Reforma estatutaria: ceder es entregar la educación pública

El movimiento estudiantil de 1972 conquistó el Programa Mínimo, cuyo primer punto establece ni más ni menos la abolición de los Consejos Superiores Universitarios, el cogobierno democrático de profesores y estudiantes, y entre otros aspectos destacados, la liquidación del Icfes, la financiación estatal, la investigación científica planificada por investigadores nacionales, y la revisión de todos los contratos con entidades extranjeras. Si bien no todas las conquistas sobrevivieron, tampoco fue posible el retroceso absoluto, y hoy, a propósito de la Reforma Estatutaria propuesta por el gobierno, y tras unos meses convulsos en los que varias universidades renovaron sus rectores, estos temas siguen absolutamente en el orden del día, en especial, la financiación estatal y la democracia.

Tras ser debatida en Cámara de Representantes, el proyecto de Ley Estatutaria [1] tuvo el pasado martes 4 de junio su primer debate en el Senado, en el que se aprobó un texto consensuado entre todos los partidos y en que sufrió preocupantes alteraciones, aún en este momento mientras usted lee siguen produciéndose nuevos acuerdos. Recordemos, las llamadas leyes estatutarias son las que regulan los derechos fundamentales y los mecanismos de participación ciudadana, que no pueden tratar las llamadas leyes ordinarias. Y es que si había un aspecto a resaltar en esta reforma era la ampliación del derecho fundamental a la educación a la primera infancia, la educación media y la educación superior. Mismo que Fecode anuncia ha sido desvirtuado en los recientes cambios.

Hasta ahora, el Estado solo estaba obligado a garantizar un grado de preescolar, cinco de primaria y cuatro de secundaría, concentrándose su mejor infraestructura en las áreas urbanas. Ahora, se incluiría la educación inicial hasta los tres años de edad, tres grados de preescolar, la educación media, y todos los niveles de la educación superior; se pretendería reducir las brechas entre el mundo urbano y rural, atender sectores de la población vulnerables, cubrir el histórico déficit presupuestal de las universidades y ampliar su cobertura; se crearía un régimen especial para las escuelas normales para que obtengan más recursos y más capacidades y se volvería a exigir estudios pedagógicos a quienes se postulen al concurso del magisterio.

El texto aprobado en Cámara [2] el 15 de abril en su artículo 5 establecía como principio que “El Gobierno y la gestión de la educación deberán ser democráticos, participativos, pluralistas y directos”, y en el artículo 12 establecía como deber del Estado “Promover, apoyar y garantizar la participación en la dirección y funcionamiento de los establecimientos educativos e instituciones de educación superior de manera democrática, participativa, pluralista y directa”. 

Los partidos de oposición como el Centro Democrático se habían posicionado contra el texto original de la reforma en sus medios de comunicación afines, como revista Semana, Infobae, El Nuevo Siglo, RCN, Caracol, La FM, centrándose todos en reclamar la participación del sector privado y criticar el impacto fiscal del proyecto, que, según estudio citado de la Universidad Javeriana [3], necesitaría al menos $40.8 billones de pesos al año, dando a entender que no hay plata. De acuerdo con Rodrigo Uprimny [4], en la Sentencia C-313/14 sobre la ley Estatutaria de Salud se establece un precedente donde se exime la evaluación de impacto fiscal a este tipo de proyectos por que no ordenan gasto ni establecen beneficios tributarios [5]. Al respecto la ministra de educación Aurora Vergara ha expresado que efectivamente la reforma requería más profesores y mejor y mayor infraestructura, es decir, más recursos económicos, lo que obligará en una segunda etapa a reformas al Sistema General de Participaciones y a la Ley 30 de Educación Superior, que es donde se establecen las partidas presupuestales. 

No obstante, en la práctica es precisamente el punto de la financiación donde se ilustra la mayor debilidad de esta y otras iniciativas de reforma, y es que el texto explícitamente se inscribe en el principio de sostenibilidad fiscal de orden constitucional, además de un principio de progresividad entendida como gradualidad en la ampliación de la oferta. Todo lo cual muy al contrario de la pretensión de blindar el derecho más allá de la alternancia de gobiernos, por lo que se ve, hará que la implementación del derecho dependa de la voluntad política del gobierno de turno, y sobre todo, de su voluntad de romper con los dogmas neoliberales como la llamada sostenibilidad fiscal o “regla fiscal”, que establece que el gasto del gobierno no puede superar ciertos montos establecidos por una entidad que opera al margen del gobierno y del congreso: el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) [6][7].

A propósito de la financiación Estatal, el directivo de Fecode Miguel Ángel Pardo, reclamó que lo aprobado el martes [8] y los acuerdos subsiguientes no han sido consensuados con el magisterio, y que se ha hecho caso omiso a proposiciones presentadas por el sindicato en los debates, cuando este concentra décadas de experiencia, investigación académica y lucha en defensa de la educación pública. Al respecto afirmó que “No incluir con precisión el carácter obligatorio del pre -jardín, jardín y transición en colegios públicos con educadores titulados vinculados al Estado por concurso, atenta contra el derecho de niños y niñas y de la función social de la escuela, la cual pretende ser reemplazada por organizaciones diferentes a ésta. También amenaza el carácter de la profesión docente y entrega injustificadamente el patrimonio público a operadores privados”.

El texto aprobado en su artículo 4, en definición del sistema educativo, afirma que el sistema es mixto, dando a entender que se constituye de instituciones públicas y privadas, lo que llevaría a que fondos públicos también tuvieran que financiar dichas instituciones, o lo que también da soporte el criterio de financiación de la oferta. Incluye el concepto de derecho fundamental a la educación terciaria, englobando en su definición la Educación Superior, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ETDH, la Formación para el Trabajo y la llamada Formación Profesional Integral FPI. También fueron eliminadas todas las referencias a la democracia directa, eliminaciones que han sido justificadas en nombre de la autonomía, ¡pero de la autonomía de los Consejos Directivos! y en contra del derecho de las comunidades educativas de regirse así mismas.

Del martes para acá han sido tantas las modificaciones que Fecode ha hecho un pronunciamiento [9] declarándose en estado de emergencia, posicionándose contra el proyecto y convocando el paro nacional del magisterio para el miércoles 12 de junio, por los siguientes motivos: La creación de bonos escolares o “váuchers”, que habilitarían la privatización; la reafirmación del enfoque basado en estándares y competencias; la reducción de la educación a un servicio público esencial, con lo cual prohíbe la huelga en el magisterio; la creación de aparatos burocráticos innecesarios como la Superintendencia de Educación; la subordinación de la evaluación docente a resultados que no dependen de la práctica pedagógica; la denegación del carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y pre-jardín en los colegios oficiales y con maestros oficiales, entre otros.

La reforma debe aprobarse antes del 20 de julio, de lo contrario se hundirá, sinembargo en su afán de aprobar el texto, el Ministerio de Educación cedió en los puntos más importantes, lo que habría convertido en este momento a una reforma inicialmente progresista, en su contrario. Según Miguel Pardo, acompañando la postura de Fecode, no queda más remedio que plantear al gobierno nacional la determinación de no permitir la aprobación del proyecto. Urge entonces el estado de alerta en toda la sociedad, mantener en alto las baderas levantadas en 1972 movilizandonos en favor de la educación como derecho fundamental, financiada por el Estado, con democracia y calidad, y en contra de un proyecto de ley que ha quedado desvirtuado por los micos privatizadores, degradadores y antisindicales que se terminaron imponiendo.
Junio 8, 2024.