En la crisis de la niñera y el polígrafo, el fiscal Barbosa también tiene responsabilidades: Algunas preguntas sin respuesta aún

Una vez se han anunciado al país las decisiones del gobierno de Petro para superar la crisis de “la niñera y el polígrafo”, que inician con la separación de Laura Sarabia y Armando Benedetti de sus cargos, quedan muchas inquietudes que deberán ser resueltas, y que se derivan de las declaraciones y arengas altisonantes del fiscal Barbosa sobre este caso.
Si Laura Sarabia sufrió un hurto el 29 de enero en su casa de habitación de un dinero en efectivo y denunció ante la Fiscalía, a tiempo, ese hecho, ¿Por qué la investigación no avanzó ni un ápice, hasta que tres meses después la Revista Semana publicara la entrevista con la señora Marelbys, la niñera en ese hogar? 
No parece difícil deducir, dada la actitud del fiscal frente al presidente y su gobierno de jefe de una irracional y sectaria oposición al progresismo, que la periodista Dávila recibió desde el ente investigador datos confidenciales de la denuncia que pudieran ser usados políticamente contra una destacada funcionaria cercana al presidente.
El fiscal Barbosa, un día dice una cosa y al otro la rectifica de acuerdo a su conveniencia. Hace pocos días reclamaba su jefatura sobre la DIJIN de la Policía Nacional y ahora, sin pudor alguno, afirma que este cuerpo investigativo depende del gobierno nacional y su despacho no tiene nada que ver con lo actuado en esta ocasión. Es decir: “esto dijo el armadillo con un pie en la mata de coco, ni me bajo ni me subo, ni me quedo aquí tampoco”.
Todas las chuzadas ilegales deben ser rechazadas contundentemente, tanto las miles realizadas y comprobadas en el gobierno de Uribe y Duque, como las de las dos empleadas del apartamento de Laura Sarabia. Esto debe investigarse a fondo, prontamente, y que los responsables, quienes dieron la orden, carguen con el peso de la ley.
Pero, se debe recordar que sin la aprobación de un fiscal es imposible interceptar llamadas en Colombia. Un fiscal, que depende de Barbosa, dio la orden de las chuzadas, y es, por lo menos infantil, decir que “fue inducido al error”. 
Declarar, como lo ha hecho el fiscal, que esta crisis es lo más grave en violación de derechos humanos en la historia del país es un despropósito con sabor político y oportunista. Estas dos chuzadas, que violan derechos humanos, jamás podrán compararse con los 6.402 falsos positivos, ni con los más de 200.000 muertos y desaparecidos en el conflicto armado, ni con los más de siete millones de desplazados. Tragedia frente a la cual ni el Estado, ni la guerrilla, ni el paramilitarismo, pueden lavarse olímpicamente las manos.
Finalmente, ¿Cuánto fue el dinero hurtado? En la denuncia, Laura Sarabia afirma que fueron 4.000 dólares, es decir, cerca de 18 millones de pesos. Pero la revista Semana y Armando Benedetti hablan de 150 millones y el fiscal Barbosa de 7.000 dólares, cerca de 32 millones. El país reclama, que por lo menos en la cifra del hurto, se informe una cantidad precisa, sin manipulación, ni exageraciones para ser aprovechadas políticamente.
¿Qué busca el fiscal Barbosa, en este contexto tan enredado, al pedir a los altos mandos de la Policía y a todo el cuerpo armado, que desobedezcan las órdenes del presidente de la República? Y, sin prudencia alguna, los amenaza con una retoma del poder en el próximo cuatrienio por fuerzas diferentes al Pacto Histórico. ¿Esas declaraciones hacen parte del golpe de Estado blando? 
Que avancen las investigaciones y se encuentren los culpables, que se les aplique el castigo de la ley, que se acepte la renuncia de la jefa de Gabinete y el embajador Armando Benedetti; pero el fiscal Barbosa no puede eludir su responsabilidad en muchos de los hechos cuestionados, ni negar que los ha usado para su beneficio político y de la ultaderecha. Colombia espera también sus explicaciones. 
El pueblo y los trabajadores no se dejarán sacar de los debates principales y de los intereses fundamentales. La angustia de esta hora es la discusión y aprobación de las reformas sociales que el gobierno del presidente Petro ha presentado a consideración del Congreso. Por lo tanto, con convicción, sin atender cantos de sirena, a llenar las calles y plazas del país en la gigantesca movilización del miércoles 7 de junio.
2 de junio de 2023