El PND debe avanzar en las transformaciones que requiere la educación

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo – PND debe reflejar los cambios que requieren la política educativa pública y la dignificación de la labor pedagógica. Para el efecto tiene como fuentes, la vitalidad de los 40 años de Movimiento Pedagógico, la conquista del estatuto docente en 1979, los trascendentales logros que el magisterio plasmó en la Ley General de Educación, la intensa resistencia a las regresivas políticas neoliberales, los acuerdos suscritos entre los gobiernos y FECODE y, recientemente, las coincidencias programáticas con el gobierno electo y las recomendaciones de su representación en la Comisión de Empalme.

Precisiones necesarias a propósito del proyecto del PND 2023 – 2027

Debe refrendarse como mandato, la reforma legislativa que garantice el aumento real y progresivo de los recursos para detener por fin la expropiación continuada evidenciada en el recorte de las transferencias de la Nación a los territorios que, entre 2002 y 2022 alcanzó la brutal cifra de $256 billones de pesos en educación y $466 billones en el conjunto de la inversión social “financiada” por el Sistema General de Participaciones – SGP[i]. La restitución de los artículos originales de la Constitución Política (356 y 357), necesaria para garantizar el derecho fundamental a la educación, tal como lo planteó el actual mandatario en su campaña electoral.

También debe expresar con claridad el compromiso de consensuar un nuevo estatuto docente para todo el magisterio, sin limitar la dignificación solo a algunos ejes. Menos aún si excluye de los mencionados, el derecho a los ascensos mediante un escalafón que restituya la justa relación entre, mejor calidad de vida y mayor nivel de formación, experiencia y/o producción pedagógica o académica.

El nuevo PND debe materializar conquistas del Movimiento Pedagógico

El articulado debe elevar sin ambages como política de Estado, los tres grados de preescolar en los colegios públicos con maestros y maestras oficiales y, simultáneamente en esa dirección, el MEN debe derogar o modificar el decreto 1411 de 2022, el cual insiste en que la escolaridad solo empieza desde los 5 años para embolatar el derecho.

Igualmente, debe apartarse de cualquier propuesta que desfigure la concepción de jornada única, de imponerla sin condiciones dignas y/o de suplantar su intencionalidad pedagógica por una suma de actividades destinadas a ocupar el “tiempo libre”. O confunda la fundamentación en educación física y artística, segunda lengua, tecnología e informática, requerida especialmente en inclusión, preescolar y primaria, con proyectos transitorios en artes y deportes entregados a cajas de compensación, que debilitan la función social de la escuela, atentan contra la autonomía escolar, el carácter de la profesión docente, desvían recursos públicos e imponen regresivas relaciones laborales, tal como ocurre en Bogotá.

Reiteramos que la coordinación con el SENA u otras entidades o fracasados y despilfarradores “mecanismos de articulación”, no pueden suplir o aplazar más la universalización de la educación media especializada académica o técnica y el fortalecimiento de los institutos técnicos y diversificados, establecidos en Ley General de Educación. Urge revisar el actual carácter del SENA y su relación con la educación formal en una mesa interinstitucional.

Voluntariado Juvenil y modelos híbridos, reedición de viejas novedades

FECODE y su Centro de Estudios e Investigaciones Docentes – CEID, resalta la importancia de seguir avanzando en la formación como derecho, materializada en una mayor financiación estatal, plasmando en las bases del proyecto del PND uno de los acuerdos con el actual presidente en su campaña.

Asumimos el debate acerca del fortalecimiento de las prácticas docentes y contribuiremos a elevar a categoría de ley, el sistema de formación docente con las universidades pedagógicas, facultades de educación, escuelas normales superiores, comités territoriales de formación docente y sus análogos de ciencia y tecnología, institutos de investigación educativa y el MEN. Pero no consideramos que el proyecto de Voluntariado Juvenil, tenga que ver con estos propósitos.

Más grave aún, el programa importado desde el otro lado del océano Atlántico, compromete seriamente la autonomía universitaria, escolar y nacional. Adicionalmente, urge que el MEN aclare y/o decline públicamente su intención de “endosar” a los estudiantes de las prácticas pedagógicas las funciones que le son propias a los docentes y/o de reemplazar por la vía de la desvinculación o el despido parcial a los 69.101 colegas que se encuentran en las plantas provisionales y temporales (MEN, junio 2022).

Reiteramos nuestra disposición al diálogo académico sobre la revisión de fondo del Programa Todos a Aprender – PTA como lo orientó la Comisión de Empalme, igualmente, acerca de una nueva organización escolar y curricular que requiere la escuela del posconfinamiento pero sin convertirlos en lineamientos obligatorios.

Es oportuno resaltar con mayúsculas, el irremplazable papel de la escuela presencial, no solamente por el carácter social del conocimiento y de los procesos pedagógicos[ii]. En ese contexto, la discusión sobre el necesario uso y alcance de las tecnologías de la informática y la comunicación no implica ni obliga de manera alguna la reedición de “implementación de modelos híbridos de educación”.

A su vez, es preciso acentuar el papel decisorio del gobierno escolar en la determinación del rumbo académico en desarrollo de la libertad de cátedra, la autonomía y la democracia; como también, la participación de la comunidad educativa y académica en la política educativa a través de los comités territoriales de formación docente, las juntas de educación y los foros educativos conquistados en la Ley General de Educación; en virtud de lo cual, debe pensarse en fortalecer estos órganos y no buscar suplantar su liderazgo en la movilización social.

Fortalecer el FOMAG, proteger sus recursos y garantizar los derechos

Urge garantizar el manejo transparente en la administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el criterio de oportunidad a las cesantías, a la pensión y la salud para materializar el disfrute los derechos. Pero la proyectada creación de una nueva entidad que asuma las funciones de la actual Fiducia no resolvería necesariamente sus desgraciadas falencias.

La voluntad política anunciada por el gobierno de fortalecer el FOMAG, no guarda coherencia con el artículo 101 del proyecto de PND. Dado que no es lo suficientemente explícito, son evidentes los riesgos de terminar con una duplicidad de órganos, es decir, el nuevo que cree el Estado y, otro que éste termine contratando para administrar los recursos del Fondo, posiblemente con fiducias mayoritariamente de capital privado, con su consabida práctica de especular con los recursos de los aportantes. La esencia del artículo 3 de la Ley 91 de 1989 debe ser defendida con firmeza por la Federación, cuál es que los recursos son manejados por una entidad en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. El remedio no puede ser más grave que la enfermedad, dice el refrán popular.

Urgencias de la política educativa pública que deben tenerse en cuenta

Las nuevas plantas de personal deben definirse con criterios pedagógicos para dignificar la educación, avanzar en la política pública, contribuir a resarcir los estragos del confinamiento en materia pedagógica y de salud y restituir los deteriorados ambientes escolares. Ninguno de estos propósitos es realizable sin una modificación favorable inmediata y a mediano plazo de los “parámetros” en todas las áreas, modalidades y niveles educativos en suelo urbano y rural. Igualmente, para que la Escuela Territorio de Paz, la igualdad de género, la defensa del medio ambiente, la educación sexual y etnoeducación, se constituyan en parte integral de la política educativa pública.

El fortalecimiento de la educación inclusiva implica recursos del SGP con destinación específica, como también, suprimir las concepciones que niegan el derecho a las respectivas poblaciones en las circulares 20 y 21 de 2022 y, lo convierten en “temporal” por vía del decreto 1421 de 2017, al impedir la convocatoria a concurso de las especialidades requeridas. También llegó la hora de finalizar la terrible persecución contra la existencia de la educación para jóvenes y adultos. Precisamente por esta y otras razones, FECODE acompañará el proyecto de acto legislativo que convierta la educación en un derecho pleno, mediante la modificación del artículo 67 de la Constitución de Colombia.

Nuestras posiciones sobre lo contenido en el proyecto de PND, comienza con la aprobación y radicación del Pliego de Peticiones de FECODE de 2023. Lo que significa que las prioridades en su negociación son los aspectos que, en nuestra opinión deben ser incluidos, excluidos o aclarados y/o convertidos en proposiciones oportunamente presentadas en el debate legislativo que aprobará la ley del Plan.

El momento histórico es excepcional, las coincidencias son enormes con el actual gobierno alternativo, democrático y popular pero el contenido de las trasformaciones debe ser acordado y el tono no puede ser menor a las reformas pensional, laboral y a la salud, cuya esencia FECODE respalda intensificando la movilización social, como también lo hará en el terreno de la educación. 

Artículo publicado originalmente en https://viva.org.co/.