Que cese ya la persecución judicial contra Marcelo Torres
Por la Redacción de La Bagatela
Desde octubre de 2017 hasta hoy, Marcelo Torres –alcalde de Magangué durante 2012-2015– ha sido blanco de una persecución judicial efectuada con saña y sin pausa. Oscuros intereses mafiosos de la región Caribe la desataron, con el activo concurso del Fiscal de Odebrecht y enemigo de la paz, Néstor Humberto Martínez, y luego con el total apoyo del gobierno central y sus agentes en manos del círculo uribista gobernante. Es la retaliación por la derrota que les infligieron las fuerzas democráticas con su candidatura a la alcaldía en las elecciones municipales de Magangué en 2011. Se trata de escarmentar y disuadir a otros numerosos municipios similares, en todo el país, de que descarten todo desempeño semejante al de la alcaldía de Marcelo Torres, de levantar cabeza, ejercer un gobierno independiente de los déspotas regionales locales, procurar mejoras del bienestar de la población y no coadyuvar las medidas y políticas oficiales de orden nacional contra el pueblo.
Como resultado de esa persecución, contra Marcelo Torres se han abierto más procesos penales, administrativos y disciplinarios como nunca ocurrió contra alcalde alguno de Magangué o contra muy pocos colombianos.
Detenido en Bogotá mediante una maniobra engañosa de la Fiscalía, el Fiscal 24 de Magangué le ocultó hasta última hora el destino al cual fue remitido, lo cual le privó de la asistencia de su abogado defensor. A raíz de ese amañado proceso penal, estuvo privado de la libertad en la Cárcel La Picota de Bogotá durante 18 meses, desde octubre de 2017 hasta julio de 2019, y continúa en detención domiciliaria vinculado al mismo proceso. El proceder arbitrario e infundado de este Fiscal, típico espécimen propio de la Inquisición medieval, fue puesto de presente por el rechazo de un juez de control y garantías realmente independiente de Bogotá, en abril de 2017, a otra de sus peticiones de captura a Marcelo Torres al calificarla de “confusa, ambigua y oscura”.
Tamañas y numerosas irregularidades han vulnerado su derecho al debido proceso y a la libertad. Como muchos otros colombianos, bajo detención arbitraria o en procesos disciplinarios por razones políticas o en uso de su derecho a la protesta, su situación judicial se ve agravada por la actual subordinación al ejecutivo nacional de los titulares de la Fiscalía y de los órganos de control.
En la actualidad se halla ad portas de la etapa de juicio en procesos penales. Habida cuenta del contexto descrito, del desafiante descaro con que el gobierno Duque rechaza las conminaciones de la ONU y de las principales organizaciones defensoras de derechos humanos del mundo y de Colombia, como del constreñimiento a que se ve sometida la justicia colombiana por la invasiva tendencia fascista del actual gobierno, no es descartable que asistamos a condenas contra Marcelo Torres tan anunciadas como injustas.
Solicitamos su repudio, como a todos los demócratas del país, a esta infame persecución y su solidaridad con un luchador por la completa transformación de Colombia.
Bogotá, 24 de julio de 2021