Declaración del PTC a propósito de la gran sublevación social que despierta a Colombia

ESTAMOS CON EL PARO, LOS TRABAJADORES Y LOS JÓVENES REBELDES

De modo infructuoso, la administración uribista se esfuerza en hacerle creer al país su visión dantesca del paro del 28 de abril. Es mentira que fuera el Comité Nacional de Paro el que se negó a la salida negociada; su ruptura la causó el incumplimiento del gobierno al preacuerdo alcanzado el 24 de mayo. También lo es que el paro y los bloqueos destruyeran una economía ya devastada, y que dispararan el nuevo pico de una pandemia pésimamente manejada por una política antisocial y plutocrática. Así mismo, la versión oficial de que millones se movilizan porque así lo dispuso una fantástica conspiración castrochavista y comunista extranjera, simplemente pretende tapar lo inocultable: la terrible realidad nacional de opresión, represión y tremenda desigualdad social.

La contraorden del expresidente Uribe a Duque respecto de la negociación en marcha de las demandas del paro reveló la voluntad de impedir la ampliación de los avances logrados por el paro hasta fines de mayo. La movilización social había expuesto a pleno sol el dramático aumento de la pobreza extrema y la espantosa indiferencia del régimen ante el padecimiento y el dolor del pueblo, revelado a los jóvenes más pobres como nuevo protagonista social, provocado el hundimiento de la reforma tributaria, del proyecto que ahondaba la privatización de la salud, y la renuncia de ministros. E igualmente, había impuesto al gobierno el inicio de las negociaciones con el CNP, incluido el preacuerdo, y despertado la solidaridad con el pueblo colombiano en todo el globo. Se trataba de frenar de un tajo todos estos impresionantes logros sociales y democráticos.

En la política de negarse a toda negociación con el movimiento social, el uribismo gobernante también actúa por otro motivo fundamental. Percibe que, en la actual atmósfera de profundo descontento social y de desprestigio popular del gobierno Duque, de su caudillo y del Centro Democrático, las elecciones presidenciales del próximo año y aún las de Congreso, podrían muy bien culminar con la victoria de un nuevo gobierno presidido por Gustavo Petro y con la derrota en regla del ultraderechismo. Para los enemigos de la paz resulta entonces decisivo impedir o aplazar las presidenciales del 2022. Necesitan descartar que el actual conflicto social en desarrollo, como la decisión general sobre el rumbo del país, se defina por medio de procesos democráticos.

Con este propósito, el régimen uribista sopesa echar mano, como medios más eficaces, del estado de excepción o del autogolpe, o sea, llevarse de calle todo vestigio del Estado de derecho bajo una cobertura constitucional u optar por la dictadura militar con otro presidente civil nominal. A uno u otro desenlace puede llegarse continuando y acentuando la violencia oficial contra el pueblo, contra los manifestantes en las barriadas populares, agravando las ya de por sí situaciones de mayúscula perturbación del orden público, de modo que pudiese presentarse como justificación de tan extremas decisiones oficiales. Desde el cuartel general del Ubérrimo y de los ultras del uribismo se empuja hacia allá al gobierno Duque.

Está muy bien que el CNP haya evitado coadyuvar objetivamente este curso de acción deseado por el uribismo, con el consiguiente baño de sangre -peor que el actual, en especial de jóvenes- que podría sobrevenir, que haya denunciado el incumplimiento del gobierno al preacuerdo, que amplíe el ámbito de análisis y debate de las reivindicaciones del paro, que demande su trámite como proyectos legislativos, que llame a examinar mejor los tramos recorridos de la lucha, y que convoque a nuevas y mayores jornadas de movilización, como la próxima del 20 de julio.

Más pasos de la aplicación cabal del siniestro proyecto uribista sufre Colombia. Día a día se implanta un verdadero terrorismo de Estado. Se niega a sangre y fuego el derecho a la protesta social. Se apalea gente inerme, se perpetran asesinatos de manifestantes pacíficos y aún de transeúntes, de comunidades indígenas, afros y lgtbi. Agresiones y violaciones sexuales contra mujeres, ataques dentro de las viviendas populares, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales, torturas y desapariciones forzadas. Todo el espectro de prácticas de la barbarie en la variedad colombiana del fascismo. Propias de las más brutales dictaduras militares, como las que asolaron el Cono Sur.

La salida forzada al exterior de Nelson Alarcón, directivo de Fecode, la estigmatización de los dirigentes del Comité Nacional de Paro y del magisterio colombiano, el montaje mediático contra el senador Gustavo Bolívar, el hostigamiento y la persecución oficial contra los senadores Iván Cepeda y Alex López, y el señalamiento del líder de la oposición, Gustavo Petro, como responsable del paro y la convulsión social, son expresiones del mismo brutal y oscuro fenómeno.

El expresidente Uribe reivindica entre la derecha su método de fuerza y represión. Pero, aunque algunos sectores de la democracia vacilan y confunden, su corriente principal, la del Pacto Histórico, reafirma sus posiciones, persiste en trabajar por la más amplia unidad antifascista y antineoliberal, apoya sin reservas la histórica protesta social del día, y contribuye a fortalecer el gran torrente por la multitudinaria movilización por venir en pro de la nueva Colombia. Apoyamos ese rumbo y sus próximas tareas.

Partido del Trabajo de Colombia-PTC
Comité Ejecutivo Central

Yezid García Abello
Secretario General (e)

Bogotá, 24 de junio de 2021