Los hechos le siguen dando la razón a Fecode. Contundentes verdades salen a flote

Los planteamientos defendidos por Fecode para garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas en medio de la pandemia, fueron desfigurados por la tenebrosa bodega publicitaria del régimen. Sin embargo, los hechos nos dan la razón.

La ofensa contra el Magisterio y la Escuela pública, sospechosamente persistió después de que Fecode lograra, el pasado 8 de julio, un Acuerdo con el Gobierno Nacional sobre las condiciones y excepciones de la presencialidad en el marco de la negociación colectiva, la cual priorizó la salvaguarda de la vida y la salud. Veintiún días duró el pulso para concretarlo, debido a la resistencia del Ministerio de Educación a incluir los criterios establecidos mundialmente por la comunidad científica para el retorno presencial en los colegios.[1]

El Gobierno Nacional sigue saboteando el cumplimiento del Acuerdo, desconociendo conceptos científicos, absteniéndose de incluir recursos destinados a bioseguridad de las escuelas en el presupuesto de la Nación de 2022, negando nuevamente la iniciativa de Fecode para adicionar $650.000 millones de pesos para dicho propósito y evadiendo la convocatoria de las mesas de seguimiento, que incluyen a nivel regional, a directores rurales o rectores, padres o madres de familia.

Los hechos nos dan la razón

El estudio del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana afirma: “En cuanto a recursos de salud, solo el 41% de los colegios participantes no tienen disponibilidad de agua potable para beber o preparar alimentos. Esta cifra es de 57% para colegios oficiales y de 71% para rurales. La evidencia indica que el 30% de escolares en Colombia tienen parásitos intestinales (causados por las condiciones de agua, saneamiento e higiene) y esto puede llevar a tasas del 20 al 40% de ausentismo escolar, y pérdidas de 4 puntos de coeficiente intelectual. Solo el 26% de los colegios del estudio monitorea el peso y la talla, y 42% no tienen estándares para promover la alimentación saludable y prevenir riesgos asociados.”[2]

No sobra recordar cuánto “palo” recibió Fecode por advertir las enormes dificultades que debían ser subsanadas. Algunos pregonaban que, por el solo hecho de ubicarse en la periferia, las zonas rurales tenían las condiciones para laborar presencialmente.

También, calificaron como exagerado el planteamiento de Fecode sobre materializar el acceso universal a las TIC como componente del derecho a la educación. Entretanto, el régimen expropiaba los recursos a la niñez y a la juventud.

El régimen sigue despreciando la vida

Mientras que los Ministerios de Educación y Salud, anuncian un innegociable retorno pleno presencial, la vicepresidenta de la Federación Médica, doctora Carolina Corcho, señala que “es un mensaje equivocado, la apertura total de las actividades sociales y el permiso para contar con aforos del 100%” y que, los responsables de un cuarto pico de la enfermedad son el atraso en el plan de vacunación. El 45% de la población tiene el esquema de protección completo[3].

El pasado 9 de noviembre, Caracol informó sobre 400 niñas y niños hospitalizados por covid, 32 fallecidos y el inevitable auge del cuarto pico. Dolorosa estadística que revela el grado de irresponsabilidad de quienes alentaron el retorno presencial, afirmando que los menores no se contagiaban y, de ñapa, agredieron a Fecode cuando insistió en la vacunación desde tempranas edades.

Orlando Acosta Lozada, PhD en virología, precisó que la vacunación no es el único factor, pero es indispensable para proteger la población que abarca edades entre 3 y 12 años. Sin embargo, la “normatividad” para el retorno a la escuela presencial se niega a incluirlos; a la vez que obliga a la presencialidad, a quienes padecen comorbilidades y a los no vacunados, pese a que el 99% de los fallecidos por covid, son personas que no han recibido ninguna dosis, según Acosta[4].

Además, el educador que recibe la segunda dosis debe presentarse inmediatamente al colegio sin que haya un tiempo apropiado para su asimilación. Más grave aún, si se detectan contagios en los colegios, el protocolo es letalmente lento y extemporáneo, lo cual contrasta con los rápidos anuncios de abrir procesos disciplinarios por ausencias “injustificadas”, pese a que la modalidad no presencial sigue garantizando el derecho a la educación.

La vida y salud, entre la razón y la soberbia

La propaganda del régimen y de la exviceministra Isabel Segovia, trataba de demostrar que Fecode no entraba “en razón”, en contravía de los contundentes hechos expuestos. Haciendo caso omiso a la propuesta de Emergencia Educativa que la Federación le hizo al Ministerio de Educación Nacional, en carta fechada el 6 de mayo de 2020, la cual fue despreciada pese a estar sustentada científica, académica y pedagógicamente. También fue publicada en la edición 138 de la revista Educación y Cultura[5].

La revista ha dedicado más de medio centenar de artículos de fondo, editoriales y ediciones centrales a exponer sus planteamientos. La edición número 141 publicó tres informes ampliamente difundidos sobre la situación de la escuela y de la docencia en tiempos del covid-19, elaborados por el Ceid, equipos de Fecode, la Red–Estrado y la Internacional de la Educación (Ieal).[6]

La (Ieal), la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil (CNTE) y la Rede Estrado, presentaron el pasado 5 de octubre los resultados de la investigación realizada en 13 países de la región sobre trabajo docente en tiempos de la pandemia.[7]

La letal demagogia y los estragos del régimen, no tienen límite

El Gobierno siempre excusó el retorno a clases presenciales, obviamente sin condiciones, en las enormes dificultades de salud para niños, niñas y jóvenes debido al confinamiento, pero nada hace para reversar sus estragos. A los hechos ya referidos, se agrega su poca efectividad en atajar la corrupción en el PAE. Peor aún, utiliza incompletos, desbalanceados y, en muchas ocasiones, descompuestos refrigerios para presionar indebidamente a las familias.

Para contribuir a reversar con seriedad los efectos de la pandemia, Fecode propuso una nueva organización escolar y curricular que, requiere estudiantes agrupados teniendo en cuenta la promoción y/o deserción escolar, lo que implica un mayor número de docentes. Presionado, el gobierno convocó el concurso docente, pero desconoce completamente la educación inclusiva y la cifra total en todos los niveles educativos y áreas es insuficiente. El escaso número de 872 plazas para docentes orientadores, es perversamente “coherente” con su regresivo Plan Nacional de Orientación que impone funciones propias e impropias sin límite. Más grave aún, si se tiene en cuenta que 569 plazas están destinadas a Bogotá y Boyacá, es decir 303 para el resto del país.

En preescolar, el número de plazas a concursar, es tan solo de 1820 colegas, de las cuales 1.667, están concentradas en 3 departamentos y Bogotá. Es decir, 153 para el resto de Colombia, lo que refleja el incumplimiento de Acuerdos suscritos con Fecode y la “esperanza” del gobierno en poder suprimir el carácter profesional de la docencia, eliminando los títulos requeridos para ejercerla en éste nivel educativo (proyecto de ley 130/21).

La publicidad contra Fecode tiene como propósito, crear el “estado de opinión” y poner a discreción la totalidad del presupuesto público a operarios privados (proyecto de ley, 021/2021), a costa de la existencia de la gratuidad, el derecho a la educación, la función social de la escuela, la libertad de cátedra, la autonomía, la democracia y el gobierno escolar y, por supuesto, de la escuela y el magisterio estatal, tal como lo demuestran los oscurantistas proyectos de ley impulsados por la bancada gubernamental, hundidos gracias a la movilización social y al Paro Nacional pero que hoy nuevamente radicó, con el propósito de cumplir su sentencia de “hacer trizas los Acuerdos de Paz”, a la JEP y a Fecode.

La decisión política del Gobierno de no atender los criterios de la comunidad científica a la hora de tomar decisiones en salud pública y no cumplir ninguno de los acuerdos suscritos con Fecode hace tres meses y medio, también tienen el propósito de deslegitimar a la Federación, sin importarle la vida y la educación en condiciones dignas, prioridades de la negociación colectiva en 2017, 2019 y 2021[8].

La Movilización Social y el Movimiento Pedagógico persistirán en defender tan vitales derechos y evitar nuevamente que el régimen nos regrese al Siglo XVII en educación por vía de sur regresiva agenda legislativa. Tampoco la tenebrosa publicidad del régimen, impedirá que inclinemos la balanza a favor de la sobrevivencia del Estado social de derecho y las fuerzas democráticas en 2022.

¡En defensa propia!

Colombia, noviembre 21 de 2021