¿Qué intereses han obstaculizado el avance de las reformas sociales prioritarias de este gobierno?

Las reformas sociales que el gobierno del presidente Petro viene impulsando en el Congreso de la República han encontrado obstáculos que parecen insalvables y ponen en riesgo el cumplimiento de los compromisos programáticos que tuvieron el respaldo de casi 11.300.000 colombianos en las elecciones presidenciales del año 2022.

El panorama legislativo actual presenta un escenario complejo: la reforma a la salud ya fue hundida, la reforma pensional se encuentra en su último debate en la Cámara con un tiempo límite apretado, y la reforma laboral, que debería tener su primer debate en la misma instancia, parece no tener un futuro cercano.

Detrás de este estancamiento se observan diversas estrategias que obstaculizan el avance de las reformas. Entre ellas, destacan las campañas desinformativas que buscan generar confusión y desconfianza en la población, la evasión del debate por parte de algunos sectores políticos, y las mañas de bajo perfil ético como dañar el quórum, priorizar mociones de censura a ministros y declarar impedimentos para dilatar las discusiones.

¿Qué hay detrás de los hechos que se mencionan? Inicialmente se podrían identificar grandes intereses económicos, pero más allá de ellos hay una disputa que tiene dimensiones filosóficas, ideológicos y políticas.

El debate filosófico sobre el Estado

Hay dos enfoques filosóficos sobre la sociedad y el Estado en disputa; uno basado en el individualismo, la libertad individual y la propiedad privada y otro que sin desconocer la importancia del individuo considera que el Estado tiene un papel importante que jugar en la economía para corregir las fallas del mercado, impulsar el desarrollo y promover el bienestar social(1).

Para el liberalismo filosófico el Estado debe limitarse a proteger los derechos individuales, hacer cumplir los contratos y proveer algunos bienes y servicios públicos mínimos. En lo ideológico defiende la libre competencia, el libre mercado y una mínima intervención del Estado en la economía. Por su parte, la perspectiva del interés general aboga por una intervención estatal selectiva en la economía para corregir externalidades, regular la política monetaria, crediticia, cambiaria, y el mercado, redistribuir el ingreso, promover el desarrollo, y proveer infraestructura económica y social.

Mientras los libertarios, al estilo Milei, consideran que el mercado sin intervención estatal asignará los recursos de manera eficiente, garantizará la seguridad social y promoverá el empleo, desde el enfoque del interés colectivo se plantea la necesidad de regulaciones para proteger a los consumidores, trabajadores, y para promover el comercio y la competencia justa.

El liberalismo filosófico aboga por impuestos bajos y una política fiscal restrictiva para evitar el déficit fiscal y servir a la deuda pública. Desde la perspectiva del intervencionismo estatal la política fiscal debe orientar la economía, redistribuir el ingreso y financiar los programas sociales.

La Ley 100 de 1993 introdujo el lucro en el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. Esta ley, junto con las reformas laborales que han reducido ingresos, desmontado derechos y flexibilizado la relación laboral, se desprende del liberalismo filosófico en su versión ideológica del modelo neoliberal. En contraste, las propuestas de reformas sociales actuales buscan excluir del mercado el sistema de salud y de pensiones, y dignificar el trabajo recuperando derechos individuales y brindando mayores garantías a los derechos de libertad sindical.

El sistema de salud: reforma o colapso

Los críticos de la reforma al sistema de salud en Colombia argumentan que esta crearía un monopolio estatal que restringiría la libertad de elección de los usuarios y limitaría la iniciativa privada, afectando a las EPS (Empresas Promotoras de Salud) que actualmente son fundamentales, según ellos, para el funcionamiento del sistema de salud. Sin embargo, la crisis en el sector se ha agudizado, como lo demuestra la solicitud de la EPS SURA de retirarse del sistema, lo que subraya la necesidad de una reforma. Si se continúa con el modelo vigente, establecido por la Ley 100 de 1993, se prevé la quiebra no solo de toda la red hospitalaria y de los prestadores de servicios de salud del país, sino también de las propias EPS que aún operan. Las deudas de las EPS con los prestadores de servicios y proveedores del sistema de salud ascienden a $23.3 billones, además de las desigualdades en la atención y las barreras de acceso que se manifiestan en la avalancha de tutelas (el 70% de las cuales son por procedimientos o medicamentos incluidos en los planes de beneficios que las EPS deberían proporcionar).

El principal obstáculo para la reforma del sistema de salud son los cuantiosos recursos que maneja, los cuales para el año 2024 superan los $90 billones, de los cuales alrededor de $78 billones provienen de los aportes de trabajadores y pensionados afiliados al régimen contributivo. Estos recursos han sido desviados por las EPS para crear negocios privados que benefician a sus propietarios a través de integraciones verticales, corrupción, y para financiar campañas políticas de partidos afines a la ideología neoliberal.

La esencia de la propuesta de reforma a la salud es la Atención Primaria preventiva, que requiere un cambio del enfoque de afiliación individual de las EPS a un modelo de afiliación social basado en el núcleo familiar. Estos dos enfoques son incompatibles. Además, la reforma busca eliminar el criterio del lucro en el sistema de salud, reemplazándolo por un enfoque basado en los derechos.

Reforma Pensional: conflicto en umbral de Cotización a Colpensiones

El núcleo de la propuesta de reforma pensional es el pilar contributivo, inicialmente planteado en el programa de gobierno con un umbral de cotizaciones al Régimen de Prima Media (RPM) administrado por Colpensiones de cuatro salarios mínimos legales. Sin embargo, tras discusiones dentro del mismo gobierno, este umbral se redujo a tres salarios mínimos legales y, posteriormente, a 2,3 salarios mínimos legales durante los debates en el Senado.
El punto central del debate sobre la reforma pensional es el umbral de cotización a Colpensiones. Un umbral más alto significa que Colpensiones manejará una mayor cantidad de recursos, mientras que un umbral más bajo favorecerá a los Fondos Privados de Pensiones, incrementando sus recursos y ganancias a través de las comisiones que cobran.

Fedesarrollo propone reducir el umbral a 1,5 salarios mínimos legales, con el objetivo de eliminar el Régimen de Prima Media y transformar a Colpensiones en un Administrador Público del Régimen de Ahorro Individual, compitiendo en igualdad de condiciones con los Fondos Privados de Pensiones (AFP). Asofondos apoya esta idea, sugiriendo que, en el momento de la jubilación, las AFP públicas y privadas transfieran los recursos a Colpensiones para el pago de pensiones. Sin embargo, debido a la insuficiencia de las pensiones, el gobierno tendría que complementar estos pagos con subsidios del presupuesto público, un modelo similar al chileno que ha generado descontento social por no garantizar una pensión mínima digna.

Uno de los intereses ocultos en el debate sobre el umbral de cotización es mantener las ganancias de las AFP, que provienen de las comisiones sobre los recursos recaudados. Estas comisiones representan, en promedio, $1,4 billones anuales. Del 16% cotizado, el 11,5% va a la cuenta de ahorro individual para el pago de pensiones, mientras que el 4,5% restante se distribuye en comisiones: un 3% por administración y seguros, y el 1,5% al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, cuya relevancia desaparecería según la propuesta de reforma.

Otro aspecto controvertido de la reforma es la introducción de nuevas comisiones que cobrarían los Fondos Privados: una comisión por flujo de cotización (0,8%), una por stock o saldo total (0,7%) y una potencial comisión por resultados. Estas nuevas comisiones aprobadas en Cámara podrían sumar hasta $4 billones anuales, según denuncias del ministro de Hacienda, y el gobierno no tendría facultad para regularlas (2).

En resumen, la reforma al sistema de pensiones refleja un conflicto entre los intereses económicos del capital financiero y el derecho a una pensión digna para los trabajadores colombianos.

La reforma laboral: intereses económicos, ideológicos y políticos

La reforma laboral en Colombia ha sido criticada por no fomentar suficientemente el empleo y la formalización laboral, con argumentos que señalan que incluso podría aumentar el desempleo y la informalidad. Esto, a su vez según los críticos, afectaría negativamente la cobertura de los cotizantes a pensiones, incrementando el pasivo pensional hasta niveles que pondrían en riesgo las finanzas públicas y las pensiones de los jóvenes de hoy.
Es cierto que la reforma laboral no se propone crear empleo directamente ni formalizar a los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, busca formalizar a los trabajadores subordinados que actualmente están en condiciones de ilegalidad laboral, recuperar derechos perdidos, promover el ingreso de la ruralidad al mundo de los derechos laborales, y modernizar las relaciones laborales colectivas

Los problemas estructurales de altas tasas de desempleo e informalidad laboral no se resuelven únicamente con una reforma laboral. Se necesita una reorientación de la política económica que restablezca el crédito de fomento, apoye la reindustrialización, la innovación tecnológica y mejore la infraestructura vial para avanzar en mejoras de productividad laboral.

La precaria estructura laboral del país es reflejo de una precaria estructura empresarial, medida tanto por su densidad como por su calidad. En 2023, la densidad empresarial en Colombia fue de 35 empresas por cada mil habitantes, mientras que en Estados Unidos fue de aproximadamente 51 empresas por cada mil habitantes y en México de 43(3).

En Colombia, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el número total de empresas matriculadas y renovadas en 2023 llegó a 1.740.168. Las microempresas representan cerca del 95% del tejido empresarial, las pequeñas empresas el 3,5%, las medianas el 0,8% y las grandes empresas el 0,3% del total nacional(4).

Los factores de interés que se oponen a la reforma laboral son económicos, ideológicos y políticos

Económicamente, la reducción de los recargos nocturnos y en dominicales y festivos representan una suma de $6 billones anuales que se embolsillaron los empleadores. Existe, a su vez, una fuerte oposición política desde los empresarios y la extrema derecha a la política gubernamental de fortalecer los sindicatos y mejorar su capacidad negociadora implícita en la reforma laboral. Con ésta se busca mejorar la protección del derecho de asociación, el desarrollo de la negociación sectorial multinivel y la garantía del derecho de huelga. Los empresarios argumentan que estas medidas podrían aumentar los costos laborales y reducir la competitividad empresarial. Además, temen que el fortalecimiento de los sindicatos podría llevar a mayores demandas salariales y mejores condiciones laborales, impactando negativamente sus márgenes de ganancia.

Desde la ideología neoliberal, se considera que los bajos salarios son la principal estrategia de competitividad empresarial y de generación de empleo. El supuesto es que el trabajo es una mercancía y el salario es su precio; por tanto, si el precio del trabajo se reduce, los empresarios contratarán más trabajadores, reduciendo así el desempleo. Este enfoque ha demostrado ser ineficaz, como lo evidencian las reformas laborales neoliberales que se han aprobado en el Congreso de la República, empezando con la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002 que no aportaron al empleo ni a la mejora de la competitividad del país. 

La reforma tributaria de Santos, la Ley 1607 de 2012, redujo los costos laborales en 13,5 puntos porcentuales al eliminar el 8,5% de contribución al sistema de salud, el 3% de contribución parafiscal al ICBF y el 2% al SENA por parte del empleador. A pesar de estas reducciones no se evidenció una menor tasa de desempleo, pero si un aumento de las ganancias empresariales que superan los $20 billones anuales, acumulando más de $240 billones desde su implementación.

En resumen, aunque la reforma laboral tiene objetivos claros de formalización y modernización sindical, enfrenta una férrea oposición basada en intereses económicos, ideológicos y políticos.

Conclusiones

El debate sobre las reformas sociales enmascara una pugna profunda entre dos visiones del mundo: la visión hobbesiana, que ve al hombre como un ser egoísta y competitivo, y la visión humanista, que apuesta por la cooperación y la solidaridad. Este conflicto no solo revela una lucha por las ganancias económicas en detrimento de los derechos, sino también un enfoque sobre el concepto de estado y sociedad que se quiere construir.