Expectación sobre la agencia Analítica de Datos del Distrito
Rechazar cualquier tipo de intromisión a la soberanía nacional y advertir que darles este juego a las empresas oligopólicas de tecnología y a la derecha colombiana, debe ser nuestro deber. Igualmente alertar que se puede estar fraguando, bajo las mantas tibias de las tendencias de centro, una entrega de un bien público valioso y un instrumento nuevo para seguir adelantando las privatizaciones.
Por Nelson Ortiz Mora
Ingeniero de Sistemas
Cuando se hace el análisis del acuerdo 761 de 2020 Plan de Desarrollo Económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024, propuesto por Claudia López, y aprobado por el Concejo de Bogotá, y en especial sobre el artículo 145 con el que se da vía libre a la creación de la Agencia de Analítica de Datos del Distrito (AADD), debemos tener una postura consecuente con el principio de soberanía nacional y una comprensión profunda, de los hechos nacionales e internacionales, que afectan las actividades de ciencia, tecnología e investigación (ACTI) incorporadas en este proyecto.
Para que se dé un desarrollo tecnológico sostenible de un proyecto de esta envergadura, es necesario contar con múltiples variables como decisiones políticas encaminadas a su creación, desarrollo y sostenimiento, aportes económicos a los centros, empresas y entidades encargadas de su desarrollo, políticas concernientes a la interacción entre todos los entes que van a participar, y desde luego un análisis del entorno internacional vigente.
Los desarrollos tecnológicos y la tecnología gracias a su endógena capacidad de crecimiento permiten a los países que las lideran, tomar una posición dominante hacia los que no lo hacen; estos últimos en general no incorporan el apoyo a las ACTI como parte prioritaria de su desarrollo nacional, aumentando la crisis soberana en cada uno de sus Estados.
La creación y la sostenibilidad de la AADD no es ajena a esta realidad. Su alcance final es la creación de Bogotá como una ciudad Smart City[1], pero ello depende de las políticas del gobierno nacional, de sus relaciones con empresas, centros de investigación, universidades y países líderes de tecnología, y esencialmente a su interés en planificar e invertir en empresas de desarrollo tecnológico. Cualquier esfuerzo individual que no considere en esencia estas realidades se verá en el tiempo, torpedeado, empobrecido y con un horizonte nublado.
Como lo expresa el acuerdo, la nueva Agencia tendrá un alcance extenso en funciones. Será la encargada de los procesos inherentes a la analítica de datos[2] como la validación, recolección, integración, almacenamiento, depuración, estandarización, tratamiento, procesamiento, enriquecimiento, visualización y catastro multifinalitario[3] de datos estructurados y no estructurados[4] del Distrito Capital, teniendo que preservar la observancia de los principios y normas de protección de datos personales de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014[5] y demás normas que regulen esta materia.
Adicionalmente la AADD tendrá a su cargo la integración, articulación, del almacenamiento de datos y la analítica de estos, entre los sectores de la administración distrital, las empresas privadas y la ciudadanía, y se le autoriza para comercializar los servicios de analítica.
La constitución de la AADD será hecha por la Secretaría Distrital de Planeación y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, y la nueva sociedad será liderada por la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP (ETB), para lo cual aprovechará su institucionalidad e infraestructura.
Pero vamos por partes. A puertas de la cuarta revolución industrial Colombia se encuentra en un rezago tecnológico considerable, la miopía, las restricciones presupuestarias y el afán de beneficiar a los capitales de las multinacionales de tecnología siguen siendo entre otras, las causas por la que no hemos mejorado la competitividad del país, no hemos aumentado la productividad pública y privada y seguimos aumentando las diferencias sociales existentes.
En Colombia estamos hasta ahora, desarrollando pilotos para sentar las bases de la implementación de la tecnología 5G, que ayudaría a la implementación y propósito de un proyecto de esta envergadura, sin embargo, como están las cosas estamos destinados a depender de multinacionales tecnológicas para lograr tener acceso a ella. El desarrollo científico nacional colombiano, que aporte nuevas tecnologías aplicadas a la producción es casi inexistente, como lo ha sido el apoyo económico estatal. Prueba de ello son las estadísticas oficiales de inversión en ACTI que reporta el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología en el libro de indicadores 2018. Los indicadores de inversión evidencian que desde el año 2011 hay un incremento en este rubro y muestra como el año 2013 la estadística de inversión fue del 0,75% del PIB, esto debido a la inclusión de recursos de ciencia, tecnología e innovación en el sistema general de regalías. En los siguientes años la estadística comienza a disminuir llegando en 2018 al lamentable e imperceptible 0,67% del PIB.
Una parte importante para el desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento de este tipo de proyectos es la interacción entre los entes que participan. En Colombia en 2010 las empresas que trabajaban en conjunto con las universidades y sus centros de investigación sumaban un 5,7% y hoy esa estadística tan solo es de 3,8%; y solo el 2,5% de los investigadores nacionales trabaja en empresas, mientras que el promedio en América Latina es del 22%.
La base para la implementación de todo lo sugerido para la AADD, está en buena parte soportado en el acceso que tengan los habitantes de Bogotá a los servicios de la Internet.
Actualmente y según las estadísticas proporcionadas por el DANE[6], Bogotá tiene 2.514.482 Hogares, el 50% cuenta con computadores portátiles, el 37,9% tiene computadores de escritorio y el 23,7 es poseedor de tabletas (un hogar puede poseer uno o todos los equipos incluidos en el Censo), y de estos hogares con equipos, la conexión a Internet se caracteriza de la siguiente manera, el 75,5% de los hogares tiene Internet, el 67% tiene Internet fijo y el 40,6% tiene internet móvil. Estadísticas que marcan claramente la deficiencia de cobertura. Este tema no es mencionado dentro del acuerdo, y solo conocemos que la AADD será liderada por la ETB, quien tiene programado una inversión para este año por más de 1.2 billones de pesos proyectada para cuatro años ampliando su cobertura de red de fibra óptica al 90 % de las viviendas de Bogotá y el municipio de Soacha. La propuesta tiene como finalidad que en 2020 la fibra óptica de ETB cubra el 75 % de Bogotá y Soacha. Sin embargo, en ningún caso se hace referencia al compromiso de la Alcaldía para que los servicios de la Internet lleguen a toda la población bogotana, a las empresas locales o a las entidades distritales.
En Bogotá, no hay apoyo a centros de investigación, no hay incentivos a las empresas de tecnología, y además dentro del proyecto no se menciona incluir a las universidades y sus centros de Investigación al proyecto.
Otro aspecto para analizar es la protección de los datos, inclusive los sensibles que piensa recolectarse, administrarse y analizarse por parte de la AADD. En la actualidad, ellos están sujetos a los dictámenes establecidos por el país del norte, y el gobierno colombiano postrado a sus designios, está obligado a cumplir lo mandado en la novedad legislativa que impactó negativamente la privacidad de los datos de los ciudadanos del mundo y de las empresas jurídicas.
La aprobación de la Ley Cloud Act. o Ley de la Nube que fue incluida por Trump, y que provocó de forma inmediata oposición de parte de las organizaciones protectoras de los derechos humanos, proporciona un mecanismo para que gobiernos extranjeros, entreguen información de cualquier ciudadano del mundo a los EE.UU., sobre la base de ser una necesidad para la investigación de delitos graves, con ello se tiene acceso al contenido de las comunicaciones de ciudadanos no estadounidenses que utilicen proveedores de tecnología de servicios de almacenamiento de los EE.UU. sin importar si están o no localizados geográficamente en su territorio.
Estas prerrogativas extraterritoriales que la Cloud Act concede a las autoridades estadounidenses, incluso sin necesidad de la intervención de un juez local, choca frontalmente con las disposiciones recogidas en el Reglamento General de Protección de Datos y desde luego afecta la soberanía nacional de todos los países.
De igual manera el Estado colombiano no tardará en aceptar lo ordenado en abril de este año por los EE.UU., y que hace parte de la Ley de Asignaciones de Defensa de 2019, dentro de la cual el Departamento de Estado exigirá una Ruta de Acceso Limpia para todo el tráfico de entrada y salida de redes 5G tanto dentro del país como en el exterior. Esta Ley según esgrime los EE. UU., es un esfuerzo “integral y mundial” para enfrentar la amenaza a largo plazo para la privacidad de la información, la seguridad nacional y los derechos humanos de actores autoritarios malignos como el Partido Comunista de China. Obviamente no se hace mención alguna de las labores realizadas por empresas como Palantir[7], consideradas como la mayor maquinaria de espionaje de Silicon Valley.
No podemos olvidar que desde la época de los 80 la derecha colombiana, modificó el servicio de las telecomunicaciones, uno de los servicios más rentista del Estado, bajo la premisa de que las empresas estatales son insuficientes e insolventes, esto fue el inicio para que se justificara la venta, concesión de activos, desregulación, nuevas formas de contratación, gestión y financiamiento de la operación de cualquier empresa estatal, iniciándose la época de la privatización salvaje y desmedida. Telecom fue una presa de esas modificaciones, y la ETB ha sido fustigada en años anteriores por vendepatrias como el exalcalde Peñaloza quien intentó demostrar a viento y marea, apoyado por los medios de comunicación, que la ETB era inviable técnica y económicamente, meta que fue detenida por la valerosa pelea del Sindicato y el irrestricto apoyo de la población bogotana.
Al NO declararse la AADD como una empresa del estado y conformándola como una entidad por acciones, no hay garantía de preservación del patrimonio público, no se habla en ninguna parte del fortalecimiento de los Centros de Datos de la ETB, ni de la adquisición de las herramientas tecnológicas faltantes.
El entorno internacional descrito y las características nacionales sobre las ACTI, nos pueden estar indicando, que la creación por acciones de este tipo de entidades puede ser el nuevo mecanismo a utilizar para una nueva oleada de privatizaciones.
Rechazar cualquier tipo de intromisión a la soberanía nacional y advertir que darles este juego a las empresas oligopólicas de tecnología y a la derecha colombiana, debe ser nuestro deber. Igualmente alertar que se puede estar fraguando, bajo las mantas tibias de las tendencias de centro, una entrega de un bien público valioso y un instrumento nuevo para seguir adelantando las privatizaciones.
Notas
[1] El concepto de Smart City no es nuevo en el mundo, y para el presente artículo me acojo a la definición dada por la Asociación Española de Normalización y Certificación que identifica a una ciudad inteligente o Smart City como la visión holística de una ciudad que aplica las TIC´s para la mejora de la calidad de vida y accesibilidad de sus habitantes, asegurando un desarrollo sostenible económico social y ambiental con mejoras permanentes. El término de “Visión holística” se refiere a una plataforma tecnológica que aglutina, gestiona e interconecta los datos de todos los recursos de la ciudad.
[2] La analítica, es el análisis computacional sistemático de datos o estadísticas. Se utiliza para el descubrimiento, interpretación y comunicación de patrones significativos en los datos. También implica aplicar patrones de datos para una toma de decisiones efectiva.
[3] Catastro Multifinalitario, Territorial o Multipropósito, es una institución a través de la cual el Estado registra y la organiza de manera alfanumérica la propiedad de bienes inmuebles y suelo público; su acervo se compone de censos descriptivos y estadísticos, con el fin de garantizar el derecho de posesión, delimitar la propiedad privada y ejercer fiscalidad sobre ella
[4] Cuando hablamos de datos estructurados nos referimos a la información que se suele encontrar en la mayoría de las bases de datos. Son archivos de tipo texto que se suelen mostrar en filas y columnas con títulos. Son datos que pueden ser ordenados y procesados fácilmente por todas las herramientas de minería de datos. Mientras Los datos no estructurados, generalmente son datos binarios que no tienen estructura interna identificable. Es un conglomerado masivo y desorganizado de varios objetos que no tienen valor hasta que se identifican y almacenan de manera organizada.
[5] http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1687091
[6] Boletín Técnico Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad 2018 Bogotá D.C. 29 de agosto de 2019
[7] https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-09-30/palantir-silicon-v…