Reforma al SGP. Restituir derechos, reto del acuerdo nacional y la movilización social

El pasado 8 de agosto, el Comité Ejecutivo de Fecode y su Comisión de Política Educativa Pública, se reunieron con el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien propuso incluir en el Acuerdo Nacional la reforma al Sistema General de Participaciones -SGP-, principal fuente de financiamiento de la educación preescolar a media del sector oficial. El magisterio de Colombia ha liderado por más de 22 años esta batalla, desde que los gobiernos de Pastrana (Acto Legislativo 01/2001) y Uribe (A. L. 04/2007), impusieron una modificación regresiva de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia, pese a la enorme insubordinación de la comunidad educativa de entonces.
El brutal recorte de las transferencias de la Nación ha significado una caída del 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación -ICN- al 22,2% para 2024. Lo que en plata blanca significa una expropiación continuada a los municipios, distritos y departamentos del país que alcanza $572 billones de pesos entre 2002 y 2023, al sumar lo dejado de girar a educación, salud, agua potable, saneamiento básico y otros sectores de inversión social. A educación se le suprimieron $315 billones de pesos(1).

La lucha de Fecode logró incluir la urgente reforma en los planes nacionales de desarrollo -PND- del gobierno anterior y en el actual, lo que significa elevar a categoría de ley el mandato expreso de presentar al Congreso de la República, por iniciativa gubernamental, un proyecto de acto legislativo consensuado con las organizaciones que representan a los mandatarios territoriales y Fecode, con el propósito de incrementar de manera real y progresiva los recursos para el cierre de las brechas estructurales del sistema educativo público y demás sectores.
Duque disolvió la Comisión de Alto Nivel del SGP -Educación en abril de 2020 y desactivó las mesas sectoriales, desacatando la ley del PND e incumpliendo los Acuerdos con Fecode suscritos en 2019. Por iniciativa del magisterio, en el actual gobierno popular, la Mesa Sectorial del SGP-Educación fue reinstalada en diciembre de 2022 y el pasado 29 de mayo, después de 36 sesiones, aprobó el “Documento técnico de soporte para la propuesta de reforma constitucional al SGP”.

Tal como lo informó oportunamente Fecode, entre los principales acuerdos consignados de este Informe final de resultados de la Mesa Sectorial de Educación de reforma a la participación de Educación del SGP, se destacan, la definición de una canasta de referencia para la financiación del derecho fundamental a la educación, el propósito de avanzar en el cierre de las brechas estructurales de manera progresiva en un horizonte de 2037, avanzar en la universalización desde los tres grados educación preescolar, básica y media especializada, técnica o diversificada, modificar favorablemente las relaciones técnicas estudiantes - docentes, el mejoramiento y ampliación de la planta. De manera que lograr estos propósitos de política educativa requiere pasar de un costo de canasta por estudiante en 2023 de $6 millones a $14.2 millones en 2037 (a precios de 2023) un incremento real de 136%.
En desarrollo de este informe final, Fecode también radicó el pasado 12 de julio a la ministra de Educación, una propuesta construida con la Federación Nacional de Departamentos -FND- de proyecto de Acto Legislativo para el conjunto de los sectores.

La necesaria y urgente reorientación en la política del MEN, derivada del contundente paro nacional del Magisterio de junio del presente año, se refleja en la coincidencia con el nuevo ministro de Educación sobre las prioridades en el sector. En la reunión sostenida el pasado 6 de agosto, Fecode reiteró con fuerza que la materialización de los derechos pasa por garantizar la financiación estatal y adecuada, es decir las reformas a la educación superior y al SGP que, por sus características, son las de mayor impacto social para totalidad de la población y los territorios.
Teniendo en cuenta estos precedentes, la fortaleza y rigor en las propuestas de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -Fecode- y, dejando absolutamente claro que, las reformas sociales y el Acuerdo Nacional deben defender, restituir y avanzar en derechos, Fecode aceptó la propuesta del Ministerio del Interior y, el 15 de agosto tal como lo comunicó oficialmente, en un hecho sin antecedentes recientes, se desarrolló una importante sesión de trabajo y de amplia exploración, para avanzar en la reforma al Sistema General de Participaciones -SGP-, con representantes de Fecode, las Federaciones de Departamentos y Municipios, Asocapitales y Asointermedias, las Comisiones primeras de Senado y Cámara, como también, los Ministerios de Educación e Interior, el cual actuó como anfitrión. Se procedió a la elaboración de un documento que decantó las coincidencias, diferencias y nuevos aportes, entre el Proyecto de Acto Legislativo (PAL) 018 de Senado y 437 de Cámara/24 de iniciativa parlamentaria, con respecto a las propuestas de PAL sustentadas por la Comisión de Alto Nivel del SGP - Educación, Fecode, Federación Nacional de Departamentos y demás organizaciones territoriales.
En una mesa técnica conformada con los mencionados protagonistas el 21 de agosto, se alcanzó un principio de acuerdo sobre las modificaciones al referido proyecto de acto legislativo (PAL) que busca reformar el Sistema General de Participaciones -SGP-, para restituir de manera real y progresiva los recursos para todos los municipios del país en salud, agua potable, saneamiento básico y educación de preescolar de tres grados, básica y media. 
El 11 de septiembre, la Mesa Técnica recibió las propuestas de modificación al texto del gobierno, especialmente las emanadas del Ministerio de Hacienda.

Fecode coincidió con los distintos actores que la reforma constitucional debe retornar a una participación de las transferencias territoriales del 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación en 10 años, iniciando con aumento progresivo desde 2027, sobre la base de una distribución sectorial, manteniendo como mínimo los actuales porcentajes. No sobra recordar que la participación de educación es de 58,5% sobre el 96% del SGP (56,16% sobre la total).

También en que se incluya un seguro que evite el descenso en términos reales del monto de recursos del sistema general de participaciones y en no descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos para atenderlas. Igualmente, la reforma constitucional debe caracterizar como derechos a la educación, la salud, y demás sectores.

El acuerdo se concretó en la ponencia que se radicó para quinto debate del mencionado PAL el pasado 16 de septiembre y, deberá convertirse en una enorme movilización nacional que respalde la aprobación de una de las reformas sociales más transcendentales para la consolidación del Estado de derecho.
Con análogo propósito, fue radicado días antes por múltiples representantes del sector, el proyecto de ley para reformar los artículos 87 y siguientes de la ley 30 de 1992, que busca favorecer principalmente a la juventud colombiana. 

La comunidad educativa incorporará esta agenda legislativa a las anheladas reformas del cambio y lo expresará con fuerza en la movilización del próximo 19 de septiembre. El gobierno nacional en su conjunto, debe coadyuvar con decisión a su concreción y, contribuir a conjurar una situación análoga a la vivida el pasado mes de junio, cuando el magisterio salió masivamente a las calles para hundir las ponencias del desvirtuado proyecto de ley estatutaria, logrando dejar de pie la educación como derecho. 

Colombia, 17 de septiembre de 2024