Entre elecciones y decisiones judiciales: algunos ejemplos que confirman la estructura machista y patriarcal del Estado colombiano

En un año por esta época se estarán haciendo los últimos actos de campaña de la jornada electoral que, por medio del Pacto Histórico, espera derrotar en las urnas a la clase mafiosa y paramilitar que se ha perpetuado en el poder en las últimas décadas. El llamado a la unidad se hace imperioso y el compromiso de las mujeres como parte de las transformaciones que demandan este momento es absoluto. No obstante, la estructura del Estado colombiano presenta serios obstáculos para que dicho compromiso no sólo se fortalezca, sino que tenga expresiones auténticas de participación, liderazgos y reparaciones, tanto en el terreno electoral como en el judicial, y aquí se presentan algunos de ellos:

Según datos del portal web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, al 4 de abril de 2021, hay 19’853.665 mujeres habilitadas para votar; dato que contrasta, de una parte, con la poca cantidad de mujeres postuladas como candidatas para cargos públicos, incluso con Ley de Paridad a bordo; han sido intensos los debates en torno al tema donde los partidos políticos fueron obligados a mirar dentro de sus organizaciones para revisar el lugar de las mujeres en sus agendas y proyectos. De otra parte, con la histórica abstención electoral donde las mujeres hacen parte de los abultados porcentajes, las condiciones de movilidad y de acceso a los puestos de votación, la presión de grupos armados y las disposiciones familiares o comunitarias donde los hombres tienen la vocería, son algunos de los factores que inciden en la poca o nula participación de las mujeres en este espacio democrático. Aun cuando se formulan leyes y decretos que afianzan los espacios de participación y representación de las mujeres, esto contrasta con la ausencia estatal de planes, programas y proyectos con enfoque de género y enfoque territorial; eso, no constituye una prioridad.

El contexto atravesado por la pandemia, puso en evidencia el drama de problemáticas que existen históricamente, y que impactan de manera directa y supremamente agresiva a las vidas de las mujeres, no sólo desde la dimensión física, sino también emocional y mental: La feminización de la pobreza, donde las tasas de desempleo u ocupación en la informalidad representan a un alto porcentaje de las mujeres, muchas de ellas madres cabezas de hogar para quienes no existe el privilegio de las cuarentenas y tienen que exponer sus vidas y las de sus familias ante la negativa a una renta básica que la mezquindad de este gobierno, que sustentado en la estructura machista y patriarcal del Estado colombiano, deliberadamente no la aprueba. La violencia intrafamiliar desencadena violencias de todo tipo, de manera particular, hacia las mujeres de todas las edades, bajo la consigna impune de que lo que pasa en casa, en ese espacio privado, se queda ahí y no es asunto de dominio público; así se justifican todo tipo de acciones violentas contra las mujeres en relación con su autonomía financiera, para decidir sobre la maternidad, sobre sus preferencias sexuales y vida sexual; en últimas, sobre todo aquello que desafíe la autoridad patriarcal, que sí es dominio público y por tanto, tiene injerencia estatal.

Casos como el de la niña de doce años perteneciente a la etnia embera en Risaralda, quien el 11 de junio del año pasado fue violada por siete soldados, hombres pertenecientes a la Fuerzas Militares del Estado, cuya naturaleza de su misión está en proteger la integridad y los derechos de la ciudadanía, tuvo resonancia mediática por la intención de catalogar este acto como acceso carnal abusivo donde se entiende que hay consentimiento y no como una violación. En la legislación colombiana la pena para ambos delitos, tanto para el acceso carnal abusivo como para el acceso carnal violento, es igual; oscila desde los 16 a los 30 años. Es decir, los militares pagarían los mismos años de cárcel así sean imputados con cualquiera de los dos cargos. Pero el problema es el mensaje simbólico que se da a la sociedad sobre una justicia que no tiene ninguna mirada de género, mucho menos interseccional (porque la víctima pertenece a una comunidad indígena), es machista y patriarcal en su totalidad.

En esa misma línea, hay otro caso ilustrativo de la estructura machista y patriarcal del Estado colombiano en lo ocurrido con la periodista y defensora de los derechos humanos Jineth Bedoya Lima; luego de que el Estado decidió retirarse para recusar la imparcialidad de casi todos los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que ningún país había hecho en la historia de este tribunal, se ve obligado en audiencia posterior a reconocer su responsabilidad y a pedir perdón por las fallas en el sistema judicial en el proceso de investigación y de garantía plena de derechos en este proceso que tuvo una duración de 21 largos años, en los cuales la revictimización fue la constante. Así pues, es atribuible al Estado tanto la privación de la libertad, como los hechos de violencia en contra de Bedoya Lima, incluida la tortura y la violación sexual a causa de muchas de sus investigaciones y trabajos periodísticos, que evidencian la compleja realidad sobre la relación criminal entre agentes del Estado y paramilitares a finales de los años noventa e inicios del 2000 en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Este apenas es un esbozo de una histórica cadena de infamias contra las mujeres en Colombia; porque, si bien es cierto que el machismo y el patriarcado se sustentan en los tejidos culturales que se sedimentan en cada práctica cotidiana, la estructura del Estado colombiano también tiene una deuda histórica que no ha sido saldada en estos y otros ejemplos. La posibilidad de abrir horizontes políticos hacia la unidad requiere de un Estado garante de las luchas y reivindicaciones de las mujeres que supere la impunidad que ha sustentado sus acciones.