En defensa del proyecto de ley sobre renta básica

En desarrollo del Paro Nacional, el Comité Nacional de Paro radicó un proyecto de ley sobre renta básica, el cual ya había sido presentado en otras legislaturas sin que los congresistas lo hayan debatido.

Tomando como punto de partida el proyecto presentado el 21 de julio pasado, su análisis se puede hacer desde tres perspectivas: la justificación, los componentes y las fuentes de financiación de la renta básica. Parte importante de lo que acá se presenta proviene de un documento escrito por el autor gracias al apoyo de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, Aceb, de UNI Global y UNI Américas (Amézquita, 2021).

Justificación de la renta básica

La sustentación nacional y mundial sobre la necesidad de establecer una renta básica universal puede sintetizarse así:

1. Aumento de la desigualdad en el ingreso y en la renta.

2. Las crisis económicas y su efecto en el mundo laboral.

3. Los efectos de la robotización en el empleo.

4. Caída de la demanda agregada.

5. Consideraciones de índole ética.

6. Consideraciones sociológicas.

7. Fundamentos constitucionales.

Estos argumentos pueden sintetizarse en tres razones: de un lado, el hecho innegable de que el capitalismo día por día aumenta la desigualdad en el ingreso y la renta entre la población. La lógica propia del neoliberalismo no es crear clase media sino dividir la población en un grupo –cada vez más reducido– de grandes propietarios y el resto, la creciente masa empobrecida.

Además hay otra tendencia propia del desarrollo, el reemplazo del trabajo humano por robots. Este avance que debería beneficiar a toda la sociedad, bajo el capitalismo exacerba la desigualdad en la distribución de la riqueza social pues los obreros menos calificados no solo reciben menores salarios sino que el mercado laboral se está achicando. Unas muy pocas actividades humanas seguirán teniendo demanda, en particular las que tienen que ver con la toma de decisiones (caso en el cual los contratados son la pequeña élite que logra acceder a los más altos niveles educativos en las universidades que el capitalismo aprestigia) y las que impliquen forzosamente contacto interpersonal, como la docencia. Pero el salario de los profesores, no obstante la innegable utilidad social del magisterio, pone de presente que ni aun así su ingreso es acorde a lo que reciben otros trabajadores con similares niveles de capacitación.

Estas dos tendencias justifican la existencia de la renta básica en la sociedad capitalista donde los productos que se exhiben en las vitrinas solo pueden adquirirse con dinero. La irrupción del covid se convirtió en un catalizador para la destrucción de puestos de trabajo de manera más acelerada, con lo cual hay una gigantesca masa de desempleados y de trabajadores informales que no consiguen un mínimo vital.

Características de la renta básica en el proyecto de ley

Las características centrales son:

Monto: un salario mínimo legal mensual, por hogar, no individualmente.

Duración: Se plantea que será durante doce meses al cabo de los cuales se evaluará la conveniencia de extender su duración.

Cubrimiento: No es universal sino para un grupo poblacional que se establece con base en unos criterios que, en suma, buscan atender a la población en situación de pobreza y de pobreza extrema según la clasificación del Dane.

Compensaciones: Dado que hoy hay otras formas de subsidio, la renta básica los absorbe, pero si un hogar ya recibe por transferencias una suma superior a la establecida como renta básica, seguirá recibiendo la suma que ya obtenía.

Atención a la desigualdad de ingreso a causa del género. Busca contrarrestar el hecho de que las mujeres reciben menores salarios a los que perciben los hombres.

Un apartado estableciendo una renta básica permanente para sectores que desde ya se saben que no tendrán oportunidad de empleo adecuado, por ejemplo los mayores y otros grupos especiales.

Así establecida, la renta básica atendería 7.465.541 hogares, unos 30 millones de colombianos. Su costo presupuestal sería por mes $6’’782.638’102.566 (billones) y por año $81’’391.657’230.792 (billones).

Financiación de la renta básica

La contundencia de los hechos –el imparable aumento de la pobreza entre la población–, ha llevado a que sectores reticentes a la adopción de la renta básica estén dando su brazo a torcer.

Pero a continuación argumentan un dato que pareciera insuperable, la inexistencia de recursos públicos. En reciente artículo de La Bagatela se presentó un extenso estudio sobre la situación de las finanzas públicas en Colombia, cuyas principales conclusiones son:

Es cierto que el Estado colombiano percibe muy bajos ingresos, que medidos contra el PIB son menores a la mitad de lo que se percibe en los países desarrollados. Pero no hay ninguna razón para sostener que eso sea lo natural, es decir que por tratarse de un país subdesarrollado el recaudo frente al PIB deba ser inferior.

La causa central del bajo recaudo es que el impuesto de renta sobre ingresos no laborales –herencias, dividendos y otras rentas–, es casi inexistente en Colombia. Evidentemente ello favorece al grupo de mayores ingresos, pues la pobrería no deja herencia ni tiene rentas de dividendos o similares.

Los impuestos a la riqueza, es decir el impuesto patrimonial, no se cobra en Colombia sino muy ocasionalmente, a unas tarifas muy bajas.

Las multinacionales pagan muy pocos impuestos o sencillamente no tienen la obligación de pagarlos por una torpe política que se escuda en la supuesta necesidad de atraer la inversión extranjera.

Las tasas de exenciones, elusiones y de evasión tributaria son astronómicas.

Contrarrestando el argumento de la falta de recursos, el proyecto de ley presenta una lista de opciones de recaudo:

1. Utilización de recursos disponibles del Fome.

2. Títulos de Emergencia Social Económica (Créditos de emisión del Banco de la República al gobierno nacional).

3. Cambiar el destino de los recursos obtenidos del 4 X 1000.

4. Retroceso de la política de exenciones tributarias.

5. Uso del 10% de las reservas internacionales.

6. Reducción del costo del servicio de la deuda pública externa e interna.

En el estudio para Aceb se analizó en detalle el impacto que tendría crear un impuesto a los predios rurales basado en un sistema catastral actualizado. Se recuerda cómo los países desarrollados tomaron la renta de la tierra para consolidarse económicamente, por ejemplo Estados Unidos en el siglo XIX y Japón con posterioridad a 1868. Para el caso de Colombia se plantea:

“De acuerdo con el Censo Agropecuario de 2014 fueron identificadas 43 millones de hectáreas (há.) agropecuarias. Suponiendo que se cobre 1.000.000 de pesos por año por cada una, el ingreso en el año 2021 sería de 43 billones de pesos. El censo indica que el 16,9% son explotaciones de menos de 5 há., a las cuales se les podría excluir del impuesto, con lo cual se cobraría a unos 35,7 millones de há., es decir se recaudarían 35,7 billones de pesos. Desde la perspectiva microeconómica, un propietario de una hacienda de 1.000 hectáreas estaría pagando apenas mil millones de pesos, y un campesino medio, propietario de 10 hectáreas, 10 millones de pesos” (Amézquita, 2021, pág. 45).

Pero mientras el Congreso siga expresando los intereses de los grandes propietarios territoriales es nula la posibilidad de que siquiera se discuta el asunto.

De las seis fuentes que propone el proyecto, la que más burlas recibe de parte de los neoliberales empotrados en los órganos de decisión y de parte de la academia, es la relacionada con la financiación a través de emisión.

En la jerga monetarista se puso en boga en la crisis de 2008 la expresión “relajamiento cuantitativo de la moneda”, eufemismo para referirse a la emisión de billetes, y es copiosa la bibliografía explicando sus bondades, pero para los neoliberales criollos ninguna razón es válida y todo se vuelve excusa para no aplicar la medicina de probada efectividad.

Bien vale la pena recordar a un personaje que no obstante su acerada formación neoliberal y su no menos ortodoxa aplicación que hiciera de esos principios neoliberales, cuando se estrelló contra la dura pared de la realidad cambió el rumbo: Esteban Jaramillo.

Leyendo las apologéticas biografías que se han escrito sobre Jaramillo, ministro de varias carteras desde principios de siglo XX, no cabe duda de que hacendista que se respete sueña con ser el sucesor de Jaramillo. Pues bien, en los primeros años de la Crisis del 29 en Colombia, como en buena parte del planeta, primó la cartilla neoliberal –presupuesto equilibrado, pago cumplido de la deuda pública, restricción del gasto y la inversión y endeudamiento externo de corto plazo para mantener al día el servicio de deuda–, lográndose superávit fiscal al precio de ahogar la economía.

Ante ello, “una comisión de estudios parlamentarios propuso un crédito neto del Banco de la República al gobierno nacional de $7,5 millones[1] ($15 en total, pero el gobierno debía depositar en oro un 50%), [pero] el ministro de Hacienda, Francisco de Paula Pérez, y algunos senadores se opusieron […]; el Banco de la República caracterizó la propuesta no solo de ineficaz sino de ‘peligrosa’” (Ocampo y Montenegro, 1984).

Pero ante la contundencia de los hechos, durante el gobierno de Olaya Herrera a instancias de Jaramillo, ministro de Hacienda, el país suspendió el pago de la deuda externa, obtuvo un cuantioso préstamo de emisión del Banco de la República, unos $14,4 millones y permitió una fuerte devaluación del peso (del 188% para 1935 respecto a su precio referido al oro en 1930), además de imponer controles al comercio exterior para mejorar el equilibrio de la balanza en cuenta corriente. Es decir, Jaramillo rompió con todo el armazón ortodoxo, neoclásico, y el resultado, como era de preverse, fue la salida de la crisis[2].

De manera que los actuales opositores al financiamiento heterodoxo harían bien en leer lo que se ha escrito, no solo en el mundo sobre cómo afrontar una crisis, sino también en la literatura económica nacional.