A librar el pulso por las reformas

No hubo acuerdo en la coalición de gobierno representada en el Congreso sobre el proyecto de reforma a la salud. Con ello se precipitó la ruptura de esa alianza y el presidente Petro decidió cambios en el gabinete. Las consecuencias empezaron a hacerse sentir de inmediato; el primer mandatario habló al país desde el balcón presidencial y el 1º de mayo se convirtió en multitudinaria y festiva revalidación de respaldo al avance hacia una nueva Colombia. Los bandos enfrentados evalúan la situación, examinan la perspectiva y calculan sus opciones y cursos de acción.

Por encima de consideraciones políticas e ideológicas circunstanciales, entre los sectores del establecimiento que hasta la víspera habían sido partícipes de la coalición de gobierno, junto a los acérrimos y declarados opositores, se impuso la lógica del interés plutocrático de clase. Se negaron de plano a aprobar el punto neurálgico de la reforma: el del aseguramiento, hoy en manos de las EPS; un super negocio, ultra-rentable, cercano al centenar de billones anuales, con muy altas ganancias, basado en que manejan dinero público sin invertir ni arriesgar capital propio y sin control ninguno eficaz. Semejante botín no iba a ser devuelto por sus beneficiarios, por voluntad propia, a sus legítimos dueños ─el 99% de los colombianos─. Los intereses involucrados en las EPS (inversionistas privados del negocio y bancos de los grupos económicos dominantes vinculados al mismo) apelaron al eslabón político de la cadena de sus agentes, voceros y representantes subordinados, los jefes de las bancadas de formaciones políticas tradicionales en el Congreso, y el cacicazgo, mascullando órdenes y amenazas, se desvivió por hacer cumplir el mandato oligárquico. No sin significativas rebeliones, momentáneamente sofocadas, como la de la mayoría de los liberales en la Cámara.

Los argumentos de los enemigos de las reformas, que estigmatizan la intervención estatal y subordinan lo público al interés privado, basados en los falsos consensos impuestos durante las tres décadas del período neoliberal, esgrimidos por las jefaturas del Centro Democrático y Cambio Radical, también fueron replicados por las direcciones de los partidos liberal y conservador, miembros de la coalición de gobierno, e incluso por algunos de los ministros de mayor visibilidad y por el mismo presidente del Congreso. Pretendían que la reforma de la salud se redujera a meros retoques cosméticos y que lo sustancial de la misma se echara atrás con la anuencia del propio Gobierno Petro. El rechazo a tamaña claudicación y la reafirmación del predominio del interés público en la reforma no se hizo esperar.

El presidente Petro declaró terminada la coalición de gobierno, y reemplazó 7 ministros de su gabinete. Un claro mensaje a los partidos tradicionales de la misma, como correspondía, al igual que a los ministros salientes de corrientes centristas, de que su participación en el gobierno tenía sentido siempre que contribuyeran a sacar adelante las reformas. El titular de la cartera de Salud, un veterano líder del Pacto Histórico, muy calificado en la materia, llega luego de la destacada labor de la ministra saliente del ramo. Con este, junto con el nuevo ministro de Hacienda, se reforzó la presencia de colaboradores cercanos del presidente Petro en el consejo de ministros, de modo similar a los nombramientos en los ministerios del Interior y el de Agricultura.

Este desenlace del proceso de negociación del proyecto de reforma a la salud ha sido precedido, como sucede con los de las reformas laboral y pensional, como con las políticas en marcha de paz total, transformación productiva del agro, transición energética y con otras inciativas, por una verdadera avalancha mediática de los principales medios masivos de comunicación del viejo país al servicio de los intereses más regresivos y opuestos al cambio. Día y noche, radio, televisión y medios virtuales, bombardean la ciudadanía compitiendo en su intensidad de ataques al Gobierno Petro.

El conflicto que movilizó las fuerzas democráticas y populares del país al estallido social que hizo posible la victoria en las urnas, y que diera comienzo al gobierno abanderado de las más profundas transformaciones en Colombia, en lugar de amainar se ha escalado. Está el país ante una agudización creciente de la contradicción fundamental que generó la desigualdad social y el atraso, y que ahora patentiza la voracidad, la naturaleza antisocial del régimen neoliberal, el carácter depredador de la encumbrada minoría privilegiada que lo detenta, que con su airada negativa a los necesarios cambios revela su decisión de impedirlos a toda costa. Un punto de inflexión que precipita un pulso entre las fuerzas de la explotación y la opresión y las del progreso y la democracia, que bien puede resultar decisivo no sólo para el Gobierno Petro sino para Colombia entera.

Entretanto, una ofensiva de desinformación, mentiras y tergiversaciones, ocultando, silenciando o minimizando los avances y logros de la nueva administración, al paso que se magnifican las dificultades, males y problemas ─en su gran mayoría legado nefasto de los anteriores gobiernos neoliberales y uribistas─, para responsabilizar al actual gobierno y desorientar la opinión. Frente a las reformas laboral y pensional propalan, de una aparte, el renovado embuste de que con el reajuste de los costos laborales cundirá el desempleo, complemento de la vieja falacia sostenedora de que con salarios miserables aumentaría el empleo, y de otra, con gran desfachatez, acusan al Gobierno Petro de pretender expropiar el ahorro de las cotizaciones pensionales cuando son sus fondos privados los que imposibilitan pensionarse a la mayoría de los trabajadores y a los que expropian su ahorro. Con un alboroto similar, sus agentes en el Congreso se opusieron a la agilización de la adquisición de tierras para los campesinos ─que iba en el proyecto original del Plan de Desarrollo─, no obstante que la expropiación por motivos de interés social se contempla de mucho tiempo atrás en la legislación colombiana.

En la perspectiva inmediata, evidenciada la ostensible negativa de la minoría oligárquica a las reformas, a tenor de las prácticas conocidas de sus facciones de derecha y ultraderecha como de las lecciones derivadas de procesos semejantes en el vecindario, sin duda lo que sigue consistirá en que barajen intentonas que van desde el lawfare hasta el golpe puro y duro.

Que las reformas se abran paso depende de modo decisivo del apoyo manifiesto del pueblo al Gobierno Petro. Este respaldo tiene que hacerse contundente, incontestable, de modo masivo y arrollador en la calle. Tal como el presidente Petro exhortó antes del 1º de mayo, y como lo reiteró con su llamamiento vehemente a la movilización del pueblo trabajador desde el balcón de Palacio en la misma fecha. Petro dijo ese día que está dispuesto a que su gobierno avance, ni más ni menos, hasta donde el pueblo quiera. Ha propuesto estrechar el vínculo con todo el pueblo, en especial con los trabajadores, los jóvenes y los campesinos. Ha convocado a la más masiva y poderosa movilización callejera. Reafirma su voluntad de reanudar el Acuerdo Nacional con los segmentos del establecimiento que lo compartan o retomen, incluso a hacer las concesiones necesarias, siempre que redunden en la airosa realización negociada de las reformas o transformaciones por las que claman las mayorías. El PTC coincide con esta línea de acción del presidente y la respalda plenamente.

Hasta ahora la presencia del apoyo popular al aire libre ha sido buena, pero es imprescindible un nivel mucho más alto de la movilización callejera. Aún hay sectores confundidos por la ruidosa mendacidad de la propaganda adversaria. Se requiere despejar sus mentes y sumar sus fuerzas a la batalla política y social.

Ahora corresponde al Pacto Histórico y al movimiento obrero acentuar su unidad y emplearse a fondo, para contribuir a la urgente pedagogía de masas y a la movilización. Sin falta, el PTC contribuirá a la grandiosa tarea.

5 de mayo de 2023