El nuevo plan de desarrollo: Estrategia para reducir la desigualdad y superar el atraso social

Hay ciertos documentos de política pública que reflejan la visión de un gobierno sobre el país y la misión que se propone cumplir. El Plan Nacional de Desarrollo, PND, es uno de ellos, quizás el más revelador. El del actual gobierno tiene como nombre “Colombia potencia mundial de la vida”, y presenta como base para la discusión un proyecto de 204 páginas muy estructurado. Este esfuerzo de síntesis es el texto preliminar elaborado por el Departamento Nacional de Planeación bajo la dirección de Jorge Iván González, a quien el presidente Petro confió encabezar esta importante dependencia.

Como había prometido el Gobierno, en el proceso de elaboración del Plan se han cumplido 53 diálogos regionales para escuchar la opinión de los colombianos comunes en toda la geografía del país, una participación democrática sin antecedentes cuyos resultados se incorporan en el proyecto. Los aportes de la sociedad civil continuarán hasta su presentación al Congreso en febrero del año entrante, cuando está previsto el inicio de su trámite parlamentario. Pero, pese la enorme cantidad y diversidad de la información reunida como ingrediente, el documento expresa ya los lineamientos estratégicos que guiarán la gestión del gobierno del Cambio.

En primer lugar, postula la aplicación de las políticas públicas para reducir la enorme brecha de desigualdad social y regional de Colombia, desequilibrio que no ha hecho más que crecer durante los gobiernos pasados. En el de Duque, por ejemplo, el país perdió 5 puestos (del puesto 88 al 83) en Índice de Desarrollo Humano, IDH, de las Naciones Unidas y quedó entre los últimos de América Latina, al tiempo que sigue ostentando el segundo mayor coeficiente de desigualdad de ingresos de la región. La pobreza creció hasta abarcar a más de 40% de los colombianos y la población vulnerable subió a 30%, pero estas cifras son peores en los territorios alejados de las grandes ciudades.

Una de las principales metas del Plan es impulsar la convergencia en la calidad de vida de los distintos sectores de la sociedad y entre las diversas regiones; y estará apoyada durante el cuatrenio con la construcción de infraestructura rural, vías terciarias, cuidado de cuencas hidrográficas y agua potable, a lo que se dedicará 44% del presupuesto. Además, se proyecta una mayor provisión subsidiada por el Estado de los bienes públicos básicos como salud, educación y servicios domiciliarios con el objeto de minimizar su costo para las familias y ampliar la capacidad adquisitiva real de la población pobre y vulnerable. El propósito es contribuir a elevar el nivel de vida de estos amplios sectores sociales que sobrepasan el 70% de la nación y disminuir la desigualdad social. El solo gasto en salud pública representará una tercera parte del presupuesto, como ha manifestado la ministra de Salud, Carolina Corcho.

Por otro lado, el PND tiene expresamente un marcado contenido contracícliclo, orientado a contrarrestar las tendencias hacia la caída del crecimiento económico que se prevé afectarán a todos los países en los próximos años. Es evidente que el Estado está llamado a jugar el papel preponderante, tanto en cuanto a motor de la economía como en la lucha contra la pobreza y la inequidad. Le corresponde contribuir a la reindustrialización del país, la soberanía alimentaria y un crecimiento de la riqueza que se traduzca en progreso social. La fórmula opuesta, que inspiró los pasados planes de desarrollo y las políticas públicas desde los 90 -consistente en la apertura importadora y el papel meramente auxiliar del sector público a la iniciativa privada- no ha funcionado para las mayorías según muestran los indicadores sociales.

El único resultado que pueden ostentar los gobiernos neoliberales precedentes es un crecimiento moderado del PIB, pero con aumento sustancial en la concentración de la riqueza y mantenimiento de altos niveles de pobreza e indigencia, incrementados en los últimos cuatro años. El rol secundario del gasto público y la privatización a ultranza de los servicios fueron expresión de una subordinación general de los intereses públicos a los intereses privados en la política económica. Y la degradación resultante en las condiciones vida de los sectores populares se pretendió atenuar con el asistencialismo como política social.

Pero el Pacto Histórico fue elegido para gobernar con un programa diametralmente opuesto a estas concepciones económicas responsables de la crisis social. Por eso, quienes han hecho la comparación del PND del proyecto actual con los anteriores no han dejado de observar que en éste la participación de la inversión pública excede los estimativos de la inversión privada. De acuerdo con este proyecto, será el Estado, refinanciado con la reforma tributaria progresiva recién aprobada, el que liderará la transformación económica; la empresa privada jugará un papel importante pero complementario. El Gobierno invertirá $1.048,2 billones en los próximos cuatro años, mientras se espera una inversión privada de $949,7 billones. Del total de la inversión pública, $459 billones se destinarán a ayudar a nivelar las condiciones de vida de los colombianos. Y, por medio de su política fiscal y la lucha contra la corrupción y el despilfarro, al terminar su periodo el Gobierno se propone alcanzar a percibir para el sector público una parte significativa del ahorro social que multiplicará por 11 el raquítico 0,4% actual.

Además de la salud pública, recibirán la parte sustancial de los recursos de inversión la educación y los proyectos para corregir el aislamiento y abandono de la gente en gran parte del territorio nacional, lo que se ha llamado la Colombia profunda. Se trata al mismo tiempo de sentar las bases materiales para la paz en muchas regiones donde impera la violencia de los grupos armados. Tal como el país ha aprendido amargamente durante los últimos 50 años, no habrá intervención militar que solucione este problema sin una presencia integral del Estado que garantice los derechos humanos y un futuro mejor en la vida cotidiana de las personas.

Por eso la pregunta que algunos economistas ortodoxos se hacen de si este Plan de Desarrollo implica dejar relegado al sector privado, podría ser más bien: ¿No es hora de poner fin a las políticas económicas que dejan relegados a la sobrevivencia exigua a la mayoría de las familias colombianas?