A conformar una nueva fuerza: Petro y la Corriente Democrática salen del Polo [Edición 40, diciembre 2010]

Editorial La Bagetal Nº 40, diciembre de 2010

Durante los primeros dos días de diciembre, Petro y la Corriente Democrática que él lidera tomaron la decisión de irse del Polo y retomar la tarea de conformar una nueva fuerza política. Delegaciones de veintidós departamentos, incluidos significativamente, entre otros, todos los de la Costa Caribe, Amazonas y el Distrito Capital de Bogotá, con alrededor de quinientos asistentes, se reunieron el primer día de sesiones en el auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso y el segundo en la Asociación Cristiana de Jóvenes. El evento, en el que presentó un saludo Alonso Tobón, el presidente de la ASI, y varios parlamentarios del Polo, fue cubierto por prácticamente todos los medios masivos de comunicación, y constituyó una respuesta a la incredulidad de algunos reporteros de los mismos respecto al anuncio de que Petro se marchaba del Polo.

Petro había insistido, y lo reiteró el día de la decisión, en que eran múltiples y no conciliables las razones por las cuales él y la corriente que encabeza ya no formaban parte del PDA. Empezando porque a las fundadas denuncias sobre corrupción hechas por la Comisión de Seguimiento de la contratación de la Alcaldía de Bogotá, que coordinaron Gustavo Petro, el concejal de Bogotá Carlos Vicente de Roux y el senador Juan Carlos Avellaneda, la dirección del Polo había respondido con un asustado portazo. Con ello, las expectativas de que los indicios sobre el grave asunto, incrementadas con el cúmulo de evidencias recientes, pudiesen generar un giro rectificador en sectores de la dirección del Polo se habían desvanecido del todo. La mayoría de la dirección del PDA decidió descalificar el informe de la comisión mencionada, echar mano de fórmula tan sesuda como es la de que “quien resulte culpable que pague su culpa y quien no, no”, y renovar su irrestricto respaldo a la Alcaldía de Bogotá. La comisión de ética del Polo cerró el caso con el carpetazo de que no procedía la suspensión de los inculpados. Desde luego, en materia penal y disciplinaria, la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría, a su turno, dirán qué tan consistente es la exculpación extendida por la dirección del Polo.

Pero para ciertas conclusiones no se requiere esperar tales resultados. Por ejemplo, estará como para pagar palco el espectáculo de cómo la dirección del Polo convence a las bases de que el Alcalde que la colectividad eligió en Bogotá procedió ejemplarmente cuando cogobernó por años con el partido de Álvaro Uribe, y de que el Ideario de Unidad del Polo está pletóricamente expresado en las privatizaciones, políticas y actuaciones de la administración del Distrito Capital que han motivado las movilizaciones y denuncias del magisterio y los trabajadores. No requerirá mucha materia gris concluir quién realmente hizo los “pactos secretos”, ni quién estrechó lazos con el contratismo uribista. Por el contrario, se necesitará un optimismo fantástico para entusiasmarse y creer que con semejante bacalao a cuestas –la defensa de la Alcaldía de Bogotá–, habrá para el Polo chance de competir de nuevo por el gobierno de la capital.

La principal discrepancia: la apreciación sobre el gobierno Santos

La Corriente Democrática tomó su decisión consciente del crucial momento que atraviesa el país, cuando aparece más claro el pulso que está en curso entre el gobierno Santos y las fuerzas más regresivas de Colombia que encabeza el ex presidente Uribe. El forcejeo, ante el cual ningún colombiano podrá mantenerse ajeno, se libra especialmente alrededor del proyecto de Ley de Víctimas y Tierras, las relaciones con Venezuela y Ecuador, y en especial, en torno a los sonados casos que adelanta la justicia, como la “guerra política” del DAS y los procesos por parapolítica y corrupción a amigos y parientes del anterior presidente de la república, al igual que la larga disputa, al fin concluida, alrededor de la terna para designar el nuevo Fiscal. Asuntos todos que afectan de modo directo a millones de colombianos y en cuya solución está vivamente interesada la nación entera. Convencidos de que si el ex presidente Uribe lograra imponerse en esta liza el retroceso del país sería insondable, los asistentes a la reunión nacional de la Corriente Democrática no dudaron en acordar que apoyarán con decisión los esfuerzos oficiales en todo aquello que contribuya a aislar y derrotar la principal amenaza de la democracia en Colombia. Cuestión esta que, con todo y constituir lo principal por depender de su desenlace la suerte inmediata del país, no les impidió plantear también la visible contradicción entre tan plausibles propósitos y aquellas políticas y proyectos oficiales como la regla fiscal –y su derivada, la sostenibilidad fiscal–, el empeño en mantenernos como país casi exclusivamente minero, las iniciativas en materia laboral, el proyecto de regalías, y los de salud y educación, que prorrogan y acentúan el viejo esquema de atraso y pobreza nacional que ya completó las dos décadas en Colombia. La Corriente Democrática renovó así su compromiso de luchar contra tales iniciativas del actual gobierno y proponer otras de distinta naturaleza, acordes con el bienestar de los colombianos y el desarrollo del país.

A su turno, buena parte de la dirección del PDA pretende resolverlo todo con la sempiterna fórmula con la que el mamertismo colombiano, y desde hace un tiempo el MOIR, han enfrentado a sus adversarios ideológicos y políticos: Gustavo Petro “se pasó al bando enemigo”, es “agente de la CIA”, y un largo etcétera de los mismos clichés. No importa que Juan Manuel Santos, todavía como candidato presidencial, recogiera en su programa sustanciales puntos planteados con anterioridad por Gustavo Petro durante su campaña presidencial, a saber, las tierras del despojo, las víctimas de la violencia y el agua. El mismo sector de dicha dirección montó en cólera porque Petro propuso públicamente al presidente electo un diálogo público alrededor de temas tan cruciales. Tampoco importó que tales temas afectaran de frente los intereses del uribismo extremo, paramilitares y multinacionales implicadas en crímenes de lesa humanidad. El enojo se volvió indescriptible crispación cuando tuvo lugar la reunión pública entre el presidente Santos y Gustavo Petro, y un segmento de la dirección polista lanzó la acusación implícita de traición, derivada de supuestos “pactos secretos” contraídos con el actual mandatario por Petro, el líder político que con mayor contundencia denunciara los crímenes del paramilitarismo durante el gobierno Uribe. Acusación que quisieron reforzar con aquella de que Petro procedió inconsultamente, al margen de los estatutos del Polo.

Como puede apreciarlo todo colombiano con una percepción medianamente objetiva de las cosas, los hechos han ido revelando que cada día se profundiza un progresivo deslinde entre el actual gobierno y las huestes que comanda el ex presidente Uribe, y que uno de sus principales efectos ha sido un gran realineamiento político y social. De modo rotundo, acabó de confirmarlo la posición asumida por el gobierno Santos ante el asilo de la ex jefa del DAS en Panamá, claramente contraria a la de Uribe. La postura oficial del Polo, lejos de reconocer el clarísimo proceso de diferenciación del actual gobierno con los peores aspectos del régimen de los anteriores ocho años, adopta visos incoherentes: mientras por una parte vota favorablemente la Ley de Víctimas y Tierras (¿cuál es entonces el crimen de Petro?), por otra se ha comprometido con la insostenible posición de que Santos es Uribe III. Esta afirmación se desmorona con cada nuevo hecho, mientras que la percepción de que la diferenciación del gobierno Santos con respecto a Uribe es creciente –y sobre asuntos de fondo y trascendencia– se corrobora con los sucesos del día.

El debate sobre las reglas de juego

Por lo demás, quienes pretendieron prohibirle a Petro que opinara públicamente, so pretexto de los estatutos, mantienen periódicos, páginas web, correos habituales, sedes propias y posiciones públicas de los grupos políticos que presiden, que jamás consultan instancia organizativa alguna del Polo ni antes ni después de plantear sus opiniones y criterios, amén de las frecuentes declaraciones de sus voceros en el Congreso y otras corporaciones públicas. Porque una cosa es que la diversidad política y social, lejos de mirarse peyorativamente, constituya una gran ventaja en cuanto a que aglutina una más amplia fuerza de diferentes vertientes, como lo demuestra la experiencia uruguaya exitosa del Frente Amplio, integrado por numerosos partidos y organizaciones sociales. Y otra, la de algunos avivatos con aparatos propios que actúan a su antojo mientras aprovechan la ficción de buena fe que mucha gente del Polo profesa, la de creer que el PDA es un partido en sentido estricto, para prohibirle hablar a quien les contradiga. Cuando la propuesta planteada por Gustavo Petro de invitar a las fuerzas democráticas a una amplia convergencia triunfó en la consulta ciudadana del Polo para escoger candidato presidencial, sobrevino lo peor: la decisión mayoritaria no fue respetada. Entonces los portavoces de los sectores que hoy más vociferan sobre el acatamiento a los estatutos no sólo hicieron declaraciones públicas contrarias a la posibilidad de concretar acuerdos entre el PDA y otras fuerzas políticas, sino que adelantaron de hecho una especie de huelga contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, que se prolongó prácticamente hasta abril de 2010. El país debe saber que tales hechos constituyen algunas de las más palmarias manifestaciones de que el PDA ha derivado en una formación política cerrada, excluyente y sectaria.

La decisión de proseguir la formación de una nueva fuerza democrática

La Corriente Democrática, en fin, tomó la decisión de retirarse del Polo porque la situación colombiana requiere una nueva fuerza abierta, democrática en sus propósitos y funcionamiento, que constituya una confluencia de diferentes ideologías y formaciones políticas, y capaz de integrar la diversidad ideológica, generacional, étnica, de cultura, de género y de orientación sexual que hay en nuestro país; y que propicie lo que Petro ha denominado el encuentro progresista de todas las fuerzas de la democracia. La reunión nacional de la Corriente extendió una invitación a todos los demócratas de Colombia, y “a más del noventa por ciento de los colombianos”, dentro de los que destacó a la Alianza Social Indígena (ASI), al Partido Verde, y a las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) para que hagan parte de la amplísima coalición que hoy es imprescindible para que Colombia avance y que puede darle un vuelco progresivo al régimen político, al nivel de vida del pueblo y al desarrollo nacional.

En la reunión, Petro y varios de los asistentes enfatizaron en que la ruptura que ahora culmina viene de una larga estela de discrepancias, y los integrantes de la Corriente Democrática declararon que “no podemos permanecer en el PDA, porque simplemente este no hizo honor a los postulados con los cuales se fundó”. En efecto, cuando el país se enteró del asesinato de los diputados del Valle en poder de las Farc en calidad de secuestrados, en lugar de la tibia comunicación que entonces emitió la dirección del Polo sobre el suceso, debió condenarse la execrable utilización de personas secuestradas como instrumento de lucha política y no eludir, como se hizo, el claro señalamiento de la responsabilidad de los autores del masivo secuestro en la muerte de los diputados. Cuando Colombia hizo la mayor demostración masiva de repudio al secuestro y a sus autores, en vez de respaldar clara y simplemente aquella justísima protesta ciudadana, desde la presidencia del Polo se le pusieron trabas y reparos a la misma con el argumento de que aquella manifestación estaba al servicio del gobierno. Y cuando se libró en las elecciones de 2007 el pulso que constituyó la antesala de la batalla política por la presidencia en el 2010, el Polo, que debía demostrar la mayor amplitud y generosidad para con el conjunto de las fuerzas democráticas, impuso una política sectaria que impidió el apoyo de los polistas a varias candidaturas democráticas para alcaldías y gobernaciones. En todas estas circunstancias, la Corriente Democrática, cuyo líder y vocero ha sido Gustavo Petro, se pronunció críticamente sobre tan erráticas formas de proceder. Y en los mismos casos, se le contestó que apartarse de los dictados de la dirección del PDA no podía obedecer más que a proclividad frente al gobierno de Uribe. Respuesta tan obtusa como invariable tenía que suscitar entre los demócratas del país, los del Polo y los de afuera, una justificada repulsa, que ahora rubrican los integrantes de la Corriente Democrática, quienes han retomado la marcha hacia la construcción de la nueva fuerza de la democracia y el progresismo.