Instalación del Congreso: Duque ni dialoga ni escucha, sale corriendo

Por Alberto Herrera. Desde la instauración del Frente Nacional para acá, Colombia no había tenido un presidente más perdido, huérfano y cercado por un círculo social guiado por el desprecio a los sectores populares y partidario de respuestas violentas a las afugias de los más vulnerables.

El discurso presidencial de la instalación del Congreso el pasado 20 de julio es la muestra mas evidente de esta situación. Duque quiso mostrar un país que funciona maravillosamente gracias a su gestión. Al escucharlo, cualquiera que no esté medianamente informado, creería que Colombia es una locomotora veloz, imparable, con buen rumbo, donde abunda la prosperidad. Por el contrario, el mundo sabe que en Colombia se está dando la protesta mas amplia, extensa y airada de los últimos 60 años, que cuenta con el apoyo de mas del 85% de la población que ha mostrado a través de la lucha, el deseo y empuje para trasformar la situación. De las peticiones planteadas por la protesta al gobierno, no dijo ni mu, de la muerte de más de 80 ciudadanos en el trascurso del paro tampoco, eso si elogió la brutalidad policial responsable de innumerables atrocidades.

A los “héroes y heroínas de todo el sector de la salud, también los celebramos hoy y les decimos: Gracias” dijo, pero olvidó las múltiples deudas salariales que tienen con ellos y la agonía de los hospitales públicos por el incumplimiento de pago de las EPS.

Señaló que “no hay deber más apremiante que proteger” a los niños, pero no ha tomado medida alguna que detenga la mortalidad de niños por hambre en La Guajira.

Se vanaglorió de la nueva reforma tributaria ya presentada al Congreso y elaborada sin siquiera escuchar la opinión de los que tumbaron la anterior reforma, propuesta por su ministro Carrasquilla y que fue la causa del estallido social: “Es el salto de desarrollo humano más grande de las últimas décadas”, dijo. No aprendió la lección

Elogió su “política exterior y diplomática proactiva” para conseguir donaciones de ventiladores y vacunas, pero nada dijo del informe de la CIDH sobre el trato al paro, ni de la “exportación” de mercenarios que asesinaron al presidente de una nación en grandes apuros, ni de la presencia y actividad de tropas gringas que venían por tres meses y ya llevan un año en territorio colombiano.

Terminó mostrando que el piso le tambalea, pidiendo que “más allá de ideologías, partidos y diferencias, tenemos que salir adelante”, que lo esperen el año entrante a la nueva instalación de sesiones y salió corriendo del salón al momento de la alocución de la oposición, reafirmando que no dialoga ni negocia, pero que tampoco escucha. Actuó siendo fiel a su postrer mensaje: “Tenemos la obligación de caminar adelante escuchándonos mejor y hallando consensos”.

10 proyectos de ley del Comité Nacional de Paro: una agenda democrática y social

Por Fabio Arias, Fiscal nacional de la CUT

Después de un ejercicio de interrelación entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro CNP entre el 16 de mayo y el 6 de junio, en medio del portentoso y exitoso paro inicial iniciado el 28 de abril, el gobierno de Iván Duque se negó a firmar el preacuerdo sobre garantías a la protesta concertado desde el 24 de mayo y también decidió no negociar el pliego de emergencia presentado desde el 20 de junio del 2020.

Se había impuesto en ese momento la orden dada desde El Ubérrimo por el expresidente Álvaro Uribe de que el gobierno no tenía autoridad y que para restablecerla había que desechar cualquier negociación y acuerdo con los manifestantes en el paro, además de exigirles renunciar a la protesta y condenar los bloqueos o imponerla a sangre y fuego, incluso con la mal llamada asesoría militar y la presencia de fuerzas civiles armadas contra los manifestantes.

Ante estos hechos gravísimos de amplia tendencia fascista en el gobierno, el CNP planteó un ajuste táctico en el paro, que permitiendo mantener en el debate público la agenda del paro, lograra reagrupar y ampliar la base social movilizada.

Se determinó entonces llevar mediante diez proyectos de ley la democrática y social agenda social del CNP, que el gobierno se negó a negociar.

Esos diez proyectos son:

1- Renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual, para 7,5 millones de hogares por un año, entregado a la mujer de cada hogar.

2- Matrícula cero universal con recursos nuevos del presupuesto nacional.

3- Fortalecimiento de la red pública de salud y formalización de sus trabajadores pagados directamente por el presupuesto nacional. Reconocimiento laboral pleno a los trabajadores de la salud públicos y privados.

4- Subsidios a las nóminas de las mipymes y políticas públicas de generación de empleo.

5- Reactivación del sector productivo nacional, condonando deudas y fomentando créditos directos por el estado a cero intereses.

6- Derogatoria del decreto 1174 de 2020 que estableció los perversos contratos por hora con ingresos por debajo del mínimo y sin derechos a salud ni pensión.

7- Política integral para eliminar la discriminación y la violencia de género.

8- Estimular la participación e incidencia social y política de la juventud en los Consejos de Juventud, dándoles competencias vinculantes a sus decisiones.

9- Ley estatutaria de plenas garantías a la protesta social pacífica, con base en los protocolos señalados por la CIDH.

10- Reestructuración a fondo de la policía, que desarrolle un accionar cívico y comunitario y no militarista.

Estos dos últimos proyectos están basados en las recomendaciones dados en el informe de la CIDH.

El CNP les hará seguimiento a estos proyectos en el Congreso, para que la "jugaditas" del gobierno y el Centro Democrático, no puedan engavetarlos.

De esta manera a la fascista y neoliberal agenda del gobierno el CNP llamará a movilizarse contra este mal gobierno y a respaldar su agenda democrática y social representada en estos proyectos de ley.

La agenda del Comité Nacional de Paro en el Congreso: 

La redacción de La Bagatela, julio 27 del 2021

Desde el 21 de noviembre de 2019 la población colombiana, al llamado de las centrales obreras y de diversos movimientos sociales, se ha tomado la calle. La participación multitudinaria de varios sectores en las marchas vividas desde 2020 no han sido oídas ni atendidas por el gobierno de Duque.

Como lo destacan el informe de la CIDH y además en videos y escritos en medios de comunicación internacional, se ha demostrado que la única respuesta gubernamental es catalogar a sus autores como terroristas, vándalos y delincuentes.

Cumplida la jornada de manifestaciones acompañada por eventos culturales que se realizó este 20 de julio en todo el país, se mostró el apoyo del pueblo colombiano a los 10 proyectos de ley que surgieron de los puntos del pliego de emergencia que no fue atendido por Duque.

Un proyecto busca crear una renta básica de emergencia durante 12 meses que permitirá a 7,5 millones de hogares sumidos en la pobreza por el desgobierno enfrentar la crisis económica y alimentaria. Otro proyecto, Matrícula cero en la educación superior pública para pregrado y posgrado, con recursos del presupuesto de la nación. El tercer proyecto, Fortalecimiento de la red pública de salud y dignificación y formalización laboral para enfrentar la pandemia, para combatir los nefastos resultados de la Ley 100 para los trabajadores de la salud, quienes en se encuentra en su gran mayoría con trabajos no formalizados y en condiciones laborales indignas. El cuarto proyecto, Apoyos para reactivación económica de las mipyme y la generación de empleo, se enfoca en ayudar al 96,4% de los establecimientos que generan aproximadamente el 63% del empleo y el 45% de las manufacturas, es decir, más de 650.000 empleadores que cotizan al sistema de seguridad social y que ayudará al sostenimiento del empleo nacional.

El proyecto Apoyos para la reactivación del sector agropecuario, enfocado a la reactivación del agropecuaria del país, destruido por las políticas neoliberales. En el sexto proyecto, derogatoria del decreto 1174 de 2020 sobre piso de protección social, deroga el decreto 1174 de 2020 que reglamenta el acceso y operación del Piso de Protección Social para aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, con el propósito de establecer un marco normativo del piso de protección social conforme a los convenios de la OIT. Con el séptimo proyecto, Acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género, se busca la promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias de género, asignando presupuestos.

El octavo, Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, dirigido al cumplimiento del punto 2.2 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia. En noveno proyecto, Reforma al estatuto de juventud para hacer más efectiva e incentivar la participación política de la juventud, se robustecen los Consejos de Juventud otorgándoles un carácter vinculante en relación con las políticas de juventud, otorga incentivos a la participación política de la juventud y fomenta espacios de diálogo. Y el décimo e importante proyecto, Reforma a la policía, dispone desmonte del Esmad, renovación de las políticas de la policía que permita la garantía del cumplimiento de los derechos humanos y traslado de la entidad al Ministerio del Interior adicionalmente un conjunto de contenido que apunta a reforma dirigidas a fortalecer el carácter civil de la policía nacional modificando y estableciendo lineamientos claros en el uso de la fuerza en las protestas.

Claro y diáfano. Cada uno de estos proyectos, encierra en buena parte el grito de la calle y por eso deben ser dados a conocer ampliamente.

Sobre la obra de Doris Salcedo: Los muertos en la protesta nunca se olvidan

El paro nacional que se mantiene después de 44 días, ha sido una imborrable lección de lucha para los colombianos. Los logros de la poderosa movilización hasta ahora alcanzados reflejan la fortaleza de la protesta conjunta, adelantada en la calles por múltiples sectores sociales contra la inmensa inequidad reinante en Colombia. El testimonio de valor expresado en el paro, especialmente por la juventud, muestra una fuerza organizativa que no se conocía y es la antesala de mayores confrontaciones si el régimen persiste en ignorar sus sentidas reivindicaciones.

El lado oscuro de la protesta ha sido precisamente la actitud del gobierno. Interpretó la indignación popular como una violación de la ley y salió lanza en ristre contra la movilización nacional, disparando a mansalva, asesinando jóvenes en las calles de Colombia. Van más de 70 muertos cuando no ha debido caer ni uno. Cifra que se hubiera evitado al aceptar dialogar con la protesta y llegar a un acuerdo inicial sobre las múltiples demandas. El mundo ha tomado nota de tan infame actitud.

Ha sido la artista Doris Salcedo quien desde hace años con su obra, expresa el rechazo social a la continuada violencia contra la población y honra a las víctimas, en esta ocasión, con la creación Vidas Robadas. La obra muestra los rostros y narra la historia de los luchadores que han caído en la protesta desde el 21N. Son 56 casos de víctimas registrados hasta el 20 de mayo de 2021, cuidadosamente documentados, como la artista acostumbra hacer, partiendo de Dylan Cruz, pasando por Javier Ordóñez asesinado en Bogotá el 8 de septiembre de 2020 en un Cai, más los 12 muertos producto de la cacería humana desatada por la policía en las calles de la capital al día siguiente, incluyendo 42 víctimas del presente paro, donde aparecen dos policías.

“Para lograr que estas experiencias trágicas no queden reducidas al lamento, el silencio y la soledad de los dolientes, esta experiencia singular debe ser inscrita en una acción de memoria pública” señala Doris sobre su exposición expuesta en Fragmentos, un lugar que destaca la memoria de las víctimas de la violencia.

Del facebook de Yezid García

23 de junio. Los nombramientos de este gobierno en embajadas y organismos multilaterales han sido totalmente absurdos. Con Claudia Blum o con Marta Lucía Ramírez como cancilleres, Colombia sigue siendo el hazmerreír de la comunidad internacional. En uno de los países más laicos del mundo, Francia, Duque nombró como embajadora por más de dos años a una fanática religiosa evangélica, Viviane Morales; en EE.UU., que en la administración Biden ha dicho respaldar el Acuerdo de Paz, nombraron a Juan Carlos Pinzón, crítico de la paz, la JEP, la Comisión de la Verdad y la reconciliación nacional; Pinzón reemplazó a Francisco Santos, quien se metió de frente a hacer campaña por el fascista de Trump y causo profundo malestar en el gobierno demócrata; a un violador de derechos humanos, inquisidor, fanático quema-libros, que dice que el Papa es el anticristo, Alejandro Ordóñez, lo nombran representante de Colombia ante la CIDH, luego que la Comisión, en visita al país, constatara la brutalidad policial y la violación de los derechos humanos en el reciente Paro nacional; Duque y la cancillería proclamaron al oscuro personaje venezolano Juan Guaidó como prócer de América Latina, pusieron a su disposición un avión colombiano, le financiaron sus giras, todo porque “A Maduro le quedan pocas horas”, frase que ya tiene dos años de antigüedad; en el BID apoyaron la presidencia de Mauricio Claver-Caroni, gringo de origen cubano patrocinado por Trump, que no tenía el respaldo del nuevo gobierno demócrata, rompiendo así la larga tradición de nombrar en ese cargo a un latinoamericano. Y para rebosar la copa, insinuaron que el grupo de mrcenarios colombianos había “sido engañado” en la “misión” de asesinar al presidente haitiano Moïse. ¡Es imposible encontrar otro gobierno, en cualquier país del mundo, tan torpe como el de Duque!

23 de junio. EE.UU. no tiene ningún derecho para sancionar a funcionarios de otros países, incluídos Colombia y Cuba, ya sea por las contradicciones políticas internas o el tratamiento a las protestas populares. Para esa función están los organismos multilaterales y las Naciones Unidas. Pero además, ¿Con qué autoridad moral si los EE.UU. registraron en 2020, 1.021 fallecimientos pòr brutalidad policial frente a las protestas en su territorio? La sanción anunciada por el presidente Biden, a través del Departamento del Tesoro, de congelar bienes y fondos del ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Álvaro López-Miera, y de la Brigada Especial Nacional, es un exabrupto que viola la soberanía nacional cubana. Muy bravos por el tratamiento oficial a la protesta del 11 de julio en Cuba, pero complacientes con duque (Salvo una que otra declaración del Departamento de Estado). frente a la violación de derechos humanos, asesinato de manifestantes, miles de heridos y detenidos, desaparecidos, mutilados, presencia de civiles disparando al lado de la Policía, en los casi dos meses de movilización pacífica y ciudadana en el Paro Nacional. ¿Qué tal que el imperio cortara con la misma tijera y congelara los bienes y cuentas de Duque, el ministro Molano y la cúpula militar?