La batalla por Bogotá. Sí a la revocatoria

Yezid García, Augusto Rodríguez, Iván Acuña, Fabio Arias y Oscar Dueñas, durante el mitin efectuado en la Calle 26, mientras sesionaba el Consejo Nacional Electoral en la audiencia fallida que pretendía echar atrás la iniciativa ciudadana de la revocatoria de Peñalosa. 

Redacción La Bagatela

Mediante consultas ciudadanas, como en el caso de las realizadas a propósito de proyectos mineros y algunos procesos revocatorios, la ciudadanía ha ganado independencia política y canalizado democráticamente el descontento que se manifiesta igualmente mediante la movilización social como la registrada en Buenaventura, Chocó, trabajadores estatales y el magisterio. El horizonte posible de una revocatoria para Enrique Peñalosa sería, sin duda, un hito histórico y la evidencia tangible de que la derrota de las elites corruptas y tradicionales es posible mediante una poderosa acción ciudadana.

La importancia nacional de revocar a Peñalosa

El alcalde de Bogotá es el segundo cargo de elección popular más importante después del presidente de la República, y Peñalosa la encarnación por excelencia del modelo neoliberal: privatización de las empresas públicas mediante la venta de activos (ETB y EEB), aumento de la carga tributaria para la ciudadanía mediante cobros de valorización, reducción del aparato estatal a través de despidos masivos.

Este modelo neoliberal se ejecuta en Bogotá a través del Plan de Desarrollo (Acuerdo 645 de 2016), aprobado por la coalición mayoritaria en el Concejo de Bogotá, que privilegia la expansión urbana antes que la protección ambiental (casos reserva Thomas van der Hammen y bosques de Bavaria), la profundización de un sistema de transporte que desconoce los estudios conceptuales y de diseño que tiene la ciudad para la construcción del metro subterráneo, la reducción significativa de una política social clave para combatir la pobreza, y la represión frente a la inconformidad y la protesta social (jornadas antitaurinas, movilización de personas con discapacidad, desalojo violento en Bilbao, Suba, etc.).

Otro factor que evidencia el creciente alcance nacional de la revocatoria se encuentra en los respaldos recibidos por la administración. El pasado 18 de mayo, el Centro Democrático con Álvaro Uribe a la cabeza, llegó hasta el Palacio de Liévano para expresar su respaldo y oponerse abiertamente a la revocatoria, aun cuando de manera pública han barnizado su respaldo con aparentes diferencias como, por ejemplo, la oposición al nuevo impuesto que por valorización tendrían quienes habitan por la carrera séptima. Igual respaldo han expresado a Peñalosa en reuniones privadas el Partido de la U y Cambio Radical.

Los principales medios de comunicación son el otro gran apoyo con que cuenta el gobierno distrital. Aduciendo los costos que tendrían las jornadas de revocatoria y posterior elección de un nuevo alcalde, la denominada incomprensión de las políticas de Peñalosa propias de una gerencia avanzada que se desarrolla a espaldas de la ciudadanía, la presunta inestabilidad institucional que habría ante un cambio de mandato, y el que tras las revocatorias están quienes perdieron las pasadas elecciones, han desatado una campaña contra la revocatoria para sumarse a quienes aplauden la participación ciudadana pero la desconocen cuando es adversa a sus intereses. No menos importante resulta el hecho de que durante 13 años (2003-2015) Bogotá fue el centro democrático del país y la revocatoria de Peñalosa, de lograrse, reforzaría ese papel, al tiempo que jalonaría un nuevo ascenso de las fuerzas sociales y políticas de la capital.

En resumen, la contienda política que se desarrolla en la capital tiene un alcance de nivel nacional, dado el modelo económico y social de ciudad que este representa, y la importancia que sectores del establecimiento le han otorgado a la revocatoria ante el panorama que hace cada vez más posible este escenario, lo que sin duda constituiría una lección importante del poder ciudadano y su capacidad de acción cuando el descontento se activa políticamente. Lección cuyo antecedente inmediato es la consulta en Cajamarca.

Golpe a la democracia para conjurar las adversidades

Varias son las dificultades que se han sumado al escenario ya de por sí negativo para Enrique Peñalosa. Ocho de cada diez bogotanos desaprueban la gestión de la actual administración: entre agosto del año pasado, hasta las más recientes encuestas, el rechazo ciudadano aumentó del 69% al 80%, alcanzado cifras históricas que superan las registradas por el descontento que generó Samuel Moreno y las administraciones en la década de los noventa. Adicionalmente, el 63% estaría de acuerdo con la revocatoria, aumentando respecto del 58% y 61% registrado en febrero y marzo respectivamente.

Además de golpes de opinión para reducir la impopularidad como la intervención en el Bronx y la inauguración de la inacabada obra del deprimido de la 94, Peñalosa ha recurrido a dos tipos de respaldos que representan una sola clase social: los partidos políticos, para lo cual ha conformado una coalición mayoritaria en el Concejo de Bogotá con las bancadas de Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal, el Centro Democrático y otras bancadas, incentivadas con jugosas cuotas burocráticas en las alcaldías locales y secretarías entregadas, así como el apoyo de los medios que pese a las encuestas se debaten en triquiñuelas para defenderlo.

Con el agua al cuello, Peñalosa y el establecimiento movilizaron sus fichas en el Consejo Nacional Electoral. Separándose del Estado de derecho mediante la aplicación retroactiva de la ley y desbordando sus funciones administrativas, el CNE buscó aprobar un proyecto de resolución que establecía condiciones para la validación de la revocatoria, exigiendo aspectos no contemplados en la Constitución Política y la ley (134 de 1994 / 1757 de 2015), desconociendo que ante el incumplimiento del programa de gobierno o la insatisfacción ciudadana, una de estas dos condiciones es necesaria y suficiente para inscribir un comité promotor.

Avanza la revocatoria

El que se conociera de manera informal el proyecto de resolución del CNE, permitió una serie de hechos que contribuyeron de manera positiva al proceso revocatorio. De manera anticipada y previendo la maniobra, el pasado 2 de mayo el Comité Unidos Revocamos a Peñalosa, que agrupa más de sesenta organizaciones sociales y sindicales, procedió a radicar 700.198 firmas. Cifra que se espera sobrepasar llegando al millón de apoyos ciudadanos radicados frente a los 271.817 necesarios y que, sin duda, es la prueba tangible del descontento generalizado.

Ante la pretendida burla a la participación democrática, el 9 de mayo se produjo una movilización en Bogotá para exigir la realización del proceso revocatorio, lo cual se suma a la indignación ciudadana que se registra por diversas motivaciones en las calles de la ciudad y del país.

Otra batalla por la revocatoria se libró, igualmente de manera positiva, en el terreno jurídico, una vez aceptada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca la tutela que solicitaba la protección del derecho constitucional a participar y ejercer control al poder político mediante la revocatoria y la suspensión, en consecuencia, de la acción del CNE a través de la imposición de medidas provisionales. Mecanismo de protección que fue aceptado para estudio por el Tribunal.

Para consumar la maniobra, el 15 de mayo el CNE citó la audiencia pública en la cual se presentarían algunos comités promotores de la revocatoria y alcaldes que enfrentan estos procesos a nivel nacional. Entre las afirmaciones que se escucharon ese día estuvieron el que los comités promotores eran la herramienta del “revanchismo político” de quienes perdieron las elecciones, o que los mandatos en su primer año gobiernan con el plan de desarrollo y presupuesto de la administración anterior.

Sí bien esto último es parcialmente cierto, en tanto que el incumplimiento del programa de gobierno es solo una de las causales para revocar, es necesario precisar que un cambio de los plazos establecidos para promover una revocatoria deberán hacerse mediante una reformas a la ley y no a través de resoluciones para procedimientos administrativos como pretendía el CNE.

El “revanchismo político”, antes que una práctica de la oposición, es una política sistemática de Peñalosa que busca arrasar con los avances que para la ciudad significaron los gobiernos previos: estudios sobre metro, eliminación de territorios saludables y otros programas con efectos en la salud pública, reducción considerable de la política social que se agrava ante un contexto de crisis, despidos masivos de trabajadores.

Fue evidente en la audiencia que aunque haya 107 procesos revocatorios en el país, es el de Peñalosa la joya de la corona: otorgaron mayor tiempo de exposición a Humberto Sierra Porto, apoderado del alcalde Bogotá, y presentaron aquellos casos que en el país registran mayores inconvenientes por presencia de sectores de dudosa procedencia en los comités promotores para dejar un manto de duda sobre el mecanismo de participación.

Interesa registrar de manera particular que, en su intervención, Sierra Porto reconoció que se había realizado de manera irregular la inscripción de un comité promotor con una exposición de motivos que responsabiliza a Peñalosa por no colonizar Marte, del cambio climático, y el hambre que padecen los niños en el Chocó. Un exmagistrado de la Corte Constitucional, aceptaba sin ruborizarse la realización de un fraude procesal para deslegitimar los comités promotores legalmente inscritos.

Este panorama que despejó parcialmente la revocatoria, se completa con el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación en el que recomendó al CNE el estudio individual de los motivos, requisitos constitucionales y legales, de cada uno de los comités promotores. Si bien esto es una recomendación, la misma fue entendida como oposición del organismo de control y la posibilidad que algunos sectores del establecimiento, en particular del liberalismo, hayan modificado sus posturas frente a la revocatoria, antes que por una creencia en las virtudes de la participación ciudadana por un cálculo político frente al efecto que una derrota de Cambio Radical en Bogotá tendría sobre la candidatura de German Vargas Lleras en las elecciones presidenciales de 2018.

El valor de la democracia

Aun cuando el proyecto de resolución ha sido retirado, persiste el peligro en el CNE: se votó en contra la ponencia de la magistrada que permitía continuar con el proceso, y se analizarán las revocatorias que ya cuentan con fecha para su realización (San Benito Abad, Remolino, Icononzo). La andanada mediática persiste y las maniobras para proteger a Peñalosa no cesarán. Uno de los argumentos que persisten son los relacionados con los costos de un proceso democrático como el que se adelanta.

Los costos de un proceso electoral para decidir si revocar o no un mandato, solo prueba la necesidad de avanzar en un sistema electoral electrónico que resulte efectivo ante situaciones como estas. No es la democracia la que debe pagar con restricciones al derecho ciudadano los costos de un sistema electoral atrasado.

Organizar el descontento ciudadano

La oposición a que el proceso de participación ciudadana se adelante es la mejor manifestación del temor ante los resultados posibles: la revocatoria efectiva de Peñalosa sería una lección contra la arrogancia de unas élites que consideran la administración pública una herramienta que pueden ejercer a espaldas de la ciudadanía para la organización de sus negocios privados. La revocatoria de Peñalosa dejó de ser deseable a ser posible. Sin embargo, el descontento, aunque existente, por sí solo no basta y esa lección nos la han dejado los procesos revocatorios adelantados en Ocaña y El Copey. Para llevar a cabo esta tarea para la democracia y contra quienes representan en Bogotá la república del coscorrón, es necesario dar un paso adelante en la perspectiva de alcanzar este objetivo. De suma importancia es la organización del millón de firmas que en las calles han expresado su rechazo al modelo privatizador y depredador de ciudad, para convertir a estas en una fuerza ciudadana con capacidad efectiva de expresarse en las urnas.