La paz que necesitamos defender

La tercera semana de febrero será en definitiva la más tensionante en materia política de lo que va corrido del año. En su mediático proceso de consolidación, la oposición al gobierno Petro ha convocado movilizaciones nacionales para protestar en contra de las reformas que actualmente se adelantan. Al mismo tiempo el país no deja de sorprenderse con las nuevas alianzas políticas que se crean bajo el estandarte del “No a todo” frente al gobierno nacional.

Estos llamados surgen en medio del revolcón del Partido Conservador, que podría terminar por declararse en independencia u oposición al gobierno nacional; con las amenazas de paro por parte del gremio de taxistas; con los cuestionamientos constantes a la actuación de algunos ministros y en la antesala de las elecciones regionales y locales.

Para nada estas situaciones han sido exclusivas del gobierno Petro: varios de los antecesores del actual presidente pasaron por crisis parecidas e incluso peores; pero se debe destacar la inmensa cobertura en medios que se le ha dado a las mismas. No es un secreto que los gremios económicos que se verán “afectados” por las reformas que hay en trámite en este momento son los dueños tanto de los medios de comunicación que han magnificado el momento de tensión que atraviesa el gobierno nacional, como de los congresistas y líderes políticos que están dirigiendo las movilizaciones de la oposición.  

Veo en estas circunstancias un sueño cumplido: las diferencias políticas aparentemente irreconciliables de la población colombiana están siendo tramitadas por medio de la movilización popular, la forma de democracia más directa que permite nuestro orden constitucional, y no por medio de las armas, como se ha hecho durante casi 70 años, en esto ya hay un cambio que vale la pena defender.

No se puede ser ingenuo, la llegada de Petro a la presidencia no ha acabado, ni puede acabar mágicamente con las dinámicas de violencia que tienen más de tres cuartos de siglo de vigencia. Es sabido que en las regiones donde es más sutil la presencia del estado no se han sentido los ceses al fuego bilaterales decretados por el gobierno; se sabe que mientras el ELN habla de su voluntad de paz en México, sigue luchando su guerra perdida en las zonas rurales apartadas del país; es sabido que mientras los grupos neo-paramilitares hablan de paz con el gobierno, a los defensores del medio ambiente en Santander y otras partes de Colombia les llegan amenazas firmadas con las siglas de estos. El gobierno plantea la construcción de una paz compleja, en un contexto complejo, con actores complejos, y que no se va a dar de la noche a la mañana.

En una entrevista con el diario El Espectador la directora de la Agencia de Cooperación Sueca, Carin Jämtin, felicitaba al actual gobierno por tener la voluntad política de hacer la paz. En mi último artículo plantee que más que felicitar a este gobierno por su voluntad de paz (ya que esta es un mandato constitucional) se debía condenar al anterior por no haber avanzado en este aspecto, y me sostengo en esa postura. Pero, desde un punto de vista histórico y militante, tiene mucho mérito la Paz Total de Petro.

No es secreto que durante muchos años los movimientos sociales y políticos disidentes en Colombia vieron restringida su capacidad de acción por cuenta de los grupos paramilitares. La evidencia de ello es fácil de encontrar, hace un par de semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado colombiano por conspirar con paramilitares para asesinar a al menos 6mil militantes de la Unión Patriótica. Desde la década de los 80 fue común que las personas se negaran a movilizarse por sus derechos, a apoyar las ideas políticas alternativas (al menos de manera abierta), a inscribirse a sindicatos o a expresarse a favor de la paz por el temor de aparecer en las listas de los amenazados, que al tiempo se transformaban en listas de desaparecidos o de asesinados.

Se puede afirmar sin temor a equivocarse que hubo grupos políticos que transformaron al paramilitarismo en una herramienta de control político. Gracias al paramilitarismo sectores políticos pudieron retener el poder en el tiempo, pudieron anular a la oposición e incluso ascender a cargos de relevancia nacional. Cuando en 2004 Salvatore Mancuso afirmó que más del 40% del congreso pertenecía a las Autodefensas Unidas de Colombia todos los congresistas le aplaudieron de pie, y nadie se sorprendió.

Pero el paramilitarismo tenía una limitación como herramienta de control político. Se dice que Carlos Castaño, quien fue el líder máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia, era consciente de que después de acabar con las guerrillas el estado iría tras los paramilitares, por eso se cree que intentó acelerar las negociaciones de paz con el gobierno Uribe, mismas negociaciones en las que se dice fue asesinado por su hermano y sus allegados más cercanos al negarse a recibir narcotraficantes en sus filas (¿suena familiar, no?). Más que la extradición acelerada de los jefes paramilitares desmovilizados en Ralito, creo que la captura de alias Otoniel (quien fue mostrado como premio de caza por el gobierno de aquel entonces) es prueba de ello.

El hecho de que el actual gobierno esté negociando con los grupos paramilitares representa el final (al menos parcial) de la dinámica de sicariato político que estos grupos encarnan. Además con ellos se intenta desmovilizar a bandas de delincuencia común en las grandes ciudades: quienes habitamos alguna vez el Valle de Aburrá sabemos que son los herederos de las funciones de los grupos paramilitares. Además se intenta negociar la desmovilización de los remanentes de las guerrillas, quienes fueron la gran excusa para la actividad política del uribismo en los últimos 20 años.

En temas de paz la propuesta del gobierno Petro contempla un cambio completo, no solo plantea sacar de la confrontación a grupos que afectan de forma significativa a las comunidades (que de por si es un gran logro), sino que también planea sacar del escenario a actores que han impedido el crecimiento del movimiento social y han victimizado, o servido de excusa para victimizar, a aquellos que pensamos distinto. Sin negar que hay aspectos del ejercicio del gobierno que se deben mejorar, y que probablemente se mejorarán con el nuevo plan de desarrollo con enfoque social, creo firmemente que esta es la paz que necesitamos defender.