Es un hecho, vamos “rumbo a un genocidio carcelario”, como afirman los profesores de derecho penal
Hoy, en duro manifiesto público, que tiene como título “Rumbo a un genocidio carcelario”, 107 profesores universitarios y criminalistas de varias reconocidas universidades del país afirman que el Gobierno, con el decreto 546 “da la apariencia que se ocupó del conflicto y dio una solución salomónica cuando en realidad todo es una grosera mentira inscrita en lo que se conoce como el uso simbólico del derecho”, y afirma, “obligar a cualquier persona a encarar el peligro para la vida, real y cierto, en las condiciones actuales significa someterla a situaciones equiparables a una pena de muerte”. Concluyen exigiendo “que el decreto sea modificado para que se tumben todas las barreras que impiden el acceso a la detención domiciliaria, garantizando la vida y la salud de los presos y trabajadores del INPEC”.
Por Yezid García Abello
Bogotá D.C. 23 de abril de 2020
La crisis carcelaria desatada a raíz de los numerosos contagios de coronavirus en las prisiones era un hecho advertido por muchos sectores y voceros de organizaciones sociales, partidos políticos, asociaciones de abogados penalistas, periodistas, sindicatos, académicos y los familiares de los más de 120.000 presos que, hacinados con la escandalosa cifra de 55% según el INPEC, superviven allí en condiciones infrahumanas y sin ningún respeto ni garantía de sus más elementales derechos por parte del Estado.
El 23 de marzo, frente el peligro cierto que amenazaba que la pandemia llegara a las prisiones sin preparación ni recursos ni condiciones mínimas para enfrentarla, se desataron desordenes, motines y actos de desobediencia civil en varias cárceles del país. Lamentablemente esos hechos dejaron en el caso de La Modelo en Bogotá, 23 fallecidos violentamente. Hasta ahora, como siempre, el Gobierno y la Fiscalía dicen que avanzan las investigaciones, y a la ligera van señalando culpables que varían de semana a semana y de funcionario a funcionario entrevistado sobre el tema por los medios.
Ante los hechos el Gobierno se vio obligado, contra su voluntad, a declarar la “Emergencia carcelaria”, y anunció un decreto que permitiría la excarcelación de los reclusos mayores de 60 años, los que estuvieran próximos a cumplir condena, los enfermos y en condición de discapacidad y los condenados por delitos menores. Se excluirían aquellos condenados o acusados de delitos atroces, violencia sexual, narcotráfico y terrorismo. Ese decreto podría, amén de prevenir el contagio y evitar la tragedia sanitaria, coadyuvar a reducir en una pequeña proporción el gigantesco hacinamiento.
Pero no fue así. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, y el fiscal general Francisco Barbosa, decidieron jugar irresponsablemente con candela, es decir, con la vida de los presos, guardianes y personal administrativo, a sabiendas que las cárceles, por sus condiciones, son peligrosos focos de propagación del virus. Por 23 días, enfrentados a la opinión democrática del país, se negaron a expedir rápidamente el necesario decreto. Ninguna redacción del borrador les satisfacía, Duque guardaba silencio cómplice, y entre tanto, aparecieron en la cárcel de Villavicencio los primeros enfermos confirmados de COVID 19.
Presionados por los hechos, que es la característica principal del funcionamiento del Gobierno Duque-Uribe, sacaron a las volandas el decreto 546, un decreto recortado, confuso, con más sombras que luces, lleno de exclusiones, que en el mejor de los casos y luego de un angustioso y largo período dejaría con detención domiciliaria entre tres mil y cuatro mil reclusos sobre una población total calculada en más de 120.000. Hoy, después de diez días de expedido el decreto, no ha salido de las cárceles el primer beneficiado del mismo.
Mientras ministra y fiscal daban explicaciones al país tardías y superficiales del largo trámite, en cuatro establecimientos carcelarios estalló el problema. Al momento de escribir estas líneas están confirmados 109 casos de coronavirus en la cárcel de Villavicencio, 2 en La Picota en Bogotá, uno en Las Heliconias de Florencia, Caquetá, y otro en la prisión de Guaduas en Cundinamarca. De ellos, lamentablemente, hay tres fallecidos y muchos con graves complicaciones.
Y ahora, señora ministra, ¿Qué va a hacer? Los fondos anunciados desde los disturbios del 23 de marzo para enfrentar la pandemia en las cárceles no han llegado, los reclusos que salgan en virtud del decreto a detención domiciliaria o a libertad condicional de establecimientos con enfermos de coronavirus son potenciales fuentes de contagio para sus familias y las comunidades, no se han realizado las pruebas sobre la población hacinada, usted no responde por la salud y la sobrevivencia de estos colombianos, si el virus se expande en el sistema penitenciario es muy difícil aislar y atender adecuadamente la población de reclusos, guardias y personal administrativo contaminada.
Hoy, en duro manifiesto público, que tiene como título “Rumbo a un genocidio carcelario”, 107 profesores universitarios y criminalistas de varias reconocidas universidades del país afirman que el Gobierno, con el decreto 546 “da la apariencia que se ocupó del conflicto y dio una solución salomónica cuando en realidad todo es una grosera mentira inscrita en lo que se conoce como el uso simbólico del derecho”, y afirma, “obligar a cualquier persona a encarar el peligro para la vida, real y cierto, en las condiciones actuales significa someterla a situaciones equiparables a una pena de muerte”. Concluyen exigiendo “que el decreto sea modificado para que se tumben todas las barreras que impiden el acceso a la detención domiciliaria, garantizando la vida y la salud de los presos y trabajadores del INPEC”.
Estas son las consecuencias de las acciones de funcionarios incapaces, indolentes, alejados de los problemas reales de la población, que siguen pensando y creyendo que con una intervención inane en el programa televisivo presidencial de las seis de la tarde, Colombia les perdonará sus oscuras actuaciones.
