25 de noviembre: Reflexión sobre la violencia contra las mujeres

6 Noviembre, 2020

Tanto los derechos de la mujer, como el activismo femenino se enmarcan culturalmente en la sociedad patriarcal y machista, cimentada por los diferentes modos de producción y representada en las correspondientes formas de gobierno. Por tanto, los avances y logros en este campo son producto de luchas de un movimiento social valeroso y perseverante de mujeres que batallan por cambios necesarios en defensa de derechos universales. Ante tal realidad en Colombia el movimiento feminista, organizaciones sindicales, colectivos de mujeres, se activan en unidad de lucha, por reivindicar derechos a través de manifestaciones, con propuestas, movilizaciones, plantones y ejercicios culturales tendientes a concientizar la necesidad y el análisis, con propósito de erradicación de la violencia contra la mujer, mejora de condiciones y calidad de vida nacional.

Por Damarys del Carmen Caro Chávez
Psicopedagoga. Especialista en desarrollo de procesos cognoscitivos. Magister en educación. Master en PNL. Docente Universitaria. Asesora educativa. Activista en temas de género y defensa de derechos de mujer. Miembro del Colectivo de mujeres Malú.

Al escribir sobre el 25N, día en el cual se conmemora la eliminación de la violencia contra las mujeres, partiremos con una explicación histórica del porqué de la escogencia de esta fecha. Continuaremos con una definición del concepto según lo estipulado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Terminaremos con un rápido recorrido por los aspectos sociales, económicos, políticos, sicológicos, educativos y laborales implicados en este fenómeno en el país.

En 1960 fueron asesinadas por los militares de la dictadura de Rafael Trujillo, en la República Dominicana, las hermanas Mirabal, activistas por los derechos de las mujeres y opositoras al régimen. Para honrar su gesta y su papel en la visiviliazión de la violencia de género, movimientos feministas originan esta fecha conmemorativa desde 1981.

La ONU en 1993 reconoce aspectos fundamentales para el movimiento feminista internacional, tales como el reconocimiento de que “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer” y dice “que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades”.

Finalmente, la Asamblea General de la ONU, el 17 de diciembre de 1999, establece el 25N como la fecha internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres oficialmente a partir del año 2000. Definida como: “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como, las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como la vida privada”.

En Colombia, como en todo el mundo, la violencia infringida contra las mujeres continúa su práctica en la sociedad, naturalizada desde tiempos ancestrales. Surgen importantes manifestaciones de movimientos aislados y esporádicos de un feminismo incipiente y luego del voto femenino en 1957 y el reconocimiento de los derechos de la mujer por la Constitución del 91, solo hasta el 2008 con la Ley 1257 se legisla para “adoptar normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización”. Esta ley especifica cinco tipos de violencia contra la mujer: física, psicológica, económica, sexual y patrimonial.

Se inicia entonces un proceso de identificación de esta violencia en diferentes ámbitos, tales como las calles, medios de transporte, lugares de trabajo, centros educativos, centros religiosos, centros de salud, lugares de entretenimiento, el hogar y las perpetradas o toleradas por el Estado.

Tanto los derechos de la mujer, como el activismo femenino se enmarcan culturalmente en la sociedad patriarcal y machista, cimentada por los diferentes modos de producción y representada en las correspondientes formas de gobierno. Siendo promovida la violencia contra ellas por este mismo estado de cosas al igual que la obstaculización de su emancipación. Por tanto, los avances y logros en este campo son producto de luchas de un movimiento social valeroso y perseverante de mujeres que batallan por cambios necesarios en defensa de derechos universales. Lo que se reafirma en lo expresado por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, en mensaje del año 2010: “Se está corriendo la voz de que la violencia contra las mujeres y las niñas no tiene cabida en ninguna sociedad y que no se debe seguir tolerando la impunidad de los perpetradores”.

En el aspecto de representación política la dinámica discriminativa y violenta contra las mujeres se replica, aun cuando la Constitución Política de 1991 reconoce “la igualdad material entre mujeres y hombres”. Lo cual podemos observar en cifras de composición de las instituciones de elección unipersonal. Por ejemplo, en las gobernaciones, las estadísticas históricas de hombre y mujeres (en su orden) son: en 2007 96,9% y 3,1%; en 2011 90,6% y 9,4% y en 2019 93,7% y 6,3%. La brecha es desproporcionada, la cual se refleja en rangos aproximados en las otras corporaciones, con el agravante que por cada 10 electas, 6,8 han sido víctimas de violencia política de esta manera: el 34% ha sufrido cuestionamientos, el 29,6% faltas de respeto, el 27,46% restricción en uso de la palabra y 16,3% acusaciones falsas, según lo presentado por la magistrada Doris Méndez, ante el Congreso en ponencia para solicitar la paridad de género, ya que en la actualidad solo es de un 30% de mujeres, 70% hombres y modificar así el Código Electoral, con perspectiva de género y libre de toda forma de violencia.

En lo económico, expresa la feminista Silvia Federici: “Acabar con la violencia contra las mujeres es acabar con el capitalismo que la promueve”, por lo tanto, amerita para el análisis un aumento en la participación de las mujeres en espacios de poder político y de la producción, que permitan una lucha más pareja. Desde lo social, paralelo con las formas de resistencia, planteamos lo significativo de crear nuevos “modos de socialización y cotidianidad” (1), liderados por quienes reproducimos sociedad desde la función articuladora de familia.

El fenómeno no escapa a la esfera laboral donde, según el Dane, en el Informe 2 Covid-19, reporta un porcentaje de aumento del desempleo, durante la pandemia entre enero y julio de 2020, en mujeres del 12,6%, a diferencia de los hombres que reporta un aumento del 9,8% en el mismo periodo, ampliándose la brecha, en una forma más de violencia de género.

Desde el entorno educativo el reflejo violento en contra de las mujeres atraviesa toda la comunidad implicada en el sistema imperante en nuestro país, permeado de manera tal que reproduce modelos centrados en la cognición, como fue reseñado en el marco del VI Congreso Virtual Iberoamericano de Educación (2020), por Pablo Romero, experto en didáctica, al citar a Theodor W. Adorno en su texto Educación para la Emancipación “hoy la tarea más urgente de toda educación debe ser cifrada en la superación de la barbarie” (2). Lo cual nos lleva a pensar en todo tipo de violencia contra las mujeres presente en aulas de todos los niveles educativos, en familias, trabajos docentes, administrativos y espacios públicos que son bárbaros, lo cual no se trata en los currículos vigentes, como si ocultar el fenómeno fuese la solución para que no ocurra. Según la Unesco “…invertir en políticas públicas que prevengan esa violencia” sería la respuesta acertada si una niña es violentada en el entorno escolar. Otra forma de violencia en la educación se muestra con cifras de esta misma organización internacional, que plantean que 132 millones de niñas en el mundo no están escolarizadas y en más del 85% de los países de bajos ingresos, como Colombia, no culminan el nivel de básica secundaria (3), por lo cual el ciclo de violencia no se cierra, se refuerza con múltiples causas derivadas de esta tremenda carencia.

En Colombia, una aparente democracia, el número de feminicidios reportados durante la pandemia fue de 243 casos, de los cuales 58% son cometidos por hombres pertenecientes a aparatos armados de carácter estatal o paraestatal. Cifra alarmante, que unida a las expresiones de discriminación política, social y económica la asemejan cada vez más a una dictadura como en la que tuvo origen los hechos que derivaron en el 25N día de la eliminación de la violencia contra las mujeres (4).

En los comienzos del aislamiento social por la actual crisis sanitaria se puso en el espectro público un aumento en número de casos de violencia intrafamiliar, en la cual la mujer es la más afectada. Cifras del 7 de abril, de la Fiscalía General indican que en sus casas y por sus parejas fueron asesinadas 12 mujeres; y según el artículo de El Tiempo “El crimen en tiempos de coronavirus y cuarentena” del 13 de abril, el aumento de llamadas a la Línea Púrpura (línea institucional de Bogotá, de mujeres que escuchan a mujeres en caso de violencia) fue de un 211%.

Esta información corre el velo sobre la idea de casa-hogar y la familia como espacio seguro y nos invita a prestar atención a las situaciones de violencia en ámbitos familiares que la sociedad tiende a naturalizar. La tragedia cotidiana de violencia, de todo tipo, contra la mujer de consecuencias lamentables alcanza una agresión física del 23%. Aún más urgente atender porque comienza el ciclo violento y pasa inadvertida, normalizada, como es la psicológica con el 50%. La económica con un 19%. La sexual y patrimonial con un 8%. La verbal con un1% (5).

Ante tal realidad en Colombia el movimiento feminista, organizaciones sindicales, colectivos de mujeres, se activan en unidad de lucha, por reivindicar derechos a través de manifestaciones, con propuestas, movilizaciones, plantones y ejercicios culturales tendientes a concientizar la necesidad y el análisis, con propósito de erradicación de la violencia contra la mujer, mejora de condiciones y calidad de vida nacional, este 25 N, la cual apoya la jornada de Paro Nacional, conmemorativa y reivindicativa 21N, reivindicativas ambas de derechos universales para la humanidad.

Bogotá, 3 de noviembre de 2020

Referencias:

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