familiar en actividades como el comercio, los servicios y la agricultura. Las cifras más recientes indican que la abrumadora mayoría del empleo de los micronegocios es informal (84,7%) y, en muchos casos, forman parte de la economía del “rebusque”.
(Tomado de Aguilar, José y Ronal Mahecha, artículo publicado en Periódico UNAL, enero 23 de2023).

Por otro lado, también la condición de informalidad laboral dentro de las empresas es facilitada por las normas laxas sobre el contrato de prestación de servicios y otros medios para la terciarización laboral que introdujeron las contrarreformas neoliberales al régimen laboral (Ley 50 de 1990, Ley 100 de 1993 y Ley 789 de 2002). La reforma laboral que actualmente tramita el gobierno de Petro en el Congreso apunta a corregir la mayoría de estas normas que favorecen la degradación de los ingresos de los trabajadores y desmejoran sus garantías de estabilidad, negociación colectiva y condiciones de trabajo. Igualmente, se propone recuperar los beneficios salariales de los cuales fueron despojados por las leyes citadas, todo ello con el fin de avanzar hacia la meta del trabajo decente que propugna la OIT.

Sus opositores de los gremios empresariales y los partidos de derecha arguyen que subir los umbrales normativos del empleo formal hará menos viable la creación de ese empleo por los empresarios y aumentará la informalidad laboral. Pero olvidan que el aumento real de la productividad no se logra a expensas del deterioro de las condiciones de trabajo sino con inversión productiva. Y que la prosperidad de los negocios privados depende principalmente del crecimiento de la demanda agregada, que se incrementa con el mejoramiento de los ingresos de las familias. En América Latina, “más del 80% de todos los ingresos de las familias provienen del mundo del trabajo”, señala Roxana Maurizio de la OIT.

Aparte de eso, más allá de la pugna distributiva y los aspectos normativos, desde el punto de vista de la estructura económica el crecimiento de la informalidad se puede asociar a la pérdida de participación de las empresas grandes y medianas en la generación de puestos de trabajo asalariado y el correlativo fortalecimiento de los micronegocios, especialmente en el comercio y otras ramas del sector terciario de la economía, al igual que el aumento de las actividades por cuenta propia en los servicios no profesionales. Estas unidades económicas constituyen un refugio de empleo, tanto para quienes pierden su trabajo formal por los recortes de las empresas en crisis, como para quienes no encuentran acceso al mercado laboral por la escasez de oferta de trabajo.

En general, dicha oferta es directamente proporcional a los años de educación formal y deja por fuera en su mayoría a quienes no consiguen ingresar a la educación superior y completar una carrera universitaria. No obstante, las cifras sustancialmente más altas de desempleo juvenil -que casi doblan la tasa general de desempleo- demuestran que lo que sucede en realidad es que la economía nacional en su conjunto es pobre en la creación de puestos de trabajo por las empresas del sector formal. Así mismo, hay estudios que muestran un aumento localizado del empleo informal en las regiones con mayor recepción de la población desplazada internamente o por inmigración fronteriza, que coincide con las más altas tasas locales de desempleo. Es obvio que ambos grupos constituyen el “ejército de reserva” que permite mantener bajos los salarios, del que hablaba Marx.

Un análisis somero de los hechos anteriores nos permite sostener que, independientemente de las fallas y limitaciones del sistema educativo en la formación de las capacidades de la fuerza de trabajo, las causas de los problemas de informalidad, desempleo y subempleo hay que buscarlas en la economía. La estructura económica que se ha venido afianzando en el país es el resultado de un proceso de desindustrialización, tercerización, extractivismo y financiarización que promovieron las reformas neoliberales y las privatizaciones iniciadas a finales del siglo pasado. Este proceso se caracteriza por el crecimiento de actividades de baja productividad en el sector terciario y escasa creación de empleo asalariado en las operaciones del sector primario exportador (minería e hidrocarburos), lo que a su vez fomenta el trabajo informal, multiplicador de los ingresos laborales deficientes y de la pobreza. El crecimiento vegetativo de la población y de la fuerza laboral sin la correspondiente demanda de trabajadores por las empresas, da origen a una multitud de actividades de exigua productividad en las que florecen los micronegocios y las actividades por cuenta propia. Esa es la matriz de la informalidad laboral.

Así, la disyuntiva de la política económica para el Estado colombiano es evidente. Seguir promoviendo la estructura económica extractivista y primario-exportadora (depredadora además del medio ambiente), la desindustrialización, la importación masiva de alimentos y el predominio de la especulación inmobiliaria y las rentas financieras, con el correlativo aumento de la inequidad social, el desempleo y la informalidad laboral. O propiciar el renacimiento de la actividad productiva agrícola e industrial, la diversificación de la producción y las exportaciones con incorporación de tecnología y valor agregado, lo cual favorece la formalización laboral y el empleo decente propuesto por la OIT, así como la disminución de la desigualdad social, el desempleo y la pobreza.

La primera opción es la ya implementada por las minorías privilegiadas que presidieron el gobierno durante el siglo pasado y más de dos décadas del presente, con un estruendoso fracaso para la inmensa mayoría de los colombianos y para el verdadero progreso del país. Las mismas élites que están recurriendo hoy a todos los medios para impedir que esta situación cambie, incluyendo el intento de destituir al presidente que los derrotó en las elecciones de 2022 con la votación más alta de la historia del país; y al mismo tiempo, apoyadas en los engaños divulgados por los medios de comunicación a su servicio, vienen construyendo en la opinión un relato falso del gobierno para, en todo caso, recuperar la presidencia en 2026, volver a afianzar su modelo económico y conjurar el riesgo de perder sus privilegios.

La segunda es la alternativa democrática de transformar la realidad del país, un proceso que se ha iniciado ya con el programa de reformas sociales progresivas y las políticas económicas del gobierno del Cambio como la reforma agraria y el apoyo a la producción rural, la economía popular y la pequeña industria. Proceso de transformación que le correspondió iniciar al presidente Gustavo Petro y que hoy tiene en él su más consecuente e infatigable dirigente. Pero requiere un creciente respaldo popular para asegurar el respeto a su mandato constitucional. Y, así mismo, para la tarea de impulsar la consolidación de un frente democrático amplio que logre asegurar la continuidad del proyecto con una nueva victoria en las próximas elecciones.