El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los obstáculos a la inversión en Colombia

En desarrollo de la política imperialista de Estados Unidos sobre el mundo, en días pasados dio a conocer unos informes sobre la situación de los países y las posibilidades que tienen los inversionistas gringos para hacer sus negocios.

En Colombia el informe fue difundido con la bulla que acostumbran los grandes medios cuando de atacar al gobierno del presidente Petro se trata. La AmCham Colombia −entidad que aglutina a poderosos empresarios de ambos países− tituló: “Incertidumbre y desaceleración económica condicionan inversión en Colombia” y Besta, un portal económico, alertó: “Las seis trabas que ponen en riesgo la inversión de Estados Unidos en Colombia”. Sobra transcribir lo que dijeron medios de mayor cobertura.

Como es de esperar, el Informe cumple con la misión del Estado gringo: garantizar los negocios de sus empresarios y trazarle la política a las neocolonias. Enumera la cantidad impresionante de facilidades con que cuenta desde “principios de los años 1990”, que se sintetizan en una sola frase: “Colombia impone las mismas restricciones a la inversión a los inversionistas extranjeros que a los inversionistas nacionales”1, asunto que, anotamos nosotros, dibuja la sujeción nacional a los dictámenes de los inversionistas extranjeros.

Luego de la prolija descripción de todos los campos y posibilidades que tienen los extranjeros en el país, el Informe hace un recuento de los obstáculos que tiene Colombia para que los inversionistas gringos hagan sus negocios a sus anchas: corrupción, economías ilícitas “a menudo enredadas en cadenas de suministro legales”, violencia, inoperancia de algunas entidades. El Informe es ambiguo en establecer las fechas de estos problemas, pero es evidente que son los males creados por décadas de gobiernos inoperantes, no por el gobierno Petro. También menciona como obstáculo las trabas medioambientales, haciendo caso omiso al significado que tienen en subsistencia de la vida en el planeta.

Los problemas de coyuntura los sintetiza afirmando que obedecen a la desaceleración mundial, a las altas tasas de interés y a la caída en la confianza inversionista. Es de subrayar que los medios de comunicación masivos en Colombia en general pasan por alto explicar o cuando menos mencionar el impacto de las dos primeras causas en el desenvolvimiento económico, y al papel que los mismos medios masivos y empresarios han jugado en deteriorarla, echándole toda la culpa a la caída de la confianza inversionista.

Otra parte sustancial del Informe lista las dificultades que estarían creciendo bajo el gobierno actual y que se resume en una sola frase: “la administración de Petro ha impulsado el concepto de soberanía interna en sectores económicos clave”. Es evidente que esa sí es la causa del descontento de los inversionistas, y por ello al enumerar sus manifestaciones indican, ante todo, las reformas sociales (salud, pensiones, laboral, fuente del enriquecimiento del capital extranjero) emprendidas por el presidente.

Esa “soberanía interna” que denuncian se traduce en otro rosario de quejas: “preocupación por el acceso más limitado a algunos ministerios y agencias del gobierno”, es decir, que los inversionistas no pueden ejercer presión sobre el gobierno; “falta de consultas efectivas y oportunas con las agencias reguladoras en las decisiones que los afectan” es decir, no dejan a los inversionistas hacer su habitual cabildeo de almuerzos y paseos a que estaban acostumbrados; “pérdida de experiencia técnica en los organismos gubernamentales”, o sea de nuevo la queja de que se han sacado a los autodenominados técnicos, que no son otra cosa que la burocracia neoliberal enquistada en el manejo de las minucias del Estado a lo largo de décadas.

Se quejan además de que “la administración Petro no ha anunciado nuevos incentivos fiscales”, olvidando convenientemente que la reforma tributaria aprobada el año pasado ha sido casi totalmente desmontada por la Corte Constitucional, empezando por el gran bocado que fue el descuento de las regalías.

Resalta el informe que la Constitución de 1991 estableció “las indemnizaciones y expropiaciones y garantiza los derechos de los propietarios sobre bienes adquiridos legalmente”, dejando en claro así que las expropiaciones no son un invento de este gobierno como usualmente lo dice la propaganda antipetrista, y el Informe se queja de que no está regulado el asunto, silenciando que todos los esfuerzos que ha hecho el Presidente para reglamentarlos terminan derrotados en el Congreso o hundidos en la Corte Constitucional.

Se escandaliza el Informe porque se creó el impuesto a los alimentos ultraprocesados y a ciertos procesos contaminantes relacionados con los plásticos, o porque se les exige a los operadores de zonas francas que exporten −que es su razón de existir, pero han dejado de lado−, o por anunciar el cobro de un impuesto a servicios asociados a internet, como lo están empezando a hacer países europeos.

Podría uno sospechar que las cifras mostrarían un panorama sombrío para los inversionistas extranjeros, pero la evidencia es otra, como lo anota la misma AmCham Colombia: “Vale la pena mencionar que Estados Unidos destaca como el principal inversionista en Colombia, cuya inversión extranjera directa alcanzó US$5.517 millones en 2023, un 9,4% superior a […] lo registrado en 2022 […] Manteniendo esta tendencia en el primer trimestre de 2024, la inversión estadounidense en el país ascendió a US$ 1.612 millones, un crecimiento de 42,8% desde los US$ 1.129 millones reportados para el mismo período de 2022”.

¿Qué más quieren entonces?