Reforma tributaria y salario mínimo

Una regresiva reforma tributaria con globos de engaño de aumento del salario mínimo

La indignación con la reforma tributaria se trata de apaciguar con un aumento del salario mínimo que quedaría congelado en los fondos de cesantías para enriquecer el capital financiero.

Por Fabio Arias Giraldo | Tomado de www.las2orillas.co | Agosto 29, 2018

Cada vez que se debate en la Comisión de Concertación el salario mínimo, o en el pliego de los estatales o de los trabajadores del sector privado el incremento salarial, entran en pánico los académicos e intelectuales de la apología neoliberal y defensores del empresariado, para desatar contra dichas propuestas toda la cantidad de anatemas que desde especialmente 1990 se han descargado contra los salarios y en general contra los ingresos de los trabajadores.

Los neoliberales y los defensores del empresariado han registrado que no se pueden aumentar los salarios de forma sustancial puesto que ello genera desempleo e inflación. Frena formalización laboral. Encarece la contratación laboral. Desata mayores gastos del Estado e incrementa el déficit fiscal. Causa mayores costos en subsidios y pensiones.

En sentido inverso, los neoliberales y sus representados, el empresariado, han sostenido que disminuir el valor de los costos laborales y ahora disminuir también los impuestos a las empresas, genera empleo.

Es más, los gobiernos al unísono con los empresarios sostienen que se debe proteger al empresariado porque ellos vinieron a este mundo con la gregaria misión del destino manifiesto de generar empleo. Ocultando su verdadero objetivo de apropiarse de una parte significativa del trabajo de otros, para lo cual es determinante apropiarse del poder del Estado a través de gobiernos propios, amigos o funcionales a sus intereses. El interés de los grandes negocios, socio.

Durante todo el período neoliberal instalado en el país desde 1990, se han realizado 14 reformas tributarias y otras tantas reformas laborales, que han significado el aumento de la desigualdad en Colombia.

En todos estos años, la tasa de desempleo sigue alrededor del 10%, la más alta de América Latina, la inflación salvo pocas excepciones se mantiene baja, la informalidad sigue por encima del 60%, por lo cual puede afirmarse que no hay evidencia empírica que convalide las tesis neoliberales. Por el contrario, premios nobel de Economía como Paul Krugmanh y Joseph Stiglitz, han reiterado el error de estas teorías y por consiguiente señalan la conveniencia de aumentar sustancialmente los salarios. Con ello se reactivaría la economía al mejorar la capacidad adquisitiva de la población y con tal, la mayor demanda de bienes y servicios, mejorando el consumo y por tal la producción, que queriendo dinamizar el uso de trabajo nacional, se privilegiaría lo hecho en Colombia y no el indiscriminado comercio de importación de todo tipo de baratijas, que quiebra y desestimula tanto el agro como la industria y por ahí derecho el desmejoramiento del trabajo y el empleo de nuestros paisanos.

En Colombia se ha perdido participación de 6 puntos de los salarios en el Pib desde 1990 hasta el 2016, el equivalente a más de $50 billones de pesos anuales. Plata que no se inscribe para nada, en los engañosos juegos del gana-gana, sino en el de que, lo que pierden los trabajadores se lo ganan los ricos empresarios.

Pero este sistema de medidas para los empresarios, en el mediano y largo plazo, significa pegarse un tiro en el pie.

En estos primeros días del gobierno de Duque se anuncia una reforma tributaria que le adelanta el regalo de Navidad y Año Nuevo al empresariado al reducirles impuestos en cerca de $9 billones de pesos y que sumados a $3 billones de pesos que según Minhacienda deben recaudarse de demás, se le trasladarán estas responsabilidades con mayores impuestos a los salarios a partir de $1,9 millones y el cobro general del Iva a la canasta familiar, es decir a los trabajadores, clases medias, profesionales y la ciudadanía de a pie.

Esta propuesta ha recibido la indignación generalizada y se ha visto en las redes sociales y en la pérdida vertiginosa de favorabilidad del presidente en estos escasos 20 días de su gobierno entre 12 y 18 puntos y que podría explicar el aplazamiento de la presentación de la igual de regresiva reforma pensional para el otro año, como lo anunció apresuradamente la directora del Departamento de Planeación Nacional.

Y en medio de esta inconformidad desatada por tan regresivos y antipopulares anuncios, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, cometiendo garrafales imprudencias de ignorancia de aprendiz de abogado, que solo se realiza así para intentar ocultar el engaño, presentó un proyecto de ley de facultades extraordinarias al presidente que ni él ni el Congreso pueden otorgar, para decretar un sustancial y extraordinario incremento del salario mínimo.

Con ese proyecto a más de la irregularidad anotada, se establece que dicho aumento en el salario mínimo quedaría congelado en los fondos de cesantías, para enriquecer al capital financiero, de forma ilegal por lo demás, pues tal como lo señala el Código Sustantivo del Trabajo el único que puede autorizar descuentos de su salario es el mismo trabajador, pero que adicionalmente representaría por los mayores descuentos en salud y pensiones un menor valor en su mesada.

Adicionalmente, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, le otorga plenos poderes al presidente Iván Duque para que establezca normas con carácter de ley de las modificaciones jurídicas, tributarias y financieras que se requieran para no impactar la inflación y los indicadores económicos (?) (crecimiento, productividad, etcétera). Es decir, podría hacer la reforma tributaria, pensional y laboral. Pero ello sería también absolutamente ilegal porque desbordarían las competencias de dichas facultades. Además, dichas facultades establecerían el nefasto precedente jurídico y político de que no sea necesaria la convocatoria de la Comisión de Concertación para dialogar o negociar el salario mínimo.

Al final entonces, el proyecto solo persigue hacer noticia, de tal manera que le quite presión a los anuncios regresivos del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que ocupó la misma cartera en el primer período de Uribe Vélez, atenuar el daño causado a la imagen del nuevo presidente y poder justificar tan monstruosa reforma tributaria.

Una reforma tributaria para la insaciable voracidad empresarial

La reforma de Carrasquilla sigue el mismo jueguito ya fracasado: ni reactivación, ni empleo, los que más tienen cada vez pagan menos y los que menos tienen cada vez pagan (pagamos) más.

Fabio Arias Giraldo |Tomado de www.las2orillas.co | agosto 15, 2018

Con la reforma tributaria del 2012 a los empresarios los exoneraron del pago de las parafiscales del Sena (2% de las nóminas), el Icbf (3% de las nóminas) y del 8% del pago de la cuota de salud de los trabajadores. Ello bien podría sumar, en estos cinco años más de $46 billones de pesos, que fueron a parar a los bolsillos del empresariado.

Con la reforma tributaria del 2016 se inició el desmonte del impuesto a los patrimonios superiores a los $1.000 millones y deshaciendo el indeterminado Cree (impuesto a la renta para la equidad (¿?)), se restablece el impuesto a la renta al 35% pero para irlo disminuyendo hasta el 33% en el año 2019. Con ello quedó claro que, los empresarios, dejaron de pagar impuesto al patrimonio, no pagaron un peso de equidad en el Cree, se embolsillaron las parafiscales y se inició la disminución del impuesto a la renta. Y todo ello, sin que hubiese cambios significativos ni en la formalización laboral (la informalidad sigue en el 64%), ni en un descenso en la tasa de desempleo (continúa cerca al 10%), caballitos de batalla con los cuales el anterior gobierno justificó las medidas.

Ya completamos 14 reformas tributarias en el período neoliberal, en las cuales los impuestos indirectos, impuestos al consumo, entre otros el más reconocido el Iva, vienen aumentando y los impuestos a las rentas del capital, los llamados impuestos directos vienen descendiendo. Es decir, se viene consolidando que los que más tienen, cada vez pagan menos y los que menos tienen cada vez pagan (pagamos) más.

Ya completamos 14 reformas tributarias en las que los impuestos indirectos, impuestos al consumo, como el IVA, vienen aumentando y los impuestos directos, a las rentas del capital, vienen descendiendo.

Esto explica por qué Colombia sigue apareciendo con el deshonroso título de ser el tercer país más desigualdad del planeta, cuya circunstancia se oculta en todas las informaciones y expresiones de las cifras de la situación económica y socio-laboral del país, de parte de los registros oficiales.

Ahora se anuncia una nueva reforma tributaria. Tanto el presidente Iván Duque como el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la han considerado como una herramienta significativa para reactivar la agobiada economía, que está exhausta es por la fracasada política del libre comercio neoliberal, y que pretenden reanimar con las mismas medidas que la han deteriorado.

Para esta reforma proponen la disminución del impuesto a la renta de las empresas reduciéndolo hasta el 28%, con lo cual dejan de pagar alrededor de $6 billones. Y según fuentes del Ministerio de Hacienda aspiran a recoger $3 billones adicionales a lo que se ha venido recaudando. En total el gobierno debe determinar otras acciones para completar entonces $9 billones.

¿De dónde saldrán?

Ya también advirtieron que se hará, de una parte, poniendo a pagar impuestos desde salarios de $1.900.000 (hoy es de $3.400.000) con lo cual se incrementará el impuesto a las rentas de trabajo de la clase media. Y de otra, para completar, se recurrirá a ampliar la base gravable del Iva, extendiéndolo a la mayoría de los artículos de la canasta familiar, y si aún no alcanza a completar los $9 billones, pues se aumenta el Iva (ya hay países que pagan el 23%), para precarizar aún más la mayoría de los colombianos.

Estas medidas, según el gobierno, se hacen para que los empresarios “generen” más empleos, cuestión que como ya se ha observado no producen dicho efecto, pero sí logran paliar sus dificultades, que descargan sobre los trabajadores, las clases medias y la mayoría colombianos.

No sobra recordar, tal como se dijo por los trabajadores en su momento, que con la reforma tributaria del 2016, que elevó la tasa del Iva del 16% al 19%, se generaría desestímulo a la demanda de bienes y servicios, cayendo la economía y aumentando el desempleo, como evidentemente sucedió.

De tal manera que se sigue en el mismo jueguito ya fracasado en el país.

Ni reactivación, ni empleo, pero sí mayores ganancias para los empresarios con mayor precariedad laboral y ciudadana. Seguirá entonces, que en nuestra querida Colombia, la desigualdad será más profunda, incubando mayor descontento e inconformidad, que ya dio su muy importante campanazo de alerta el pasado 17 de junio en los comicios presidenciales.