Política y visiones opuestas sobre la evolución de la economía

Desde que se inició la caída del crecimiento en la actividad económica este año, luego de un auge atípico en 2022 con un aumento del PIB superior a 7% y un desborde de la inflación mayor de 13%, han venido en aumento los señalamientos al gobierno de Petro como responsable del bajo crecimiento en 2023 que alcanzó solo 1,7% en el primer semestre. Se originan estas imputaciones, disimuladas o no, en quienes se presume entienden más del tema: los presidentes de los gremios como la Andi o Fenalco. Estos se apoyan en algunos análisis fragmentarios e interpretaciones sesgadas de centros de estudios de inclinación neoliberal, como Anif, y en las opiniones peregrinas de los comentaristas vinculados a los conglomerados bancarios como Corficolombiana y Bancolombia, entre otros. Sus apreciaciones son amplificadas por los grandes medios que encuentran el material apropiado para confundir a la opinión pública y contribuir así, por la vía de restarle credibilidad al actual gobierno, a la campaña de obstrucción de las reformas sociales que lleva a cabo la oposición política.

Llama la atención como, en esa función, muchos de los promocionados expertos se apartan de las investigaciones más amplias y objetivas de la Cepal e incluso del propio FMI, al contrario de su tendencia en el pasado. En sus interpretaciones de la situación hacen caso omiso o minimizan el hecho de que los organismos internacionales reconocen un panorama de la economía mundial de aguda desaceleración del crecimiento como resultado de las políticas monetarias de los bancos centrales, en nuestro caso el Banco de la República, enfocadas en contener y reducir drásticamente la inflación mediante altas tasas de interés y la caída del consumo y la inversión. Y pasan por alto que el objetivo de este tratamiento es “enfriar” la economía, es decir, sacrificar el crecimiento económico en aras de frenar el aumento de los precios.

Estas políticas monetarias, encabezadas por la FED estadounidense, que están llevando al mundo al borde de una recesión, son la respuesta ortodoxa al escalamiento de precios que a su vez tiene origen en sucesos internacionales como las secuelas de la pandemia y la guerra en Ucrania. Pero cada vez es más notorio que la resistencia que se observa a la moderación general de los precios tiene mucho que ver con el aumento desproporcionado de la tasa de ganancia de las grandes corporaciones que están aprovechando los desequilibrios de oferta y su condición de oligopolios para incrementar sus ganancias muy por encima del aumento de sus costos. Varios estudios relativos a la inflación en Europa y Estados Unidos demuestran que más de la mitad de la inflación se explica por el aumento de las ganancias empresariales. El fenómeno recibe el nombre de “inflación de vendedores” o greedflation en alusión a la avaricia corporativa, según comenta el economista Mauricio Cabrera. Y en Colombia, las empresas generadoras del sector eléctrico parecen ser un caso concreto: en la bolsa están vendiendo la energía, mayormente hidroeléctrica y barata, a los altos precios internacionales de gas importado derivados de las sanciones impuestas a Rusia.

Sin embargo, la mayoría de los mencionados analistas locales, haciendo caso omiso del contexto mundial, insisten en comparar las cifras actuales de la economía nacional, no con las actuales de otros países de la región similares a Colombia, sino con las del breve rebote pasado de nuestro crecimiento después de la pandemia: como si el país fuera una isla en la economía mundial, su desempeño económico fuese autónomo y uniforme y la debilidad de sus exportaciones no estuviera ligada al bajo crecimiento de las grandes economías como la de EE.UU. Por otro lado, quienes en su enfoque se han caracterizado por considerar al mercado como el factor decisivo y excluyente, ahora atribuyen al Estado en nuestro país poderes extraordinarios para ocasionar o revertir las macrotendencias y entonces culpan al gobierno por no ahorrarle a las empresas las dificultades del declive general y negarse a hacer un milagroso cambio súbito del curso económico. El mensaje subliminal al público de los dirigentes gremiales y sus difusores en los grandes medios es que el gobierno es culpable de permitir las pérdidas de los negocios privados -víctimas en realidad del derrumbe de la demanda por el encarecimiento del crédito- o de su eventual quiebra y el desempleo resultante. Al parecer, hasta ahí les llega su confianza en el libre mercado, la inconveniencia de la intervención económica del Estado, la autosuficiencia del sector privado y demás leyes del capitalismo, según las doctrinas del liberalismo económico. 

Pero estos relatos seudotécnicos se estrellan frecuentemente con los estudios de los organismos internacionales. Incluso uno de los periódicos cuya línea editorial lo sitúa al lado de la oposición política, ha divulgado recientemente el informe del FMI que sube su pronóstico de crecimiento económico para Colombia de 1% a 1,4% para 2023 y a 2% para 2024 (por encima de 1,5% de EE.UU. ese año y no muy lejano al bajo crecimiento mundial previsto de 2,9%), si bien no estima que la inflación pueda terminar en menos de dos dígitos. Ya la Cepal había previsto que Latinoamérica crecería 1,7% este año y Colombia estaría algo por debajo del promedio. La verdadera noticia es que, a juicio del FMI, la economía nacional presenta mejores condiciones para soportar y superar la borrasca mundial que las que esperaban los más escépticos y las que hoy auguran en los medios las voces pesimistas.

Lo cierto es que es tan evidente el interés de ciertos directores gremiales en promover la zozobra que personas conocedoras del tema de la guerra soterrada, como el expresidente Samper, no han dudado en señalar el rol de personajes como Bruce Mac Master, el vocero de la Andi, quien, según sus palabras, viene cumpliendo a la perfección el papel de “crear desconfianza en la economía, que está cayendo el dólar, que no llegan las inversiones”, interpretando el guión de profeta de catástrofes en función de su interés obstruccionista a las reformas del gobierno. Pocas dudas caben de que, más allá de la obvia aversión hacia el presidente y sus ministros de este dirigente gremial, el motivo de fondo de su posición no es otro que el afán por preservar los privilegios obsequiados a los más ricos por los gobiernos neoliberales, que las reformas tienden a eliminar.

Para organizaciones internacionales como la OCDE es claro que la tarea valiosa que ha cumplido el actual gobierno para mejorar el esfuerzo fiscal con la reforma tributaria progresiva de 2022 les ha dado a las finanzas públicas mayor estabilidad y un incremento en los recursos para financiar los planes y reformas sociales del gobierno. Igualmente, con excepción de ciertos demagogos de la ultraderecha uribista, pocos se animan a objetar la disminución del enorme déficit del FEPC, Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, mediante la disminución gradual del regresivo subsidio a la gasolina, proceso indispensable para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. No obstante, al igual que con los impuestos saludables, la relevancia de haber asumido esta acción correctiva -pese a los costos de impopularidad que acarrea- se entiende mejor si se mira la base que heredó el actual gobierno del de Iván Duque. En una entrevista concedida recientemente, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, destaca que el actual gobierno recibió una carga fiscal de $53 billones, ya que “para 2024 son $30 billones de aumento del servicio de la deuda, el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles son $18 billones y, dependiendo de cómo se evalúe el impacto tarifario, podemos estar hablando de $4 o $5 billones (más)”.

Tal como con el incumplimiento de las obligaciones del Acuerdo de Paz bajo su eufemismo de “paz con legalidad”, la estrategia del gobierno anterior fue dejarle al siguiente todos los problemas agravados. En este caso, el pasivo fiscal originado por sus políticas dilatorias y demagógicas. Con ellas puso en escena sus simulacros de una ayuda social como la “opción tarifaria” de los precios de la electricidad, concebida en realidad como deuda diferida para los usuarios. Así mismo, socavó las finanzas públicas con el crédito de corto plazo con el FMI o con el congelamiento del precio de los combustibles mientras se disparaban los precios internacionales del petróleo, con el resultado de dejar instalado el mecanismo para el aumento de un déficit fiscal insostenible. Por tanto, junto con la obligación de afrontar este último mediante la actualización de precios, le dejó montado al gobierno de Petro las condiciones para “un paro de taxistas y otro de camioneros”, como le reclamó el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al ministro Restrepo del gobierno saliente durante el empalme. 

Y frente a estos hechos incontrovertibles, ¿qué hace la oposición de derecha y el uribismo que eligió y apoyó a Duque? Por una parte, como observa Jorge Iván González, “hay comentaristas muy ligeros, incluso han acusado de irresponsabilidad fiscal al Gobierno, pero en el momento en que el presidente tiene que tomar decisiones, es absolutamente sensato”. Es decir, contra toda evidencia pretenden sostener el estereotipo del “populismo de izquierda” como imagen del gobierno de Petro, que asimilan sin fundamento a irresponsabilidad fiscal. Pero, por otra parte, sus alfiles políticos se esmeran en tratar de revertir ante las Cortes los avances progresivos alcanzados en materia tributaria y de estabilidad de las finanzas públicas. Es el caso de la procuradora Cabello, designada por Duque y amiga del clan Char, que se propone tumbar en la Corte Constitucional uno de los mayores logros de la reforma tributaria de 2022 en materia de tributación de las grandes empresas minero energéticas, principalmente multinacionales: la no deducibilidad de impuestos de las regalías pagadas por la explotación de recursos naturales no renovables por parte de las empresas mineras y petroleras. Y también tiene demandado los impuestos transitorios sobre las ganancias extraordinarias de estas empresas, con el torvo fin de favorecerlas y perjudicar las finanzas públicas.

Es evidente que la lógica de los enemigos del gobierno no es otra que “procurar que al país le vaya mal para que a este gobierno le vaya mal”. A eso se reduce su estrategia para recuperar el poder presidencial en 2026. Es el plan alternativo en caso de que no logren antes poner fin al gobierno de Petro con un “golpe blando”, con ayuda del fiscal Barbosa y orquestado a partir de los escándalos fabricados por grandes medios que se magnifican con las falsedades propagadas por los partidos derrotados en las pasadas elecciones presidenciales.

Para su infortunio, luego de la aprobación de Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 en mayo pasado y de aprobado el presupuesto de 2024 con una inversión pública prevista de más de $99 billones, se acelera la ejecución de la reforma agraria con la entrega de tierras a los campesinos y se inician los nuevos programas de apoyo a la actividad productiva y la construcción de infraestructura, al igual que una política de choque para la reanimación de sectores generadores de empleo como la construcción. Al mismo tiempo y con el respaldo de grandes movilizaciones populares, avanza contra viento y marea la difícil gestión para la aprobación en el Congreso de las reformas sociales claves como la del sistema de salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Y todo esto contribuye sin duda a la recuperación gradual del crecimiento y el empleo y a la moderación de la inflación, pese al clima negativo, la incertidumbre y el obstruccionismo difundido y protagonizado por los enemigos del cambio. 

Así mismo, este gobierno se ha propuesto adelantar otras tareas vitales para el progreso a más largo plazo y la búsqueda de una mayor equidad en Colombia -desestimadas por los anteriores a pesar de ser mandato legal- como el avance real del catastro multipropósito, que el director del DNP califica como posiblemente, “la gran revolución, la gran modernización de este país… (gracias a lo cual) algunos municipios han doblado sus ingresos por predial, pero al final de este gobierno la idea es tener 70% del territorio con catastro multipropósito” sin lo cual es improbable la modernización del campo colombiano. Igualmente, se destaca el importante trabajo que viene adelantando el DNP de reemplazar el Sisben y los estratos socioeconómicos según la vivienda por la clasificación de la población de acuerdo con sus ingresos, indispensable para dar un uso eficiente al gasto social en la disminución de la pobreza y la desigualdad.

Y así, si bien no será posible en un solo periodo revertir más de tres décadas de ampliación de la brecha social y atraso económico resultante de la gestión deplorable de los gobiernos neoliberales, además de mejorar ahora las condiciones de vida de los más vulnerables se dejarán sentadas las bases para proseguir la rectificación y superación del rezago en posteriores gobiernos. Lo cual poco coincide con la imagen de improvisación y falta de una visión coherente que quieren proyectar sobre el gobierno del Cambio sus detractores.