Que Uribe vaya a la JEP, dé su versión y cuente su verdad

Los crímenes conocidos como falsos positivos, que fueron ejecuciones extrajudiciales que manifiestan la degradación del Estado y las fuerzas de seguridad durante el mandato de Álvaro Uribe, siempre han recibido el repudio y el rechazo de amplios sectores de la opinión pública, tanto en Colombia como en el mundo. Nada más abominable que aprovechar los apuros de un joven y mediante el engaño de ofrecerle trabajo, para asesinarlo a sangre fría, hacerlo pasar como terrorista y recibir una recompensa. La historia reciente no registra una secuencia de homicidios de esta degradación.

Es el informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que documenta 6.402 casos ejecutados entre 2002 y 2008 y añade que la cifra podría aumentar. Las investigaciones anteriores jamás llegaron al fondo del asunto, ni se aproximaron al número de ajusticiados ni al de los ejecutores de los crímenes, ni mucho menos en la identificación de los forjadores de tan macabro plan. El informe apunta a que el trabajo previo de la Fiscalía fue deficiente, lo que algunos han interpretado como un intento de encubrimiento.

El documento genera un avance inobjetable en el proceso de esclarecimiento de políticas contra la vida y la democracia adoptadas y ejecutadas en la administración Uribe, es un gran paso en la lucha contra la impunidad y en la medida en que se aclaren a profundidad los hechos, se constituye en un paso definitivo en la erradicación de la violencia en Colombia. Además consolida a la JEP como un organismo serio e imparcial en su labor de administrador de justicia post acuerdos de paz y en la búsqueda de la reconciliación de los colombianos.

El informe, a pesar de su carácter luctuoso y tétrico, ha sido recibido como un triunfo de los defensores de la paz y de las fuerzas democráticas. Múltiples organizaciones sociales, personalidades de distintas actividades, víctimas y el común de la gente, medios de comunicación de todas las tendencias, han presentado informes adicionales y han expresado a través de las redes su beneplácito por los avances de la investigación y están a la expectativa de sus conclusiones. Todo este arsenal de pruebas se suma a las múltiples declaraciones de miembros de las Fuerzas Armadas que han reconocido su participación en esta cruel práctica e incriminan a amplios sectores de las fuerzas regulares de la nación para vislumbrar que los falsos positivos no fueron una práctica aislada.

El que tenía que saltar a desprestigiar el informe, saltó. Al eterno presidente que creía que el hoyo estaba tapado, le saltó la liebre, y así tenga el control del Estado, lo exonere la Fiscalía, maneje el Congreso, los entes de control y quien sabe qué más, su credibilidad y prestigio van cuesta abajo. Son los ciudadanos de a pie, como él mismo se clasifica, los que le están pasando la cuenta de cobro que al final no tendrá cómo pagar. Su defensa débil y angustiada se basa en el trillado lenguaje de que todo es “castrochavista”, o “socialista siglo XXI” y ahora “neocomunismo”. En esa categoría esta la JEP, que de paso la impuso “la Far”, que Eduardo Cifuentes su presidente, es un agitador político radical y la mayoría de los magistrados militan con la izquierda, que hay que sacar a las Fuerzas Armadas de la JEP y a los terroristas del Congreso, que el informe en cuestión obedece a las ONG que son sus enemigas, que los 6.402 casos son una cortina de humo para perseguirlo, que Vivanco milita con las Farc, que nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de Fuerzas Armadas, mucho menos por bajas en combate, que el general que pidió a sus subalternos ríos de sangre es otro ciudadano ejemplar, como Noguera y decenas de sus compinches que están presos o huyendo de la justicia, que aplaude el twit del comandante caza víboras y que hubiera podido esconder más cosas y que a la JEP hay que derogarla. Estas afirmaciones el lector las puede ampliar en primer lugar en la cuenta de Twitter de Álvaro Uribe. Dos detalles adicionales deben mencionarse: en su afán por no quedar involucrado y mostrarse ajeno con esta atrocidad histórica le toca hacer una defensa de sus “cinco ministros de defensa” incluido Juan Manuel Santos quien como la opinión publica lo sabe, se convirtió en su enemigo. El otro es su expresión, “el amor por las Fuerzas Armadas lo metió en un lío” cuando en realidad las exigencias de su política de seguridad, las llevaron al mayor desprestigio.

Esta palabrería contrasta y choca con las pausadas y esclarecedoras declaraciones de Eduardo Cifuentes quien le habla a Colombia, a las víctimas y a la comunidad internacional, pues el informe trata de crímenes de lesa humanidad. Señala que la JEP es juez y que los jueces no son instrumentos políticos sino que examinan los hechos, aportan pruebas, escuchan testimonios, consultan banco de datos, cruzan información, en busca es la verdad de los hechos para que no se repita esta atrocidad histórica de los falsos positivos. La JEP no se queda únicamente en las versiones voluntarias o las obligatorias, las comprobamos. No se trata de dar una noticia política sino de emitir un juicio judicial. No somos ventrílocuos de las ONG. Esta labor es para producir un cambio, la JEP no es un instrumento de venganza. La JEP no ha hecho imputaciones, hasta ahora confronta para verificar hechos y emitir sentencias. Se trata de buscar la verdad exhaustiva, ¿Quién le teme a la verdad? Las puertas de La JEP están abiertas hasta para los detractores de la JEP, que vayan y dejen su testimonio, que aporten sus pruebas y su palabra. Así lo han entendido los militares que han acudido a la JEP, quienes han entendido la importancia de la justicia restaurativa y formulado declaraciones claras y contundentes que han contribuido a esclarecer los hechos. Estamos ante una modalidad de justicia, objeto de estudio en universidades de todo el mundo, que la consideran muy avanzada en el sentido que asocia justicia restaurativa, reconciliación, búsqueda de acuerdos sociales, cimentación de la paz con una justicia puramente adversarial, que le da juego a las dos en una fórmula que busca equilibrio para llegar a una solución de paz. Es el derecho al servicio de la verdad y de la paz. La verdad reconforta, la verdad nos hace libres. Estos son crímenes internacionales y el Estado colombiano ha suscrito tratados en que se compromete investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, si no lo hace la JEP ni la justicia ordinaria ni el Congreso de la República, lo hace la Corte Penal Internacional porque en materia de los crímenes mencionados no puede haber impunidad ni prescripción pues estos delitos son tan graves que afectan la conciencia pública internacional. Refiriéndose a una posible presencia de Uribe en la JEP, dice que no tiene obsesiones con él, que su obsesión es investigar, juzgar y sancionar a los criminales de guerra. Sobre la posibilidad de obtener la versión de algún expresidente en la JEP manifestó que no están obligados a asistir pues gozan de un fuero especial, hay un factor personal de competencia. Ellos pueden concurrir y rendir su testimonio, colaborar con la justicia, pueden dar luces, comprobar lo que están diciendo, de todas maneras bienvenidos. Las puertas están abiertas. Todos los ciudadanos tienen el deber de colaborar con la justicia y la JEP es parte de una justicia esencial en un país con un conflicto que generó nueve millones de víctimas, con la ocurrencia de delitos como los falsos positivos que conmueven la conciencia de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes y es bueno que sea así para que no se repitan, esto es un salto en la historia. Para responderle a los interesados en derogar a la JEP les recordó que esta jurisdicción no es derogable pues tiene un blindaje normativo que permite cumplir con deberes internos e internacionales y este aparato se ha conjugado con la esencia constitucional que no se puede modificar.

El informe ayuda a entender el papel jugado en el conflicto por los distintos sectores sociales y su grado de compromiso para colaborar en su solución, para salir de ese estado de brutalidad y violencia y aspirar a alcanzar la paz y la reconciliación de los colombianos. Estamos más cerca.