La desobediencia civil, firme de verdad con la patria

Gran revuelo y lágrimas de cocodrilo ha provocado en los medios políticos y mediáticos de derecha la declaración de desobediencia civil de Iván Cepeda. Porque este, en nombre de casi 13 millones de electores que lo respaldaron en las urnas, se manifestó en desobediencia civil hasta tanto Abelardo De la Espriella, declarado ganador de las elecciones presidenciales por los escrutadores oficiales de las mismas, no aclare su posición ante el conflicto de intereses nacionales que entraña su ciudadanía gringa y el desempeño del cargo de presidente de Colombia. Amén de eso, también por la debida aclaración pendiente, de circunstancias que lo vinculan como presunto agente de la DEA, la CIA, u otras agencias de seguridad de Estados Unidos. El excandidato presidencial del Pacto Histórico adoptó esta forma de resistencia civil ante la manifiesta decisión del declarado presidente electo de ejercer el cargo como súbdito de un poder foráneo colonial, Estados Unidos. Y de refilón, en rechazo a la desvergonzada y muda sumisión del establecimiento colombiano y de la jefatura tradicional del país ante el desembozado intervencionismo colonialista del Gobierno de Donald Trump a través de su agente, el estrambótico personaje en mención, que ahora se acicala para tomar posesión de la Casa de Nariño. Pero el cuestionamiento de Cepeda no es, por cierto, una solitaria golondrina en el oscuro firmamento de la política de las élites oligárquicas de Colombia. 

Antes, a mediados de junio, un nutrido grupo de exmagistrados y juristas ─expresión de ese baluarte supérstite de la nacionalidad que es la tradición democrática del país presente aún en las Cortes, la academia y la profesión de la abogacía─ se pronunció claro y fuerte. Advirtieron en carta pública sobre la incompatibilidad absoluta entre la ciudadanía estadounidense del entonces aspirante de la ultraderecha a la presidencia, y el desempeño del cargo de presidente de la república de Colombia [1]. Asimismo, hacía poco de ser publicado el artículo del periodista Gerardo Reyes de Univisión sobre Abelardo De la Espriella y que después, con el también colombiano y muy reconocido periodista Daniel Coronell, habían comentado en coloquio público. En especial, la investigación pedida por la fiscalía de Tampa y ordenada por un juez de la ciudad, acerca de hechos que relacionan como presunto partícipe del delito de lavado de dólares en Estados Unidos al mismo Abelardo De la Espriella, cuya firma de abogados en Miami prestaba servicios profesionales a narcotraficantes teniendo a Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche [2], como intermediario y asesor legal, un convicto de narcotráfico e informante de la DEA. En ese mismo mes de junio, un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos envió cartas al Secretario de Estado Marco Rubio, al Fiscal General y al Secretario del Departamento del Tesoro, solicitando formalmente investigar a De la Espriella por sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares y el supuesto uso de empresas de fachada en Florida para el lavado de activos [3].

Una de las innumerables muestras de respaldo a las ejecutorias del gobierno de Gustavo Petro, Bogotá.

De modo que los medios masivos de comunicación, en lugar de reparar en estos varios hechos públicos y de examinar con cuidado los motivos del cuestionamiento del excandidato presidencial Iván Cepeda a la legitimidad del presidente electo, prefirieron ignorarlos. Concentraron su ruido mediático en una cerrada defensa del cargo de quien, entre otras muchas cosas, hizo de flamante organizador en 2004, del foro público de los principales jefes paramilitares y de los políticos vinculados a la “parapolítica”en Santa Fe de Ralito [4]. Dichos medios, para socavar una argumentación que rehuyen analizar y menos quieren debatir, de una atribuyeron a la desobediencia civil invocada por Cepeda el propósito de llevar el país al desorden y al caos. 

En realidad, una simple lectura del compromiso hecho por De la Espriella al adquirir la ciudadanía estadounidense, da una clara idea de la magnitud y la gravedad de lo que se pone en juego, quienquiera que fuese el que hiciera semejante juramento y luego se desempeñara como presidente de nuestro país: 

Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio y abjuro absoluta y totalmente de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o del cual haya sido súbdito o ciudadano hasta ahora; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales; que guardaré fe verdadera y lealtad a los mismos; que portaré armas en nombre de los Estados Unidos cuando la ley lo requiera; que prestaré servicio no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando la ley lo requiera; que realizaré trabajos de importancia nacional bajo dirección civil cuando la ley lo requiera; y que asumo esta obligación libremente, sin reserva mental ni propósito de evasión; que Dios me ayude. [5]

Lisa y llanamente: que quien adquiera esa ciudadanía, jura servir en exclusiva los intereses de Estados Unidos y abjura servirle a cualquier otro interés. Sin embargo, contra evidencia tan ostensible, o ignorándola, se han pronunciado organismos del sistema electoral y tribunales judiciales de Colombia. En mayo el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, demandó la inscripción de Abelardo de la Espriella ante dicho Consejo. Y en junio, dos ciudadanos solicitaron, uno mediante tutela, la nulidad de la inscripción del candidato de Firmes por la Patria por inhabilidad, ante el Tribunal Superior de Bogotá, y el otro, la suspensión de dicha inscripción ante el Consejo de Estado. Pero tanto el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior de Bogotá como el Consejo de Estado, se pronunciaron, respectivamente, contra las demandas y la tutela . Arguyeron, cada uno según su competencia, que la doble ciudadanía no estaba prohibida por la Constitución ni constituía causal de inhabilidad. Y en el último caso, que la demanda era improcedente porque en la materia no podían demandarse sino las decisiones finales y la inscripción de un candidato no lo era. En síntesis, refugiados en un hiperlegalismo y en un apego extremo a la letra de las normas en vez de a la sustancia de las cosas, resolvieron eludir o ignorar olímpicamente los reales problemas y enormes riesgos que para el país implica el asunto. 
No obstante, por más que altos funcionarios del Estado de sus órganos electorales y judiciales, congresistas fletados y medios de comunicación del gran capital, oculten a la vista del gran público la trayectoria real de su héroe del día y nieguen los peligros e intereses —internos y extranjeros— que representa, impedir el debate público sobre el asunto se les viene convirtiendo en algo imposible de evitar. 

Jornadas del estallido social de 2021, Bogotá.

Así que los agentes oficiales y oficiosos de la ultraderecha, sobre el llamado a la desobediencia civil, todos a una, se dedican a equipararlo con una consigna promotora de disturbios, “incendiaria”, y poco menos que insurrecional. Adulterando la verdadera naturaleza de la desobediencia civil como modalidad pacífica de resistencia a la opresión y a la injusticia, y desconociendo su validez universal demostrada en múltiples países y fases de la historia contemporánea (de Estados Unidos, India, y Sudáfrica, por ejemplo). Falseando su propósito político real, pretenden suscitar una percepción de alarma y de miedo en la opinión pública, de modo que logren la pasividad de grandes masas de población por temor, ignorancia, o resignación. 

Los ex magistrados, docentes del derecho y juristas dieron la primera y muy sonora campanada de alerta. Corresponde al conjunto de la izquierda y al progresismo, persistir en que se desarrolle a fondo, de manera completa, el debate público masivo sobre el cuestionamiento planteado por Iván Cepeda. Invitando a todo patriota y auténtico demócrata, cualquiera que sea su partido o colectividad, a movilizarse para esclarecer a fondo esta cuestión de importancia vital. Nada menos que la de definir si el país está o no de acuerdo en que la soberanía nacional se someta al riesgo de ser suprimida cuando asuma el próximo jefe del Estado, dado su previo juramento de desempeñarse al servicio de una potencia extranjera (corroborado por la “alegría” del Pentágono gringo ante el anuncio de la designación por De la Espriella del Mindefensa venidero). Poniendo el acento en que la trascendencia de este debate público reside en que sin independencia y sin soberanía nacional, no pueden existir ni democracia, ni desarrollo nacional, ni elevarse el nivel de vida del pueblo. 

Jornadas del estallido social de 2021 en Cali.

Nunca hubo lema como “Firmes por la Patria” tan contradictorio con la corriente política del personaje que la encabeza; y nunca una consigna se autorrefutó a sí misma de modo tan evidente, por la trayectoria y los actos actuales de quien la esgrime. Llevemos este crucial debate a las grandes barriadas populares, a los sindicatos, fábricas, empresas y talleres, universidades e instituciones educativas, centros de investigación y de pensamiento, de cultura y arte y entidades todas del Estado. Esperamos, por supuesto, que en el Congreso lo hagan las fuerzas de izquierda y progresistas, y demás expresiones patrióticas de todas las tendencias y partidos allí representadas.
Hoy este debate sobre la defensa de la soberanía nacional resulta imprescindible para lograr una suficiente conciencia colectiva, social, que la vuelva efectiva en los hechos. Y a su turno, la misma es premisa de la resistencia civil masiva y potente que habrá de movilizar al pueblo frente a los anuncios y actos de sus enemigos de adentro y de afuera. Preparémosla, el próximo 20 de julio, uniéndonos a la celebración del Grito de Independencia de Colombia, convocada por las centrales obreras a través de su Comando Nacional Unitario. Conmemoración que dirá al continente y al mundo, que Colombia no es bien mostrenco, territorio sin guardián, ni presa fácil de aventureros sin arraigo, ni tampoco de cómplices vendepatria. 

Bogotá, 5 de julio de 2026.

Nota Bene: Después de escrito este artículo, el presidente Petro publicó su rechazo al reconocimiento de Abelardo De la Espriella como presidente electo, basándose en su denuncia sobre el fraude electoral cometido en las elecciones del 21 de junio.