LA CORTE SUPREMA ME ABSUELVE
El fallo de la Corte, que acaba de absolver al exrector de Uniatlantico, Ubaldo Enrique Meza de la judicializacion orquestada por Carrasquilla cuando fungía como ministro de Hacienda de Uribe en 2006, ha puesto en evidencia una conspiracion, que puede catalogarse como crimen de Estado, que involucra a altos funcionarios del gobierno, políticos regionales y algunos órganos de la rama judicial y que pretendía liquidar a la universidad pública colombiana para favorecer intereses privados incrustados en la educación superior. Se trata de una conspiración que bajo el actual gobierno uribista, se convierte en consigna estatal, con la negación por parte del presidente Duque, de los recursos para subsanar el deficit de 18 billones que asfixia a las universidades públicas.
Comunicado a la opinión pública
Ubaldo Enrique Meza Ricardo, ex Rector de Universidad del Atlántico
LA CORTE SUPREMA ME ABSUELVE
"En pleito histórico con el Ministerio de Hacienda por pensiones convencionales en la Universidad del Atlántico".
Después de un desgastante y atípico proceso penal de más de 12 años, promovido por quien en ese momento figuraba como Ministro de Hacienda del Presidente Uribe y que hoy repite funciones como “superministro” del Gobierno actual, Alberto Carrasquilla Barrera, debo expresar públicamente mi complacencia como persona de honra al servicio de la sociedad, por la decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que en sentencia de su Sala Penal de Casación del 26 de septiembre de 2018 y publicada la semana pasada, dejó sin efectos jurídicos la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla que me condenaba a ocho años de prisión y al pago de una suma de dinero cercana a los $7.400 millones de pesos. En su lugar, la Corte me absolvió de todos los cargos formulados por un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción de Bogotá, quien me imputaba los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, por el reconocimiento de pensiones a docentes y servidores de la Universidad del Atlántico, que hice como rector de esa institución, con apego a la ley, basado en la Convención Colectiva de Trabajo vigente, que dicho sea de paso, ni firmé, ni a la cual tengo derecho, es decir, nunca hubo conflicto de intereses.
En Carta Abierta del 6 febrero de 2017, revelamos los detalles jurídicos y denunciamos los fines pérfidos de quienes instrumentalizaron este tortuoso proceso penal, caracterizado por una penosa propaganda negativa a través de algunos medios, exclusivamente contra los entonces rectores de la Universidad, Paola Amar Sepúlveda y el suscrito Ubaldo Enrique Meza. Esta calumniosa campaña fue fomentada incluso por una funcionaria menor del Ministerio de Hacienda, que había sido encargada de la rectoría desde las altas instancias gubernamentales con los fines más protervos. Además de la difamación de que fui objeto, se lucieron mis adversarios exhibiendo las tropelías más inciviles, entre otras el ocultamiento de la información requerida por investigadores del CTI de la Fiscalía, misión desplegada por un escudero de la rectora, quien se desempeñaba doblemente como Secretario General y apoderado de la parte civil de nuestra alma máter. Este ominoso proceso penal fue utilizado desde el Ministerio de Hacienda para “satanizar” las pensiones reconocidas legalmente a servidores de la Universidad vinculados en la década de los 70’, y a partir de ello buscar una argucia jurídica para eludir el cumplimiento de sus obligaciones financieras, que constituyen un pasivo superior a 500 mil millones de pesos, más las obligaciones de tracto sucesivo frente a los pensionados, a costa de mi dignidad como persona y funcionario público honesto.
Para implementar este deslucido proceso penal, que la Corte Suprema finalmente invalida, el entonces y actual Ministro de Hacienda contrató la firma de abogados de la capital del país Forero & Rodríguez Ltda., cuyo miembro principal fue nombrado meses después Vice fiscal General de la Nación, dejando a su socio al frente de este proceso. Extrañamente, al momento de calificar el mérito de la investigación se cambió abruptamente de Fiscal Anticorrupción, para designar en su reemplazo a quien con claro atropello del ordenamiento jurídico y de mano con el apoderado del Ministerio de Hacienda, desatendió las decisiones ejecutoriadas de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la Nación, del Tribunal Administrativo del Atlántico y del Consejo de Estado, para llevarme a juicio y perseguir una condena en contra de la doctora Paola Amar y del suscrito, basados en hechos y argumentos infundados, incluso desdeñando la decisión adoptada en su momento por su superior (Fiscal 45 Delegado ante el Tribunal de Bogotá), cuya delimitación de cargos ignoró absolutamente durante todo el juzgamiento.
Hoy, cuando la verdad sobre el tema pensional de la Universidad del Atlántico sale a relucir y resplandece por fin en su máximo órgano representativo la misión democrática de la justicia, debo decir a mi familia, a mis amigos, a la comunidad universitaria. a la opinión pública en general, y también a mis detractores, que no sólo se reivindicó la dignidad y el buen nombre de Ubaldo Enrique Meza Ricardo, sino que me conforta aún más la certidumbre económica que mi absolución representa para las finanzas de nuestra amada Universidad del Atlántico. Esto es así, puesto que el efecto inmediato de la condena penal perseguida por el Ministerio de Hacienda, implicaba un recorte drástico en las transferencias de los recursos a cargo de la Nación, un incumplimiento de la ley urdido desde las altas esferas del Estado, desde todo punto de vista irresponsable, arbitrario y unilateral, que conducía a una crisis financiera de la universidad, que alcancé a visionar en mi época de Rector (1998 a 2001), y que llevó a la Institución a la quiebra y a la aplicación de la ley 550. Esa era la razón de fondo para oponerme de manera vehemente a la firma del leonino Convenio de Concurrencia y para negarme a cumplir las órdenes que me impartía la mencionada cartera ministerial, pero que lamentablemente más adelante fueron consumadas por quien me sucedió en la Rectoría, respaldado por los gobernadores de aquel entonces en el Departamento del Atlántico, ilustres desconocedores de la realidad de la Universidad Pública.
De ahí la importancia del fallo absolutorio proferido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, pues además de despejar toda duda sobre la transparencia de mi actuación administrativa, aclara el tema de la legalidad de las pensiones convencionales, como ya lo había hecho el Consejo de Estado, y los Organismos de Control antes mencionados, sentando jurisprudencia en materia tan importante como es el principio de congruencia, desestimado por los jueces que hicieron caso omiso del concepto favorable a mi causa, que ya había sido emitido por instancias superiores y que ahora la Corte Suprema reivindica. Este histórico fallo también implica para el Ministerio de Hacienda la obligación de responder a los compromisos pendientes con la Universidad del Atlántico, que afectan al cuerpo docente y administrativo y que incidieron negativamente en el normal cumplimiento de las funciones misionales de la Institución.
Con esta decisión la Corte cierra el capítulo de infamias, desinformación, persecución y mentiras, orquestado por detractores políticos de dentro y fuera de la Universidad contra el suscrito, y estuvo precedido por otros fallos en los cuales ya había sido exonerado de toda responsabilidad en denuncias infundadas como el caso de las Conciliaciones, el de los Bonos Pensionales y otros que quedaron suficientemente esclarecidos y donde la justicia me dio totalmente la razón. Al absolverme de manera definitiva la Corte no sólo restaura mi buen nombre, sino que le concede un triunfo resonante a la Universidad del Atlántico y por extensión a toda la educación pública superior, en una batalla librada contra un verdadero Goliat de la iniquidad como el ministro Carrasquilla, a quien los medios de prensa y la opinión nacional a través de las redes tienen en la picota pública, señalado por supuestas conductas antiéticas y corruptas.
Agradezco a todas las personas que siempre creyeron en mí, aquellas que con sus opiniones me dieron ánimo para seguir enfrentando con paciencia, gallardía e inteligencia esta dura batalla contra políticas neoliberales de economía salvaje dirigidas contra la universidad pública, y a mis defensores, doctores Jeofrey Troncoso Mojica y Fredis Suárez Suárez, quienes siempre tuvieron la convicción de mi absoluta inocencia, y la firmeza de hacer prevalecer el derecho y la justicia.
Ubaldo Enrique Meza Ricardo
Ex Rector de la Universidad del Atlántico
Barranquilla, 9 de octubre de 2018