Sobre la pertinencia del proyecto de ley para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres

El Comité Nacional de Paro, con ocasión de la última legislatura del Congreso en este gobierno, radicó varios proyectos de ley que intentan recoger las principales demandas que desencadenaron las poderosas movilizaciones del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril, y que tienen arraigo en históricas deudas del Estado colombiano con los sectores sociales más desfavorecidos.

Uno de esos proyectos de ley se enfoca en la prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género; allí se busca la articulación de esfuerzos entre diferentes instituciones del Estado para la atención integral y se propone la creación del Programa Nacional de Atención y Prevención de la violencia que estaría a cargo del Ministerio del Interior en articulación con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y los entes territoriales que tengan a cargo el trabajo en este campo; derivado de dicho programa, se plantea la instauración del Comité Nacional de Atención y Manejo de las Violencias Basadas en Género, cuya función principal, además de garantizar participación ciudadana, en particular de las mujeres, desarrollará campañas de sensibilización donde los medios masivos de comunicación tendrán un papel fundamental desde la perspectiva de una política cultural.

Adicional a lo anterior, se solicita el desarrollo de un Sistema Nacional de Estadística que recopile información y datos sobre hechos relacionados con las violencias de género en el país que permita que los planes, programas y proyectos que se formulen sean contextualizados a las necesidades territoriales. Con ello, se espera que el acceso efectivo a la justicia sea una realidad en casos de atención de las violencias basadas en género.

La importancia de promover un proyecto de ley en este campo es vital. En un país con marcado arraigo machista y patriarcal, no sólo en las formas de hacer política, sino en el tejido social que configura la cultura, además es clave y urgente: Desde las formas del lenguaje que se usan con frecuencia (sexistas y que toman como jocosa la cosificación de las mujeres); la romantización y naturalización de los roles que las mujeres asumen en tareas domésticas (como la maternidad, el cuidado en el oficio de la crianza o en la ayuda a personas que padecen enfermedades) que se hacen en el supuesto “nombre del amor”; en la negación del derecho soberano sobre los cuerpos y opciones de vida de las mujeres (donde debates como el aborto o la eutanasia se sustentan desde muchos sectores en una cuestión moral y no de dignidad y como problema de salud pública); donde el sistema neoliberal precariza al extremo e incluso excluye al punto de dejar en la informalidad o en el pleno desempleo a un gran porcentaje de la población, donde las mujeres, son mayoría.

Las diferentes formas de maltrato y violencias contra las mujeres son, entonces, los dispositivos que esa cultura machista y patriarcal usa para imponerse; y de ahí la necesidad de que la política pública ofrezca un conjunto de leyes que garanticen una atención integral, que vaya desde la prevención (donde la pedagogía alrededor de las nuevas masculinidades y la visibilización y apoyo a las reivindicaciones de las mujeres tenga un carácter de política cultural), la atención (que permita que las instituciones del Estado tengan en el enfoque de género el referente de acción integral que no conduzca a la revictimización), y la erradicación (que compromete a las instancias judiciales a que las condenas por estos hechos sea contundentes). Por ello, la iniciativa de este proyecto de ley es fundamental.

Si bien es cierto que el panorama político no es favorable para que este y los demás proyectos de ley que se radicaron tengan un trámite exitoso, la proyección de estas iniciativas marcan la agenda del panorama electoral del próximo año. Urge que el Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución sea una realidad y que tenga sustento en la perspectiva de género. Las partidas presupuestales que deben destinarse, no sólo para la creación del Programa Nacional de Atención y Prevención de las violencias contra las mujeres, sino para asegurar su funcionamiento y permanente financiación, requieren de voluntad política que, como ya está suficientemente demostrado, es inexistente en el gobierno de turno, excepto para movilizar la solidaridad en la defensa de los intereses mafiosos que lo conforman.

Mientras los órganos de control como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o la Personería, así como la Fiscalía General de la Nación, estén al servicio de los intereses de la clase dirigente, la situación de las mujeres en el país seguirá mostrando cifras dramáticas en las cadenas de desigualdades, marginaciones, exclusiones, abusos y violencias de las que son víctimas. Por eso, la radicación de proyectos de ley como este, no sólo requiere del apoyo popular en los sondeos de opinión o movilizaciones en las calles, sino también de la decidida participación en las urnas.  La trayectoria histórica de las luchas y reivindicaciones de las mujeres es un insumo fundamental para transformar el país.