La Mojana y la minería del oro

La Mojana se sitúa en la región Caribe y está delimitada geográficamente por el río Cauca al oriente, el río San Jorge y la Ciénaga de Ayapel al occidente, el Brazo de Loba (río Magdalena) al oriente y la Serranía de Ayapel al sur. Abarca once municipios: Nechí en Antioquia; Magangué, San Jacinto del Cauca, Achí, en Bolívar; San Marcos, Guaranda, Majagual, Sucre, Caimito y San Benito Abad, en el departamento de Sucre; Ayapel, en Córdoba. En La Mojana convergen cuatro departamentos: Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. Cubre 1.086.926 hectáreas donde convergen una serie de ciénagas y humedales que habilitan una región de agua, un ecosistema vital porque actúa como un amortiguador de las temporadas de lluvias. En La Mojana confluyen seis cuencas hidrográficas: 1) El Bajo Nechí, 2) Directos al Cauca, entre Puerto Valdivia y Río Nechí. 3) Directos al Bajo Nechí. 4) Directos Bajo Cauca-Ciénaga de la Raya. 5) Directos Bajo Magdalena entre el Banco y Plato. 6) Bajo San Jorge-La Mojana, por donde fluye la contaminación.

Cuando llueve en el centro de Colombia, todas las aguas van a caer a los ríos Cauca y Magdalena, y de allí al manto acuífero de La Mojana, una llanura de inundación cuya topografía es plana, con una inclinación leve y casi imperceptible en 115 kilómetros: hacia el sur con cerca de 36 msnm y una inferior de cerca de 16 msnm. En La Mojana, el transporte de sedimentos en las fuentes hídricas es de 720 toneladas/año por kilómetro cuadrado en promedio, 61,1 % más que el promedio nacional, según el IDEAM.

La minería del oro y sus efectos en La Mojana

La región se encuentra bajo presión por vertimientos de aguas residuales, residuos domésticos y desechos mineros que contienen mercurio y otros materiales pesados producto de la extracción de oro en las zonas mineras del Sur de Bolívar, del nordeste y Bajo Cauca antioqueño y en la cuenca del río San Jorge. La minería del oro en general impacta principalmente la calidad del agua, con aportes de sustancias tóxicas que afectan la biodiversidad y la salud de la población.

En la minería ilegal, legal e informal de la zona, se usan cerca de 108 toneladas de mercurio para obtener 17 toneladas de oro. Colombia es el país donde más se utiliza mercurio per/cápita en el mundo, entre 50 y 100 toneladas anuales, según el tamaño de su población. En consecuencia, el complejo de aguas de La Mojana tiene concentraciones críticas de mercurio que se evidencias en peces, arroz y cabello humano, representando gran riesgo para la salud. La cobertura de acueducto es de solo el 58,09 % y de alcantarillado de 17,77% que incrementa la vulnerabilidad de la población y del territorio ante el riesgo de desastres y el uso doméstico de aguas contaminadas.
Las obras estratégicas que necesita La Mojana en todos los frentes requieren billonarios recursos y una pronta ejecución por la intensidad del cambio climático. La Mojana es más que la tragedia irresoluta de Cara de Gato. La Mojana es una síntesis de los problemas del país y un problema de orden nacional. Por el volumen de sedimentación, el plano inundable de La Mojana ha perdido capacidad portante y las inundaciones ocurren con suma facilidad en la temporada de lluvias.

En el marco de las restricciones impuestas por la inflexible Regla Fiscal que amordaza las posibilidades del desarrollo nacional, esa financiación puede ser tardía e insuficiente, dada la magnitud del problema. Según el proyecto de presupuesto calcculado para el 2025, por un monto de 523 billones, 112.6 billones se irán para el servicio de la deuda, un incremento del 19%, mientras que la inversión solo llegará a los 82.4 billones, una caída del 17% frente a 2024. Lo que dificulta impulsar un desarrollo inclusivo y resiliente en áreas críticas del territorio nacional como La Mojana y para ejecutar las cinco transformaciones que ordena el Plan Nacional de Desarrollo que no dan espera. El Comité autónomo de la regla Fiscal sugiere recortar 50 billones de pesos del gasto público lo que implica, de facto, detener la incipiente recuperación de la economía que se asoma.[1]

Razones para crear el fondo de compensación ambiental

Una fuente alternativa para la financiación de todas o partes de las intervenciones conducentes a resolver los ingentes problemas de la ecorregión, en el mediano y largo plazo, es la constitución de un Fondo de Compensación Ambiental para La Mojana que puede provenir de las compañías mineras que contaminan el delta interior por la actividad aurífera en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño aguas abajo sin sufragar un solo peso por el inmenso daño ambiental que causan y que se trasmite por los afluentes de sus aguas comunes: el río Cauca, el río Nechí, el río Porce, el San Jorge, el río Magdalena.

Un Fondo como el propuesto permitiría resarcir en algo a las poblaciones de La Mojana por las externalidades negativas que les causa esta actividad extractiva. Colombia ocupa el puesto 18 entre los países que más producen oro en el mundo, pero su tasa de ilegalidad es la más alta del planeta. El 65% de la actividad aurífera tiene un origen ilícito, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Antioquia produce el 75% del oro del país y el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño son responsables del 72% de esa extracción. 
Con hondas repercusiones en La Mojana: todas las aguas contaminadas en el proceso de amalgamación y extracción del mineral con mercurio y cianuro en estas dos regiones antioqueñas van a dar al delta interior de La Mojana, dañándolo todo. La actividad minera en La Mojana es insignificante; sin embargo, sus ecosistemas están amenazados por el mercurio y otros metales pesados lo cual representa un alto riesgo debido a su capacidad de bioacumulación y biomagnificación a través de la cadena trófica.

Si en el siglo XIX y parte del XX la minería del oro fue una fuente de acumulación de capital en La Mojana y el Bajo Cauca, hoy es su némesis: su tragedia. Entre 2002 y 2021 el precio mundial del oro se ha incrementado en un 434%; pero las empresas mineras pagan impuestos irrisorios en comparación con el enorme daño ambiental que ocasionan. El río Cauca, fundamental para La Mojana, está entre los ríos más contaminados del mundo. En Antioquia, el mercurio se usa en 1526 minas (186 legales) y 1339 entre informales e ilegales, afectan 13 ríos del departamento que utilizan 1 millón de personas de 16 municipios. La Contraloría señala que la zona más contaminada es Zaragoza, en el Bajo Cauca.

Se estima que de esas fuentes llegan al mercado de abastos de Medellín 9 toneladas de pescado al mes.[2] Nada más destructivo que el oro, en términos ambientales. Para producir un gramo de oro hay que tumbar una montaña y volver los ríos pantanos espesos, mercuriales, cianurizados, donde se atenta contra la vida en todas sus formas: a las madres lactantes, a causa de los cuales muchos niños de la región nacen con labio leporino, el inmenso daño a la pesca y al bocachico, base de la alimentación de estas comunidades del agua. Una actividad antrópica letal. El cuidado del agua y la actividad aurífera –tal como hoy se realiza en Colombia y específicamente en La Mojana, el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño–son un verdadero oxímoron. Una contradicción en los términos.

Una draga sobre el río Cauca

Esta propuesta está en línea con el Plan Nacional de Desarrollo. Si el país quiere de verdad transitar la senda de una transición energética justa debe implementar políticas de mediano y largo plazo orientadas a gerenciar la crisis de ingresos que provocaría el necesario marchitamiento de esta producción, en el marco de la crisis climática global y en función de la diversificación productiva propuesta y restauración ecológica de ecosistemas en riesgo como se plantea en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026:

Se implementarán procesos de restauración y conservación de la base natural para compensar el impacto de la deforestación y del cambio climático. La restauración se hará teniendo como fundamento la gestión del conocimiento y la salud de los ecosistemas. Se considerarán y respetarán los saberes, valores ancestrales y tradicionales de las comunidades y actores involucrados. Se promoverán estrategias complementarias de conservación, y se avanzará en la restauración de ecosistemas degradados con énfasis en aquellos cuya pérdida amenaza la integridad de la biodiversidad, la resiliencia climática y el bienestar humano.

El Fondo de compensación propuesto tiene raíces en la Constitución colombiana. Centros de Estudios han impetrado la necesidad de estos fondos para resolver las inequidades regionales en el país y de sus zonas más rezagadas (Bonet y Alvis, 2007). Y diversas instancias del poder judicial como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado han avalado el cobro por el uso de los ecosistemas apoyados en la teoría del que contamina paga, sustentado en una premisa general de la justicia: nadie debería tener el derecho a perjudicar a otros sin la correspondiente obligación de reparación. Lo cual cobra mayor sentido cuando el responsable se lucra por la actividad contaminante que ejecuta y es predecible que la misma ocasione un daño en su entorno.

La CEPAL los avala como una forma de compensación por pérdida de biodiversidad porque desde 1970 se estima una disminución de la biodiversidad del 60% a escala planetaria. En este escenario cobran especial relevancia las compensaciones por pérdida de biodiversidad como herramienta de gestión en proyectos extractivos y de uso del territorio con el objetivo de preservar diferentes hábitat, especies y servicios ecosistémico. (CEPAL, 2020)
La legislación colombiana prevé que el titular del proyecto es el encargado de pagar por el valor del efecto negativo provocado a través de la aplicación de tasas y otros cobros por contaminación. Señala, además, que el encargado de realizar y financiar las compensaciones es el titular del proyecto que genera estos impactos. Las acciones de compensación por pérdida de biodiversidad deben tener como mínimo una duración equivalente a la vida útil del proyecto.

Si bien Colombia contribuye muy poco a la emisión de gases efecto invernadero, en el contexto de la crisis climática planetaria, la destrucción de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos en esta parte de la geografía colombiana es dañina en exceso. Seiscientos años de explotación minera en la zona dejaron sin oro las riberas de los ríos por donde viajaba el metal con la corriente. Hoy tienen que entrar a saco sobre el fondo de los ríos. Un fondo como el propuesto es simplemente una iniciativa de Justicia ambiental y para nada constituye un sesgo contra la actividad aurífera y las grandes empresas en el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño.