En la antesala del 29 de octubre. Un pronóstico problemático sobre las elecciones territoriales, surgido de las vicisitudes del proyecto de cambio, y apuntando a sus salidas

Dos puntos esenciales de una táctica crucial

En vísperas de las elecciones territoriales, el presidente Petro ha condensado en dos orientaciones capitales la línea táctica del momento. Ha reiterado que las masas de trabajadores y el entero conjunto de sectores del pueblo se vuelquen a la calle en apoyo al proceso de cambio y las reformas, y en que debe persistirse en el gran acuerdo nacional. Y deriva ambas orientaciones de la actual correlación de fuerzas, entendida ésta como la relación de oposición y lucha entre las diferentes magnitudes de fuerza social, económica y política existentes en el país y enfrentadas a propósito de la fundamental cuestión de si Colombia avanza o no en la tarea de plasmar progresivas transformaciones largamente postergadas, y de si logra realizar o ve descartado el anhelo nacional de paz. 

Si el proyecto de cambio, los proyectos de reforma y las progresivas medidas en curso del Gobierno Petro suscitaron la definida oposición de las minorías privilegiadas y sus agentes, la recia voluntad mostrada por el presidente en seguir adelante apelando al pueblo, como la línea táctica trazada en consecuencia, desataron las desbordadas furias opositoras de sus medios televisivos, sus cadenas radiales y sus columnistas y editoriales. Sin excluir, desde luego, las bodegas bien financiadas por la ultraderecha que infestan las redes sociales con el veneno de sus fake news. Campaña que se transformó en monstruosa avalancha mediática cotidiana, diurna y nocturna, atacando al titular de la Casa de Nariño y a su gobierno, culpándolo en todo y por todo, desde la inflación mundial hasta el movimiento de las placas tectónicas que sacuden el país con sismos y temblores. Indicio temprano todo ello del acierto del rumbo del Gobierno del cambio, lejos de la habitual obsecuencia ante la todopoderosa plutocracia y sin trazas de la tradicional obsecuencia progringa. 

Desde el PTC evaluamos como acertada la línea táctica planteada por el presidente. Sin embargo, conviene examinar las dificultades y complicaciones surgidas en la ejecución de la trazada orientación. La movilización callejera, que el 27 de septiembre alcanzó su punto más alto hasta ahora, ha sido considerable y muy positiva pero aún insuficiente. La lentitud en lograr una arrolladora presencia popular en las calles acusa el efecto desorientador y generador de confusión de la sucia campaña mediática adelantada por los círculos más recalcitrantes enemigos de las reformas y de la paz. Principalmente, la faena adelantada en el estratégico terreno de las comunicaciones masivas por Semana, las cadenas Caracol, RCN, El Tiempo y El Colombiano, entre otros diarios y medios de extrema derecha. Concentrada en infundir incertidumbre y dudas sobre el Gobierno Petro entre las masas, la campaña da cuenta del acentuamiento de las vacilaciones del centro político y del deslizamiento, como ocurre en Bogotá, de segmentos de las capas medias a la derecha. Como de la falta de claridad entre algunos sectores más populares, que, sin cambiar su posición básica de apoyo al gobierno Petro, no perciben la necesidad ni la urgencia de las acciones de masas al orden del día. 

A la calle para apuntalar con fuerza el acuerdo nacional

Uno de los rasgos más positivos en las jornadas de movilización ha consistido en que el presidente ha empezado a valorar más objetivamente el papel del movimiento obrero y las centrales sindicales; manifiesto ello no sólo en las invocaciones directas a los asalariados en los “balconazos” desde la Casa de Nariño sino en que las grandes concentraciones y marchas del 27 de septiembre fundieron a pueblo y gobierno en acciones masivas con el mismo propósito estratégico. 

En cumplimiento de la persistencia en el gran acuerdo nacional planteada por Petro, como de la iniciativa de la dirección del Pacto Histórico, se ha brindado apoyo a las candidaturas más opcionadas en las territoriales, así fueren de los sectores que se apartaron de la coalición de gobierno, o que han tenido vínculos con fuerzas opuestas al proceso de cambio. La cuestión es que en ciertos casos la adhesión a tales candidatos, como la actitud de algunos de ellos, ha dado lugar en ciertas secciones territoriales a reproches, objeciones y malestar manifiestos provenientes de buena parte del mismo Pacto Histórico. Y en todo caso, en varias regiones, el objetivo de aglutinar el potencial votante del mismo en torno a únicas listas y candidatos de consenso a cargos uninominales, se ha visto trocado en un preocupante nivel de dispersión.

Sobre la necesidad de persistir en el gran acuerdo nacional, el presidente ha apuntado a la raíz del estratégico dilema o encrucijada al que se enfrenta Colombia. O las reformas se acuerdan de manera negociada, en el cauce institucional y modificándolo, observó Petro, o la necesidad y el anhelo de las grandes transformaciones dará lugar a tempestuosas confrontaciones ante las cuales palidecerán todas las grandes perturbaciones que ha padecido el país. En uno de sus discursos recientes precisó que la actual cerrazón de las cúpulas del establecimiento ante toda medida de progreso social, y para impedir las reformas en curso, fragua un quiebre institucional ─un golpe “blando” o duro─ que puede incluso llegar hasta la eliminación física del presidente. Pero les advirtió que ni aún con una salida extrema como esa deberían ilusionarse respecto de que por ese camino pudieran lograr mantener su dominio sobre Colombia en un clima apacible y sumiso: en tan estremecedoras circunstancias el cataclismo social y político que sobrevendría superaría en intensidad y alcance al 9 de abril. 

Al insistir en el gran acuerdo nacional, Petro busca que el pueblo colombiano de todas las vertientes políticas asimile la realidad de que lejos del extremismo que se le atribuye por su pasado guerrillero, lo que en realidad persigue es lograr de manera negociada los grandes cambios que necesita el país. Si la minoría plutocrática que ha gobernado a Colombia se aviene a esta adopción negociada de las reformas, el país podría ahorrarse la prolongación y profundización del largo ciclo de violencia y librarse de ingentes pérdidas en vidas humanas y recursos. A la inversa, si se atrinchera en su negativa, dispuesta a todo por conservar su poder y privilegios, el país entero terminará dándose cuenta de que no son Petro y su gobierno los responsables de la polarización sin retorno sino el minúsculo sector oligárquico, el que rechaza toda mejora y bienestar a las mayorías nacionales, con todas sus consecuencias. 

Sin pedagogía no hay suficiente movilización

Si la política trazada por Petro está ajustada a la realidad actual de las fuerzas en presencia y deduce la salida apropiada, la aprobación de las reformas mediante negociaciones, su ejecución ha sido otra cosa. Puesto que, tanto hacia afuera como hacia adentro de los sectores sociales y políticos que respaldan el gobierno del cambio, se imponía una denodada e intensa labor pedagógica, de educación y esclarecimiento de la política entre los más amplios sectores de masas. Desafortunadamente, es precisamente esta labor una de las que más se echa de menos. 

Era menester explicar una y otra vez las lecciones ya derivadas de la experiencia popular propia y reciente y en este caso, sobre todo, el porqué de los pasos y tareas inmediatas en la agenda política del país (la repetición no es sólo una ley de la propaganda sino de todo conocimiento verdadero, científico). Reiterar que fueron los estallidos sociales de masas de noviembre de 2019 y de abril de 2021, la contundente comprobación de que el grueso del pueblo colombiano demandaba cambios con su propia fuerza y lo que abrió camino al triunfo de 2022. Recalcar que sólo la concentración de la fuerza popular, ampliada sobre esa base a los acuerdos con ciertos sectores del establecimiento, condujo a la victoria. Lo que Petro llamó entonces el frente amplio, y después, luego de su elección, el llamado y propuesta que denominó el gran acuerdo nacional. 

Subrayar la constatación hecha por el propio líder del proceso de que no obstante haber puesto las fuerzas populares el punto más alto en la historia republicana del país ─nada menos que la hazaña de elegir el primer presidente progresista y de izquierda─, tan positivo e inédito balance de fuerzas aún no era suficiente para que la élite oligárquica aceptara sin rechistar la realización de las transformaciones al orden del día. Poner el acento en que, en cambio, sí era suficiente para poner sobre la mesa y hacer posible una negociación sobre las profundas y muy postergadas reformas por las que clama más de medio país. Es decir, que no se trata de una revolución ─por la sencillísima razón expuesta: la correlación de fuerzas para ello no da─, pero sí de una transacción para un mejor vivir de la mayoría, para la cual se cuenta con el derecho y la indispensable fuerza. Como quien dice, el pueblo conquistó con su acción masiva el derecho a sentarse a la mesa donde se toman las decisiones del poder y a negociar las que deben tomarse en su provecho. Y como en toda negociación ─esa forma que en algunos períodos toma la pugna de intereses de clase distintos─ en ciertos momentos resultan inevitables las demostraciones de fuerza entre los negociadores. Fue lo que el presidente espetó al país y exhortó a la mayoría colombiana partidaria del cambio: el pueblo debe ratificar con su presencia masiva en la calle su exigencia de mejores condiciones de trabajo, y acceso efectivo a la salud, a las pensiones, a la educación. 

Adhesiones como cheques en blanco

¿Es tan complicado explicar esto entre la gente sencilla? No lo creo. 

La calle es un escenario donde se mide la fuerza de masas de una causa; las elecciones territoriales, otro. Y es un hecho que, a la hora de examinar las posibilidades electorales del Pacto Histórico, en buena parte de las secciones territoriales del país simplemente no se veían candidatos de sus filas con el liderazgo que les diera opción de elegibilidad. Fue lógico entonces que, en aplicación de la orientación de persistir en el gran acuerdo nacional, la dirección nacional del Pacto Histórico examinara la posibilidad y la concretara en algunos casos en positivas decisiones, de respaldar candidatos en las secciones territoriales que no eran de la coalición de gobierno. No tan consecuente fue que no organizara los eventos colectivos pertinentes de las expresiones regionales del Pacto Histórico, ni difundiera mediante medios de comunicación propios o a su alcance, de modo concienzudo y completo, la explicación que fundamentara tales decisiones. No bastaba, ni mucho menos, la notificación enviada con algunos portavoces especiales ─a la manera de missi dominici criollos─, a última hora, en vez de desplegar los parlamentarios del Pacto Histórico a los territorios, en misión explicatoria e ilustrativa a fondo de dichas decisiones, que debió hacerse y no se hizo y que ameritaba la importante tarea. 

Por ello no podía sorprender el descontento, el malestar, el rechazo e incluso hasta expresiones de decepción y frustración, de segmentos del Pacto Histórico en algunos departamentos, sin descontar la tan lapidaria como injusta exclamación de rigor: “Resultó más de lo mismo”. Pero la mayúscula equivocación en la percepción de sectores de las bases y ciertos dirigentes del Pacto Histórico se origina, más que en otra cosa, en la responsabilidad de su dirección nacional por la injustificable omisión. 

Además, no es comprensible que algunas adhesiones a candidatos del establecimiento a cargos uninominales fuesen extendidas cual cheques en blanco, como puros y simples respaldos, escuetos e incondicionales. Si la misma estructura formal de los documentos de adhesión configura una especie de pacto firmado entre quienes se adhieren a una candidatura, de una parte, y el candidato que la recibe, de otra, procedía entonces servirse de dicho marco para los fines de la renovación del acuerdo nacional. Es decir, estampar con la firma de las partes el compromiso de respaldar, por parte del Pacto Histórico, la elección de determinados candidatos regionales o de centros urbanos importantes, contribuyendo así al acceso al poder territorial de los mismos, a cambio del compromiso de estos a la aprobación negociada de las reformas en curso en el Congreso, y de no sumarse a actividades conspirativas contra el gobierno ni a campañas mediáticas encaminadas a tal fin. Un do ut des razonable y factible. Se comprende la confusión, estupor o contrariedad, suscitadas ante la ausencia de tan sustanciales reciprocidades. 

En realidad, la propaganda y pedagogía sobre las reformas y el contenido del proyecto de cambio, como las movilizaciones callejeras, han corrido más a cargo de organizaciones del movimiento obrero (CUT, Fecode, otras centrales y varios destacamentos sindicales más), de organizaciones sociales (estudiantes, indígenas, afros, mujeres, ambientalistas, agrupaciones de lgtb+q), y de partidos de izquierda por su propia cuenta, que de modo formal y sistemático por el Pacto Histórico como frente nuclear de apoyo al gobierno. 

Viejas tradiciones en el nuevo rumbo

Aquí debe puntualizarse que el factor fundamental en la obstrucción del avance del proyecto de cambio ha sido y sigue siendo, el obstinado rechazo de la minoría oligárquica y sus partidos a toda reforma progresiva del statu quo. Mas planteado esto, es preciso señalar, a propósito del Pacto Histórico, que las tendencias que actúan en su interior como contracorrientes de su consolidación como frente progresista y de izquierda constituyen otros factores negativos cuya importancia no puede desestimarse. 

El predominio del criterio parlamentarista en la composición y toma de decisiones del Pacto Histórico es uno de estos fenómenos nocivos. Según tal rasero, las organizaciones sin personería jurídica y sin congresistas se catalogan, a lo sumo, como miembros de segunda o tercera categoría, a las que poco o nada se tiene en cuenta en las decisiones de fondo. Es el culto inercial a la tradición política excluyente y antipopular que reserva el ejercicio de la política y sus decisiones a los “caciques” y gamonales, invariablemente senadores, representantes o excongresistas convertidos en “jefes naturales” de bancadas parlamentarias de los partidos tradicionales. Con excepciones notables, buena parte de los dirigentes del Pacto Histórico han asumido, sin más ni más, tan regresiva tradición. Es el burdo traslado a la izquierda y el progresismo, al proceso emergente de la nueva democracia colombiana, de una detestable práctica e indeseable concepción del pasado. Esto tiende a concebir la política como algo distinto a las luchas de masas y genera una conocida y desdeñosa actitud frente a su sector más organizado, el movimiento obrero. Da la impresión de que el único papel que se adjudica a las organizaciones sin representación parlamentaria es el de votar por quienes ya ocupan dichos escaños, y de recibir sus directivas como ucases. Y es la fuente de rivalidades por la hegemonía en el Pacto Histórico, las más de las veces tan enconadas como triviales, entre voceros de sus colectividades con mayor representación en el Congreso, y que activan, por su mezquina actitud excluyente, múltiples fuerzas centrífugas. Nuestro botón de muestra es la deplorable proliferación de listas y candidatos por fuera de la coalición del Pacto Histórico. 

Falta forjar una cultura de frente único

La ausencia actual de una cultura política de frente único es otra falencia, que hunde sus raíces en el proceso histórico colombiano. Con excepción de la gran coalición multiclasista de emancipación nacional que lideró Simón Bolívar en la Guerra de Independencia de España, que agrupó en un solo frente único a labriegos pobres o sin tierra con grandes hacendados, como a amos y esclavos, la historia colombiana no es pródiga en este tipo de grandes alianzas político-sociales revolucionarias o progresistas. La gesta Comunera de 1781 esbozó, pero luego vio malograrse aquel ensayo de coalición anticolonial. El impulso progresivo que condujo a la liberación de los esclavos en 1851 pareció prefigurar, en especial ante la insurrección de los propietarios de esclavos, un activo frente popular antiesclavista, por desgracia truncado y breve. En las guerras civiles decimonónicas que desembocaron en la de los Mil Días, la bandera del progreso fue izada por el bando liberal, que, aunque falló con un federalismo a ultranza en la cardinal cuestión del Estado unitario, contó en sus filas con mucho pueblo como fuerza de choque sin que ésta se plasmara nunca en expresión política independiente. La indignada movilización de colombianos dispuestos a luchar por la soberanía nacional ante la mutilación de Panamá por la marina gringa, en la centuria que apenas despuntaba, como la propuesta de Uribe Uribe de unificar fuerzas entre gobierno y rebeldes para confrontar al usurpador extranjero, sólo obtuvo la indiferencia del régimen conservador entreguista. 

Luego, bajo la república liberal del siglo XX, cuando la corriente modernizadora de López Pumarejo enfrentó la reacción conservadora terrateniente y oscurantista, ciertamente se forjó una alianza con el joven movimiento obrero colombiano sin que este traspusiera del todo los linderos del liberalismo. El tramo de la Violencia, provocado por el asesinato de Gaitán al pugnar este por darle un giro popular, antioligárquico y democrático al liberalismo, inauguró el período de larga duración de sucesivas etapas de turbulencia, sometimiento foráneo, extrema desigualdad social y atraso, del que aún no salimos. El agrupamiento que logró movilizar el descontento contra el bipartidismo tradicional del Frente Nacional y provocarle el mayúsculo susto del 19 de abril de 1970, la Anapo, pese a su raigambre popular, tampoco tuvo nunca visos de un frente heterogéneo, de clases sociales diferentes y con independencia política. En suma, que durante casi toda nuestra historia republicana hemos carecido de una experiencia prolongada y profunda de un frente progresivo y transformador integrado por distintas clases y sectores de clase. Por contraste con la coalición y estrecha alianza actual entre las clases dominantes del país, que luego de incendiar al país con la guerra civil liberal-conservadora, firmaron su unión en Benidorm que ─con grietas como la de la fracción de Juan Manuel Santos querellada con Álvaro Uribe─ hasta hoy perdura. Este prisma histórico puede ayudarnos a comprender y superar la complejidad presente. En la cual resuena el eco de la máxima del coloso de Tréveris: la tradición de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos.

La singularidad de los tiempos que corren en el país reside en que empieza a abrirse camino una realidad política cualitativamente distinta. Con ocasión de las últimas elecciones presidenciales y luego bajo el Gobierno Petro, se ha conformado primero un frente de diferentes corrientes políticas de izquierda y progresistas, que después hace de núcleo sustentador de una coalición mucho más amplia, incluye segmentos del establecimiento completa o parcialmente partidarios de las reformas, y más allá aún, puede servir de plataforma o escenario para ventilar con los opositores de estas una aprobación negociada de las mismas. 

Podrá tildarse de ilusoria la política que no descarta la expectativa, basada en una propicia correlación de fuerzas, de que las minorías privilegiadas del país finalmente opten por una realización negociada de las reformas progresivas. Lo que no tiene sustento, ante la evidente persistencia en los hechos del Gobierno Petro en dicha política, es la acusación intencionada que le hace la derecha ─calculada para asustar las capas medias─ de intransigencia o radicalismo de extrema izquierda. En cambio, resulta pertinente la salvedad, muy corroborada por notables experiencias vividas en el Tercer Mundo: a la postre, las castas dominantes que rechazaron todo cambio mediante una transición negociada, una vez que el grueso del pueblo se percató por su propia cuenta de tal negativa, terminaron desalojadas del poder por la vía revolucionaria. 

No una élite parlamentaria sino una fuerza democrática y popular

En el Pacto Histórico, en lugar de un esfuerzo serio y mancomunado para decantar reglas democráticas que le den una contextura sólida al frente en formación, lo que prima y otorga su fisonomía y dinámica como coalición de izquierda y progresista son los pequeños pleitos derivados de ambiciones electorales particulares, o aspiraciones hegemónicas fruto de chovinismos de “gran fuerza”. El resultado en el actual proceso eleccionario fue la anulación recíproca de los propósitos enfrentados, la incapacidad e ineficacia que desembocó en el injustificable episodio de los avales que nunca llegaron, que ─como en la clásica fábula garciamarquiana del coronel que no tenía quien le escribiera─ dejó por fuera, a lo largo y ancho de la geografía nacional, numerosas listas y candidatos en muchos lugares, incluyendo departamentos enteros. 

Quizá la pila bautismal de tan escasa disposición de los movimientos revolucionarios y democráticos en Colombia a la unión de sus efectivos y a propiciar las más vastas alianzas multiclasistas haya que ubicarla en el deplorable capítulo que justamente se designó como “la patria boba”. Acaecido en el tramo inicial de la Independencia, entre 1810y 1815, cuando los patriotas discutían la forma de Estado que debía darse la naciente república y en lugar de acoger la acertada propuesta de Nariño de un mando centralizado propio del momento de la guerra de emancipación de España, varios jefes de las provincias dieron en enzarzar las filas independentistas en un insensata discusión entre federalismo y centralismo que dividió las fuerzas, facilitó la reconquista del comandante español Morillo, y condujo a la derrota temporal de la batalla por liberarnos del dominio colonial español. Acaso sea apropiado identificar esa fatídica tradición de patria boba de aquella generación precursora de la libertad de Colombia, con la que ahora en nuestro tiempo parece anidar en el cerebro de no pocos dirigentes de izquierda y del progresismo. 

En el cuadro de conjunto previo a las territoriales del 29 de octubre, registrados los factores principales de la actual correlación de fuerzas, también han de incluirse otros de considerable peso e incidencia en la situación del país.

Palestina: gran tragedia que conmociona el mundo

Sobresale el revuelo ocasionado por la posición del presidente Petro ante los terribles sucesos en desarrollo desde el 7 de octubre, fuera y dentro de la franja de Gaza, de extrema gravedad y de máxima repercusión mundial. El hecho de que un presidente colombiano no se limitara a corear o a la acostumbrada pasividad cómplice ante la opinión fabricada por el complejo mediático global, capitaneado por Estados Unidos y Europa Occidental, sobre el viejo conflicto árabe-israelí, fue convertido en piedra de escándalo. Petro no sólo se solidarizó con la lucha del pueblo palestino por su territorio y por su derecho a la supervivencia y a la libertad, que la política israelí y norteamericana tilda de “terrorista”, sino que denunció la política genocida que contra el mismo perpetra el Estado de Israel desde hace muchas décadas, llamándola por su nombre: neonazi. 

Ciertamente no se puede estar de acuerdo con la política de ataques deliberados contra población civil inerme, pero menos aún con la unilateralidad hipócrita e inadmisible de Occidente, de desgajar hechos aislándolos de su contexto, los 75 años de asesinatos de un pueblo inerme, de ultrajes, despojos y humillaciones perpetrados por el Estado de Israel contra Palestina, de donde brotan desesperadas distintas formas de justa resistencia. 

La derecha y sus medios pretenden hacerle creer al país que Petro es antisemita porque denuncia los crímenes de guerra, la política colonial, racista y ajena al derecho internacional del Estado sionista de Israel. Los portavoces de este servilismo progringo en Colombia, omiten con desfachatez que Israel es el único Estado del mundo que ha sido objeto, entre el siglo pasado y el presente, de más de ochocientas resoluciones de la ONU de condena a sus inadmisibles actos de agresión, barbarie y pillaje. Y cierran los ojos y tapan sus oídos ante la casi solitaria connivencia de Estados Unidos, de sostén al Estado israelí, porque es su principal instrumento de dominio imperial en la estratégica región del Medio Oriente. Si albergaran un átomo de patriotismo, nota atenta deberían tomar ante la altiva actitud del primer mandatario colombiano, de categórica reafirmación de la posición oficial de Colombia ya tomada sobre el asunto, propia de un gobierno genuinamente soberano, en respuesta a las invectivas del régimen de Netanyahu y a la “conminación” de la administración norteamericana.

Es factible que sectores atrasados y llenos de prejuicios de nuestro país lleguen a ser más influenciados por la andanada mediática de Occidente contra la causa Palestina y que, a la inversa, muchos más despierten a la solidaridad mundial con la causa Palestina, y que todo ello incida en las próximas elecciones territoriales. Pero lo cierto es que, sacudido por los acontecimientos, el mundo, incluida Colombia, ha dirigido mucho más que antes su atención a la franja de Gaza. Propiciando con ello un mayor acercamiento a la verdad del conflicto; multitudes en todo el Medio Oriente repudian vehementes, pese a la mayoría de sus gobiernos, el brutal ataque israelí contra la población civil de gazatíes, destruyendo su infraestructura básica y sus viviendas, privándola de los esenciales servicios de energía, agua potable, sanidad, educación, comunicaciones, y obligándola al desplazamiento forzoso. En Europa, como en América Latina, son numerosas las manifestaciones de protesta y las muestras de solidaridad con Palestina, asordinadas en vano por los monopolios mediáticos. En cualquier latitud del planeta, la gran tragedia humanitaria del pueblo palestino terminará poniendo de su lado a todas las gentes comunes y corrientes, de discernimiento atento y que cotejen los hechos con cuidado, sin fanatismos ni vendas ideológicas. Y percibirán con toda claridad la verdadera política del Estado de Israel contra el pueblo de Palestina: el exterminio masivo, complementado con el destierro de su propio suelo. 

Un pico del horror estremeció la humanidad el martes 17 de octubre: el misil israelí que impactó el hospital Ahil Arab de Gaza, matando más de 500 personas, integradas en gran proporción por niños. El infame truco de atribuir a las propias víctimas la autoría de los irreparables daños acarreados por la agresión, no convence a nadie. La ONU, que ya había advertido como imposible de cumplir el desalojo de los hospitales, condenó el atroz crimen. Un grupo de sus funcionarios, de expertos en crisis humanitarias, pidió una investigación de la Corte Penal Internacional. 

El presidente Biden, en viaje de emergencia a Tel Aviv, tuvo que regresarse con las manos vacías. Sin lograr controlar del todo a su díscolo protegido, el gobierno Netanyahu, con el peligro vivo de que el aventurerismo guerrerista de este termine haciendo explotar la inflamable atmósfera de los países del Medio Oriente, hoy semejante a un polvorín. Y sin poder realizar la programada cumbre con jefes de Estado de la región, pues tanto el de Palestina y Egipto como el de Jordania, ante el impacto de la carnicería, se negaron a asistir. Enseguida, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos vetó la propuesta de resolución de Brasil revocando la inaudita orden de Israel exigiendo la desocupación de la parte norte de Gaza para proceder a su destrucción. Algo que sin duda habría contribuido a poner coto al belicismo sionista, y facilitado camino a negociaciones de paz. Pero que no concordaba con los intereses imperialistas norteamericanos, ni con los de su colonialista pupilo. Hechos sobre hechos; quienes en Colombia reparen en ellos y escruten su fondo, podrán aprovecharlos para despejar el juicio y barrer la basura mediática que antes los mantenía embotados. 

Panorama de la víspera eleccionaria

En marzo de este año, la airada negativa de la encumbrada minoría privilegiada y de sus partidos y demás agentes a los necesarios cambios proyectados en las reformas propuestas o anunciadas por el Ejecutivo al Congreso, condujo a la ruptura de la coalición de gobierno. El suceso, un verdadero escalamiento de la contradicción fundamental de la sociedad colombiana, la generadora de la desigualdad social y el atraso, implicó un punto de inflexión que precipitó un pulso entre las fuerzas de la explotación y la opresión y las del progreso y la democracia, que está en curso y cuyo desenlace está por verse. 

Para cualquier gobierno, en un país distinto a Colombia, los logros del actual en el frente interno como en el plano internacional le habrían hecho acreedor de un alto reconocimiento. En efecto, el Gobierno Petro ha logrado en un lapso relativamente breve la mejora de dos variables clave del nivel de vida como son la disminución de la inflación (11% para septiembre) y la reducción del desempleo a menos de un dígito (el 9,3% en el registro reciente). Tanto más plausible cuanto que las alzas periódicas de la gasolina, el nivel de los precios de los alimentos y la política restrictiva de subidas de las tasas de interés del Banco de la República, son factores heredados del gobierno Duque y el período neoliberal. Y el genuino liderazgo en ascenso suscitado a nivel internacional por las posiciones del presidente Petro sobre el cambio climático, el fracaso de la política antinarcóticos basada en la represión al campesinado, y asuntos mundiales de fondo, como el concurso de su gobierno a la protección interestatal de la Amazonia y la propuesta, entre otras, de una conferencia mundial sobre el conflicto árabe-israelí en procura de la paz. 

Adicionalmente, pactó el cese bilateral del fuego con el Eln por 6 meses. Todo ello sin contar que por vez primera en treinta y más años de neoliberalismo en Colombia, una reforma tributaria empezó a hacer tributar en serio a los megarricos y recaudó apreciables recursos públicos sin esquilmar a los sectores productivos ni a los más pobres. A lo cual se agrega una lista considerable de progresivas medidas tomadas en el terreno eonómico-social, como la negociación con Fedegan para la compra de 3 millones de hectáreas, la entrega realizada de miles de hectáreas a familias de agricultores pobres, la renta ciudadana, la declaración de emergencia y la presencia presidencial en la Guajira, el aumento del presupuesto nacional de educación, la matrícula cero, las mejoras del Icetex, etc. 

Pero en el país más desigual de todos los de la Ocde, el segundo con mayor desigualdad social de América Latina, el de los hornos crematorios para borrar todo rastro de víctimas anónimas, de los más de 6.402 falsos positivos, del desplazamiento forzado de 8 millones de personas, del despojo de tierras a los campesinos que superó los 7 millones de hectáreas, de una megacorrupción sin parangón en el continente y acaso en todo el orbe, no se permite cambio alguno del estado de cosas reinante. Aquí mismo, en Colombia, una oligarquía atrincherada en su riqueza y privilegios, en su poder político y social, y en el credo del capitalismo salvaje, despliega una oposición irreductible a todo progreso y mejoramiento del nivel de vida del grueso de sus más de 50 millones de habitantes. 
Hoy, para desprestigiar la actual administración, radicalizar y movilizar en su contra a una opinión timorata y domesticable, o al menos para desorientar, sembrar el escepticismo o desesperanzar los sectores maleables de aquella que es progresista, sostiene una beligerancia mediática recrudecida desde que hace meses varias de las colectividades políticas a su servicio rompieran la coalición de gobierno. Con una ofensiva de desinformación, mentiras y tergiversaciones, oculta, silencia o minimiza los avances y logros de la nueva administración, al paso que magnifica las dificultades, males y problemas, algunos de ellos aparentemente fortuitos, como los escándalos de los casos de Laura Sarabia y Benedetti y el del hijo del presidente, Nicolás Petro. Pero que en su gran mayoría configuran prolongación de flagelos que vienen de atrás, anteriores al Gobierno Petro, constituyéndose en legado nefasto de los anteriores gobiernos neoliberales y uribistas, como la disparada ola de delincuencia común, los billonarios desfalcos al erario público, la violencia del narcotráfico, de sectores paramilitares y de las ex Farc que se apartaron del acuerdo de paz. 

Pronóstico obliga a tensionar aún más las fuerzas

Para abrirle camino a las reformas, amén de una muy fuerte presencia de masas en la calle, se requiere un contundente resultado electoral favorable. El paisaje político y económico-social descrito indica, empero, que para referirse a los probables resultados de las próximas territoriales ha de emplearse la fórmula clásica de los galenos sobre el estado complicado de pacientes: de pronóstico reservado. Paradójicamente, el vaticinio implicaría que los resultados electorales de las fuerzas democráticas y progresistas, bajo el Gobierno Petro, conllevaría menos avance y terreno ganado que el logrado en la mitaca anterior. Lo cual se conecta con la advertencia del presidente Petro expresada a una periodista: con todo lo importante que efectivamente resulta la elección como presidente, asumir el gobierno no se traduce automáticamente en acceder al poder. La realidad muestra que la reñida disputa de las fuerzas de ultraderecha contra la corriente política y social que lideraba Petro con su candidatura presidencial, después de elegido presidente y ejerciendo el gobierno, lejos de amainar, se intensificó y se tornó más irreconciliable. Al punto que la contradicción escaló su agudización a comienzos de año, con la ruptura de la coalición de gobierno, ya mencionada, hasta convertirse en la más rabiosa campaña mediática desatada contra presidente alguno de Colombia, y en conspiración que fragua un golpe de Estado, “blando” o duro según las circunstancias. 

En resumen, opera una conjunción de factores no favorables a la campaña democrática y progresista más avanzada del país. De entrada, como principal, la campaña mediática opositora ─cadenas de televisión y radio, diarios y revistas de circulación masiva, entidades financieras, empresarios, jefes de facciones de ultraderecha y algunos del centro político, asociaciones de reservistas, universidades, fundaciones e institutos controlados por la derecha─. 

Los casos en que la hostilidad declarada hacia el proceso de cambio los ha convertido, de modo planeado o fortuito, en escándalos contra el Gobierno Petro, con la diligente colaboración de entidades del Estado como la Fiscalía y la Procuraduría, y que sirven de material de profusa difusión de la campaña mediática adversa. 
Los problemas económicos y sociales vigentes que vienen de atrás y que afectan intereses muy sensibles de grandes segmentos de población pero que los adversarios atribuyen al gobierno. 

Las encuestas pagadas y efectuadas con claro sesgo parcializado. Como la ininterrumpida sucesión de encuestas, especialmente para medir la favorabilidad o imagen desfavorable del presidente Petro, y la intención de voto sobre candidatos, sin que se conozca medio fiable y verificable de que no se encuesta mayormente determinados estratos medios y altos, más proclives a la propaganda adversa. Se asemejan más a una tuerca del engranaje de la campaña mediática opositora que a una indagación objetiva del estado de la opinión. De espejo con fiel reflejo del estado de ánimo social, tal proliferación de encuestas puede así convertirse en instrumento para inducir la opinión hacia determinados candidatos y listas opositoras. 

Y los problemas y fallas del Pacto Histórico ya anotados en materia organizativa, de dirección en el terreno político ─en especial respecto al impulso y orientación de la movilización callejera y de la necesidad y conveniencia de persistir en el acuerdo nacional─, de proliferación de contradicciones secundarias, dispersión de fuerzas, marginamiento de efectivos electorales, y sin avance en la construcción de reglas que cohesionen y den solidez al frente de izquierda y del progresismo del país.

Como producto combinado de todo lo anterior, son visibles las dificultades de las candidaturas y listas del Pacto Histórico en estas justas electorales, en particular las de alcaldía y gobernaciones, especialmente de capitales y grandes centros urbanos y en departamentos de mayor población y en las regiones de más copiosa votación para las presidenciales pasadas. Pasar revista a las deficiencias y limitaciones existentes antes del 29 de octubre, en modo alguno deba entenderse como motivo para relajar las fuerzas; por el contrario: para tensionarlas al máximo y contrarrestar los factores adversos presentes hay que comenzar por identificarlos. Ser conscientes de empeñarse a fondo para minimizar su impacto negativo, mantener el terreno ganado, y concentrarnos en avanzar donde sea factible. 

Algunas de las salidas a las dificultades deberán emprenderse en la época postelectoral. Ahora lo principal es organizar la movilización del día de las elecciones. Teniendo presente que en esta materia nada está consumado hasta que la votación esté dentro de las urnas. Bogotá, 20 de octubre de 2023